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Guerrero, Mexico: Las indígenas violadas y la evasión de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

http://www.proceso.com.mx/?p=279345

Frayba: 2 años de liberación de autores de la Masacre de Acteal.

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de agosto de 2011

Se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación libera a los autores materiales de la Masacre de Acteal

– Persiste un clima de inseguridad para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad

– Con la liberación de 54 personas, señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal, el Estado mexicano crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia.

El día de hoy se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la libertad a 20 personas señaladas como los autores materiales de la Masacre de Acteal. Esa resolución, dio inicio a otras excarcelaciones por parte de la SCJN: el 4 de noviembre de 2009, nueve personas; el 14 de octubre de 2010, quince; y el 23 de marzo de 2011, uno más. De los 87 autores materiales procesados, el poder judicial absolvió a seis, excarceló a dos por cuestiones de humanidad, más uno fallecido; por lo que sumados a los 45 que se han beneficiado de la decisión de la SCJN: 54 personas han sido liberadas.
Esto representa más de la mitad de los autores materiales que habían sido señalados.

La decisión de la SCJN revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas y viola su derecho a la integridad física y psicológica exponiéndolos a un clima de inseguridad y riesgo. A la fecha quedan presas 33 personas sentenciadas por los hechos del 22 de diciembre de 1997, de ellos seis han presentado recurso de reconocimiento de inocencia por lo que, según información difundida por los medios, la SCJN está por pronunciarse para su resolución.

Lo anterior lleva a los sobrevivientes y familiares a una situación de desconfianza en la estructura del gobierno mexicano, un sistema en donde las instituciones correspondientes no cumplen con su obligación de garantizar justicia y reparación del daño, lo cual incrementa la
impunidad y la vulnerabilidad de las personas. De las condiciones que se van perfilando, no sólo el Estado no esclarece los hechos satisfaciendo el derecho a la verdad e implementando medidas de no repetición, sino, con la liberación de los mencionados autores materiales de la masacre, crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia, ahora con otras modalidades. El Estado mexicano, de múltiples maneras, ha querido ocultar su innegable responsabilidad en los hechos de la Masacre de Acteal; sin embargo, la participación del Ejército mexicano ha sido confirmada por materiales desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés) que deja en evidencia el involucramiento directo de los militares en actividades de adiestramiento a grupos paramilitares (Humint) en la zona de los Altos de Chiapas, esto en concordancia con lo establecido en el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional denominado ?Plan de Campaña Chiapas 94?.1

Esta información desmiente la versión oficial de la masacre proporcionada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe el Libro Blanco de Acteal, donde se afirma que la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por
otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas.2

Este Centro de Derechos Humanos reitera, una vez más, que para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal no hay justicia. No se ha reparado el daño ni concluido con las investigaciones aunque llevan casi 14 años exigiendo justicia, verdad
y paz con dignidad.

La negación de justicia que el Estado mexicano impone, contraviene a los estándares internacionales de aplicación y eficacia de los recursos judiciales internos. De igual manera, habiendo transcurrido casi 14 años de este crimen de lesa humanidad, al no tener resultados
concretos sobre la investigación y responsabilidad de los perpetradores, se incurre en un injustificado retardo que no respeta los plazos razonables establecidos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dejando los hechos ocurridos en total impunidad.

Al respecto la Corte IDH ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que al no hacerlo propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Hoy en día la Masacre de Acteal, se suma a la inmensa fila de casos que van quedando en impunidad en todo el territorio nacional. Las masacres que a diario ocurren en distintos estados de la república mexicana, bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico, confirman
la descomposición política y nula legitimidad de un Estado que incrementa la violencia y el clima de terror por todo el país, cuyos costos más graves son las pérdidas de vidas humanas.

Finalmente, saludamos las acciones de permanente construcción de justicia y autonomía que la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido a lo largo de su existencia como sujeto activo en este contexto. Saludamos también el esfuerzo de miles de hombres y
mujeres que el próximo domingo 14 de agosto estarán manifestando su rechazo a esta guerra oficial participando en la Movilización Ciudadana Pasos Hacia la Paz con Justicia y Dignidad.

***
1.Disponible en: http://www.frayba.org.mx/articulos.php?hl=es&year=1994
2.Procuraduría General de la República, Libro Blanco de Acteal, 1998.
3.Corte IDH, caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo
de 1998, párrafo 173.


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Atenco y los pendientes.

El 1 de julio, al liberar a los 12 presos de Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo que hace mucho no practicaba: impartir justicia. Hay que felicitarse por ello. Pero este acto que satisface a la nación no está exento de pesar. Desde hace cuatro años, muchas mujeres y hombres que no necesitamos haber pasado por las facultades de Derecho para saber lo que significa la justicia pusimos en evidencia no sólo la inocencia de esas personas, cuyo único delito fue defender su tierra y sus modos de vida frente a los intereses del poder, sino que señalamos también la impunidad en la que vive ese mismo poder que las reprimió, encarceló y condenó, y que, durante su detención, violó mujeres.

Después de cuatro años de dolor, de sacrificios, de luchas para resarcir esa injusticia, los verdaderos culpables, que tienen nombre y apellido, no sólo permanecen impunes, sino que, protegidos por el poder, continúan en las corporaciones policiacas o se encumbran en las esferas políticas. El caso más claro es el de Enrique Peña Nieto. Ese gobernador, que fue fundamental para que dicha injusticia se mantuviera durante cuatro años, no sólo permanece en su puesto, sino que, arropado por un PRI tan corrupto como su historia, se encumbra como virtual candidato a la Presidencia de la República.

En este sentido, el resarcimiento de la justicia que acaba de hacer la Suprema Corte no sólo es parcial, sino insuficiente. No basta con haber liberado a unos seres humanos que simplemente nunca debieron haber estado en prisión. Hay, además, que resarcirles esos cuatro años de sufrimiento, castigar a los culpables que cometieron ese delito y cumplir con un sinnúmero de pendientes que antes y después de esa inmensa injusticia han acumulado el Estado, los gobiernos y los partidos.

Desde hace 15 años no he dejado de firmar mis artículos con parte de esos pendientes. A lo largo de esos años, otros tantos agravios que han permanecido impunes y otras tantas traiciones a la justicia se han agregado. Si no los he sumado a mis demandas es porque de hacerlo ocuparían tal espacio que llenarían mi columna. Pero los conocemos, los llevamos en nuestros corazones, los sentimos con una rabia contenida y no hemos dejado de denunciarlos cada vez que la ocasión lo pide. Las columnas de los periodistas y de los analistas honestos de este país están llenas de ellos.

En el caso de los presos de Atenco, nuestro deseo era que esa liberación hubiese llegado antes de que la descomposición del país alcanzara niveles inauditos. Pensamos, de todas formas, que hay que alegrarse porque esa justicia hace despuntar una hoja de verdor en medio del desierto de la injusticia y caer un relámpago en las tinieblas del país. Pero no queremos solamente alegrarnos. Queremos también admirar y creer. Para ello es necesario que la justicia se pruebe antes de que la presión de los que la tienen clara, porque la aman sobre cualquier interés, la mantengan viva a costos muy altos.

Cómo nos gustaría, en este sentido, que el PRI dejara de proteger a criminales como Ulises Ruiz, Mario Marín y Enrique Peña Nieto para que sean procesados como los criminales que son; cómo nos gustaría que el gobierno federal y sus aparatos judiciales dejaran de proteger a los responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC y a los asesinos de Acteal, cuyos nombres todos conocemos; cómo nos gustaría ver a los partidos políticos dejar sus corruptelas y sus pactos innaturales para que tengamos elecciones verdaderamente libres; cómo nos gustaría ver el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés para que el EZLN y las organizaciones de derechos humanos no tengan que mantenerse en estado permanente de alerta; cómo nos gustaría ver que la protesta social ya no se criminaliza y que se deja de fabricar delincuentes para proteger a los verdaderos criminales o justificar la ineficiencia de nuestras instituciones. En síntesis, queremos ver que, en el corazón mismo de este México que vive una vergonzosa descomposición, los hombres y mujeres que están encargados de impartir la justicia en nuestra nación comiencen a impartirla con verdad y a corregir lo que toda la nación sabe que hay que corregir para honrar a la justicia.

Es duro saber que las más altas instancias que protegen la justicia de México han dejado este cuidado a ciudadanos que no tienen su autoridad, algunos de los cuales, incluso, como los propios presos de Atenco, han estado privados de la esperanza de la que cualquier justicia vive. Son ellos, que han dado lo mejor de sí mismos en la lucha común y que no perciben los jugosos salarios de nuestros jueces, quienes han tenido la razón y estaban en el bien.

La virtud de la justicia, hay que recordarlo, no es un discurso que se debate en el intrincado bosque de los tecnicismos jurídicos que sólo protegen intereses, sino un acto cuyo sentido, en relación con el bien, es inequívoco. Por ello, la justicia, que es una virtud, no está en el Estado ni en las leyes ni en los partidos ni en la nación, sino en las personas que los integran; una virtud que sólo existe, como en el caso de Atenco, en los justos que la defienden y la hacen valer. Es desde allí que debemos continuar enfrentando nuestros pendientes, que, día con día, son, para nuestra vergüenza, más.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de la APPO y llevar a Ulises Ruiz a juicio político.

Javier Sicilia.

http://www.proceso.com.mx

Concentración en Barcelona por la libertad de los presos políticos de Atenco.

Hoy martes 29 de junio se realizó una concentración en la Plaça de Sant Jaume de Barcelona por la libertad de los presos de Atenco convocada por Mexicanxs en Resistencia y el Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas. Esta concentración se suma a la jornada mundial convocada por el Comité Libertad y Justicia para Atenco y el FPDT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra).

Desde mayo de 2006 hasta hoy siguen presas 12 personas, juzgadas y condenadas injustamente por graves delitos. El día de mañana, la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación de México), debe resolver sobre el amparo presentado por los propios presos, última posibilidad legal para su puesta en libertad. Con estas acciones exigimos a la SCJN para que así lo haga. A la vez nos solidarizamos con las  demandas de libertad y justicia para Atenco.

De la misma manera se denunció la represión que sufren las comunidades indígenas y los movimientos sociales en otros lugares de la República, como es el caso de Oaxaca, Chiapas, Guerrero…..

Seguiremos pendientes hasta que se consiga la libertad de los 12 presos de San Salvador Atenco así como del resto de presos políticos en México.

Carta de América del Valle, solicita asilo político en la embajada de Venezuela.

Me encuentro ahora en esta embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo asilo político después de cuatro años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo. Cuatro años que han sido de amedrentamiento pero también de indoblegable resistencia. Tengo varias órdenes de aprehensión en mi contra, todos los amparos que he solicitado han sido rechazados por el poder judicial. Para mi, no hay más opciones, menos ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia.

Al pueblo de México:
A los pueblos de la orilla del agua, Atenco:
A mi madre, a mi padre y mis hermanos:
A todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad y la justicia en nuestro país:

Han pasado cuatro años desde aquella bárbara agresión del gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra nuestro pueblo digno y rebelde de San Salvador Atenco. Desde aquellas salvajes golpizas contra hombres, mujeres y niños; del allanamiento y destrozo de nuestros hogares; el asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés; el encarcelamiento de más de 200 compañeros; la humillación y violación de decenas de nuestras compañeras durante su traslado al penal; la expulsión del país de amigas chilenas, alemanas y españolas que atestiguaron y sufrieron la represión. Todo, a manos de los cuerpos policíacos estatal, federal y municipal. Todo, ordenado, dirigido y supervisado personalmente desde un lugar situado a unos metros de los hechos, por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Todo, impulsado por la presidencia de la República para cobrarnos la afrenta de haberle impedido arrebatarnos nuestras tierras para cerrar el negocio del sexenio: el de abrir un nuevo aeropuerto con un corredor comercial a todo lujo de varios kilómetros de largo.

Durante estos cuatro años hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente adversas, pero aún así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su casa la mayoría de los perseguidos y lo más importante es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras.

Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el amparo definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN como el PRI; tanto Calderón, como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del SME), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados lo jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar:

La SCJN ha dejado libre e impune a un gobernador que en cadena nacional fue evidenciado protegiendo a una red de grandes empresarios pederastas denunciados por Lydia Cacho, el góber precioso no fue ni siquiera molestado por la Corte.

Más de 20 muertos dejó la represión en contra de la APPO en 2006, las fotos de los sicarios de Ulises Ruiz disparando contra el pueblo de Oaxaca aparecieron en la portada de varios diarios de circulación nacional, cuando la SCJN revisó el caso no puso tras la rejas a ninguno de los sicarios y mucho menos ejecutó acción alguna contra el gobernador oaxaqueño.

Liberó, eso si, a paramilitares responsables de la masacre de Acteal, entre ellos, dos asesinos confesos.

En el caso de la guardería ABC, puso por encima la tradicional impunidad de los funcionarios que se enriquecen a costa de abaratar la calidad de los servicios que ofrecen, al profundo grito de justicia emanado del dolor por la muerte de 49 niños.

Ya una vez la Corte discutió el caso Atenco y decidió una aberración jurídica al referir que sí hubo violaciones a los derechos, pero que nadie era responsable de tales.

En nuestra patria no hay justicia. Me parece evidente que la Corte no puede sostener la aberración indefendible del “secuestro equiparado”, lo cual anularía las vergonzosas penas de hasta 112 años de cárcel para nuestros presos. Pero tienen la orden de buscar la maniobra “legal” para que algunos de nuestros compañeros aún no salgan libres, y todo indica que eso es lo que al final decidirán, más allá de la intención honorable de algunos de los jueces de poner fin de una vez por todas a esta profunda injusticia (nuestro reconocimiento a ellos). ¿De qué se trata? De ejercer un castigo ejemplar, descomunal contra los símbolos de la lucha social. Es una forma de advertir a los que se decidan a luchar, a qué se atienen si persisten en su intento. Saben que la situación es inestable. Tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse, para atemorizarlo. Y por eso mismo es que creo que hay una decisión de Estado. La clase política requiere mantener la amenaza vigente, y por ahora no hay mejores candidatos para ello que los rebeldes, insumisos e incorruptibles campesinos del FPDT. Pero nosotros no lo aceptamos, queremos justicia, no más engaños de los mercaderes del derecho. No nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando, porque en un país como el nuestro, donde se cierran las puertas de la justicia, la alternativa que nos queda es luchar y organizarnos para detener tanta impunidad.

Me encuentro ahora en esta embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo asilo político después de cuatro años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo. Cuatro años que han sido de amedrentamiento pero también de indoblegable resistencia. Tengo varias órdenes de aprehensión en mi contra, todos los amparos que he solicitado han sido rechazados por el poder judicial. Para mi, no hay más opciones, menos ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia.

Los cargos por los que a mi me persiguen, son los mismos y en los mismos hechos que los de mi papá. Y frente a esta decisión de Estado de dejarlo preso, me he visto orillada a tomar esta decisión, el asilo político, para continuar la lucha desde fuera, pero con más fuerza y en mejores condiciones. He logrado evitar ser encarcelada cuatro años, y por supuesto que si no han logrado apresarme, menos aún lograrán que me entregue por delitos que no cometí.

Es al pueblo de Venezuela y a su presidente, a quienes pido ayuda, porque he sido testigo de su alto espíritu de solidaridad hacia los pueblos que sufren injusticia. Muestra de ello son todos los programas que otorga el pueblo venezolano con médicos, profesores, petróleo barato, operaciones de la vista a cientos de miles de pobres en nuestra América, combatiendo al imperio yanqui y al capitalismo depredador con gran fortaleza y dignidad.

Me voy, pero no me rindo. Y desde aquí quiero agradecer al pueblo humilde que me ha protegido y resguardado todos estos años; no tengo con qué pagarles más que con mi lucha y mi fuerza.

Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a quien tanto amo y admiro por su valentía, con quien tengo muchos proyectos y espero regresar pronto para concretarlos, junto a mis compañeros. Quiero que lo sepa mi padre y mi madre y toda mi familia, también que lo sepan mis hermanos de lucha de todos los rincones de mi patria que es México:

Si sigo de pie es por todos ustedes, y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre las filas de los que resisten y luchan por un país mejor, por un México sin despotismo político, sin la corrupción, explotación y despojo que hemos sufrido por años, y que ya no estamos dispuestos a tolerar.

Y quiero que lo tengan siempre bien presente: ¡Venceremos! Ahora más que nunca, es momento de unirnos, de pelear juntos contra el enemigo común. Mineros de Cananea, de Pasta de Conchos, pueblo de La Parota y Copala, trabajadores del SME, maestros de la CNTE, estudiantes universitarios, padres de la guardería ABC, de los muertos y las muertas de Ciudad Juárez, familiares de los miles de inocentes asesinados por esta llamada “guerra” contra el narcotráfico, pueblo pobre y trabajador, sin prestaciones, ni buenos salarios, sobreexplotados y humillados, a ustedes me dirijo con todo mi respeto, tenemos que estar juntos, tenemos que acabar de una vez con tanto despojo y represión, tanto de Felipe Calderón, como de quien aspira a ser su sucesor, Enrique Peña Nieto.

Que también lo escuche fuerte y claro el Estado. No pudieron con Atenco y no podrán conmigo. Sigo y seguiré de pie, resistiendo, porque la saña de los de arriba jamás podrá marchitar la rebeldía sembrada y regada por años en la tierra de nuestra nación. Ni sus jueces ni sus medios mentirosos, ni su cárcel ni su persecución, ¡nada detendrá nuestro camino a la justicia y la libertad! En la trinchera que nos toque estar, estaremos con la frente y nuestro puño en alto.

Ni la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Presidente Chávez, ni por supuesto los millones de venezolanos y venezolanas, tienen nada que ver con lo que afirmo. Ellos tienen su lucha propia, la cual admiro y siento como propia, pero nada han tenido que ver con mi decisión de entrar a esta embajada y pedir asilo, lo cual ha sido decisión mía, exclusivamente.

No estoy dispuesta a permanecer más tiempo escondida, acosada, maniatada. Ya son más de cuatro años así, y la situación no tiene visos de cambiar. Mi única alternativa para recuperar la libertad por ahora es acogerme al asilo político por parte de un gobierno realmente democrático y del pueblo; de una pueblo solidario con la rebeldía de sus hermanos de otras tierras. Quiero mi libertad para seguir luchando, para seguir estudiando, para seguir viviendo. Por eso he decidido pedirle al pueblo de Venezuela, a su presidente, Comandante Hugo Chávez, que me acojan en su territorio mientras logro recuperar mi derecho a seguir luchando en mi propio país.

Que el mundo entero voltee a mirar lo que sucede en México. Que observe atentamente lo que está por ocurrir en estos días: que la mayor instancia de justicia de nuestro país, es incapaz de plantar cara ante una decisión de Estado, aún cuando éste cometa la más burda y lacerante de las injusticias.

Solicita América del Valle asilo político a Venezuela.

México, DF. América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y prófuga de la policía mexiquense desde hace cuatro años, solicitó esta mañana asilo político en la embajada de Venezuela.  La representación diplomática confirmó lo anterior a La Jornada y explicó que “se están haciendo las consultas pertinentes” con el ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas antes de tomar una decisión al respecto.

El embajador venezolano, Trino Alcides, se reunió con la madre de América, Trinidad Ramírez de del Valle y su abogado, Leonel Rivero, para conocer en detalle la situación legal de la perseguida.

Sobre América del Valle pesan varias órdenes de aprehensión solicitadas por la procuraduría de justicia del estado de México desde mayo de 2006, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó una ofensiva en contra del movimiento popular de Atenco.

A raíz de los operativos de las policías estatal y federal en Atenco, centenares de personas fueron detenidas violentamente, las mujeres arrestadas fueron vejadas sexualmente en el trayecto hacia el Cereso de Santiaguito y varios detenidos fueron torturados. América del Valle, que entonces tenía 22 años, no fue detenida pues se encontraba en el centro de la ciudad de México, asistiendo a un mitin de La Otra Campaña con la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En los meses y años posteriores la mayoría de los detenidos fueron liberados. Sólo quedan en el penal de máxima seguridad del Altiplano el padre de América, Ignacio del Valle –sentenciado a 112 años-, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, sentenciados a 67 años. Los tres fueron acusados, entre otros delitos, de “secuestro equiparado”, que juristas han calificado como una figura penal diseñada para castigar la disidencia y la protesta social.

Otros nueve detenidos en mayo de 2006 en Atenco purgan sentencias diversas en el penal estatal de Molino de Flores, en Texcoco.

Esta mañana cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionaron para resolver sobre una petición de amparo directo presentada el año pasado por la defensa jurídica de los 12 presos de Atenco.  Si el fallo de la Corte –que se anunciará el próximo miércoles 30 de mayo- favoreciera a los detenidos, todos quedarían en libertad inmediata.

América del Valle sería la única que no alcanzaría el beneficio de este amparo.  Tendría que entregarse a la justicia para someterse en prisión a un juicio.

Blanche Petrich
Publicado: 23/06/2010 15:35

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/06/23/solicita-america-del-valle-asilo-politico-a-venezuela

RECOLECCION DE FIRMAS POR LA LIBERTAD DE LOS 12 PRESOS POLITICOS DE ATENCO.

SINOPSIS: El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reúne a una serie de pueblos y comunidades campesinas a las afueras de la Ciudad de México, entre ellas a San Salvador Atenco.

En 2002 se generó un proceso de resistencia campesina al proyecto de un nuevo aeropuerto que los despojaría de sus tierras.  Después de un fuerte proceso de movilización social, dicho proyecto fue cancelado.

El FPDT se convirtió a partir de su lucha en defensa de la tierra en un referente nacional e internacional de los movimientos mexicanos. El 3 y 4 de mayo de 2006 los pobladores de San Salvador Atenco sufrieron la represión del Estado mexicano que impulsó uno de los operativos policiacos más violentos en la historia del país, con un saldo de 2 jóvenes asesinados, más de 200 detenciones arbitrarias, fuertes violaciones a los derechos humanos de los detenidos que incluyeron brutalidad policiaca, irregularidades en los procesos y tortura y abuso sexual contra una treintena de mujeres detenidas.

El caso represivo en San Salvador Atenco se ha vuelto emblemático ya que numerosos y diversos organismos defensores de los derechos humanos documentaron y difundieron dichas violaciones. Incluso organismos del Estado mexicano, como la Suprema Corte de Justicia han reconocido que dichas violaciones se realizaron.

A más de cuatro años de los acontecimientos, 12 personas siguen presas injustamente. Son presos políticos del Estado mexicano. Como parte de una campaña nacional e internacional denominada Libertad y justicia para Atenco publicaremos en el mes de junio un desplegado en un diario de circulación nacional, la exigencia de su libertad. Antes de que termine el mes de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre la libertad de estos 12 presos. Es su último recurso jurídico.

Es un momento decisivo. De perder esta batalla legal, tendrán que purgar condenas que van de 31 y hasta 112 años de prisión.  Este es un pronunciamiento urgente que será signado por numerosas personalidades y organizaciones, nacionales e internacionales. Los elementos jurídicos que se integran en el texto han sido avalados y respaldados por prestigiosos centros de derechos humanos como el centro Miguel Agustín Pro Juárez o el centro de DH Fray Francisco de Vitoria además de especialistas de la comunidad de la maestría en derechos Humanos y democracia de la Facultad  Latinoamericana de Ciencias Sociales México (FLACSO México). Es por ello que las y los invitamos a firmar el texto que anexamos más adelante. Esperamos que puedan apoyar este proceso por la libertad y la justicia y en defensa de quienes luchan por la tierra.

COMITÉ LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Familiares de presos y perseguidos, Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica; Servicios y asesoría para la Paz (SERAPAZ),  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mujeres Sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad;  Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), jóvenes en resistencia alternativa, Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Adolfo Gilly académico, Daniel Giménez Cacho actor, Luis Villoro filósofo, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacvba, Bruno Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Roco Pachukote vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Gilberto López y Rivas antropólogo, Luis Hernández Navarro periodista, Carlos Fazio, académico, Guillermo Almeyra académico, Los de Abajo banda de ska y rock, Las Reinas Chulas actrices.

Texto a firmar:

LIBERTAD AHORA!

a los 12 presos de San Salvador Atenco

A los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia:

José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar Lelo De Larrea, José Ramón Cossío Díaz.

A la opinión pública nacional e internacional.

Nosotras, nosotros, conocemos las graves violaciones a los derechos humanos que el 3 y 4 de mayo de 2006 el Estado mexicano cometió en San Salvador Atenco. A raíz de dichos acontecimientos 12 personas siguen presas. Nos preocupa que el proceso que se les siguió estuvo plagado de irregularidades, no fue respetado el principio de presunción de inocencia ni las garantías de debido proceso y que las pruebas en que se fundó su condena fueron recabadas de manera ilegal. Consideramos que estas irregularidades implican que no tuvieron derecho a un juicio justo. Es un signo de alarma que el delito de “Secuestro Equiparado” el cual estimamos es inconstitucional,  pueda ser empleado para criminalizar demandas sociales  y que el sistema de procuración y administració n de justicia fue utilizado de manera facciosa para convertir en delincuentes a  integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Sabemos además que existe un precedente jurídico emitido por un órgano del Poder Judicial de la Federación, que consideró que  los hechos por los cuales fueron sentenciados IGNACIO DEL VALLE, FELIPE ÁLVAREZ y HÉCTOR GALINDO, no son constitutivos del delito de secuestro equiparado; este antecedente, aún y cuando normativamente no es vinculatorio para los Ministros, consideramos que por cuestiones de seguridad y congruencia jurídica así como por la trascendencia del caso no puede ser soslayado.  Por todo ello, llamamos a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a liberar a los 12 presos del caso Atenco.

Todas las firmas se recibirán hasta el domingo 20 de junio a las 24 hrs. en

firmasatenco@gmail.com

En el caso de las firmas individuales favor de incluir nombre completo, nacionalidad o estado del país y oficio o profesión.

En el caso de las firmas de organizaciones, colectivos favor de incluir el nombre completo de su organización, y país o estado de la organización.


Toda la información del caso puede ser consultada en nuestra página de campaña: www.atencolibertady justicia. com


@twewwter

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