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Chiapas, México: A punto de estallar otros Acteal.

La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza en Chiapas y presenta una nueva escalada de violencia.

En este momento dos comunidades zapatistas, una en la Selva Lacandona y otra en la zona montañosa del norte de Chiapas, están, cada una, a merced de centenar y medio de paramilitares armados que invadieron sus territorios.

El primero es el caso del poblado Nueva Purísima, del municipio autónomo Francisco Gómez, en la Selva Lacandona: el  lunes pasado alrededor de 150 personas armadas, algunas transportadas en camionetas de la presidencia municipal de Ocosingo, invadieron 178 hectáreas cultivadas por zapatistas.

El otro caso es el de la comunidad de San Patricio, del municipio autónomo La Dignidad, en la zona montañosa del norte de Chiapas, que denuncia que más de 150 paramilitares armados invadieron en días pasados sus terrenos y la tienen cercada.

En San Patricio las bases zapatistas reconocieron entre los invasores a policías municipales y dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Los hombres portan armas de grueso calibre y postrados en los caminos y en la montaña prohíben que alguien salga de la comunidad.

Esta situación lleva 11 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que   la gente se abastezca de sus cultivos o recoja leña.

Además los paramilitares ya se apropiaron de sus cosechas y algunos animales, destruyeron los corrales de cría de animales, quemaron 18 hectáreas de pastizales y derribaron 200 árboles de madera fina.

En contraste, las bases zapatistas están desarmadas, sufriendo escases de alimento y de leña.

En Nueva Purísima y San Patricio el estallido de violencia está latente.

¿Porqué tanta agresión contra poblaciones desarmadas que viven de proyectos colectivos autosustentables agrícolas y de cría de animales?

Estos no son casos ni nuevos ni aislados. Las bases zapatistas resisten, desde su irrupción en 1994, una estrategia contrainsurgente del Estado que entre otras modalidades comprende la de provocar conflictos con comunidades no zapatistas o crear grupos paramilitares.

De esta manera, sin involucrar directamente a las fuerzas armadas, pueblos indígenas en pobreza extrema, con altos grados de alcoholismo y en pugna interna por apoyos partidistas y asistenciales, atacan a pueblos zapatistas.

El despacho jurídico Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, P.A. de Miami quiere exhibir la creación de esa estrategia contrainsurgente, pues esta semana presentó, en un tribunal de Connecticut, una demanda judicial contra el expresidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal.

Como se sabe, la masacre la perpetró un grupo paramilitar contra una población indígena indefensa, dejando un saldo de 45 víctimas, entre éstas 21 mujeres y 15 infantes, en 1997.

Zedillo vive en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Hasta allá lo alcanzó la impunidad cometida en la masacre de Acteal, pues una ley federal del país vecino permite a extranjeros el derecho a demandar a residentes en suelo estadounidense por delitos de lesa humanidad.

El despacho jurídico que representa a un puñado de sobrevivientes de Acteal buscará probar la implementación del “Plan de Campaña Chiapas 94”, según el cual el expresidente dotó de armas a grupos  indígenas locales para que hostigaran y atacaran a poblaciones neutrales y zapatistas.

Bajo el gobierno de Zedillo salió a la luz Paz y Justicia, el grupo paramilitar que tiene cercado a San Patricio.

En 1997 a Paz y Justicia se le acusó de cercar comunidades simpatizantes zapatistas del municipio de Tila. El grupo les impidió el tránsito carretero, el paso de comida y medicinas, y se le responsabilizó de cometer violaciones sexuales y 46 asesinatos.

El EZLN también ha denunciado otras modalidades de esa estrategia contrainsurgente: despojo violento o burocrático de los terrenos apropiados por el EZLN durante la insurrección de 1994, proliferación de programas asistenciales a comunidades rivales, creación de nuevos asentamientos castrenses, entre otros.

Sin embargo en los últimos meses se han incrementado las  agresiones y despojos de otros grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), o de militantes del PRI, PAN y PRD en comunidades de la Selva Lacandona, Los Altos de Chiapas y la selva fronteriza.

El caso de San Patricio evidencia la provocación abierta para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tome de nuevo las armas.

EL EZLN depuso las armas cuando tras el rechazo legislativo de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en 2001, decidió convertirse en un movimiento civil pacífico. Las depuso, pero no las entregó. Y el subcomandante Marcos ha dicho que sólo las utilizarán para defenderse.

Si el EZLN respondiera a la violencia paramilitar, el Estado justificaría el uso de la fuerza castrense para tomar el territorio zapatista y así sofocar la experiencia autónoma.

Se pensó que la experiencia zapatista sucumbiría con el tiempo. Lo cierto es que si bien bajó en visibilidad, consolida su  autonomía y sirve de inspiración a etnias que impulsan procesos similares.

La lección autonómica zapatista es simple: rechaza cualquier apoyo partidista o programa gubernamental; no participa en elecciones; promueve la organización colectiva, horizontal e incluyente; creó programas de salud, educación, gobierno e impartición de justicia con identidad propia; estableció proyectos productivos autosustentables y protege su tierra y recursos naturales.

Si bien es simple, esa lección también es poderosa, pues mueve conciencias colectivas en un momento en el que la crisis capitalista provoca que gobiernos e iniciativa privada codicien las extensiones de tierra y los recursos naturales de territorios indígenas.

De esta manera, comienza a proliferar la resistencia activa de  comunidades indígenas en salvaguarda de su riqueza natural.

Lo vemos actualmente en el pueblo yaqui de Vicam, Sonora, que ha cerrado carreteras en protesta por la construcción de un acueducto que los despojará de miles de hectáreas de riego.

También lo vemos en la población purépecha de Cherán, Michoacán, que se atrincheró en defensa de sus bosques ante la devastación impune cometida por talamontes.

De idéntica manera se actúa en Ostula, Michoacán, donde la población nahua creó un movimiento de autodefensa para recuperar más de 700 hectáreas de propiedad comunal arrebatadas por los caciques del lugar.

Y estamos a punto de verlo en comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, sede de la afamada policía comunitaria, que se oponen a la llegada de compañías mineras canadienses a sus bosques.

La autonomía zapatista inspira por igual la lucha de etnias o poblaciones rurales de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Todo indica que la lección zapatista se extenderá en el país conforme se agudice más la crisis capitalista.

Así es como desde lugares apartados y empobrecidos se fortalecen retículas de lucha y sobrevivencia. Se trata de nuestros propios indignados.

Sin embargo, la autonomía zapatista está más vulnerable que nunca. En los últimos tres meses grupos paramilitares agredieron a comunidades zapatistas de cada uno de los cinco Caracoles en las que éstas se aglutinaron por regiones: Oventic, La Garrucha, Morelia, La Realidad  y  Roberto Barrios.

Ahora San Patricio, en el Caracol de Roberto Barrios “Nueva semilla que va a producir”, y Nueva Purísima, en el Caracol de La Garrucha “El camino del futuro”, están en peligro de sufrir otra masacre como la de Acteal.

La responsabilidad del desenlace de estas invasiones paramilitares recae directamente en el gobierno estatal de Juan Sabines y el gobierno federal de Felipe Calderón.

DESPOJO DE RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS DETRÁS DE ATAQUE ARMADO A DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, septiembre 19, 2009



DESPOJO DE RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS DETRÁS DE ATAQUE ARMADO A DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS



A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Lic. Felipe Calderón H.
Presidente de México
Lic. Juan Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas

PRESENTES



Como es ya del conocimiento público, el día ayer el compañero abogado Ricardo Lagunes Gasca, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fue emboscado, atacado y secuestrado por un grupo de aproximadamente 60 personas armadas, integrantes de la llamada Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) misma que en reiteradas ocasiones ha sido señalada por diversas Organizaciones Sociales y Organismos No Gubernamentales, como una entidad de corte paramilitar operando impunemente en los territorios de la Selva Lacandona y la Selva Norte de Chiapas. Esta artera y cobarde agresión se dio mientras Ricardo se dirigía a la zona baja de Tila, habiéndose detenido en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, para informar sobre el proceso jurídico que realiza como abogado del Frayba, en la defensa de los indígenas tseltales presos del ejido San Sebastián Bachajón, ya que estos últimos sostenían ahí una reunión de trabajo con los ejidatarios de Jotolá, ambos adherentes a La Otra Campaña. Afortunadamente, el compañero Lagunas pudo escapar gracias a la inmediata intervención de un grupo de ejidatarios de La Otra Campaña, resultando herido de bala en el muslo de la pierna izquierda, el Señor Carmen Aguilar Gómez, habitante del Ejido de San Sebastián Bachajón. Tras esta agresión con arma de fuego, los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña se dispersaron para evitar la confrontación con la gente de la OPDDIC; sin embargo, hasta donde se tiene conocimiento, estos últimos mantenían cercados, a los ejidatarios de Jotolá, bajo amenaza armada. Cabe señalar que, previo a la agresión, ejidatarios de Jotolá fueron testigos de que elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se habían entrevistado durante un largo rato con integrantes de la OPDDIC.

No podemos dejar de recordar el contexto en el que se da esta nueva y cobarde agresión. Desde el inicio de su gestión como gobernador del estado, coincidiendo con el inicio de la gestión federal de Felipe Calderón y sobre todo, a partir de la gestión municipal del el C.P. Antonio Moreno López, se han visto incrementadas las acciones de hostigamiento y provocación de parte de grupos indígenas pertenecientes a la citada OPDDIC en contra de simpatizantes zapatistas del ejido San Sebastián Bachajón, dentro del .Área Natural Protegida “Cascadas de Agua Azul””. Estas agresiones previas contaron en su momento, con el embozado apoyo de los responsables de dicha ANP por parte de la CONANP-SEMARNAT.

Como integrantes de la sociedad civil organizada trabajando en el ámbito ecologista, no podemos desvincular estas acciones -cuyo corte paramilitar hace cada vez más recordar la nefasto grupo “Los Chinchulines”- con la ambición de poderosos intereses nacionales y trasnacionales de apoderarse directa e indirectamente, del control de los territorios indígenas chiapanecos ricos en recursos naturales estratégicos (biodiversidad, agua, cubierta forestal, minerales, bellezas escénicas) con intención de privatizarlos para multimillonario lucro de empresarios y políticos asociados, disfrazando este negocio bajo el engañoso esquema de “pago por servicios ambientales”.

En este caso concreto -así como en caso de las también recientes agresiones armadas ejercidas por el grupo evangélico priísta autollamado “ejército de Dios”, en contra indígenas del ejido Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas, quienes se oponen a la apertura de la autopista San Cristóbal-Palenque- consideramos que -aunque oficial y públicamente se pretenda negar- el botín en disputa es el agua y la belleza escénica de toda esa hermosa zona natural, misma que, bajo disfraz de un falso “ecoturismo” (en realidad un elitista turismo escénico y de aventura”) se encuentra en el trasfondo de estas impunes agresiones, tal como se señala abiertamente en el documento llamado “Declaración de Comitán”, elaborado por el hasta entonces precandidato Roberto Albores Guillén y firmado el día 6 de junio de 2006 ante notario público por el candidato perredista Juan Sabines Guerrero, quien se compromete a asumir dicho texto como parte de su Plan de Gobierno. La “Declaración de Comitán” a la letra dice, entre otras cosas:

Propuestas por Chiapas

I. Infraestructura para prosperar. El Gobierno Estatal y Federal deben comprometerse a realizar en un periodo de 6 años nuevas autopistas, carreteras y caminos; a rehabilitar y mejorar la infraestructura existente y apoyarse en estas tareas con los comités municipales de mantenimiento, que habrá que convocar:

a. Construir 2000 kilómetros de carreteras pavimentadas y 7000 de terracerías.

b. Construir nuevas autopistas:

San Cristóbal-Teopisca-Comitán-Trinitaria-Ciudad Cuauhtémoc; San Cristóbal – Ocosingo – Palenque; Tapachula – Talismán; Tapachula – Cd. Hidalgo, y concluir Arriaga – Ocozocoautla.

IV. Construir un nuevo Cancún en el norte de Chiapas. Se hizo en Quintana Roo y es posible en Chiapas. El Gobierno Federal debe comprometerse a desarrollar en los próximos años, un programa turístico integral que comprenda Palenque, Agua Azul, Misol-ha Toniná, Yaxchilán, Bonampak y Playas de Catazajá.

FONATUR se debe avocar a esta empresa, considerando acciones de ampliación y equipamiento del aeropuerto de palenque; construcción de las autopistas que comuniquen a las zonas mencionadas y el equipamiento necesario de la infraestructura que permitan la promoción de hotelería y atraiga el turismo internacional. La cultura maya y sus riquezas naturales, son un atractivo indiscutible ante el mundo que marca nuestra competencia y factibilidad para lograr un proyecto de éxito nacional. Su desarrollo bajo este concepto atraería divisas y ocupación productiva.

En ese marco, y ante este nuevo hecho de agresión armada abierta contra un defensor de derechos humanos, que se viene a sumar al impune clima de hostigamiento y provocación desatado por la OPDDIC en contra de simpatizantes zapatistas del ejido San Sebastián Bachajón y de sus alrededores, así como de amenazas previas en contra de de los agentes de pastoral de la Misión Jesuita de Bachajón y de integrantes del Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), todo ello contando con la complicidad personal de la Fiscalía del estado; del Delegado de Gobierno y del propio presidente municipal priista, C.P. Antonio Moreno López, exigimos:

v – Se establezcan urgentes medidas precautorias, a fin de evitar nuevas agresiones del grupo de la OPDDIC en los ejidos de San Sebastián Bachajón y Jotolá, levantando de inmediato el actual cerco armado tendido por dicho grupo en contra de este último ejido.

v – Se investiguen a fondo, con imparcialidad y seriedad, y se castiguen con todo el rigor de la Ley, a los autores materiales e intelectuales de este acto de secuestro y tentativa de homicidio, ejercidos por integrantes de la OPDDIC en contra del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; castigándose además, todos los actos de complicidad o permisividad de funcionarios estatales, federales y municipales, en ésta y en todas las anteriores acciones violentas (incluyendo las previas amenazas, hostigamientos y provocaciones) de parte de la OPDDIC, ejercidas en contra de ejidatarios y habitantes de San Sebastián Bachajón, Jotolá y Agua Clara

v – Cese inmediato de todas las acciones de apoyo y cobertura, otorgadas a la OPDDIC, de parte de la Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social y de los cuerpos policiacos del estado de Chiapas.

v – Respeto irrestricto de los derechos Humanos y de los Derechos Indígenas en Chiapas, y cese del actual clima de persecución, hostigamiento y, difamación en contra de los defensores de los derechos humanos y de los integrantes de comunidades y movimientos sociales pacíficos en defensa de su territorio y de sus recursos naturales.

ATENTAMENTE



Miguel Angel García A. Luis Miguel Robles Gil

Coordinador General Coordinador de Comunicación





Ccp.- Dr. José Luis Soberanes. Presidente de la CNDH

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra – Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza

Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- México DF

Ccp.- Sr. Santiago Cantón.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Washington, EUA

Ccp.- Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH)

Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

Ccp.- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.- San Cristóbal de las Casas,

Chiapas.

Ccp.- Centro de Derechos Indígenas, AC; Chilón, Chiapas

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales Defensores de Derechos Humanos

Ccp.- A los medios de comunicación, nacionales e internacionales

@twewwter

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