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México, sin posibilidad de declarar zonas libres de transgénicos.

En el país ni una sola área ha sido declarada zona libre de transgénicos, reconocen la Sagarpa, el Senasica y la Cibiogem. La falta de una norma oficial imposibilita las declaratorias, aseguran las dependencias. A casi 1 década de la publicación de la Ley de Bioseguridad, para las comunidades y los productores la posibilidad de que se declare oficialmente a su territorio libre de organismos genéticamente modificados es nula, pese a que la legislación lo contempla. Sin prisa por redactar el instrumento, las instituciones gubernamentales, que han aprobado la siembra de transgénicos en México al menos desde hace 20 años, niegan las declaratorias. Bajo este argumento, y no obstante que se cumplió con el engorroso procedimiento, las solicitudes hechas por productores de miel en Yucatán fueron rechazadas. Sagarpa, Senasica y Cibiogem se deslindan.

En México no existen zonas libres de transgénicos, revela la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

En respuesta a una solicitud de información hecha por Contralínea, la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem –que encabeza Sol Ortiz García– reconoce que, a la fecha, las autoridades mexicanas no han declarado a ningún territorio libre de organismos genéticamente modificados. Ello, pese a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, lo permite.

A casi 1 década de la publicación de la ley, y a 2 décadas de la introducción de cultivos transgénicos en el país, no existen los mecanismos que respalden el derecho de las comunidades y productores a declarar su territorio libre de organismos genéticamente modificados.

 “No se cuenta con la norma oficial para la declaración de zonas libres de transgénicos”, justifica, en entrevista, Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).De acuerdo con Fragoso Sánchez, la Cibiogem es la instancia que coordina la preparación de la norma, y aunque desconoce cuándo estará lista, asegura que ya se encuentra en proceso. “Está en construcción. En este momento no existe un procedimiento para declarar zonas libres. El artículo 90 no da los detalles y no corresponde a la Sagarpa establecerlo”.

Con base en la falta de normatividad, la Dirección que ahora preside Hugo Fragoso negó –por conducto de su entonces titular Octavio Carranza de Mendoza– la declaratoria a productores de miel de 10 municipios de Yucatán. “La Sagarpa aún no cuenta con los instrumentos normativos a que se refiere el citado artículo [artículo 90], así como los acuerdos previstos en la fracción II del mismo”, respondió Carranza de Mendoza a la petición en los oficios B00.04.03.O2-11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504 y 11505, fechados el 30 de noviembre de 2012.

De esa manera, el gobierno federal habría resuelto las solicitudes planteadas por apicultores mayas de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab.

No obstante la negativa, los productores de miel cumplieron con el procedimiento contemplado en el artículo 90 de la LBOGM.

Fue en septiembre de 2012 cuando solicitaron por escrito a la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, así como a los presidentes municipales respectivos, se diera inicio al trámite comprendido en la ley.

En sesiones de cabildo, efectuadas entre septiembre y octubre del mismo año, los ayuntamientos aprobaron las propuestas de las comunidades.

Con el visto bueno municipal, los apicultores de los 10 municipios se dirigieron a Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) local, para informarle de las decisiones y pedirle que solicitara la opinión favorable del Poder Ejecutivo de Yucatán.

A través de su titular, en octubre de 2012, la Seduma le dio a conocer al entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, la opinión favorable del gobierno del estado. Con los oficios VI/01337/2012, VI/01338/2012, VI/01339/2012, VI/01340/2012, VI/01341/2012, VI/01342/2012, VI/ 01343/2012, VI/01344/2012, VI/01345/2012 y VI/01346/2012, de fecha 29 de octubre de 2012, le expone que remite la solicitud escrita de las comunidades interesadas con el objeto de que la Sagarpa establezca zonas libres de transgénicos para la generación de productos orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes.

Ante la negativa, el 5 de agosto de 2013, los apicultores presentaron una demanda de amparo que fue rechazada por el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán, por lo que se presentó recurso de queja. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa dio la razón a los quejosos ordenando la admisión de la demanda de amparo, que quedó asentada bajo el número de expediente 1101/2013.

Tras varios aplazamientos, el juicio de amparo aún está por resolverse. “La Sagarpa y el Senasica no han enviado documentación que les ha sido requerida por el Juzgado Tercero de Distrito”, explica Jorge Fernández, que forma parte del equipo de abogados que lleva la defensa legal de las comunidades.

Soya transgénica contamina miel

Tal como lo documentó Contralínea en su edición 325, el 6 de junio de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, SA de CV, el cultivo a escala comercial de soya genéticamente modificada sobre 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.

El permiso se otorgó a pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la Península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva autorización.

 “Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee: “recomendación final: no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados”.

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De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado, al menos, 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).

México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.

Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de dicha actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.

Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas. El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.

El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en Alemania, por el caso C-442/09, colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados.

En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohíbe la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (como el maíz MON 810 de Monsanto) como consecuencia de un principio de tolerancia cero. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, el Tribunal europeo determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9 por ciento del polen total debe indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”. Y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos.

 “La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur.

La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel orgánica debe estar libre de transgénicos.

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México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 500.

Los principales estados productores en el país son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. A decir del reporte de la Conabio, Chiapas exporta alrededor del 80 por ciento de su producción y ocupa el primer lugar en exportación de miel orgánica.

Según el artículo 90, en el país se podrían declarar zonas libres de transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y “otros de interés de la comunidad solicitante”, cuando se trate de organismos genéticamente modificados “de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”.

En opinión de Antonio Serratos, doctor en biotecnología, la ley deja fuera a la miel, porque no es un producto agrícola.

El también profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega que al introducir el término “orgánico” en la ley se descartó de tajo la protección a la mayor parte de los cultivos del campo mexicano. Sin posibilidad de pagar una certificación de “producto orgánico”, que se renueva cada año con precios de al menos 15 mil pesos, a sus productores, campesinos e indígenas se les niega la posibilidad de declarar su parcela zona libre de transgénicos.

En los últimos 10 años, el cultivo de productos orgánicos pasó apenas de 21 mil a 512 mil hectáreas; y de 13 mil productores que se dedicaban a esta actividad a 170 mil, informa la Sagarpa.

Durante la cuarta sesión del Consejo Nacional de Producción Orgánica, el director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Baltasar Hinojosa, informó que 85 por ciento de la producción orgánica del país se exporta y sólo el 15 por ciento se consume a nivel nacional.

Sagarpa y Senasica, sin preocupaciones

Para Fragoso Sánchez el hecho de que se permita desde hace décadas la siembra de transgénicos en el país no representa riesgo alguno para la producción orgánica: “Nosotros pensamos que los sistemas de producción: transgénico, orgánico y convencional, pueden coexistir”.

—¿Es delicada la situación de los productores de miel de la península de Yucatán?

—A mí me parece que no. Este año no hemos tenido una sola detección y ningún retorno de miel de Europa a México. Consideramos que es factible que puedan coexistir los dos sistemas de producción sin poner en riesgo a los productores de miel orgánica o no orgánica.

Elva Mendoza.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/07/08/mexico-sin-posibilidad-de-declarar-zonas-libres-de-transgenicos/

¡Semillas campesinas, libres de transgénicos!

 

 

Cartel Vandana convocantes

Victor M. Toledo: Ciencia traicionada.

Más que embustero, engañoso, tramposo o falso, el que miente se define mejor como aquel que falta a la verdad. Una mujer u hombre de ciencia es un miembro de la sociedad que se ha formado y especializado en el uso del pensamiento objetivo, la aplicación impecable de la razón, la artesanía de la lógica. Su calidad se mide por su capacidad para dejar fuera de sus observaciones y análisis los valores subjetivos. Esta premisa opera como fantasma vigilante sobre las acciones y actitudes de todo investigador. A los científicos suele acusárseles de racionalistas, cuando llevan al extremo su mirada racional, y es una rareza afirmar que un científico miente. Y sin embargo, este panorama idealizado del quehacer científico se ve frecuentemente negado por la realidad. Más aún cuando el aparato científico y tecnológico se ve cooptado, dominado y conducido por los intereses estrictamente mercantiles de las empresas y las corporaciones, es decir, cuando el conocimiento se privatiza y deja de ser social y público.

En México, estas rarezas existen y persisten. Un ejemplo notable es el de los académicos dedicados a investigar y producir organismos genéticamente modificados (OGM). Esta rama de la biotecnología se encuentra impulsada y dominada por gigantescas corporaciones, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow. Algunos, quizás muchos, de los investigadores dedicados al tema poseen acciones en una o más de una de esas compañías, generando lo que se denomina un conflicto de interés. A manera de ejemplo hacemos un breve recuento de afirmaciones realizadas reiteradamente por el prestigiado investigador Francisco Bolívar Zapata, tomadas de varias conferencias como las ofrecidas el 26 de abril de 2013 en la Facultad de Química de la UNAM, y el 20 de septiembre pasado en la Judicatura Federal.

“Gracias a los transgénicos, ahora se podrán combatir todas las plagas de las siembras (…) ahora tenemos la oportunidad de producir alimentos que no necesitarán esas sustancias plaguicidas, porque ya está probado que las siembras de transgénicos, no utilizan ninguna forma de plaguicida” (…) Además, está probado, que los OGM no afectan la biodiversidad” (…)Está probado que la alimentación con transgénicos es totalmente sana. No existen pruebas sólidas de problemas de salud” (…) Se habla mucho de un estudio que hicieron en Francia, por un tal Seralini” que no tiene ningún valor científico, porque usó ratas que de por sí se producen cáncer” (…) Existen las compañías que producen plaguicidas, y como los transgénicos ya no los necesitan, están desesperadas por volver a tomar el mercado (Por ello) esos grupos que están queriendo detener los transgénicos (…) son grupos pagados por las compañías productoras de plaguicidas.”

Veamos qué dice la evidencia científica*. Tanto el maíz como la soya genéticamente modificados requieren de un herbicida al que son tolerantes y que es producido por las mismas compañías: el glifosato. Dado que es común la aparición de malezas resistentes a ese herbicida, los cultivos transgénicos requieren de más pesticidas como el paraquat (prohibido en Europa), la atrazina y el 2,4 D. En el caso de Sudamérica, donde la soya transgénica se ha expandido explosivamente, existe una correlación directa con el incremento de los pesticidas. En 2010, casi la mitad de las ventas de pesticidas de Brasil fueron para los cultivos de soya, y en Argentina, Bolivia y Uruguay la cantidad de glifosato utilizado rebasó los 225 millones de litros. Las aplicaciones se realizan con avionetas fumigadoras y con grandes maquinarias que rocían los campos.

Muchas de las áreas cultivadas se encuentran literalmente pegadas a pueblos o bordes de ciudades, por lo que los agroquímicos son dispersados sobre casas, escuelas u hospitales. En Argentina, el primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados (2010) denunció que se han incrementado las enfermedades graves vinculadas a los agroquímicos.

La expansión de los OGM ha devastado la biodiversidad, especialmente en las regiones tropicales. Piense el lector lo que significa desaparecer toda la variedad de especies vegetales y animales en una superficie de 43 millones de hectáreas, casi la cuarta parte de México, que es la superficie sembrada en Sudamérica con una sola y solitaria especie: ¡soya transgénica! No existe antecedente en la historia natural del planeta de alguna monotonía biológica semejante. Además, el monocultivo soyero ha sido la causa de enormes superficies deforestadas en la amazonía brasileña, Argentina (seis provincias) y Bolivia (cuatro tipos de bosques), así como de la supresión de cultivos dirigidos a la alimentación humana (arroz, maíz, trigo, leche y carne).

En el caso del maíz transgénico su posible siembra comercial resulta una amenaza para la diversidad genética de las 60 variedades originales, resultado de un proceso de domesticación que tomó 7 mil años, las cuales serían contaminadas por el flujo génico. Hoy se investigan otros posibles efectos sobre polinizadores e insectos, como la emblemática mariposa monarca.

Afirmar que los cultivos transgénicos son alimentos sanos resulta temerario. La evidencia del estudio publicado por un grupo francés encabezado por Gilles-Eric Séralini en 2012, que alimentó ratas durante toda su vida con granos de maíz de Monsanto MON NK603 llama al menos a ser precavidos. Las ratas del laboratorio generaron tumores de mama (hembras) y sufrieron daños severos al hígado y al riñón (machos) que les provocaron la muerte.

Monsanto pretende introducir el mismo grano en el norte de México (Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas) en un país cuyos ciudadanos consumen cada año 12 millones de toneladas de maíz. Finalmente nadie, y menos un académico, puede ignorar a los más de 2 millones de ciudadanos que salieron a las calles de 436 ciudades de 52 países para protestar contra Monsanto y los alimentos transgénicos el 24 de mayo de este año, acto a escala global que se repitió el pasado 12 de octubre. ¿O acaso tendrán las compañías productoras de plaguicidas capacidad de compra sobre esos millones?

Además de haber sido creador y fundador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el científico Bolívar Zapata ha sido miembro de la Junta Directiva de la UAM, la UNAM y el Conacyt. En 1994 ingresó como miembro de El Colegio Nacional y fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus innumerables distinciones lo convierten en el científico mexicano más premiado de toda la historia. Destacan dos premios nacionales, el Premio Príncipe de Asturias de España y el premio de The Third World Academy of Sciences. Apenas el pasado 2 de abril, el Presidente de México lo nombró coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia. Su trayectoria es impecable y más que brillante. ¿Entonces? Lo único que sabemos es que su caso no es único. Ahí están los premios Nobel William Schockley y James Watson, el descubridor del ADN, denostados por sus declaraciones racistas. Hoy la única garantía es una ciencia con ética y científicos comprometidos con la sociedad y con la naturaleza. Ni más… ni menos.

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/21/opinion/020a2pol

Red por una América Latina Libre de Transgénicos frente a casi 20 años de cultivos transgénicos.

A casi dos décadas de la introducción de transgénicos en el ambiente, América Latina se ha convertido en maquila de las transnacionales que producen granos para animales de otras transnacionales, contaminando el ambiente y la biodiversidad. Pero sigue siendo un espacio de biodiversidad donde florece la vida y las comunidades campesinas.

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A 17 años de haberse liberado los cultivos transgénicos en el ambiente, 30 organizaciones de América Latina de 12 países de la región, convocadas por la Red por una América Latina Libre de Transgénicos en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 23 al 27 de mayo del 2013, analizamos el panorama de nuestro continente, y hacemos pública nuestra preocupación por los graves impactos que estos cultivos tienen en la región.

Rechazamos tajantemente la liberación comercial masiva de maíz transgénico que quiere hacer la industria en más de tres millones de hectáreas en México, un hecho sin precedente en la historia de la agricultura, pues sería la primera vez que ocurriera una devastación de tal magnitud en uno de los centros de origen y para un cultivo que alimenta a la humanidad en su conjunto.

A lo largo de este periodo, los cultivos transgénicos han sembrado desolación y muerte en América Latina, donde han alcanzado altos niveles de expansión, ocupando el segundo lugar en área cultivada con transgénicos en el mundo.

Las empresas productoras de semillas, agrotóxicos y comercializadoras de alimentos transgénicos, junto con las élites locales y en complicidad con los gobiernos en turno, han convertido a América Latina en maquila de los cultivos transgénicos del mundo.

No existen cultivos transgénicos sin plaguicidas. A pesar de que los promotores de los cultivos transgénicos dijeron que éstos iban a disminuir el uso de plaguicidas, la realidad es lo opuesto. Ha habido un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos en los países que han adoptado esta tecnología, y su aplicación está relacionada especialmente con los cultivos resistentes a herbicidas, lo que significa el sometimiento de la población a una condición sanitaria cercana al genocidio. En el Cono Sur, la soja [soya] resistente a glifosato cubre un área de 475 mil 700 km2; toda esta área es fumigada con un cóctel de agrotóxicos que incluye el glifosato, afectando a cerca 10 millones de personas que viven en la zona de influencia de las fumigaciones asociadas a los cultivos transgénicos.

Brasil ocupa el primer lugar a nivel mundial en el consumo de agrotóxicos desde 2010, siendo el principal productor de soja resistente a glifosato en la región.

Esta avalancha tóxica ha provocado un aumento exponencial de enfermedades relacionadas con plaguicidas, como malformaciones genéticas, incremento de leucemia, linfomas, enfermedades autoinmunes, y daños irreparables en los ecosistemas.

Estos problemas se agudizarían con la adopción de nuevos transgénicos resistentes a herbicidas más fuertes como son el 2,4D y Dicamba, el glufosinato de amonio, que ya han sido aprobados o están en proceso de aprobación en nuestros países, por lo que repudiamos cualquier intento de liberarlos al ambiente.

A esto se suma la contaminación genética de la agrobiodiversidad y la destrucción de ecosistemas naturales, que son la base de sustento de las comunidades locales.

Los problemas generados por los transgénicos derivan en violaciones a los derechos humanos. Los impactos descritos son tan graves, que ya no son problemas que puedan resolverse a través de técnicas como la evaluación y manejo de riesgo. Se han convertido en causal de violación a los derechos humanos de poblaciones enteras, por lo que su discusión debe salir de convenios internacionales —como el Protocolo de Cartagena que se limita a ver los impactos de la modificación genética en la biodiversidad— para tratarse por los organismos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Los cultivos transgénicos no nos alimentan. Las vastas zonas dedicadas a la siembra de cultivos transgénicos en América Latina, antes dedicadas a satisfacer el derecho humano a la alimentación, hoy son territorios donde se produce soja y maíz transgénico para forraje, destinados a la cría intensiva y confinada de animales, que en la mayoría de casos son criados en otros continentes, privando a la población nativa del acceso a alimentos sanos y culturalmente adecuados. En los países donde se cultivan soja y maíz transgénico los animales son criados en condiciones sanitarias muy pobres y de gran violencia, lo que repercute en la calidad de la carne, lo que conlleva enormes impactos en los patrones de alimentación y en la salud humana y de los animales. Los transgénicos son un negocio de transnacionales para transnacionales, no para consumidores ni para agricultores. Los transgénicos son comida para comederos, no de comedores; e incluso han desplazado la cría tradicional de animales en países donde esto era costumbre, empeorando la salud, el ambiente y las economías de pequeños criadores.

Las nuevas leyes de semillas son un impulso a la expansión de los transgénicos y una amenaza a las semillas nativas. En la región se están impulsando nuevas leyes de semillas, donde se plantea la penalización de la circulación de las semillas nativas que son la base de la agricultura campesina y familiar. Esto es una clara violación a los derechos de los agricultores, claramente reconocidos en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Estas leyes además buscan reforzar el control de mercado por parte de las empresas de semillas transnacionales, y la adopción de las semillas transgénicas en nuestros campos, poniendo en peligro los recursos fitogenéticos de la región.

Las organizaciones reunidas en Bogotá queremos llamar la atención sobre las siguientes problemáticas específicas en América Latina:

Paraguay. Repudiamos el golpe de Estado parlamentario ocurrido el 22 de junio de 2012, dado al presidente Fernando Lugo, electo el 20 de abril de 2008 en elecciones democráticas para el periodo 2008-2013. Consideramos, que dicho golpe estuvo muy relacionado con la expansión de los agronegocios y la liberación ilegal de nuevos cultivos genéticamente modificados por ejemplo: 2 eventos de Algodón transgénico, un evento de soja transgénica y 4 eventos de maíz transgénico.

Nos preocupa además el fuerte proceso de extranjerización de la tierra y la expulsión de comunidades campesinas e indígenas y la violación de las leyes ambientales vigentes en ese país, para dar paso a la expansión de los cultivos transgénicos, como por ejemplo la soja RR que desde la década de los 90 viene causando graves conflictos socioambientales violando derechos fundamentales.

Hacemos un llamado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para que inicie una investigación sobre los atropellos a los derechos humanos suscitados en Paraguay relacionados con la expansión de los agronegocios; la persecución y criminalización que sufren los/as líderes defensores de la naturaleza, y convocamos a la sociedad internacional para que esté vigilante de los acontecimientos en este país.

México. Apoyamos y nos solidarizamos con el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, y estaremos especialmente atentos a las sesiones de la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos”, donde se está presentado una gran cantidad de casos y testimonios de pueblos, científicos y activistas sobre la contaminación transgénica y otras violaciones ejercidas por las transnacionales, con apoyo oficial, contra el maíz y los pueblos del maíz.

Nos adherimos a la demanda de las y los ciudadanos mexicanos de evitar la siembra comercial y experimental de organismos genéticamente modificados en especial del maíz transgénico, siendo México uno de los países centros de origen del maíz.

Respaldamos los argumentos y elementos de peso científico, socioeconómico, cultural y daño irreversible de los transgénicos, que expone en la red, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y otras organizaciones científicas y sociales, sumándonos a la petición para que no se autorice la siembra comercial de maíz transgénico en México y se declare una moratoria indispensable en este cultivo. Apoyamos también que se retiren las autorizaciones de siembra comercial de soya transgénica en Yucatán, ante el impacto negativo para los miles de apicultores que sufren afectación por la limitación de venta de miel a la Comunidad Europea, por contaminación transgénica.

Argentina. Rechazamos el avance de la frontera agrícola en el Norte del país, lo que ha conllevado a un agresivo proceso de desplazamiento y criminalización de poblaciones originarias que debe parar.

Rechazamos la aprobación y liberación de nuevos eventos transgénicos que incorporan genes de resistencia a nuevos herbicidas apilados, así como nuevas toxinas Bt. Apoyamos la petición de las organizaciones ambientalistas, grupos auto-convocados de vecinos afectados por los agrotóxicos y movimientos sociales argentinos para que con urgencia se implementen zonas de resguardo libres de fumigaciones de mil metros como mínimo, alrededor de pueblos, escuelas rurales y humedales; se prohíban las fumigaciones aéreas, y se implementen estudios epidemiológicos y biológicos para determinar el impacto en la salud humana y ambiental, por el uso masivo de agroquímicos; que con base a los resultados encontrados, se inicie un proceso de restauración integral de las víctimas.

Repudiamos el acuerdo hecho por la presidenta argentina con Monsanto para instaurar nueva infraestructura en el país, como la planta de acondicionamiento de semillas planificada en la Localidad Malvinas Argentinas-Córdoba, y otras.

Honduras. Tenemos conocimiento de la campaña “sembremos país con más maíz”, para sembrar 100 mil hectáreas de maíz transgénico el año 2020, impulsada por Monsanto Agrícola de Honduras, Bayer, Fenorza y el gobierno central, con la que se pretende afianzar el posicionamiento de la semilla transgénica en territorio hondureño, y extender un paquete tecnológico que incluye agrotóxicos, que impulsa una agricultura sin agricultores, sin importar los graves impactos que este tipo de agricultura ocasiona a la salud y el ambiente y que aumentará la inseguridad alimentaria del pueblo hondureño, por lo que pedimos al gobierno de Honduras parar tan nefasta iniciativa, y que se ponga un alto definitivo a los transgénicos en Honduras.

Queremos cuestionar además el rol que juega La Escuela Agrícola Panamericana, más conocida como El Zamorano, que sirve de punta de lanza para la promoción de los transgénicos en las regiones tropicales de América Latina. En su sede se forman técnicos y se desarrollan las tecnologías que están al servicio del agronegocio.

Costa Rica. Apoyamos a las organizaciones sociales de Costa Rica quienes han optado por un modelo de desarrollo agrícola libre de transgénicos y propiedad intelectual y basado en la agroecología y las semillas ancestrales y criollas; y a todos los 57 cantones (de 81) que se han declarado libres de transgénicos. Rechazamos el intento de empresas transnacionales por sembrar maíz transgénico en ese país, y apoyamos el llamado a moratoria de 30 años a la liberación de cultivos transgénicos y demás cultivos manipulados con técnicas de la ingeniería genética en el territorio nacional, pedida por las organizaciones sociales.

Panamá. Nos preocupa que Panamá se convierte en campo de experimentación de nuevos transgénico, lo que se está haciendo a espaldas de la sociedad. En Panamá se encuentra la planta para producir mosquitos transgénicos de la empresa Oxitec que opera en las instalaciones del Instituto Georgas.

En ese país también se planea criar el salmón transgénico desarrollado por la AquaBounty Technologies, y sería el primer animal transgénico que entraría en nuestra alimentación. El salmón GM sería producido en la Isla Prince Edward, Canadá, y los huevos serían enviados a tierras altas de Panamá, donde se haría también el procesamiento del animal. Este pez transgénico tiene genes que expresan una hormona de crecimiento que sólo se activa en climas cálidos, por eso se escogió a Panamá para su cría.

Colombia. Luego de diez años de ser liberado comercialmente el algodón transgénico de Monsanto, los algodoneros han fracasado usando esta tecnología y han tenido millonarias pérdidas. Y aunque la mayoría de los agricultores ya no quieren saber de esta tecnología, Monsanto ha retirado del mercado las semillas de algodón no transgénicas. Desde 2007 se han liberado comercialmente diez eventos de maíz transgénico, lo que es muy crítico, puesto que por ser Colombia un centro de diversidad de maíz, los maíces transgénicos generan un enorme impacto sobre la diversidad de maíces criollos, los sistemas productivos locales y la soberanía alimentaria en el país. Apoyamos las iniciativas de la sociedad civil colombiana que busca que se prohíban los cultivos aprobados y que se declare el país libre de transgénicos.

Ecuador. Saludamos al pueblo ecuatoriano por haber incorporado en su Constitución una prohibición expresa a los cultivos y semillas transgénicas, por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir como el camino que debe relacionar a la sociedad con su medio. Nos preocupa sin embargo que en un futuro próximo se intente de cambiar la Constitución, para que el país deje de ser libre de cultivos y semillas transgénicas. Los estudios hechos dan cuenta de la rica agrobiodiversidad existente, que no está contaminada genéticamente, por lo que el Ecuador mantiene su condición de país libre de transgénicos. Exhortamos a la Asamblea Nacional que mantenga al Ecuador libre de Transgénicos.

Perú. Recibimos con beneplácito la moratoria decretada en Perú a los transgénicos en ese país, y hacemos votos porque esa moratoria se convierta en una prohibición definitiva, que permita potenciar la rica agrobiodiversidad peruana. La moratoria es el resultado del trabajo desplegado por una amplia alianza que incluye al campesinado, a consumidores y al sector de la gastronomía conscientes de la necesidad de proteger su patrimonio genético y su biodiversidad.

Bolivia. La situación no deja de ser preocupante. Si bien la Constitución Política del Estado establece el principio prohibitorio de transgénicos, y la Ley Marco de la Madre Tierra la eliminación paulatina de la soya transgénica (así como la prohibición tajante a los transgénicos de cultivos de los cuales el país sea centro de origen y centro de diversidad, como es el caso del maíz, de la papa, ajíes, maní), las corporaciones del agronegocio se jactan del crecimiento sostenido (que llegaría al 99% de la soya cultivada) desde que en 2005 se aprobó el primer evento resistente al glifosato. El control de la cadena productiva de la soya está en manos de empresas extranjeras —66 % principalmente menonitas, brasileños y japoneses— que amplían la frontera agrícola a un ritmo de desmonte y deforestación de 60 mil hectáreas anuales.

Uruguay. Hacemos un llamado para que se frene el acaparamiento, extranjerización y especulación de la tierra en Uruguay, proceso que viene acompañado con la expansión del monocultivo de árboles y soja transgénica, y que se haga un estudio para revertir este fenómeno. Rechazamos las investigaciones con animales transgénicos como ovejas en Uruguay.

Brasil. Los brasileños analizan los 10 años de la legalización de los cultivos transgénicos en Brasil, con 36 eventos transgénicos aprobados, millones de hectáreas cubiertas con soja, maíz y algodón transgénico, con varios otros cultivos en la lista de aprobación y ostentando el dudoso honor de ser primer consumidor de plaguicidas en el mundo.

Nos preocupa la aprobación del fréjol modificado genéticamente, desarrollado por Embrapa usando una técnica que modifica el ARN, para que sea resistente a un virus, porque este tipo de modificación genética nunca ha sido liberada de manera masiva al ambiente, y mucho menos para el consumo humano directo. Apoyamos la petición de las organizaciones brasileñas que demandan acceso a toda la información científica relacionada con la modificación genética de este fréjol, incluyendo sus impactos potenciales en la salud y el ambiente.

Creemos que el hambre tiene causas estructurales, y que Embrapa podría destinar sus esfuerzos de investigación a potenciar la agroecología y la agricultura familiar para la soberanía alimentaria, que sea respetuosa con el medio ambiente y tener en cuenta el sector social.

Apoyamos la petición de las organizaciones brasileñas, que demandan que se implemente un proceso de monitoreo y vigilancia post-liberación de los cultivos transgénicos, cuyos resultados sean disponibles para la sociedad civil organizada.

Nos oponemos rotundamente al uso de tecnologías “Terminator”, que vuelven estériles las semillas, para lograr que los agricultores se vuelvan esclavos de las empresas. Denunciamos los intentos de romper la moratoria internacional sobre Terminator, iniciados a partir de propuestas para legalizar dicha tecnología en el Congreso de Brasil.

Chile. En la división internacional del trabajo, Chile es la maquiladora de semillas transgénicas para Monsanto y las transnacionales agroquímicas, negocio que además de servir sólo a sus intereses, pone en riesgo a las semillas orgánicas y convencionales, como ya se demostró en Alemania, con la detección de maíz convencional contaminado por transgénicos procedente de Chile, así como la miel.

En la división internacional del trabajo, Chile es la maquiladora de semillas transgénicas para Monsanto y las transnacionales agroquímicas, negocio que además de servir sólo a sus intereses, pone en riesgo a las semillas orgánicas y convencionales, como ya se ha demostrado en Alemania, con la detección de maíz convencional contaminado por transgénicos procedente de Chile. Apoyamos las luchas campesinas, ambientales y sociales en curso, que buscan impedir el avance del proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, para detener el despojo del patrimonio genético de Chile y de sus pueblos campesinos e indígenas y evitar la expansión de los cultivos transgénicos al mercado interno.

Venezuela. Saludamos los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Asamblea Nacional de Venezuela que busca garantizar la soberanía alimentaria e impedir el uso de transgénicos en el país.

A pesar de todos estos problemas, en nuestro continente pervive una rica cultura campesina que es la que alimenta al 70% de la población. En sus territorios se conserva la más rica agrobiodiversidad del planeta que está en continuo proceso de renovación. Aquí se extienden los más grandes territorios cubiertos con bosques tropicales, así como de otros importantes ecosistemas.

Por una América Latina Libre de Transgénicos y la revitalización de la agricultura campesina y familiar

http://www.rallt.org

Monsanto se va de Europa ¿Haremos que se vaya de América?

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Aún cuando puede parecer que el poder y la influencia de las transnacionales es casi absoluto, una pequeña esperanza se abre en la lucha de los pueblos ante la corporación semillera Monsanto que a principios de esta semana ha hecho pública su decisión de no seguir promoviendo ni comercializando cultivos transgénicos en Europa.

En declaraciones a un periódico alemán, la representante de Monsanto en ese país, Ursula Lüttmer-Ouazane, mencionó: ‘Hemos llegado a la conclusión de que en este momento no hay una amplia aceptación’. Representantes de la gigante multinacional semillera indicaron también que no buscarán nuevas aprobaciones para plantas modificadas genéticamente dada la baja demanda de sus productos y ante una oposición y rechazo a la tecnología cada vez mayor del público en general: ‘No tiene sentido luchar contra molinos de viento’, fue la declaración de la portavoz de Monsanto.

Este anuncio se hizo público sólo unos días después de salir a la luz y de manera escandalosa el descubrimiento en campos agrícolas en Oregon, Estados Unidos de trigo transgénico de Monsanto (Roundup Ready) que no tenía la autorización para ser sembrado de manera comercial. Este hecho plantea nuevamente los altos riesgos de la investigación científica con intereses corporativos de fondo, la relajada legislación sobre patentes y liberación comercial de transgénicos y principalmente, los riesgos para la biodiversidad, la seguridad alimentaria  y la salud de la población mundial.

El anuncio de la salida de Monsanto de Europa debe confirmarse en los hechos, ya que es el Estado Español donde se cultiva más del 90% del maíz transgénico (Bt). La comunidad autónoma de Aragón es la que cuenta con una mayor superficie de cultivo de maíz modificado, seguida de Cataluña y Extremadura.  Sin embargo, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Bulgaria y Polonia han prohibido tanto la entrada como la siembra de maíz transgénico en sus territorios.

¿Saldrá Monsanto de América Latina? ¿Qué pasa en México?

Los voceros de Monsanto en Europa también mencionaron que ‘venderían semillas transgénicas únicamente en aquellos lugares en los que cuentan con amplio apoyo por parte de los agricultores así como de políticos y un sistema regulatorio funcional‘ pero, ¿cuales son esos lugares? Desde hace mucho tiempo, diversas organizaciones de indígenas, campesinos, activistas, científicos críticos de toda América Latina vienen denunciando la contaminación de sus campos agrícolas y su modo de vida por los cultivos transgénicos. Se ha alertado a la población por los daños a la salud asociados a los herbicidas que se usan en la fumigación de soya transgénica en países del cono sur; en diferentes medios de información se han mencionado casos de muerte masiva de abejas, o la disminución en la población de mariposas monarca debido posiblemente pesticidas o quizá a las mismas plantas transgénicas; se han vaticinado los incalculables daños a la biodiversidad y a la cultura milenaria por la siembra comercial y consumo masivo de maíz transgénico.

Los lugares a los que se refieren los voceros de Monsanto son nuestras comunidades y países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, etc., en resumen casi toda América, y que como refieren de manera maliciosa los agentes de Monsanto, son lugares en los que hay apoyo y complicidad de políticos que modifican las leyes para que la semillera aterrice y haga negocios.

Hace unos pocos días se demostró a nivel mundial el rechazo a Monsanto a través de masivas manifestaciones, se empiezan a recoger las primeras victorias con el anuncio de la salida de la corporación de Europa, y debe mencionarse que ese pequeño pero significativo triunfo se dio en gran parte a organizaciones de consumidores críticos, que desde el principio rechazaron que los transgénicos estuvieran en su mesa. Lamentablemente en México no hay asociaciones sólidas de consumo crítico, debemos fortalecer ese aspecto y hermanarlo a organizaciones campesinas e indígenas, que son quienes producen el maíz que alimenta a nuestros países.

Depende de nosotros mismos y de manera organizada y horizontal hacer que Monsanto se vaya de América, que se vaya a la quiebra en todo el mundo.

http://pagina3.mx/al-grano.html

From Food Security to Food Sovereignty.

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It’s an exciting time for the good food movement. Sometimes it can feel as though the efforts to make agriculture more sustainable are the most visible and active component of the broader environmental movement. This shouldn’t be surprising. Our relationship to food is visceral, emotional, and continues daily.

If you’ve seen Food, Inc. or read any Eric SchlosserMichael Pollan, or Rachel Carson, you know that the sustainable food movement is trying to address the social and environmental problems created by an industrial farming system in which convenience  and profit trump everything else.

The responses to industrial farming have included critiques like Silent Spring, the back-to-the-land and organic farming sparks of the late 1960s, the family farm movement that resisted bankruptcy and corporate consolidation in the 1980s, and now the urban farming movement that has burgeoned in the past 10 years.

Many elements of the sustainable food movement have been organized by (or for) the two most obvious sectors of the food system: Eaters and producers. In parts of the world where populations are still largely agrarian, eaters and producers are often the same people, but here in the United States (where the farming population hovers around one percent) consumers have been the dominant focus of food policy, at least for the past 40 years.

In the global North, much of the past 20 years of activism has framed the concept of “food security” as the right of all people to have enough food to avoid hunger and malnutrition. A new effort underway to deepen food activism focuses on a more radical idea: The concept of food sovereignty. The global food sovereignty movement is making the case that reform of the food system will be insufficient if it does not democratize and make more transparent the means of food production. We’ll never be able to resolve the environmental and social abuses of industrial agriculture without changing who controls the food system.

As Katherine Zavala, program manager of grassroots alliances at International Development Exchange (IDEX), a San Francisco-based organization that supports food justice in the Global South, explains it: “Food security might focus on hunger as a human rights issue, but it fails to consider many other facets of food like the ways it is produced, the social relationships it relies on, or the cultural importance it holds to communities.”

Having enough to eat is important, certainly, but what about the quality of that food? What about the way that people are treated in the process of producing that food? What about the cultural traditions of food that are left aside in a purely calorie-counting concept of “food security”? Zavala says that perhaps the biggest inadequacy of the food security concept is that it fails to address “who decides what the food system is. It doesn’t address who is driving or controlling the global food system or the lack of decision-making power among people to decide what food system they want.”

These deeper questions illustrate why the term “food sovereignty”–pioneered by the international peasant alliance La Via Campesina–is increasingly being adopted food movement activists across the globe. Ashoka Finley, who works for the Richmond, California urban farming organization Urban Tilth and has been closely involved in the Occupy the Farm effort at the University of California’s Gill Tract, considers himself a food sovereignty activist.

He says: “Food sovereignty, like food security, is about rights. But because food sovereignty as a concept argues that food systems are determined by political and economic conditions, it’s about the rights we as eaters, citizens, and communities should have to take part in effecting those conditions. It is also about how we can use food-based activism to transform the political and economic system we live in.”

That “taking part” is what distinguishes food security from food sovereignty, and what makes food sovereignty such a compelling and important idea. Yes, of course, providing food for people in need is essential, but a soup kitchen a food bank or a Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) card is not enough to create food sovereignty. Even planting gardens in urban areas (full disclosure: my area of employment!) doesn’t amount to food sovereignty.

Direct action approaches like Occupy the Farm may not be enough, because, Zavala reminds us, “Those that are in positions of government and economic power are restricting these alternative food system models. They’re not thinking about feeding people; they’re mostly thinking about the bottom line. And if we all created our own food systems, how would they profit?”

The entrenched corporate opposition to food systems change has pushed food sovereignty activists beyond the direct action approach to address the institutions of power. After a long period of focusing effort outside the political system, activists are now looking to the government for change. In the mid-2000s, for example, the federal Farm Bill finally became a top priority for many sustainable agriculture advocates. Long after the law was the main target of efforts to ensure food security (through SNAP). But, it has remained close to impossible to use the Farm Bill as a tool to promote food sovereignty.

“The current political climate is an extreme difficult one, the legislative process is complex, and that process can often be quite corrupt, as we have seen numerous times,” Finley says. “However, if we want food sovereignty, we can’t shy away from tough political battles, because there are certain political issues that underpin or undermine food sovereignty, like land ownership or agribusiness subsidies.”

Recent lobbying over the Farm Bill provides a clear example of the complexity and difficulty transitioning from a food security movement to a food sovereignty movement. Food security activists (often representing low income urban constituents) have been pitted against farm sustainability activists (more often rural-minded) over the funding that the bill controls. In an era of austerity, this can lead to Sophie’s-choice like dilemmas: Either cut food stamp funding or cut programs that provide support to farmers transitioning to organic methods of production.

Luckily, there’s an alternative to this false choice. That choice is to develop democratic spaces at the local and state level to craft collaborative solutions that benefit both consumers and producers. Across the country, Food Policy Councils(FPCs) are bringing together diverse constituencies to determine how local policy can be leveraged to achieve positive food system change. These local groups identify problems as a community and then seek to solve them through a process of consensus-building and pressuring local governments. Food Policy Councils have worked on things like institutional food procurement, the use of urban open space for agriculture, nutrition education and funding for food banks. More recently, FPCs are scaling up, coming together to affect policy on the state and federal levels.

The food movement’s shift from security to sovereignty can be instructive for the broader movements for environmental sanity and democratic governance. By asking the simple question, “Who’s in charge here?” food sovereignty elevates the importance that power has in our food systems. The concept expands our critical capacity beyond consumer choice to consider that we are all “co-producers” of the food system. “Sovereignty” is a frame that can be used to think about process in relation to natural resources, not just outcomes, and it can help encourage solidarity and cohesion amongst myriad movements and sectors within the food movement and outside of it.

Social movements focused on sovereignty can help build a more democratic and accountable political system. This, in turn, would allow for a more sustainable approach to natural resources, and a more egalitarian economic system. By talking “sovereignty” from the start, change-makers can pursue a mutual end goal from any number of individual struggles. When Paul Hawken described “the largest movement on Earth” in his book Blessed Unrest, he was clear that the millions of individual and NGO efforts to help were a movement, but just didn’t act like one.

Sovereignty, whether of food or fiber or healthcare, may the concept needed for these many struggles to become the movement that it could be.

San Francisco native Antonio Roman-Alcalá has been irrationally dedicated to urban sustainability since he decided that there wasn’t enough “land” for all dropouts to go “back to”. Since graduating from UC Berkeley, Antonio has been pursuing a life of meaningful enjoyment: teaching farming and permaculture at Alemany Farm and Texas Street Farm; playing drums and guitar in the band Future Twin; writing about the sustainable food movement as a perpetually critical insider; sharing his film In Search of Good Food; organizing the urban farm movement via the San Francisco Urban Agriculture Alliance, and writing an ambitious treatise on human nature, environmental sustainability, and social transformation.

http://www.grassrootsonline.org/news/articles/food-security-food-sovereignty

Informe: Impacto de cultivos y alimentos transgénicos.

Desde el equipo de investigación de la Campaña Nacional VENEZUELA LIBRE DE TRANSGÉNICOS, hemos venido trabajando en la recopilación de datos científicos que evidencian el impacto de los cultivos y alimentos transgénicos en diferentes ámbitos entre los que destacan: la comparación de la productividad de cultivos con semillas genéticamente modificadas (conocidas comúnmente como transgénicas) y semillas convencionales (principalmente híbridas), la resistencia de los insectos plagas vinculada a cultivos Bt, la aparición de nuevas plagas y de las llamadas “súper malezas”, así como el impacto sobre la diversidad biológica, sobre el funcionamiento ecosistémico y sobre la salud. Se presentan aquí datos que revelan el impacto de estos cultivos en términos geopolíticos, y en cuanto al acceso y divulgación del conocimiento que está condicionado por el lobby de las transnacionales de dominan el mercado mundial de semillas transgénicas y los agrotóxicos de los cuales dependen estos sistemas de cultivos mejorados genéticamente.

Así también se está realizando una recopilación y sistematización de información sobre los sistemas de producción diversificados, locales, y que utilizan semillas criollas en Venezuela, ya que distintas iniciativas se han venido realizando con cultivos tradicionales, pero estos han sido subvalorados como opción para la producción de alimentos a pesar de que hay evidencias que muestran que estos sistemas son altamente productivos y tienen rendimientos incluso mayores que el monocultivo. En este documento presentamos una primera entrega de la revisión bibliográfica sobre los impactos de los cultivos y alimentos transgénicos como aporte para el debate en el marco de esta campaña nacional. Destacamos que está ampliamente reportado en la literatura científica el impacto que han tenido estos productos de la ingeniería genética a nivel mundial.

http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/IMPACTO_DE_LOS_CULTIVOS_Y_ALIMENTOS_TRANSGENICOS

Entrevista a Silvia Ribeiro: Las transnacionales alimentarias.

Dictamen: Preaudiencia Nacional ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’ abril, 2013.

Dictamen que presentan Camila Montecinos, Joel Aquino y Gustavo Esteva dictaminadores en la Preaudiencia Nacional: ‘Contaminación Transgénica del Maíz Nativo’, celebrado en San Luis Beltrán Oaxaca, Oaxaca, los días 26 y 27 de abril de 2013.

©FulvioEccardimaíz

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.

El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar aquí sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.

Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.

Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran este hecho de extrema gravedad: buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía —un territorio que por miles de años han cuidado y protegido los pobladores originarios mediante tradiciones de responsabilidad que continúan los actuales titulares de la soberanía—, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.

Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.

Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado mediante nuevas leyes  y a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.

Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:

* Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.

* El maíz es quien cuida a la comunidad. Es quien nos ha permitido vivir y resistir durante miles de años.

* Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.

* No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.

* Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

* Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos.

* El maíz es nuestra vida.

* En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena.

* El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía.

* El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.

* Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la humanidad

* Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.

Ésa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede ofrecerse al mejor postor.

Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados: “Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”

Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y cultural de la nación.

Desde hace sesenta años esta obsesión parece perseguir a todos los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y programas con ese propósito. Varios ejemplos de esa mentalidad criminal se mencionaron en la pre-audiencia.

* Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas Conasupo en sus comunidades, administradas por ellos mismos, para poder acceder a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde hace muchos años, la red de tiendas de Diconsa, 23 mil establecimientos en 93% de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.

* Uno tras otro se fueron eliminando todos los instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que se acostumbraron a depender de ella. Éste fue uno de sus efectos más negativos, que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.

En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las que en general no fueron responsables como por políticas y programas que impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas en sus propias comunidades —lo que se convirtió también en un motivo básico de emigración.

La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.

La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo contrario, los cultivos transgénicos se han utilizado como instrumento de control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Además, ya se demostró en repetidos estudios que la transgenie, por naturaleza, disminuye la producción.

En realidad, la invasión de maíz transgénicoque se ha estado preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y lo comercializan, corresponde a una estrategia perversa que fue rigurosamente descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de semillas en México, que representa 200  mil toneladas y  mil 200 millones de dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores, colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas que producen.

La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema aumentando la producción, lo que carece de todo sustento y nos muestra la gravedad del peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca. Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.

La contaminación transgénica puede verse como efecto directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos internacionales.

A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales, desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la Conasupo, nueve empresas transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.

Distribuido por Diconsa, el maíz importado llegó a todas partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.

Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la soberanía alimentaria en las comunidades.

Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones y consecuencias.

Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.

Los transgénicos son un instrumento corporativo. Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el 85% del mercado.

Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.

El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la alimentación a nivel global. Es también reservorio de los saberes necesarios para mantener vivo al maíz.

Hacemos un extrañamiento a los órganos de Naciones Unidas, que saben bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos órganos no han hecho nada al respecto, por eso las comunidades denuncian a estos organismos en esta pre-audiencia.

Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía; donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la diversidad que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que necesitaremos.

Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.

Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades, en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.

 “Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está el meollo de la cuestión.

En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir formas propias de vida y de gobierno. En Oaxaca, como se subrayó en las presentaciones, se sigue “practicando y fortaleciendo la comunalidad”. De esa manera se lograron niveles sólidos de autosuficiencia y se ha practicado una efectiva soberanía alimentaria. Toda esta construcción está basada en el maíz. Cada familia, cada comunidad, cada región, se empeña en producir maíz suficiente para el consumo cotidiano. Y existen mecanismos complejos para hacer frente a las dificultades periódicas, cuando las calamidades naturales o las irregularidades del clima impiden que se alcancen los niveles normales de autosuficiencia.

En esta organización se basa la cultura de los pueblos indígenas y en ella está el tejido social que aún nos permite existir como nación. El lema que circula desde hace una década, “Sin maíz no hay país”, es una expresión eficaz de lo que todo esto significa. En estas tierras se inventó el maíz, en un diálogo profundo con la naturaleza; aquí se le multiplicó, se le diversificó, se le adaptó a las mil diferentes condiciones de nuestra realidad. En ese proceso el maíz nos inventó como pueblo y se estableció como la base de nuestra cultura.

Un ejemplo claro que se expresó en la pre-audiencia fue destacar que la riquísima gastronomía mexicana está claramente fincada en el maíz, pero buena parte de lo que todavía cocinan y comen mexicanas y mexicanos sólo es posible con semillas nativas. La contaminación transgénica haría desaparecer buena parte de lo que comemos.

Este patrón de supervivencia y prosperidad se encuentra hoy seriamente debilitado por la agresión sistemática que han sufrido todos los pueblos, por el conjunto de políticas y programas concebidos abiertamente contra ellos. Por las mismas condiciones que afectan la vida de las comunidades, el país entero se encuentra afectado de una debilidad sustancial en su soberanía: la dependencia del exterior en materia alimentaria.

En 1971 exportábamos maíz. Es cierto que en esos años había familias que no tenían suficiente, pero el hecho es que podían generarse excedentes y colocarlos en el exterior. Perder la autosuficiencia no fue una consecuencia del crecimiento demográfico o de condiciones climáticas adversas. No fue porque los productores decidieron abandonar sus tareas y dedicarse a otra cosa. Fue una acción sumamente costosa, en que el gobierno invirtió inmensos recursos para provocar la deficiencia de maíz. Hoy, un gran porcentaje de este maíz importado va directo a alimentar a pollos y cerdos en las granjas industriales, o se utiliza como insumo para emulsificantes, estabilizadores y edulcorantes. No va directo al consumo humano como luego se cree. Todavía entre el 30 y 40% del maíz que se produce en México alimenta directamente a las propias familias y la comunidad. Y ya sumado, un 50% del maíz mexicano proviene de producción campesina en pequeño.

En esta pre-audiencia se nos hicieron llegar, con los testimonios, documentos en los que se demuestra, con sólido fundamento científico, que existe un enorme potencial productivo por el que podría recuperarse en pocos años la autosuficiencia nacional de maíz.

Enrique Peña Nieto y sus funcionarios no son jurídicamente responsables de los crímenes en serie contra la agricultura campesina cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables porque la actual administración no solamente continúa esa orientación anticampesina sino que la está profundizando —lo que los puede hacer jurídicamente responsables.

Uno de los testimonios señaló: “Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.”

Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros

Los testimonios presentados en la pre-audiencia mostraron con toda claridad la grave complicidad que en todos estos crímenes ha tenido el establecimiento científico. No sólo se trata de la campaña de descrédito contra quienes presentaron honestamente los resultados de sus investigaciones y dieron a conocer las primeras pruebas de contaminación transgénica, reconociendo abiertamente que su trabajo había sido posible por su colaboración con el sistema científico indígena. Se trata también del boicot sistemático a que se vieron expuestos cuantos se interesaban en el tema y, finalmente, de la corrupción misma de la aún llamada investigación científica.

Se nos ofrecieron testimonios de la forma en que se procedió a la falsificación de pruebas, a la distorsión del método, a la presentación mentirosa de los resultados, al ocultamiento de información. Se constituyó así una auténtica conspiración en que los funcionarios del gobierno, las corporaciones privadas y los supuestos científicos realizaron actividades criminales para ocultar la información sobre la contaminación transgénica.

Es importante destacar, en este aspecto, que en los propios testimonios se nos informó, con sólidas bases en estudios científicos serios, que no estamos ante hechos irremediables e irreversibles. La acción de las comunidades, en el marco de políticas y programas que se propongan lo contrario de lo que han hecho hasta ahora, podrían poner remedio a los daños que hasta ahora se han causado y abrir otra opción. Eso requeriría otro tipo de ciencia, que supiera articular sus métodos y concepciones con la ciencia indígena, ésa que fue capaz de crear el maíz y centenares de miles de variedades adaptadas a los más diversos nichos ecológicos en el curso de diez mil años.

Esto es muy distinto a lo que se intentó hacer con información distorsionada. Como era imposible desechar las pruebas de la contaminación que había ocurrido, lo que se intentó fue demostrar que en esos mismos lugares había desaparecido, lo que implicaba que era posible limitar o contener la contaminación. Los casos que se han presentado en esta pre-audiencia permiten refutar en forma contundente este intento perverso de una parte del establecimiento científico, coludido con las autoridades y las corporaciones privadas para negar información a la población y continuar la promoción descarada de la invasión transgénica.

 “Los hombres y mujeres de maíz”, se dijo en la pre-audiencia, “exigimos volver al Estado de derecho”.

Es importante destacar que esta exigencia es presentada por pueblos que han padecido por más de 500 años el uso perverso de los instrumentos jurídicos contra ellos, pueblos que han padecido no solamente leyes injustas, que los ignoran y discriminan, sino tribunales corruptos y racistas. Son pueblos que han sabido reconocer y mantener en sus propios ámbitos el concepto de derecho, la validez y legitimidad del procedimiento formal, la necesidad de normas que propicien la convivencia armónica.

Son estos pueblos los que ahora exigen a quienes han destruido el Estado de derecho (tan laboriosamente construido por mexicanas y mexicanos) que regresen a él. Están conscientes de las limitaciones de su exigencia. Están pidiendo a criminales en serie que detengan su carrera enloquecida al abismo, en el que ellos mismos se precipitan al arrastrarnos a todos al desastre natural y social. Lo hacen porque es su convicción que nunca debe renunciarse a la exigencia de que la autoridad cumpla sus obligaciones. Y lo hacen porque están dirigiéndose al más alto de todos los tribunales, al de las ciudadanas y los ciudadanos, al de los pueblos, al de quienes, con su movilización, pueden imponer la voluntad popular para salvar a nuestra comunidades, a nuestras culturas, a nuestro país y a final de cuentas a la Madre Tierra que se encuentra en riesgo.

Hacemos nuestras las demandas que se presentaron en la pre-audiencia, tras introducir en ellas modificaciones que resultan de la presentación de los casos y testimonios, y las incluimos en nuestro dictamen como recomendaciones expresas al Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano debería:

*Abrogar de forma inmediata la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas que abren las puertas para que el Gobierno autorice la siembra de maíz transgénico en el país. En su lugar, se debería declarar a Oaxaca y a todo el territorio de México territorio prohibido para el cultivo, experimentación, transporte, almacenamiento y comercialización de transgénicos,  negando cualquier posibilidad de siembras comerciales del  maíz transgénico.

*Reafirmar que el maíz es fundamento de la cultura material y simbólica de mexicanas y mexicanos, pilar de la soberanía nacional, condición sustancial de supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas y base de la alimentación de la población. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de concebir e implementar políticas de apoyo diferenciado al entramado de relaciones que forman la cultura de maíz.

*Renunciar a las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano. El gobierno debería orientar sus políticas al fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.

* Revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialmente lo relativo al comercio de los granos básicos, entre otras cosas para revertir los efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadounidenses y las grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina y mexicana.

* Combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los organismos genéticamente modificados, y su connivencia con corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena.

* Suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluyendo a los campos de cultivo ya existentes, y prohibir por completo los cultivos genéticamente modificados y el uso de tecnologías “terminator”.

* Difundir en forma permanente y amplia, a través de medios públicos, privados e independientes, información relativa a los riesgos de la contaminación transgénica, dando especial cabida a los estudios científicos que muestran sus daños y sus impactos sobre la salud, el ambiente y la producción.

* Respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos originarios.

* Suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico, así como la distribución de “paquetes tecnológicos” y alimentos contaminados de transgénicos.

* Elevar a rango constitucional la prohibición de organismos genéticamente modificados en el territorio nacional y adecuar de inmediato las legislaciones secundarias.

* Establecer un Régimen de Protección para el Maíz Nativo.

* Establecer una norma eficaz para la etiquetación de todos los alimentos transgénicos con información suficiente para la población consumidora sobre los riesgos que implican.

* Aplicar rigurosamente los procedimientos de consulta y consentimiento previos, libres e informados, que forman parte de la ley suprema a través de los tratados internacionales, antes de implementar programas gubernamentales en las comunidades indígenas.

* Detener la siembra y movilización en el territorio nacional de otros granos y semillas transgénicas como soya, algodón y canola, así como los ensayos de campo con organismos transgénicos.

* Restringir las importaciones de maíz a los casos en que la cosecha nacional sea insuficiente y una vez que la producción nacional se haya comercializado, vigilando rigurosamente, en las fronteras, que ninguna importación contenga transgénicos. No debe permitirse la entrada de una sola tonelada de maíz por encima de la cuota sin pagar arancel; por el contrario, debe imponérsele el máximo permitido por el TLCAN, haciendo valer el principio de soberanía alimentaria y la prioridad del consumo del maíz nativo.

* Concentrar todas las compras de Diconsa, empresa responsable de la contaminación transgénica, en organizaciones de productores mexicanos, realizándolas a un precio justo. Diconsa debe retirar de inmediato los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades respectivas sobre los riesgos de su empleo.

* Expulsar del país a las empresas multinacionales responsables de la contaminación transgénica, entre las que se encuentran Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.

* Oponerse oficialmente a las patentes y propiedad intelectual sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.

* Someter los bancos de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT, a revisiones cuidadosas hasta que se asegure que sus colecciones se encuentran libres de contaminación transgénica.

* Reconocer constitucionalmente los derechos indígenas, tal como fueron plasmados en los Acuerdos de San Andrés y emplear los instrumentos del Convenio 169 de la OIT para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de México sobre sus recursos naturales, con absoluto respeto a la consulta previa, libre e informada.

* Formular políticas ambientales, agrícolas y alimentarias sustentables, justas y soberanas, elaborándolas junto con la sociedad civil en base a la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes naturales, el respeto a los derechos indígenas y campesinos, la conservación de la biodiversidad y el principio de soberanía alimentaria.

* Establecer legalmente que ningún ser vivo, ni en su totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.

Es obvio que ante los riesgos tan evidentes no basta con hacerle recomendaciones al Estado: estas recomendaciones son, al mismo tiempo, asuntos pendientes que la sociedad civil mexicana e internacional tendría también que asumir como luchas urgentes que tienen que estar en el centro de sus reivindicaciones.

En el marco de esta pre-audiencia, por su tema, su lugar y su contexto, queremos reafirmar que las reformas constitucionales indígenas realizadas hasta hoy son un mero engranaje y en ocasiones no el fundamental. Las políticas hegemónicas están operando por encima de los avances jurídicos. Se están haciendo arreglos por encima de la Constitución y de la normatividad internacional vigente. Tales arreglos, por ejemplo, niegan a los pueblos el carácter de sujetos de derecho y rechazan implícitamente la autonomía que formalmente quedó enunciada en 2001.

Se han estado promulgando leyes sobre la diversidad que refuerzan la privatización y de hecho perfilan la paulatina desaparición del espacio propio del derecho público al hacer del Estado un simple promotor y certificador de las operaciones “privadas” de los inversionistas. En esta operación participan, junto con los gobiernos de América Latina, organismos públicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), la Organización Mundial del Comercio (omc) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), y organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Nos parece importante, asimismo, señalar que en el texto del nuevo artículo 2o constitucional se determinó que la autonomía se ejercería “con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.” De esta manera, en forma enteramente anómala e inaceptable, el supuesto nuevo derecho constitucional para los pueblos indígenas nació supeditado a las leyes, cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.

Los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria  y la autonomía de los pueblos que la cuidan.  Esto exige acabar con todas las fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.

Siendo el maíz, como hemos escuchado en los testimonios y casos, una expresión fundamental del alma y del cuerpo de los pueblos de México, es de vital importancia que las demandas que lleguen a la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos posean toda la fuerza y urgencia que se requieren. Por esto, nos parece útil dejar claramente establecidos los siguientes puntos:

* La ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas y la Ley Federal de Variedades Vegetales son leyes que administran la producción, distribución y fomento de maíz transgénico en México, por lo que se deben dejar de aplicar inmediatamente, estableciendo una prohibición de facto, y a continuación abrogar estas leyes y realizar una reforma constitucional en la que se establezca la prohibición definitiva de la introducción, siembra, comercialización, importación, almacenamiento, distribución, investigación y experimentación de semillas transgénicas de maíz y se declare que todo México es centro de origen y diversidad biológica, descartando definitivamente la idea de construir mapas de centros de origen. Hay suficientes argumentos y pruebas científicas de daños a la salud y al medio ambiente para sustentar esta prohibición.

* La ley de biodiversidad ignora que la domesticación y diversificación de plantas es un proceso vivo, continuo y actual, y deja en estado de indefensión a los productores y comunidades que han sido los creadores de esta riqueza genética que ha hecho de México un centro de diversificación a nivel mundial. El artículo sobre zonas libres de transgénicos no establece la protección adecuada para los productores convencionales y orgánicos. A los primeros los ignora por completo, y a los segundos les impone un régimen de protección insuficiente y, además, muy difícil de alcanzar. Se deja en estado de indefensión a la mayoría de los productores agrícolas mexicanos, que no podrán escoger si quieren o no transgénicos en sus cultivos. Uno de los problemas centrales en este capítulo es que la carga de la prueba la tienen precisamente los afectados, que deberán comprobar científicamente la inviabilidad de la coexistencia entre cultivos libres de transgénicos y los que sí incorporan esta tecnología. Los transgénicos no pueden convivir con especies que no han sido genéticamente modificadas, pues las contaminan y alteran su genoma. Finalmente, el procedimiento administrativo es muy complicado y está diseñado más para dificultar la designación de zonas libres que para protegerlas.

* Proponemos que se aproveche el marco del TPP para declarar al maíz y a la milpa como un bien común de los pueblos del mundo, que han intercambiado libremente y con responsabilidad las semillas, y saben en dónde y cómo usarlas como elemento básico de la vida y de su subsistencia. Son los propios pueblos, no entidades privadas o gubernamentales, quienes deben decidir cómo intercambiar, cuándo y dónde.

La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como los casos, testimonios y probanzas aducidas, demuestran que la devastación de la vida campesina, la migración forzada, la pérdida de biodiversidad y los daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente por las políticas agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra el Hambre) , así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados de libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos nacionales e internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos, que fomentan los monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de tierras.

Deseamos dejar constancia que el Convenio de Cartagena obliga a los gobiernos que lo suscribieron a aceptar los transgénicos, por lo que lejos de ser un instrumento de protección, que debemos invocar, forma parte de lo que debemos rechazar. Igualmente, el Convenio de Biodiversidad, al contrario de los tratados de libre comercio, queda sujeto a la interpretación de los estados, y despoja a los pueblos de la soberanía sobre la biodiversidad, que pasa a ser patrimonio controlado por los gobiernos. Este instrumento internacional es usado como el paraguas que en nombre de la diversidad y sustentabilidad ha introducido una postura conservacionista y proclive al fomento del capital, antes que una que combine el factor cultural y social con el ambiental. En contraste, defendemos una postura que vincula a los pueblos, el ambiente y la transformación, considerándolos como actores colectivos e individuales dotados de conocimientos importantes sobre el ambiente natural o sobre medios de utilizarlo.

Igualmente, nos parece importante señalar que al caracterizar el cultivo de maíz transgénico como delito debemos tomar en cuenta que hasta ahora los tribunales internacionales no abordan delitos cuya base constituya un delito “económico”.

Los argumentos de las comunidades indígenas y campesinas afectadas no sólo defienden sus propios derechos y formas de vida. Están defendiendo a la humanidad entera.

De acuerdo con la cultura y filosofía de los pueblos indígenas, el maíz no es mercancía, es el sustento principales de las comunidades, de la familias. En la preaudiencia, quedó claro que en México lo que hace posible que la gente sobreviva hasta en comunidades abandonadas es el maíz.

Si la cultura sobrevive en las comunidades es por la milpa, lo dicen todos. Aquí entre los dictaminadores nos preguntamos: “¿A qué se debe que haya sobrevivido el tequio?, ¿A qué se debe que sobreviven los servicios comunitarios?, ¿A qué se debe que sobreviva el sistema de cargos?, ¿A qué se debe que sobreviva la medicina tradicional?, ¿A qué se debe que continúen las fiestas tradicionales comunitarias y haya una gran solidaridad entre las familias y entre los pueblos? Se debe fundamentalmente al sistema alimentario propio: al maíz”, contestan una y otra y otra vez.

Afortunadamente, en las comunidades todavía existen miles y miles de familias que resisten produciendo sus propios alimentos, porque no hay otra forma de defensa que la de hacer posible la autonomía a través de la milpa. La única posibilidad de ejercitar la libre determinación y autonomía de los pueblos consiste en que cada pueblo, cada familia que tenga la capacidad de reconstruir su autosuficiencia alimentaria del país y la soberanía alimentaria propia.

Sabemos que en muchas regiones del país los campesinos y la gente de las ciudades por igual, serán sometidos, aplastados, porque el gobierno les va a vender maíz de pésima calidad. Las transnacionales se van a encargar de traer maíz NO APTO para consumo humano para llevarlo a las casas. “Antes no había enfermedades degenerativas en los pueblos”, nos dicen los participantes. “De 30 años para acá, aparecen cientos de miles de enfermos, diabéticos, de cáncer, de hipertensión, tan terrible es la dimensión de las enfermedades degenerativas que ha rebasado la capacidad de las instituciones de salud”. Ahora el gobierno dice que no hay capacidad económica para afrontar estos problemas. Primero se permite la venta de alimentos plagados de tóxicos y cuando afloran las enfermedades públicas no pueden atender a quienes sufren las consecuencias. Por eso el asunto del maíz sigue siendo para nosotros el asunto clave de la política social, el asunto clave de una política educativa y de una verdadera reforma educativa.

Cuando no pierden su memoria histórica, lo primero que tienen que hacer los pueblos es resolver la autosuficiencia alimentaria: maíz, frijol, calabaza y todos los cultivos que se recogen en la milpa. Ésa es una estrategia eficaz, inteligente y creativa de combatir el hambre, no llevar a la mesa de las familias campesinas comida industrializada que para lo único que va a servir es para enfermar a los niños, como sucede en las escuelas oficiales. Por eso la tarea, la responsabilidad que tenemos que asumir es que cada uno de nosotros se convierta en defensor del maíz, en defensor de las tradiciones comunitarias. Que todo el pueblo mexicano, que consume maíz impulsemos la revaloración del maíz en México y en el mundo. ¿Qué otra forma existe para que los pueblos de México combatan el hambre?

Los dictaminadores celebran el proceso que ha permitido llegar a esta pre-audiencia. Pretendemos que nuestras sugerencias y recomendaciones específicas enriquezcan a quienes presentaron los casos y testimonios, a fin de fortalecerlos en la perspectiva de la audiencia final ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Jornada mundial contra Monsanto. Mayo 25, 2013.

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