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El transgénico de la discordia.

Alineado con las empresas transnacionales más grandes del mundo que producen maíz transgénico como son Semillas y Agroproductos Monsanto, S. A. de C.V.; Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.; PHI México, S.A. de C.V. y Sygenta Agro S.A . de  C.V.; el gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de ellas para que un magistrado federal levante la restricción de “siembra” y les permita inundar dos millones de hectáreas del norte del país con su semilla modificada.

En un hecho histórico, el pasado 17 de septiembre el Juzgado XII de distrito en materia civil en el Distrito Federal aceptó la demanda de “acción colectiva” promovida 50 personas morales y 20 organizaciones sociales resolviendo en su beneficio al otorgarles una “medida precautoria” que en los hechos significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico por parte de las autoridades federales.

El recurso de la colectividad, representada por Adelita San Vicente Telles, directora de la fundación Semillas A.C. y René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., fue notificado a Sagarpa y Semarnat el 3 y 4 de octubre; de inmediato, sus titulares Enrique Martínez y Martínez y Juan José guerra Abud, –cercanos colaboradores del Ejecutivo Federal–, ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregar lo más pronto posible los permisos para siembra de maíz transgénico. Así lo demuestran documentos en poder del semanario.

Se trata de los dos recursos de apelación de 25 fojas cada uno presentados el 9 de octubre por Sagarpa y el 10 de octubre por Semarnat ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativo del Primer Circuito, donde demandan “revocar” el congelamiento de los permisos para siembra.

Los argumentos de ambas dependencias federales van desde la violación a su derecho de audiencia hasta el que se les coartan sus facultades para regular este tipo de actividades.

Luego de mostrarle ambas apelaciones, el abogado defensor de la colectividad, René Sánchez Galindo acusa al gobierno de litigar en favor de la empresa; a su vez, la representante de la “acción colectiva”, San Vicente Telles ofrece datos que muestran los vínculos que hay entre ex empleados de las transnacionales y quienes durante el sexenio de Calderón o de Peña Nieto ocuparon u ocupan posiciones en órganos claves para autorizar permisos ya sea en etapa experimental, piloto o de siembra.

Un juez incongruente: gobierno

Antes que las afectadas directas por la suspensión de los permisos de siembra, Monsanto, Dow Agrosciencies, Syngenta o PHI, el gobierno de Peña Nieto se apresuró a defenderlas al exigir ante el II Tribunal Unitario la revocación de la medida precautoria.

En la apelación de 25 fojas encabezada por la abogada de Sagarpa, Mireille Roccatti Velazquez,  sostiene que el juez “no observó” los artículos 219, 222, 610 y 611 del código Federal de Procedimientos Civiles; en especial que antes de dictar la medida precautoria el juez debe “dar vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitará opinión de órganos competentes”.

Y añade en su página seis, “…ese tribunal de Apelación podrá advertir que el acuerdo que se impugna es ilegal, toda vez que de los autos que integran el cuaderno relativo a  la medida precautoria solicitada por la colectividad actora, no se observa que haya otorgado a mi representada su garantía de audiencia prevista en el artículo 11 del código…y menos aún que se haya allegado de la opinión de los organismos competentes en la materia”.

Y sigue: “dos requisitos que el A quo (juez) debió desahogar de manera obligatoria, pues el precepto legal en estudio no señala como acto potestativo el que el juez ‘podrá’ dar vista a las medidas precautorias solicitadas, ni indica que podrá” allegarse de la opinión de organismos…sino que el juzgador ‘deberá’ otorgar la citada garantía de audiencia y  ’solicitará’ la opinión; de ahí lo ilegal del acuerdo apelado”.

Roccatti alega que el juez “indebidamente” únicamente tomó en consideración los argumentos expuestos por la colectividad actora, pero el código Federal de Procedimientos civiles dispone de manera precisa cuáles son los requisitos que habrán de colmarse por parte del juzgador….las cuales dejó de observar en perjuicio de mi representada”.

Por lo que hace a Semarnat, el representante legal Mario Moreno García en su recurso de apelación entregado el 10 de octubre al Tribunal Unitario alega que se violaron los artículos 585, 610  y 611 del mismo Código “y en contra de los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución…debe colmar”.

Luego insiste en el mismo argumento de que se debió dar vista en un plazo de tres días “y solicitarse la opinión tecno-científica de los organismos competentes” como es la Procuraduría Federal e Protección al Medio Ambiente.

“Estamos”, dice el abogado Moreno García, “en presencia de un procedimiento en materia civil que es de estricto derecho, es decir, debe de resolverse conforme a la letra de la ley” en términos del 19 del Código Civil Federal y 14, último párrafo de la Constitución que “consagra la garantía o derecho humano de previa audiencia con relación a los actos de privación por parte de la autoridad”.

Luego alega que la resolución “causa agravio a esta autoridad recurrente…en virtud de que atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad”.

La Sagarpa en su alegato destaca que la solicitud de liberación de permisos en etapa comercial de organismo genéticamente modificados “queda comprendida dentro de las facultades de Sagarpa”.

Los procedimientos seguidos por las autoridades, agrega en la pagina 18 del recurso de apelación, “constituyen un motivo de daño a la parte actora o al medio ambiente sino las actividades clandestinas o realizadas en inobservancia del marco legal, pues podrían constituir un riesgo al realizarse sin observar las directrices establecidas”. Y como el otorgamiento de los permisos buscan el que éstos se lleven a cabo de la forma, en los lugares y zonas conforme lo determina la ley de Bioseguridad (…) y en el caso a estudios con el otorgamiento de la medida precautoria solicitada, “se coartan las facultades de las autoridades codemandadas en la instancia para regular las actividades inherentes a organismos genéticamente modificados, (…) es decir, va en contra de la propia naturaleza de dichas medidas precautorias…”.

Por todo lo anterior, tanto Sagarpa como Semarnat piden “revocar o modificar” la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico.

La demanda incluye a las cuatro empresas ya mencionadas, Monsanto, Dow Agrosciences, PHI y Syngenta, sin embargo las tres primeras se negaron a recibir la notificación que les entregó el actuario en donde se les participa de la detención de la siembra, en tanto que la última sí la recibió pero no a realizado acción alguna contra la resolución del juez.

Una de las críticas que hace la representante de la colectividad, Adelita San Vicente Tello, es que se haga una revisión del “conflicto de intereses” en que pudieran caer los encargados de realizar las indagaciones por parte del gobierno e incluso de los investigadores que certifican a las transnacionales sobre el no daño al medio ambiente y el humano que puede provocar el uso de maíz transgénico y su relación con las transnacionales que buscan la siembra.

Así por ejemplo recuerda que Bruno Ferrari fue el encargado de la venta de Seminis a Monsanto para en 2007 ser nombrado por Felipe Calderón como titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en enero de 2008 se va a director general de Promexico y en julio de 2010 es nombrado titular de la Secretaría de Economía desde donde se autorizan los cupos de importación y exportación de diversos alimentos.

Con la aprobación en 2005 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, durante el sexenio de Felipe Calderón las cuatro transnacionales mencionadas empezaron a solicitar y a recibir permisos para la “experimentación”, primero y luego prueba “piloto” de siembra de maíz transgénico.

Del 2009 al 20012 se recibieron 186 solicitudes y autorizaron 114 permisos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de Sagarpa, una de las dependencias del gobierno encargada de clasificar autorizar los permisos y el número de hectáreas autorizadas.

Aquí en Senasica, reclama San Vicente, pero en la dirección de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados estaba Silvia Elena Rojas Villegas quien antes había sido empleada de la transnacional PHI y en su gestión al frente de la dirección esta empresa recibió permisos al igual que Dow Agrosciences.

Además está la Coordinación de análisis de Riesgo y Bioseguridad (Conabio) la cual tiene a su cargo la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que está vinculado a la dirección general del Conacyt. La Cibiogem tiene un secretariado ejecutivo que en los hechos es la cabeza del organismo, el reclamo de Adelita San Vicente es que desde abril de 2007 al frente de Cibiogem estuvo Ariel Álvarez Morales y todavía en marzo de 2013 figuraba como secretariado ejecutivo. Hoy, en su página de internet, aparece vacante.

Lo grave del caso, dice San Vicente es que antes de llegar al cargo, Ariel Álvarez desde su puesto de académico en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) perteneciente al Politécnico Nacional “respaldó los primeros permisos que pidió Monsanto porque las empresas siempre deben contar con un respaldo técnico. Más aún, desde el sexenio de Vicente Fox, él presentó un proyecto “maestro de maíz” que curiosamente heredó su nombre a un proyecto que Monsanto tiene con la Confederación Nacional Campesina, sector del PRI y del cual reciben millonarios recursos”. Otro personaje, que en su momento también denunció Adelita San Vicente es Sandra Patricia Piña Salinas quien en el sexenio pasado estuvo al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Cibiogem y antes, fue coordinadora técnica de Agrobio México, asociación que aglutina a las empresas transnacionales que impulsan el maíz transgénico.

Hoy en ese puesto está Sol Ortiz, un personaje que a decir de San Vicente cuenta con laboratorios para detección de transgénicos aunque rechaza tener conocimiento de una posible vinculación con las transnacionales.

Y para cerrar con broche de oro entre proclives de los transgénicos e instituciones de gobierno está el químico Bolívar Zapata, quien según San Vicente creó un transgénico. Este reconocido científico fungió como coordinador de Ciencia y Tecnología en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto y el pasado 4 de enero lo nombró “enlace entre la Presidencia de la República y el Conacyt”, el mismo al que está vinculada la Cibiogem, organismo público.

En juego un billón de dólares

Lo que está en juego en términos monetarios con la autorización de siembra para el comercio del maíz transgénico, explica Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), son mil 200 millones de dólares, porque no sólo es la venta de la semilla transgénica sino también del herbicida que forzosamente se tendría que utilizar porque tiene el gen que resiste a las plagas.

Denuncia que la CNC, sector del PRI, ha respaldado la siembra del maíz transgénico mediante un convenio de Monsanto en donde recibe por lo menos un millón de dólares al año a través de la confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, y donde se comprometen a cuidar en el sur el país al maíz criollo mientras que Monsanto va por las hectáreas del norte para el transgénico.

Detalla que en el norte del país hay 2 millones de hectáreas para siembra de maíz transgénico en zonas de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. “Es la superficie más comercial, que tiene sistema de riego y usa semillas híbridas de maíz y la que tiene mayor desarrollo tecnológico. Los productores se niegan a usar maíz transgénico porque obtienen más tonelaje con el híbrido”.

Aparte están 800 mil hectáreas en Jalisco, Nayarit, Guanajuato que son de temporal y son de ciclo para siembra primavera-verano.

El doctor Antonio Turrent Fernández, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un estudioso de los efectos negativos de los productos transgénicos, destaca que gracias a la suspensión precautoria que otorgó el juez a la colectividad en septiembre pasado, es que se pudo detener la siembra de 2 millones de hectáreas en la zona norte del país y la cual empieza su ciclo en otoño-invierno.

En una amplia explicación, el doctor trae a colación varios experimentos que se han hecho con ratas y cerdos alimentadas con maíz transgénico, pues este último es quien tiene el modelo de mamíferos más parecido al de los humanos. Los resultados en un corto periodo de tiempo fueron la presencia de cáncer y hubieron de ser sacrificados antes de su periodo normal de vida.

Aclara que lo hallado fue que el mal “estuvo asociado en mayor frecuencia con individuos alimentados con maíz transgénico, esto no prueba que el consumo del transgénico le causó el cáncer, lo que prueba es que se asoció” y eso ya es grave.

Otro aspecto es que se afectan los mantos acuíferos. Pero además de los efectos nocivos para el humano que aún esta en prueba experimental es el daño grave a la planta nativa del maíz, al criollo y al híbrido que al mezclase con la polinización se contamina del gen transmutado, pero no sólo eso, está en cámara de diputados una minuta, avalada ya en Senado, que establece que al tener un productor un maíz que tiene su gen se le podrían cobrar regalías, es decir, se aprobaría la patente el maíz transgénico.

 Por

Jesusa Cervantes.

http://www.proceso.com.mx

Número: 1930.

Organizaciones oaxaqueñas defensoras del maíz nativo promueven amparo contra siembra de transgénicos.

Las Comisiones Regionales de Seguimiento en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, interpondrán  un  amparo  en contra de la Semarnat, Sagarpa, Inifap, Gobernador del Estado de Oaxaca y Sedafpa, además demandarán  a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y las Comisiones de Derechos Humanos; Asuntos Indígenas; Agropecuaria, Forestal y Minería y Desarrollo Rural de dicho congreso, debido a que no han respondido por escrito a su solicitud presentada el 11 de abril del 2012, violentando el derecho de petición consagrado en el artículo octavo constitucional.

En la solicitud presentada a las autoridades demandadas, más de 350 personas pertenecientes a organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca exigen al Gobierno Federal y Estatal el regreso de la moratoria sobre la siembra experimental de maíz transgénico, misma que se realiza desde 2009 en 6 estados del norte del país,  con el objetivo de proteger la biodiversidad del maíz nativo en México.

De igual forma solicitaron al gobierno federal, estatal y el Congreso del Estado la coordinación para la emisión de una declaratoria que deje a Oaxaca como pueblos y territorios libres de “Transgénicos”.

Les preocupa que el gobierno federal y estatal no se interesen en la seguridad alimentaria de los mexicanos y en la conservación de las semillas nativas que son amenazadas por la introducción y contaminación con semillas transgénicas, poniendo en riesgo el patrimonio alimentario, cultural y biológico del estado, principalmente de los pueblos y comunidades indígenas.

Oaxaca de Juárez a 13 de agosto de 2012.

COMISIONES REGIONALES EN DEFENSA DEL MAÍZ NATIVO DE OAXACA

Video:

[http://e-oaxaca.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=16132:exigen-que-oaxaca-sea-declarado-un-estado-libre-de-transgénicos&Itemid=321]

http://www.educaoaxaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=706&Itemid=55

Action Aid: Imperativo frenar el uso de maíz para etanol.

La elaboración de agrocombustibles (etanol) consume ya 15 por ciento de las cosechas mundiales de maíz, y 40 por ciento en el caso particular de Estados Unidos (EU) –país fundamental en la definición de los precios del grano–. Tal situación es una de las causas principales del encarecimiento de los precios internacionales del maíz y en general de los alimentos, fenómeno iniciado en 2006-07 y vigente hoy con consecuencias fatales como el hambre y la inseguridad alimentaria.

En el caso de México, donde a diferencia de la mayor parte del mundo usamos el maíz para consumo humano directo, el efecto es evidente en la escalada de precios de la tortilla; en el malestar social derivado; en inseguridad alimentaria sobre todo en las zonas pobres del país, las rurales, y en el aumento en las erogaciones por importación de maíz, afirman Timothy A. Wise, director de Investigación y Políticas del Instituto de Desarrollo Global y del Medio Ambiente (GDAE) de la Universidad de Tufts, y Marie Brill, analista principal de políticas de Action Aid-Estados Unidos.

Ambos son autores del informe de Action Aid Agrocombustibles: fogoneros del hambre, presentado el pasado mayo con el subtítulo Cómo las políticas de Estados Unidos para el etanol de maíz aumentan el precio de los alimentos en México.

El informe tenía la intención de que siendo actual presidente del G-20 (que reúne a las economías más avanzadas y a las emergentes más importantes), México influyera en la reunión que realizó en Los Cabos, Baja California, del 18 al 20 de junio. Ello, considerando que en nuestro país hasta ahora hay un freno al uso del maíz para etanol, por la fuerza social que implica el que el grano sea nuestro básico principal y que debemos importar altos volúmenes desde Estados Unidos para cubrir nuestras necesidades. El boom del etanol afecta drásticamente la seguridad alimentaria de México.

Cabe mencionar que el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció el 13 de junio, durante un seminario sobre nuevos paradigmas para la agricultura, que el documento que se analizará en la cumbre “no es muy explícito ni categórico en el tema de biocombustibles”, pues el tema es “controvertido”.

Durante la presentación del informe en cuestión, Wise recordó que en 2008 los precios de la tortilla en México prácticamente se duplicaron respecto de 2006, y la tónica de encarecimiento persiste en términos generales en los alimentos, “con efectos de hambre, inseguridad alimentaria y pobreza”.

El efecto que tiene el uso de maíz para etanol sobre el precio de este grano representó costos de entre mil 500 millones y tres mil 200 millones de dólares entre 2006-11, esto es costos que hubieran sido nulos si no se utilizara el maíz para fines energéticos.

El informe detalla que en 1990 las importaciones mexicanas de alimentos desde Estados Unidos sumaban dos mil 600 millones de dólares. Para el año 2000 subieron a seis mil 400 millones y en 2011 llegaron aun récord de 18 mil 400 millones. No obstante la expansión de las exportaciones agroalimentarias, el déficit de la balanza comercial ha empeorado. De hecho en 1990 lo que se registró fue un pequeño superávit, pero en 2000 el saldo negativo fue de mil 300 millones de dólares; en medio de la crisis alimentaria global, alcanzó “una cifra desastrosa” de cuatro mil 600 millones de dólares, y en 2011 sumó dos mil 600 millones.

En los dos años recientes, dijo Wise, los gastos por importación de maíz equivalieron al déficit comercial agroalimentario total.

Y es que la dependencia de México en importaciones de maíz se ha acentuado, sobre todo desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Wise. El informe muestra que en 1990-92 las compras foráneas del maíz representaban siete por ciento del consumo; hoy son 35 por ciento. Y lo mismo ocurre en los otros granos. En trigo antes era 18 y ahora casi 60 por ciento; en arroz antes 60 y ahora casi 80 por ciento; en soya antes 75 y ahora casi cien por ciento.

Tim Wise señaló que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos estima que entre 20 y 40 por ciento del encarecimiento de los precios globales de alimentos es atribuible al consumo de maíz para etanol. El análisis calcula que en 2006 el uso de maíz para etanol en el mundo y particularmente en EU representó un encarecimiento de las importaciones mexicanas de maíz de 2.5 por ciento, esto es 23 millones de dólares, pero en 2010-11 las cifras llegan a 20 por ciento y 422 millones de dólares. En todo el periodo 2006-11 el costo acumulado por esta razón fue de mil 260 millones de dólares. Y la tendencia es que se profundice la situación. “Estamos haciendo estimaciones conservadoras, porque hay otros cálculos que hablan de 20 a 40 por ciento” como efecto de encarecimiento del maíz por causa de la demanda del cereal por parte de la industria del etanol.

De acuerdo con Marie Brill, el uso del maíz para etanol ha sido impulsado en Estados Unidos por tres políticas: una protección arancelaria, subsidios y un mandato (leyes) para ordenar la mezcla del etanol con gasolinas. El objetivo de esto ha sido convertir la dependencia de combustibles fósiles a una “bioeconomía”. Otro incentivo han sido los altos precios del petróleo. De allí la “dramática” situación de que 40 por ciento de las cosechas maiceras de EU se utilicen para etanol, con los consecuentes efectos globales en los precios. Este país es el líder mundial en exportación del grano.

La especialista comentó que en el mundo ya 203 millones de hectáreas de tierra, esto es equivalente al tamaño de todo México, están siendo utilizadas con fines de producción de cultivos para agrocombustibles (sobre todo maíz, soya, otras oleaginosas y jatropha), y más de 60 por ciento de esa superficie está en el continente africano con inversiones de empresas extranjeras. En África, paradójicamente, la hambruna llega a grado extremo y afecta a un gran número de personas. Esto indica que más allá de los efectos meteorológicos, políticas públicas de países influyentes están induciendo un descontrol en la oferta alimentaria, y “esto debe cambiar; Estados Unidos debe cambiar”.

La carestía alimentaria va unida a otros fenómenos sociales de desgaste. Brill comentó, con base en experiencia propia como representante de Action Aid, que ha visto cómo en África la gente ha agotado todos sus recursos por sobrevivir: trabaja más, cuida menos su salud, y aun así, los ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.

En la presentación del informe de Action Aid participó Olga Alcaraz Andrade, directora de Agricultores Unidos Región Guayangareo, de Michoacán, miembro de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), consideró que el maíz “es el grano más especulado del mundo”.

Explicó la situación actual con el grano en México –que es una reedición de lo que ha ocurrido en los años recientes–: corporaciones reciben apoyo gubernamental para importar maíz, mientras que las bodegas de los productores en el país están repletas del grano. Las empresas así especulan –generan la idea de escasez del grano; reciben subsidios, y a la vez presionan a los productores para que les vendan más barato su grano, pues si no lo hacen el maíz quedará en las bodegas generando costos de almacenamiento–. “Dependemos que los monopolios compren nuestras cosechas; tenemos que cambiar esto. Las grandes empresas recibieron en 2011 un total de mil 400 millones de pesos para apoyar la comercialización de granos (…) el país pierde soberanía alimentaria”.

Por su lado, Víctor Suárez, director general de la ANEC, afirmó que el encarecimiento de los precios del maíz y demás alimentos –propiciado por la especulación financiera y por el uso de materias primas agrícolas para agrocombustibles– no se refleja en mejores ingresos para los campesinos, porque la situación genera especulación también en los precios de los insumos. Se han encarecido los procesos de producción. Entonces, los únicos beneficiarios de la carestía y la especulación alimentaria internacional son los monopolios (comercializadores, agroindustriales, productores de semillas y de fertilizantes). Y no hay lógica en las decisiones del gobierno de México, porque, en lugar de impulsar una mayor producción interna, la orden ha sido importar. Estas decisiones además han encarecido aún más los alimentos, porque, al ser anunciadas al mundo, generan especulación (máxime cuando México busca importar maíz blanco, de consumo humano y muy escaso globalmente).

Lourdes Edith Rudiño

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-uso.html

El Estado mexicano, a juicio en Juárez.

El calentamiento social y el calentamiento global convergen en Juárez, en Chihuahua, como en pocas partes. La sequía y el calor polvoso muestran los rigores de un clima cambiado por la irresponsabilidad humana. Los homicidios sin fin, las desapariciones, el desempleo, los feminicidios, las miles de casas abandonadas, las miles de empresas cerradas, los cien mil desempleados, hacen omnipresente el calentamiento social: un tejido social desgarrado, desigual, hirviendo de desigualdades, de enfrentamientos, competencias por lo más mínimo, atropellos de los poderosos a los pobres, desesperación.

Nada mejor que haber elegido Ciudad Juárez como sede de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, estos días 27, 28 y 29 de mayo. Porque esta sociedad fronteriza, que fue por muchos años la punta de lanza de la integración del país al sistema mundializado de libre comercio y globalización de los procesos de trabajo, de producción y de reproducción de la vida cotidiana, ahora es el ejemplo vivo –o muerto– de la devastación.

¿A quién se va a acusar? Al Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno y sus tres poderes, a todas sus instituciones y dependencias. Al sistema político de leyes, partidos, procesos. A las instancias paraestatales, como los sindicatos que no representan a sus agremiados y se someten al gobierno. A los patrones del Estado: el bloque hegemónico de la globalización compuesto por el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los grandes poderes económicos trasnacionales y nacionales. A los grandes poderes mediáticos, sus aliados de siempre.

¿De qué lo acusan? De haber entregado a la sociedad mexicana junto con toda la comunidad de seres vivos a un modelo económico que ha generado una gran devastación y múltiples violencias. La novedad de este tribunal es que, a diferencia de los casos de Vietnam y Sudamérica, por ejemplo, no pone en el centro una agresión militar o policiaca contra un pueblo. Gira en torno a los varios conjuntos que componen las políticas de ajuste, los tratados comerciales internacionales, las diversas formas de guerra sucia contra la población y los impactos sociales que reprodujeron ampliadamente su perversa incidencia. Por primera vez se analizan las políticas económicas, aparentemente tan técnicas y tan neutras, como generadoras de violencia, de destrucción. Porque, si bien de estos últimos 30 años sólo llevamos seis de una guerra no declarada, con balas, asesinatos y desaparecidos, los 24 años anteriores no fueron menos letales: en nombre de los ajustes y de las reformas estructuralesse desplazó de su lugar de residencia a varios millones de personas, la inmensa mayoría de ellas de escasos recursos; se cerraron miles de fuentes de trabajo; se comprimieron el salario y las prestaciones de los trabajadores; se hicieron desaparecer ramas productivas completas; se talaron millones de hectáreas de bosques, se contaminaron miles de kilómetros de aguas y de suelos; se descuidaron la vida de las personas, la convivencia de las familias, se destruyeron comunidades enteras; se atropellaron los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

¿Quiénes son los agraviados? La sociedad mexicana en general, en la mayoría de sus clases sociales, sobre todo los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores; pueblos indios, personas con discapacidad. Los sectores productivos más orientados al mercado interno: agricultores de granos básicos, pequeñas y medianas empresas industriales, pequeños comercios, tiendas de abarrotes, deudores de la banca. Todos los sectores que han sido criminalizados por la protesta social: jóvenes, disidentes, comunidades que defienden su tierra o sus recursos naturales.

Todo esto se hizo con premeditación: las políticas de ajuste y de libre comercio se planearon detalladamente desde las agencias del Consenso de Washington, se elaboraron en México en forma de planes gubernamentales, como el Plan Inmediato de Reordenación Económica de 1982 o los planes nacionales de Desarrollo de 1983, 1989, 1995, 2001 y 2007. El TLCAN se estuvo discutiendo de manera cupular y en cada detalle desde 1990 hasta 1994. La contrarreforma agraria también se hizo con todo cuidado entre 1991 1992. En ningún caso se tomaron en cuenta las críticas, sugerencias, propuestas de académicos, de diversos sectores económicos, que hicieron ver los peligros y desventajas que implicaba para la nación adoptar estas políticas y firmar estos tratados. Numerosos movimientos sociales emergieron para impugnarlos; el más destacado, el levantamiento del EZLN el mismo día que entró en vigor el TLCAN; las acciones de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio o los movimientos campesinos como El campo no aguanta más o Sin maíz no hay país. Nada de esto fue escuchado.

Se obró con toda alevosía y ventaja: todo el aparato represor de Estado se empleó de manera autoritaria para aplastar disidencias. Todo el aparato ideológico del Estado y del duopolio televisivo acalló y descalificó cualquier crítica al modelo económico librecambista, con la complicidad de actores políticos como el PRI y el PAN.

El Tribunal Russell, antecesor del Tribunal Permanente de los Pueblos, logró que se queden bien grabadas en la conciencia colectiva de la humanidad las condenas a la guerra genocida de Vietnam, epitomizada en el uso del napalm contra los seres humanos; o la agresión omnímoda contra las personas y las instituciones democráticas, perpetrada por las dictaduras sudamericanas. Ahora, en México, tenemos la gran oportunidad de que la guerra que se ha emprendido contra el pueblo por quienes han impuesto el ajuste estructural, el libre comercio y la represión, sea condenada por una instancia simbólica, de conciencia, de la mayor autoridad moral, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Habrá que hacerle llegar de manera numerosa y entusiasta nuestras denuncias, nuestros agravios. Tornémonos sujetos, desde lo local lacerado lancemos la primera acusación a lo global perversamente localizado. Que esta rebelión simbólica y ética sea ahora nuestra nueva práctica para resistir al neoliberalismo, para empezar a desmontar su hegemonía y su impunidad.

Víctor M. Quintana

México: 10 años de la Red en Defensa del Maíz y por la autonomía de los pueblos.

El 17 de marzo de 2011, hace justo un año, la asamblea de la Red en Defensa del Maíz (RDM) se inconformó con la apertura de la siembra de transgénicos y con las supuestas defensas que promueven varias leyes estatales, y decía:

Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos.

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo).

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor).

La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente.

Lamentamos profundamente que las leyes nos roben la palabra, no nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en este caso la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro derecho de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide esa defensa.1

Hace unos días, la Red en Defensa del Maíz celebró sus diez años reivindicando su compromiso de lucha y preparando, con carreras y presiones de todas partes, su participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Durante esos diez años la RDM ha funcionado como un espacio que ha promovido el trabajo cotidiano con perspectiva global de un universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas y mestizos —campesinos todos—, empeñados en defender su vida de cultivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente en directo, sin retórica, y en los hechos y en lo práctico se trabaja por alcanzar autonomía y soberanía alimentaria. Uno de sus logros más concretos es que, en esos años, las más de mil comunidades y decenas de organizaciones en 22 estados del país que se reconocen en la Red en Defensa del Maíz han declarado, por la vía de los hechos, una moratoria local, comunitaria, regional, bastante contundente a la invasión del maíz transgénico. Esto logró que, desde múltiples rincones del mundo, su labor sea un ejemplo de resistencia invisible, cotidiana y eficaz.

Durante esos mismos años, el gobierno y las empresas han intentado imponer este maíz genéticamente modificado (GM) con varias estratagemas sucesivas. Como en el sur no les ha salido, se abrió la siembra en el norte, donde años de invasión minera y luego agroindustrial han mermado la memoria de la siembra de maíz nativo; norte que, al igual que todo México, es también centro de origen del maíz. Podemos resumir esos pasos.

1. El ataque de las empresas y el gobierno mexicano ha sido brutal y, sin embargo, no ha logrado aún la invasión transgénica total que buscaron contaminando por lo menos desde 2001, año en que se descubrió el primer caso de transgenes en el maíz nativo de México debido al trasiego de grano no identificado que llegaba de Estados Unidos y que distribuían las tiendas paraestatales del gobierno.

El gobierno mexicano negó todo conocimiento o responsabilidad del asunto, pero las comunidades reconocieron que “pese a las manipulaciones, negativas, evasivas, falsedades seudo científicas, mentiras a medias, eufemismos, justificaciones penosas e intentos de acallarlo, el maíz está genéticamente contaminado en su centro de origen”. Tenemos la certeza de que esta contaminación fue y es una estrategia consciente de las empresas y los funcionarios técnicos y políticos del gobierno mexicano.

2. Luego, desde las instancias del gobierno mexicano se impulsó la idea de que si se contaminaba, pues “al cabo y qué”, que tendríamos que aprender a “coexistir” con los organismos genéticamente modificados. Parecían decir: “Si el centro de origen ya se contaminó, ¿por qué no contaminar los cultivos restantes?” Así, el congreso mexicano (diputados y senadores por igual) aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y varias leyes colaterales, como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, los reglamentos de ambas leyes y una batería completa que configura un verdadero blindaje para obstruir la justicia.

Por lo menos desde 1992, las leyes en México se cocinan para servir de obstáculo concreto a los afanes de justicia de la población. Con este férreo control jurídico legal, quienes hacen leyes orillan a la gente a no tener cabida en la ley y, valga la obviedad, a quedar y a actuar fuera de la ley. Y la fabricación de esas leyes (concordantes con dictados por el TLCAN y los tratados de libre comercio en general, que ni son libres ni se agotan en lo comercial porque en realidad son matrices de gobierno que suplantan la legalidad del país) se enfiló sobre todo a desmantelar derechos colectivos y ámbitos comunes: en primer lugar los territorios, al separar el agua de la tierra e individualizar lo que siempre fue común para promover su privatización; más tarde, buscaron criminalizar el libre intercambio de semillas ancestrales nativas, entre otros horrores.

3. El gobierno le apostó a la confusión. A ella contribuyó el reglamento de la LBOGM en lo tocante al llamado Régimen Especial de Protección al Maíz, que prácticamente desapareció y dejó así una incertidumbre legal que existe aún en torno a si en México existen centros de origen del maíz y sitios donde no hay tales centros, o si todo el país es centro de origen -como lo hemos venido insistiendo muchísimas organizaciones, comunidades, colectivos, investigadores y gente de buena voluntad-.

Que todo México y más sea el centro de origen del maíz para el mundo era y es uno de los fundamentos de la moratoria de facto que funcionó de 1997 a 2009. Y es algo que la Red en Defensa del Maíz seguirá reivindicando.

4. Aprovechando la confusión, el siguiente paso en la estrategia de contaminación del Estado mexicano y las corporaciones fue la instalación de siembras experimentales y piloto en el norte del país de un modo clandestino y en preparación de la ruptura de la moratoria, lo que ocurrió el 6 de marzo de 2009.

5. Con la ruptura de la moratoria se instauró un nuevo paso: de ahí en adelante, las dependencias encargadas comenzaron a otorgar permisos de siembra experimental y siembras piloto en el norte del país con la ley por delante. En paralelo, el gobierno ha venido realizando preparativos para emprender monitoreos a las comunidades en busca de semillas “no certificadas”, “semillas pirata”, lo cual es uno de los signos más ominosos de esta confusión planeada y legalizada.

Hoy, el discurso ha cambiado. Desde el gobierno mexicano se quisieran santificar formas más y más legales para introducir los transgénicos sin que nadie pueda protestar. Y se abren dos escenarios que parecen configurar la nueva estrategia gubernamental.

6. Por un lado alentar, la promoción de leyes estatales que dicen defender el maíz “criollo” de la contaminación mediante el registro, la certificación y la fiscalización de las semillas, los productores y el proceso agrícola.

7. Por el otro, la delimitación de supuestos “centros de origen” únicos en el territorio nacional, abriendo así el espacio para que en el resto del país exista una enorme extensión para promover agricultura industrial y transgénicos.

Ambas estrategias apuntan a lavar la imagen del gobierno e insisten en que son para cuidar del patrimonio genético del país, la multiculturalidad de los pueblos originarios y la diversidad de los maíces, cuando en realidad preparan la erradicación de todo aquello que, en lo tocante a la agricultura, no esté sometido a los controles establecidos por las normas, reglamentos, leyes y reformas constitucionales de un Estado mexicano muy imbricado con grandes corporaciones.

Hace diez años que las comunidades que siembran maíz en sistemas complejos como la milpa insisten en que para defender el maíz hay que sembrarlo; que para defender la libertad de las semillas hay que seguirlas custodiando e intercambiando; que la autonomía más primera es sembrar los propios alimentos, y de ahí la defensa integral del territorio se vuelve posible.

Las empresas buscan quebrar la producción independiente de alimentos como un modo brutal de quebrar la idea de la comunidad, la defensa territorial, la autonomía de los pueblos, para así inundar de monocultivos, paquetes tecnológicos, programas autoritarios de intensificación de cultivos con mecanización y paquetes de agrotóxicos, o invadir de plano buscando acaparar la tierra, el agua o los minerales y la biodiversidad, ambicionando además la mano de obra fragilizada del campesinado para volverlos esclavos en las ciudades o en los proyectos agroindustriales, mientras las corporaciones predan el bosque o especulan vendiendo bonos de aire en las bolsas internacionales de valores.

VERÓNICA VILLA (GRUPO ETC) Y RAMÓN VERA HERRERA (GRAIN)

La Jornada: Multinacionales ya pueden sembrar maíz transgénico en México.

+Autorizados, campos experimentales en el norte de México

+El último candado se quitó en diciembre; apremio de firmas extranjeras

+Quieren cultivar 2 millones de hectáreas, sobre todo en zonas de riego

+Defensores ambientales insisten en que peligran unas 70 razas nativas

+La Sagarpa retiró último candado a ese cultivo el pasado 31 de diciembre

+Gigantes de la biotecnología tienen al menos 17 proyectos

Este año se cumple un plazo esperado más de una década por las corporaciones trasnacionales de la biotecnología para que se abra la puerta de la comercialización de maíz transgénico en México.

Sin mucho bombo, el 31 de diciembre pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) retiró el último candado que impedía la siembra de ese grano genéticamente modificado y autorizó los campos experimentales.

Primero serán 63 hectáreas en Sinaloa, autorizadas a la empresa Monsanto. Pronto seguirán otras en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Cuando las licencias entren en vigor para las solicitudes en Tamaulipas, en fechas próximas, las extensiones superarán mil hectáreas. Es el paso previo a la siembra extensiva en poco más de 2 millones de hectáreas, principalmente en zonas de riego del norte de México. Es, como dicen promotores y críticos de los transgénicos, el último trámite que había que cubrir, y ya está hecho.

Algunos productores agroindustriales, funcionarios e investigadores presentan esta situación como la oportunidad para resolver el déficit de la producción del grano y solucionar, con los nuevos productos, el devastador efecto de las sequías. De hecho, la noticia con que la Sagarpa pone fin a todas las resistencias que hasta ahora habían protegido al maíz criollo viene acompañada por una “nota” de las empresas que promueven esos cultivos sobre “la urgencia de pasar a la fase comercial”.

Pero otros sectores –científicos, productores y defensores del medio ambiente– aseguran que los nuevos productos ni siquiera son resistentes a las sequías. Temen que al dar este paso se pondrá en riesgo la biodiversidad de este grano: ixim, como le llaman mayas y chontales; tlayóhli o tlaoli, como lo conocen los nahuas en distintas latitudes; bachi, de mayos y yaquis; kuxhe, de totonacos; dethá, de los otomíes; xuba, de los zapotecos; sunuko, de los rarámuris; ’ini, de los triquis; nnan, de los amuzgos; xuba, de los zapotecas, y tsiri, de los purépechas. En general, el maíz que se siembra en cada rincón del territorio mexicano.

Con ello, el país es la segunda nación (también China) que siendo centro de origen de un cultivo libera el transgen para la explotación extensiva. “A México le toca proteger el maíz. Es triste ver que es el único cereal que en su centro de origen no es protegido”, expresa Elena Álvarez Bullya, doctora en genética molecular y coordinadora del laboratorio de genética molecular del desarrollo y evolución de plantas del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A punto de que las empresas empiecen con sus plantaciones experimentales, lo cual aumenta exponencialmente el riesgo de contaminación por polinización de cultivos nativos, la controversia sobre lo que se arriesga en el campo mexicano continúa abierta y tiene aún muchas preguntas sin respuestas.

Esta polémica empezó a mediados de los año 90, alcanzó las cimas de las principales revistas científicas del mundo, generó movimientos populares en las zonas rurales, motivó que cabilderos de las corporaciones movilizaran millones de dólares en relaciones públicas y propaganda e incluso enfrentó a las autoridades en una discusión que no siempre se ventila públicamente. En esta serie recogemos algunas de esas expresiones.

¿Mitos?

El director de Agrobio, Alejando Monteagudo Cuevas, quien representa en México a Monsanto y a otros cuatro gigantes de la biogenética (Bayer, Dow, Dupont-Pioneer y Syngenta, a las que también se aprobaron siembras experimentales), se congratula de que, tras un proceso “muy largo”, el marco legal para los transgénicos ha despejado “todos los mitos sobre los riesgos de la biotecnología”.

–¿Mitos?

–Todo eso que se decía sobre los efectos en la salud humana, en el ambiente y el debate sobre el riesgo para la diversidad biológica de las diversas razas nativas es una discusión zanjada.

Hoy, esas cinco trasnacionales tienen al menos 17 proyectos pilotos para sembrar maíz transgénico. Esos cultivos, según la Ley de Bioseguridad, son la antesala a la liberación definitiva. Pueden plantar en cualquier zona que no esté clasificada por las autoridades competentes –la Semarnat y la Sagarpa– como centro de origen. Según el mapa oficial, las extensiones susceptibles de albergar maíz genéticamente modificado cubren cerca de 2 millones de hectáreas en zonas de riego, principalmente en Tamaulipas (área lagunera) y Sinaloa.

Antes de despachar tras el escritorio de Agrobio y de hablar en nombre de las trasnacionales, Monteagudo –como tantos otros ejemplos de la “puerta giratoria” por la que salen operadores de la función pública para entrar a la iniciativa privada y viceversa– había trabajado en el área de negociaciones comerciales de la Secretaría de Economía, justamente durante el proceso de debate y aprobación del marco legal que rige la biotecnología.

–¿Aplica todavía el principio precautorio que contempla la Ley de Bioseguridad?

–Pero éste no consiste en suposiciones, creencias, melates. Hay una regla y, de acuerdo con ella, ya estamos en la etapa experimental. Es la fase encaminada a demostrar la equivalencia agronómica del maíz convencional y el genéticamente modificado.

Tecnología obsoleta

En el extremo opuesto se sitúan las opiniones de Elena Álvarez Bullya, bióloga del Instituto de Ecología y presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad: “Los transgénicos llevan 20 años en la agricultura del mundo. Globalmente, hoy existen más hambrientos que hace dos décadas. Se le quiere presentar como punta, pero ya es una tecnología obsoleta. Incluso Monsanto está enfrentando demandas de otro tipo en Estados Unidos, porque sus semillas transgénicas están resultando más costosas por la aparición de malezas resistentes al glifosfato. Es una técnica con efectos ambientales a largo plazo”.

En su opinión, existen otras alternativas más convenientes para impulsar la producción maicera: “Si se llegara a prescindir de los transgénicos, otras técnicas de nueva generación podrían incrementar la producción de maíz hasta cinco veces. Un programa de desarrollo de las ciencias agrícolas más modernas puede permitir que los productores aprovechen la riqueza genética que ha evolucionado y ha sido eficaz para enfrentar los retos ambientales. Incluso, puede ser crucial para el cambio climático”.

Sostiene que ello se puede lograr con la tecnología tradicional del campesino mexicano, que es muy profunda y milenaria. “La prueba es que el país es autosuficiente en maíz blanco, pese al abandono del campo. Si se integran estos saberes a una política comprometida con el interés público y la sustentabilidad, podemos hacer de México un granero.”

Angélica Enciso y Blanche Petrich

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/13/politica/002n1pol

México: Transgénicos en Chiapas.

Transgénicos en Chiapas*

A partir de enero del 2012, el sistema de tiendas de abasto rural Diconsa pretende distribuir 45 mil toneladas de maíz importado de Sudáfrica en todo el territorio de Chiapas, con especial atención en los 28 municipios con el menor índice de desarrollo humano (periódico Cuarto Poder, 8/12/2011, portada), lo que es una evidencia de la crisis alimentaria en México, si recordamos que Chiapas es el primer productor de maíz del sureste y el tercero del país.

El problema de pobreza alimentaria, lejos de resolverse con esta medida, se profundizará a mediano y largo plazo, pues Sudáfrica es el noveno productor de organismos genéticamente modificados (transgénicos) del mundo, según la propia industria del ramo (agrobiomexico.org). La posibilidad de que el maíz importado sea transgénico es muy alta, y la amenaza a la salud, el ambiente y la economía regional es real. Veamos.

La introducción de maíz sospechoso de ser transgénico, por su origen en Sudáfrica, pone en riesgo de contaminación genética de 15 a 20 razas de maíz nativo presentes en Chiapas de un total de 59 razas que hay en el país, algunas de ellas con cientos, incluso miles de años de adaptación al medio ambiente, por lo que son un patrimonio biológico y cultural invaluable, que ha permitido la continuidad histórica de los pueblos de origen maya y zoque-olmeca y que son parte de las estrategias campesinas de adaptación a los cambios climáticos y económicos.

No sólo los productores de maíz están en riesgo; los apicultores reportan ya la contaminación de embarques de miel certificada orgánica por presencia de polen de maíz transgénico recolectada por las abejas. El hecho de que gran parte del maíz de Chiapas se distribuya en la Península de Yucatán y la falta de un régimen especial de protección al maíz ante la amenaza de los transgénicos ponen en riesgo real el sistema de producción de miel.

Otros sistemas productivos también están amenazados por erosión genética derivada de transgénicos en Chiapas: los productores de café orgánico rechazan la distribución de la variedad robusta que promueve AMSA, filial de Nestlé, empresa que tiene en proceso con la Secretaría de Agricultura la patente de una semilla transgénica para producir café soluble. Además en 2011 se autorizaron 12 mil hectáreas de soya transgénica para los municipios Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Villaflores. (www.cibiogem. gob.mx/OGMs/Paginas/Permisos.aspx).

Sudáfrica no sólo es país productor de semillas transgénicas de maíz, trigo, algodón, soya y sorgo, sino que incluso es un paraíso fiscal para las empresas del ramo, por permitirse la importación de transgénicos de otros países para su posterior distribución en África, y ahora en México, tal como lo denunciaron Amigos de la Tierra Uruguay y el Centro Africano para la Bioseguridad de Sudáfrica en 2003, por la importación de maíz transgénico procedente de Uruguay: la carga de maíz transgénico incluía cuatro variedades –MON810, T25, Bt11 y Bt176– de las cuales sólo MON810 había sido aprobada para su uso comercial en Uruguay, aunque su aprobación data de junio de 2003.

Para frenar la introducción de maíz sospechoso de ser transgénico por provenir de Sudáfrica, los productores de Chiapas habrán de rechazar este maíz importado por Diconsa, o si la crisis de producción es muy alta aceptarlo pero no destinarlo para el consumo humano, pues está probado que los transgénicos generan resistencia a ciertos antibióticos. La ley federal de Bioseguridad no incluye obligaciones de vigilancia fitogenética de las importaciones de granos básicos, por lo que cada año entran miles de toneladas de cultivos procedentes de los países que más transgénicos siembran en el mundo: maíz, trigo y arroz de Estados Unidos, soya de Argentina y ahora maíz de Sudáfrica.

Los gobiernos federal y estatal tienen responsabilidad en la pérdida de la soberanía alimentaria, de las capacidades productivas del sector rural, de la erosión genética de las semillas nativas, patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y campesinos, regalo de México, para el mundo. Responsables por omisión, por no escuchar la demanda de los productores por declarar todo México como centro de origen del maíz y otros cultivos, y en vez de promover el reconocimiento a los campesinos como custodios de la diversidad agro-biológica, se acepta sin problemas la importación de maíz de Sudáfrica y su distribución en Chiapas.

Chiapas no necesita este maíz sospechoso de ser transgénico; lo que se necesita es reconocer el trabajo campesino de hombres, mujeres y niños que, sin perseguir un ingreso económico, cada año seleccionan el maíz por color, tamaño, dureza y raza.U n reconocimiento al trabajo de las mujeres y hombres de maíz, que se vea remunerado en sus ingresos económicos, en el medio ambiente de sus territorios, en sus tierras de cultivo.

Emanuel Gómez

* Documento consensuado con la Red Maíz Criollo Chiapas, organización integrante de la Campaña Sin Maíz No Hay País

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/21/cam-chiapas.html


@twewwter

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