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México, sin posibilidad de declarar zonas libres de transgénicos.

En el país ni una sola área ha sido declarada zona libre de transgénicos, reconocen la Sagarpa, el Senasica y la Cibiogem. La falta de una norma oficial imposibilita las declaratorias, aseguran las dependencias. A casi 1 década de la publicación de la Ley de Bioseguridad, para las comunidades y los productores la posibilidad de que se declare oficialmente a su territorio libre de organismos genéticamente modificados es nula, pese a que la legislación lo contempla. Sin prisa por redactar el instrumento, las instituciones gubernamentales, que han aprobado la siembra de transgénicos en México al menos desde hace 20 años, niegan las declaratorias. Bajo este argumento, y no obstante que se cumplió con el engorroso procedimiento, las solicitudes hechas por productores de miel en Yucatán fueron rechazadas. Sagarpa, Senasica y Cibiogem se deslindan.

En México no existen zonas libres de transgénicos, revela la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

En respuesta a una solicitud de información hecha por Contralínea, la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem –que encabeza Sol Ortiz García– reconoce que, a la fecha, las autoridades mexicanas no han declarado a ningún territorio libre de organismos genéticamente modificados. Ello, pese a que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), vigente desde 2005, lo permite.

A casi 1 década de la publicación de la ley, y a 2 décadas de la introducción de cultivos transgénicos en el país, no existen los mecanismos que respalden el derecho de las comunidades y productores a declarar su territorio libre de organismos genéticamente modificados.

 “No se cuenta con la norma oficial para la declaración de zonas libres de transgénicos”, justifica, en entrevista, Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).De acuerdo con Fragoso Sánchez, la Cibiogem es la instancia que coordina la preparación de la norma, y aunque desconoce cuándo estará lista, asegura que ya se encuentra en proceso. “Está en construcción. En este momento no existe un procedimiento para declarar zonas libres. El artículo 90 no da los detalles y no corresponde a la Sagarpa establecerlo”.

Con base en la falta de normatividad, la Dirección que ahora preside Hugo Fragoso negó –por conducto de su entonces titular Octavio Carranza de Mendoza– la declaratoria a productores de miel de 10 municipios de Yucatán. “La Sagarpa aún no cuenta con los instrumentos normativos a que se refiere el citado artículo [artículo 90], así como los acuerdos previstos en la fracción II del mismo”, respondió Carranza de Mendoza a la petición en los oficios B00.04.03.O2-11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 11502, 11503, 11504 y 11505, fechados el 30 de noviembre de 2012.

De esa manera, el gobierno federal habría resuelto las solicitudes planteadas por apicultores mayas de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab.

No obstante la negativa, los productores de miel cumplieron con el procedimiento contemplado en el artículo 90 de la LBOGM.

Fue en septiembre de 2012 cuando solicitaron por escrito a la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, así como a los presidentes municipales respectivos, se diera inicio al trámite comprendido en la ley.

En sesiones de cabildo, efectuadas entre septiembre y octubre del mismo año, los ayuntamientos aprobaron las propuestas de las comunidades.

Con el visto bueno municipal, los apicultores de los 10 municipios se dirigieron a Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) local, para informarle de las decisiones y pedirle que solicitara la opinión favorable del Poder Ejecutivo de Yucatán.

A través de su titular, en octubre de 2012, la Seduma le dio a conocer al entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, la opinión favorable del gobierno del estado. Con los oficios VI/01337/2012, VI/01338/2012, VI/01339/2012, VI/01340/2012, VI/01341/2012, VI/01342/2012, VI/ 01343/2012, VI/01344/2012, VI/01345/2012 y VI/01346/2012, de fecha 29 de octubre de 2012, le expone que remite la solicitud escrita de las comunidades interesadas con el objeto de que la Sagarpa establezca zonas libres de transgénicos para la generación de productos orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes.

Ante la negativa, el 5 de agosto de 2013, los apicultores presentaron una demanda de amparo que fue rechazada por el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán, por lo que se presentó recurso de queja. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa dio la razón a los quejosos ordenando la admisión de la demanda de amparo, que quedó asentada bajo el número de expediente 1101/2013.

Tras varios aplazamientos, el juicio de amparo aún está por resolverse. “La Sagarpa y el Senasica no han enviado documentación que les ha sido requerida por el Juzgado Tercero de Distrito”, explica Jorge Fernández, que forma parte del equipo de abogados que lleva la defensa legal de las comunidades.

Soya transgénica contamina miel

Tal como lo documentó Contralínea en su edición 325, el 6 de junio de 2012 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aprobó a Monsanto Comercial, SA de CV, el cultivo a escala comercial de soya genéticamente modificada sobre 253 mil hectáreas en la Península de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas.

El permiso se otorgó a pesar de que la siembra piloto y experimental de soya genéticamente modificada habría contaminado 40 toneladas de miel producidas en la Península de Yucatán, como lo demostraría el desvío que hicieron los comercializadores del cargamento dirigido originalmente a la Unión Europea, ocurrido en 2012. También, los siete amparos que interpusieron organizaciones y comercializadoras de miel para evitar la nueva autorización.

 “Existe una coincidencia geográfica entre las zonas de producción de miel en la Península de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al ambiente de soya genéticamente modificada”, observó la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) en el Análisis de riesgo 007/2012. En éste se lee: “recomendación final: no se considera viable la liberación en los polígonos solicitados”.

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De 2005 a 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha otorgado, al menos, 15 autorizaciones para la siembra de soya transgénica en las fases previas a la comercial (experimental y piloto) en Chiapas y la Península de Yucatán (Quintana Roo, Yucatán y Campeche).

México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja después de Argentina y China. El 85 por ciento de la producción nacional se destina a la Unión Europea, principalmente a Alemania, donde goza de prestigio.

Alrededor de 41 mil apicultores mexicanos, en su mayoría campesinos e indígenas, dependen de dicha actividad. En 2010 produjeron 55 mil 684 toneladas de miel con un valor de casi 1 mil 726 millones de pesos.

Tan sólo en la Península de Yucatán se contabilizan al menos 17 mil productores apícolas. El 90 por ciento de la producción de miel de la Península se exporta y corresponde a cerca del 60 por ciento de toda la miel que sale del país.

El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea en Alemania, por el caso C-442/09, colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados.

En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohíbe la comercialización de mieles que contengan polen de origen transgénico no autorizado (como el maíz MON 810 de Monsanto) como consecuencia de un principio de tolerancia cero. Al tratarse de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación, el Tribunal europeo determinó que si el contenido de polen transgénico sobrepasa el 0.9 por ciento del polen total debe indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene ingredientes modificados genéticamente”. Y esto aplica para todos los productores, lo que incluye a los mexicanos.

 “La comercialización de miel con este etiquetado parece casi imposible, cualquiera que sea su origen, dado que la gran mayoría de los consumidores europeos rechazan los alimentos transgénicos”, asegura en entrevista Remy Vandame, investigador en el Colegio de la Frontera Sur.

La afectación involucra no sólo a la miel convencional, sino también a la calificada como orgánica. De acuerdo con los estándares internacionales, la miel orgánica debe estar libre de transgénicos.

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México es el tercer exportador mundial de miel orgánica. Este producto supera en un 30 por ciento el precio de la miel convencional; el mercado global de esta miel se estima en 6 mil 500 toneladas, de las cuales Alemania consume 2 mil 500.

Los principales estados productores en el país son Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y Jalisco. A decir del reporte de la Conabio, Chiapas exporta alrededor del 80 por ciento de su producción y ocupa el primer lugar en exportación de miel orgánica.

Según el artículo 90, en el país se podrían declarar zonas libres de transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y “otros de interés de la comunidad solicitante”, cuando se trate de organismos genéticamente modificados “de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”.

En opinión de Antonio Serratos, doctor en biotecnología, la ley deja fuera a la miel, porque no es un producto agrícola.

El también profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México agrega que al introducir el término “orgánico” en la ley se descartó de tajo la protección a la mayor parte de los cultivos del campo mexicano. Sin posibilidad de pagar una certificación de “producto orgánico”, que se renueva cada año con precios de al menos 15 mil pesos, a sus productores, campesinos e indígenas se les niega la posibilidad de declarar su parcela zona libre de transgénicos.

En los últimos 10 años, el cultivo de productos orgánicos pasó apenas de 21 mil a 512 mil hectáreas; y de 13 mil productores que se dedicaban a esta actividad a 170 mil, informa la Sagarpa.

Durante la cuarta sesión del Consejo Nacional de Producción Orgánica, el director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Baltasar Hinojosa, informó que 85 por ciento de la producción orgánica del país se exporta y sólo el 15 por ciento se consume a nivel nacional.

Sagarpa y Senasica, sin preocupaciones

Para Fragoso Sánchez el hecho de que se permita desde hace décadas la siembra de transgénicos en el país no representa riesgo alguno para la producción orgánica: “Nosotros pensamos que los sistemas de producción: transgénico, orgánico y convencional, pueden coexistir”.

—¿Es delicada la situación de los productores de miel de la península de Yucatán?

—A mí me parece que no. Este año no hemos tenido una sola detección y ningún retorno de miel de Europa a México. Consideramos que es factible que puedan coexistir los dos sistemas de producción sin poner en riesgo a los productores de miel orgánica o no orgánica.

Elva Mendoza.

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/07/08/mexico-sin-posibilidad-de-declarar-zonas-libres-de-transgenicos/

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¡Semillas campesinas, libres de transgénicos!

 

 

Cartel Vandana convocantes

Victor M. Toledo: Ciencia traicionada.

Más que embustero, engañoso, tramposo o falso, el que miente se define mejor como aquel que falta a la verdad. Una mujer u hombre de ciencia es un miembro de la sociedad que se ha formado y especializado en el uso del pensamiento objetivo, la aplicación impecable de la razón, la artesanía de la lógica. Su calidad se mide por su capacidad para dejar fuera de sus observaciones y análisis los valores subjetivos. Esta premisa opera como fantasma vigilante sobre las acciones y actitudes de todo investigador. A los científicos suele acusárseles de racionalistas, cuando llevan al extremo su mirada racional, y es una rareza afirmar que un científico miente. Y sin embargo, este panorama idealizado del quehacer científico se ve frecuentemente negado por la realidad. Más aún cuando el aparato científico y tecnológico se ve cooptado, dominado y conducido por los intereses estrictamente mercantiles de las empresas y las corporaciones, es decir, cuando el conocimiento se privatiza y deja de ser social y público.

En México, estas rarezas existen y persisten. Un ejemplo notable es el de los académicos dedicados a investigar y producir organismos genéticamente modificados (OGM). Esta rama de la biotecnología se encuentra impulsada y dominada por gigantescas corporaciones, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow. Algunos, quizás muchos, de los investigadores dedicados al tema poseen acciones en una o más de una de esas compañías, generando lo que se denomina un conflicto de interés. A manera de ejemplo hacemos un breve recuento de afirmaciones realizadas reiteradamente por el prestigiado investigador Francisco Bolívar Zapata, tomadas de varias conferencias como las ofrecidas el 26 de abril de 2013 en la Facultad de Química de la UNAM, y el 20 de septiembre pasado en la Judicatura Federal.

“Gracias a los transgénicos, ahora se podrán combatir todas las plagas de las siembras (…) ahora tenemos la oportunidad de producir alimentos que no necesitarán esas sustancias plaguicidas, porque ya está probado que las siembras de transgénicos, no utilizan ninguna forma de plaguicida” (…) Además, está probado, que los OGM no afectan la biodiversidad” (…)Está probado que la alimentación con transgénicos es totalmente sana. No existen pruebas sólidas de problemas de salud” (…) Se habla mucho de un estudio que hicieron en Francia, por un tal Seralini” que no tiene ningún valor científico, porque usó ratas que de por sí se producen cáncer” (…) Existen las compañías que producen plaguicidas, y como los transgénicos ya no los necesitan, están desesperadas por volver a tomar el mercado (Por ello) esos grupos que están queriendo detener los transgénicos (…) son grupos pagados por las compañías productoras de plaguicidas.”

Veamos qué dice la evidencia científica*. Tanto el maíz como la soya genéticamente modificados requieren de un herbicida al que son tolerantes y que es producido por las mismas compañías: el glifosato. Dado que es común la aparición de malezas resistentes a ese herbicida, los cultivos transgénicos requieren de más pesticidas como el paraquat (prohibido en Europa), la atrazina y el 2,4 D. En el caso de Sudamérica, donde la soya transgénica se ha expandido explosivamente, existe una correlación directa con el incremento de los pesticidas. En 2010, casi la mitad de las ventas de pesticidas de Brasil fueron para los cultivos de soya, y en Argentina, Bolivia y Uruguay la cantidad de glifosato utilizado rebasó los 225 millones de litros. Las aplicaciones se realizan con avionetas fumigadoras y con grandes maquinarias que rocían los campos.

Muchas de las áreas cultivadas se encuentran literalmente pegadas a pueblos o bordes de ciudades, por lo que los agroquímicos son dispersados sobre casas, escuelas u hospitales. En Argentina, el primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados (2010) denunció que se han incrementado las enfermedades graves vinculadas a los agroquímicos.

La expansión de los OGM ha devastado la biodiversidad, especialmente en las regiones tropicales. Piense el lector lo que significa desaparecer toda la variedad de especies vegetales y animales en una superficie de 43 millones de hectáreas, casi la cuarta parte de México, que es la superficie sembrada en Sudamérica con una sola y solitaria especie: ¡soya transgénica! No existe antecedente en la historia natural del planeta de alguna monotonía biológica semejante. Además, el monocultivo soyero ha sido la causa de enormes superficies deforestadas en la amazonía brasileña, Argentina (seis provincias) y Bolivia (cuatro tipos de bosques), así como de la supresión de cultivos dirigidos a la alimentación humana (arroz, maíz, trigo, leche y carne).

En el caso del maíz transgénico su posible siembra comercial resulta una amenaza para la diversidad genética de las 60 variedades originales, resultado de un proceso de domesticación que tomó 7 mil años, las cuales serían contaminadas por el flujo génico. Hoy se investigan otros posibles efectos sobre polinizadores e insectos, como la emblemática mariposa monarca.

Afirmar que los cultivos transgénicos son alimentos sanos resulta temerario. La evidencia del estudio publicado por un grupo francés encabezado por Gilles-Eric Séralini en 2012, que alimentó ratas durante toda su vida con granos de maíz de Monsanto MON NK603 llama al menos a ser precavidos. Las ratas del laboratorio generaron tumores de mama (hembras) y sufrieron daños severos al hígado y al riñón (machos) que les provocaron la muerte.

Monsanto pretende introducir el mismo grano en el norte de México (Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas) en un país cuyos ciudadanos consumen cada año 12 millones de toneladas de maíz. Finalmente nadie, y menos un académico, puede ignorar a los más de 2 millones de ciudadanos que salieron a las calles de 436 ciudades de 52 países para protestar contra Monsanto y los alimentos transgénicos el 24 de mayo de este año, acto a escala global que se repitió el pasado 12 de octubre. ¿O acaso tendrán las compañías productoras de plaguicidas capacidad de compra sobre esos millones?

Además de haber sido creador y fundador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el científico Bolívar Zapata ha sido miembro de la Junta Directiva de la UAM, la UNAM y el Conacyt. En 1994 ingresó como miembro de El Colegio Nacional y fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus innumerables distinciones lo convierten en el científico mexicano más premiado de toda la historia. Destacan dos premios nacionales, el Premio Príncipe de Asturias de España y el premio de The Third World Academy of Sciences. Apenas el pasado 2 de abril, el Presidente de México lo nombró coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia. Su trayectoria es impecable y más que brillante. ¿Entonces? Lo único que sabemos es que su caso no es único. Ahí están los premios Nobel William Schockley y James Watson, el descubridor del ADN, denostados por sus declaraciones racistas. Hoy la única garantía es una ciencia con ética y científicos comprometidos con la sociedad y con la naturaleza. Ni más… ni menos.

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/21/opinion/020a2pol

Red por una América Latina Libre de Transgénicos frente a casi 20 años de cultivos transgénicos.

A casi dos décadas de la introducción de transgénicos en el ambiente, América Latina se ha convertido en maquila de las transnacionales que producen granos para animales de otras transnacionales, contaminando el ambiente y la biodiversidad. Pero sigue siendo un espacio de biodiversidad donde florece la vida y las comunidades campesinas.

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A 17 años de haberse liberado los cultivos transgénicos en el ambiente, 30 organizaciones de América Latina de 12 países de la región, convocadas por la Red por una América Latina Libre de Transgénicos en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 23 al 27 de mayo del 2013, analizamos el panorama de nuestro continente, y hacemos pública nuestra preocupación por los graves impactos que estos cultivos tienen en la región.

Rechazamos tajantemente la liberación comercial masiva de maíz transgénico que quiere hacer la industria en más de tres millones de hectáreas en México, un hecho sin precedente en la historia de la agricultura, pues sería la primera vez que ocurriera una devastación de tal magnitud en uno de los centros de origen y para un cultivo que alimenta a la humanidad en su conjunto.

A lo largo de este periodo, los cultivos transgénicos han sembrado desolación y muerte en América Latina, donde han alcanzado altos niveles de expansión, ocupando el segundo lugar en área cultivada con transgénicos en el mundo.

Las empresas productoras de semillas, agrotóxicos y comercializadoras de alimentos transgénicos, junto con las élites locales y en complicidad con los gobiernos en turno, han convertido a América Latina en maquila de los cultivos transgénicos del mundo.

No existen cultivos transgénicos sin plaguicidas. A pesar de que los promotores de los cultivos transgénicos dijeron que éstos iban a disminuir el uso de plaguicidas, la realidad es lo opuesto. Ha habido un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos en los países que han adoptado esta tecnología, y su aplicación está relacionada especialmente con los cultivos resistentes a herbicidas, lo que significa el sometimiento de la población a una condición sanitaria cercana al genocidio. En el Cono Sur, la soja [soya] resistente a glifosato cubre un área de 475 mil 700 km2; toda esta área es fumigada con un cóctel de agrotóxicos que incluye el glifosato, afectando a cerca 10 millones de personas que viven en la zona de influencia de las fumigaciones asociadas a los cultivos transgénicos.

Brasil ocupa el primer lugar a nivel mundial en el consumo de agrotóxicos desde 2010, siendo el principal productor de soja resistente a glifosato en la región.

Esta avalancha tóxica ha provocado un aumento exponencial de enfermedades relacionadas con plaguicidas, como malformaciones genéticas, incremento de leucemia, linfomas, enfermedades autoinmunes, y daños irreparables en los ecosistemas.

Estos problemas se agudizarían con la adopción de nuevos transgénicos resistentes a herbicidas más fuertes como son el 2,4D y Dicamba, el glufosinato de amonio, que ya han sido aprobados o están en proceso de aprobación en nuestros países, por lo que repudiamos cualquier intento de liberarlos al ambiente.

A esto se suma la contaminación genética de la agrobiodiversidad y la destrucción de ecosistemas naturales, que son la base de sustento de las comunidades locales.

Los problemas generados por los transgénicos derivan en violaciones a los derechos humanos. Los impactos descritos son tan graves, que ya no son problemas que puedan resolverse a través de técnicas como la evaluación y manejo de riesgo. Se han convertido en causal de violación a los derechos humanos de poblaciones enteras, por lo que su discusión debe salir de convenios internacionales —como el Protocolo de Cartagena que se limita a ver los impactos de la modificación genética en la biodiversidad— para tratarse por los organismos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Los cultivos transgénicos no nos alimentan. Las vastas zonas dedicadas a la siembra de cultivos transgénicos en América Latina, antes dedicadas a satisfacer el derecho humano a la alimentación, hoy son territorios donde se produce soja y maíz transgénico para forraje, destinados a la cría intensiva y confinada de animales, que en la mayoría de casos son criados en otros continentes, privando a la población nativa del acceso a alimentos sanos y culturalmente adecuados. En los países donde se cultivan soja y maíz transgénico los animales son criados en condiciones sanitarias muy pobres y de gran violencia, lo que repercute en la calidad de la carne, lo que conlleva enormes impactos en los patrones de alimentación y en la salud humana y de los animales. Los transgénicos son un negocio de transnacionales para transnacionales, no para consumidores ni para agricultores. Los transgénicos son comida para comederos, no de comedores; e incluso han desplazado la cría tradicional de animales en países donde esto era costumbre, empeorando la salud, el ambiente y las economías de pequeños criadores.

Las nuevas leyes de semillas son un impulso a la expansión de los transgénicos y una amenaza a las semillas nativas. En la región se están impulsando nuevas leyes de semillas, donde se plantea la penalización de la circulación de las semillas nativas que son la base de la agricultura campesina y familiar. Esto es una clara violación a los derechos de los agricultores, claramente reconocidos en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Estas leyes además buscan reforzar el control de mercado por parte de las empresas de semillas transnacionales, y la adopción de las semillas transgénicas en nuestros campos, poniendo en peligro los recursos fitogenéticos de la región.

Las organizaciones reunidas en Bogotá queremos llamar la atención sobre las siguientes problemáticas específicas en América Latina:

Paraguay. Repudiamos el golpe de Estado parlamentario ocurrido el 22 de junio de 2012, dado al presidente Fernando Lugo, electo el 20 de abril de 2008 en elecciones democráticas para el periodo 2008-2013. Consideramos, que dicho golpe estuvo muy relacionado con la expansión de los agronegocios y la liberación ilegal de nuevos cultivos genéticamente modificados por ejemplo: 2 eventos de Algodón transgénico, un evento de soja transgénica y 4 eventos de maíz transgénico.

Nos preocupa además el fuerte proceso de extranjerización de la tierra y la expulsión de comunidades campesinas e indígenas y la violación de las leyes ambientales vigentes en ese país, para dar paso a la expansión de los cultivos transgénicos, como por ejemplo la soja RR que desde la década de los 90 viene causando graves conflictos socioambientales violando derechos fundamentales.

Hacemos un llamado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para que inicie una investigación sobre los atropellos a los derechos humanos suscitados en Paraguay relacionados con la expansión de los agronegocios; la persecución y criminalización que sufren los/as líderes defensores de la naturaleza, y convocamos a la sociedad internacional para que esté vigilante de los acontecimientos en este país.

México. Apoyamos y nos solidarizamos con el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, y estaremos especialmente atentos a las sesiones de la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos”, donde se está presentado una gran cantidad de casos y testimonios de pueblos, científicos y activistas sobre la contaminación transgénica y otras violaciones ejercidas por las transnacionales, con apoyo oficial, contra el maíz y los pueblos del maíz.

Nos adherimos a la demanda de las y los ciudadanos mexicanos de evitar la siembra comercial y experimental de organismos genéticamente modificados en especial del maíz transgénico, siendo México uno de los países centros de origen del maíz.

Respaldamos los argumentos y elementos de peso científico, socioeconómico, cultural y daño irreversible de los transgénicos, que expone en la red, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y otras organizaciones científicas y sociales, sumándonos a la petición para que no se autorice la siembra comercial de maíz transgénico en México y se declare una moratoria indispensable en este cultivo. Apoyamos también que se retiren las autorizaciones de siembra comercial de soya transgénica en Yucatán, ante el impacto negativo para los miles de apicultores que sufren afectación por la limitación de venta de miel a la Comunidad Europea, por contaminación transgénica.

Argentina. Rechazamos el avance de la frontera agrícola en el Norte del país, lo que ha conllevado a un agresivo proceso de desplazamiento y criminalización de poblaciones originarias que debe parar.

Rechazamos la aprobación y liberación de nuevos eventos transgénicos que incorporan genes de resistencia a nuevos herbicidas apilados, así como nuevas toxinas Bt. Apoyamos la petición de las organizaciones ambientalistas, grupos auto-convocados de vecinos afectados por los agrotóxicos y movimientos sociales argentinos para que con urgencia se implementen zonas de resguardo libres de fumigaciones de mil metros como mínimo, alrededor de pueblos, escuelas rurales y humedales; se prohíban las fumigaciones aéreas, y se implementen estudios epidemiológicos y biológicos para determinar el impacto en la salud humana y ambiental, por el uso masivo de agroquímicos; que con base a los resultados encontrados, se inicie un proceso de restauración integral de las víctimas.

Repudiamos el acuerdo hecho por la presidenta argentina con Monsanto para instaurar nueva infraestructura en el país, como la planta de acondicionamiento de semillas planificada en la Localidad Malvinas Argentinas-Córdoba, y otras.

Honduras. Tenemos conocimiento de la campaña “sembremos país con más maíz”, para sembrar 100 mil hectáreas de maíz transgénico el año 2020, impulsada por Monsanto Agrícola de Honduras, Bayer, Fenorza y el gobierno central, con la que se pretende afianzar el posicionamiento de la semilla transgénica en territorio hondureño, y extender un paquete tecnológico que incluye agrotóxicos, que impulsa una agricultura sin agricultores, sin importar los graves impactos que este tipo de agricultura ocasiona a la salud y el ambiente y que aumentará la inseguridad alimentaria del pueblo hondureño, por lo que pedimos al gobierno de Honduras parar tan nefasta iniciativa, y que se ponga un alto definitivo a los transgénicos en Honduras.

Queremos cuestionar además el rol que juega La Escuela Agrícola Panamericana, más conocida como El Zamorano, que sirve de punta de lanza para la promoción de los transgénicos en las regiones tropicales de América Latina. En su sede se forman técnicos y se desarrollan las tecnologías que están al servicio del agronegocio.

Costa Rica. Apoyamos a las organizaciones sociales de Costa Rica quienes han optado por un modelo de desarrollo agrícola libre de transgénicos y propiedad intelectual y basado en la agroecología y las semillas ancestrales y criollas; y a todos los 57 cantones (de 81) que se han declarado libres de transgénicos. Rechazamos el intento de empresas transnacionales por sembrar maíz transgénico en ese país, y apoyamos el llamado a moratoria de 30 años a la liberación de cultivos transgénicos y demás cultivos manipulados con técnicas de la ingeniería genética en el territorio nacional, pedida por las organizaciones sociales.

Panamá. Nos preocupa que Panamá se convierte en campo de experimentación de nuevos transgénico, lo que se está haciendo a espaldas de la sociedad. En Panamá se encuentra la planta para producir mosquitos transgénicos de la empresa Oxitec que opera en las instalaciones del Instituto Georgas.

En ese país también se planea criar el salmón transgénico desarrollado por la AquaBounty Technologies, y sería el primer animal transgénico que entraría en nuestra alimentación. El salmón GM sería producido en la Isla Prince Edward, Canadá, y los huevos serían enviados a tierras altas de Panamá, donde se haría también el procesamiento del animal. Este pez transgénico tiene genes que expresan una hormona de crecimiento que sólo se activa en climas cálidos, por eso se escogió a Panamá para su cría.

Colombia. Luego de diez años de ser liberado comercialmente el algodón transgénico de Monsanto, los algodoneros han fracasado usando esta tecnología y han tenido millonarias pérdidas. Y aunque la mayoría de los agricultores ya no quieren saber de esta tecnología, Monsanto ha retirado del mercado las semillas de algodón no transgénicas. Desde 2007 se han liberado comercialmente diez eventos de maíz transgénico, lo que es muy crítico, puesto que por ser Colombia un centro de diversidad de maíz, los maíces transgénicos generan un enorme impacto sobre la diversidad de maíces criollos, los sistemas productivos locales y la soberanía alimentaria en el país. Apoyamos las iniciativas de la sociedad civil colombiana que busca que se prohíban los cultivos aprobados y que se declare el país libre de transgénicos.

Ecuador. Saludamos al pueblo ecuatoriano por haber incorporado en su Constitución una prohibición expresa a los cultivos y semillas transgénicas, por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir como el camino que debe relacionar a la sociedad con su medio. Nos preocupa sin embargo que en un futuro próximo se intente de cambiar la Constitución, para que el país deje de ser libre de cultivos y semillas transgénicas. Los estudios hechos dan cuenta de la rica agrobiodiversidad existente, que no está contaminada genéticamente, por lo que el Ecuador mantiene su condición de país libre de transgénicos. Exhortamos a la Asamblea Nacional que mantenga al Ecuador libre de Transgénicos.

Perú. Recibimos con beneplácito la moratoria decretada en Perú a los transgénicos en ese país, y hacemos votos porque esa moratoria se convierta en una prohibición definitiva, que permita potenciar la rica agrobiodiversidad peruana. La moratoria es el resultado del trabajo desplegado por una amplia alianza que incluye al campesinado, a consumidores y al sector de la gastronomía conscientes de la necesidad de proteger su patrimonio genético y su biodiversidad.

Bolivia. La situación no deja de ser preocupante. Si bien la Constitución Política del Estado establece el principio prohibitorio de transgénicos, y la Ley Marco de la Madre Tierra la eliminación paulatina de la soya transgénica (así como la prohibición tajante a los transgénicos de cultivos de los cuales el país sea centro de origen y centro de diversidad, como es el caso del maíz, de la papa, ajíes, maní), las corporaciones del agronegocio se jactan del crecimiento sostenido (que llegaría al 99% de la soya cultivada) desde que en 2005 se aprobó el primer evento resistente al glifosato. El control de la cadena productiva de la soya está en manos de empresas extranjeras —66 % principalmente menonitas, brasileños y japoneses— que amplían la frontera agrícola a un ritmo de desmonte y deforestación de 60 mil hectáreas anuales.

Uruguay. Hacemos un llamado para que se frene el acaparamiento, extranjerización y especulación de la tierra en Uruguay, proceso que viene acompañado con la expansión del monocultivo de árboles y soja transgénica, y que se haga un estudio para revertir este fenómeno. Rechazamos las investigaciones con animales transgénicos como ovejas en Uruguay.

Brasil. Los brasileños analizan los 10 años de la legalización de los cultivos transgénicos en Brasil, con 36 eventos transgénicos aprobados, millones de hectáreas cubiertas con soja, maíz y algodón transgénico, con varios otros cultivos en la lista de aprobación y ostentando el dudoso honor de ser primer consumidor de plaguicidas en el mundo.

Nos preocupa la aprobación del fréjol modificado genéticamente, desarrollado por Embrapa usando una técnica que modifica el ARN, para que sea resistente a un virus, porque este tipo de modificación genética nunca ha sido liberada de manera masiva al ambiente, y mucho menos para el consumo humano directo. Apoyamos la petición de las organizaciones brasileñas que demandan acceso a toda la información científica relacionada con la modificación genética de este fréjol, incluyendo sus impactos potenciales en la salud y el ambiente.

Creemos que el hambre tiene causas estructurales, y que Embrapa podría destinar sus esfuerzos de investigación a potenciar la agroecología y la agricultura familiar para la soberanía alimentaria, que sea respetuosa con el medio ambiente y tener en cuenta el sector social.

Apoyamos la petición de las organizaciones brasileñas, que demandan que se implemente un proceso de monitoreo y vigilancia post-liberación de los cultivos transgénicos, cuyos resultados sean disponibles para la sociedad civil organizada.

Nos oponemos rotundamente al uso de tecnologías “Terminator”, que vuelven estériles las semillas, para lograr que los agricultores se vuelvan esclavos de las empresas. Denunciamos los intentos de romper la moratoria internacional sobre Terminator, iniciados a partir de propuestas para legalizar dicha tecnología en el Congreso de Brasil.

Chile. En la división internacional del trabajo, Chile es la maquiladora de semillas transgénicas para Monsanto y las transnacionales agroquímicas, negocio que además de servir sólo a sus intereses, pone en riesgo a las semillas orgánicas y convencionales, como ya se demostró en Alemania, con la detección de maíz convencional contaminado por transgénicos procedente de Chile, así como la miel.

En la división internacional del trabajo, Chile es la maquiladora de semillas transgénicas para Monsanto y las transnacionales agroquímicas, negocio que además de servir sólo a sus intereses, pone en riesgo a las semillas orgánicas y convencionales, como ya se ha demostrado en Alemania, con la detección de maíz convencional contaminado por transgénicos procedente de Chile. Apoyamos las luchas campesinas, ambientales y sociales en curso, que buscan impedir el avance del proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, para detener el despojo del patrimonio genético de Chile y de sus pueblos campesinos e indígenas y evitar la expansión de los cultivos transgénicos al mercado interno.

Venezuela. Saludamos los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Asamblea Nacional de Venezuela que busca garantizar la soberanía alimentaria e impedir el uso de transgénicos en el país.

A pesar de todos estos problemas, en nuestro continente pervive una rica cultura campesina que es la que alimenta al 70% de la población. En sus territorios se conserva la más rica agrobiodiversidad del planeta que está en continuo proceso de renovación. Aquí se extienden los más grandes territorios cubiertos con bosques tropicales, así como de otros importantes ecosistemas.

Por una América Latina Libre de Transgénicos y la revitalización de la agricultura campesina y familiar

http://www.rallt.org

Monsanto se va de Europa ¿Haremos que se vaya de América?

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Aún cuando puede parecer que el poder y la influencia de las transnacionales es casi absoluto, una pequeña esperanza se abre en la lucha de los pueblos ante la corporación semillera Monsanto que a principios de esta semana ha hecho pública su decisión de no seguir promoviendo ni comercializando cultivos transgénicos en Europa.

En declaraciones a un periódico alemán, la representante de Monsanto en ese país, Ursula Lüttmer-Ouazane, mencionó: ‘Hemos llegado a la conclusión de que en este momento no hay una amplia aceptación’. Representantes de la gigante multinacional semillera indicaron también que no buscarán nuevas aprobaciones para plantas modificadas genéticamente dada la baja demanda de sus productos y ante una oposición y rechazo a la tecnología cada vez mayor del público en general: ‘No tiene sentido luchar contra molinos de viento’, fue la declaración de la portavoz de Monsanto.

Este anuncio se hizo público sólo unos días después de salir a la luz y de manera escandalosa el descubrimiento en campos agrícolas en Oregon, Estados Unidos de trigo transgénico de Monsanto (Roundup Ready) que no tenía la autorización para ser sembrado de manera comercial. Este hecho plantea nuevamente los altos riesgos de la investigación científica con intereses corporativos de fondo, la relajada legislación sobre patentes y liberación comercial de transgénicos y principalmente, los riesgos para la biodiversidad, la seguridad alimentaria  y la salud de la población mundial.

El anuncio de la salida de Monsanto de Europa debe confirmarse en los hechos, ya que es el Estado Español donde se cultiva más del 90% del maíz transgénico (Bt). La comunidad autónoma de Aragón es la que cuenta con una mayor superficie de cultivo de maíz modificado, seguida de Cataluña y Extremadura.  Sin embargo, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Bulgaria y Polonia han prohibido tanto la entrada como la siembra de maíz transgénico en sus territorios.

¿Saldrá Monsanto de América Latina? ¿Qué pasa en México?

Los voceros de Monsanto en Europa también mencionaron que ‘venderían semillas transgénicas únicamente en aquellos lugares en los que cuentan con amplio apoyo por parte de los agricultores así como de políticos y un sistema regulatorio funcional‘ pero, ¿cuales son esos lugares? Desde hace mucho tiempo, diversas organizaciones de indígenas, campesinos, activistas, científicos críticos de toda América Latina vienen denunciando la contaminación de sus campos agrícolas y su modo de vida por los cultivos transgénicos. Se ha alertado a la población por los daños a la salud asociados a los herbicidas que se usan en la fumigación de soya transgénica en países del cono sur; en diferentes medios de información se han mencionado casos de muerte masiva de abejas, o la disminución en la población de mariposas monarca debido posiblemente pesticidas o quizá a las mismas plantas transgénicas; se han vaticinado los incalculables daños a la biodiversidad y a la cultura milenaria por la siembra comercial y consumo masivo de maíz transgénico.

Los lugares a los que se refieren los voceros de Monsanto son nuestras comunidades y países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, etc., en resumen casi toda América, y que como refieren de manera maliciosa los agentes de Monsanto, son lugares en los que hay apoyo y complicidad de políticos que modifican las leyes para que la semillera aterrice y haga negocios.

Hace unos pocos días se demostró a nivel mundial el rechazo a Monsanto a través de masivas manifestaciones, se empiezan a recoger las primeras victorias con el anuncio de la salida de la corporación de Europa, y debe mencionarse que ese pequeño pero significativo triunfo se dio en gran parte a organizaciones de consumidores críticos, que desde el principio rechazaron que los transgénicos estuvieran en su mesa. Lamentablemente en México no hay asociaciones sólidas de consumo crítico, debemos fortalecer ese aspecto y hermanarlo a organizaciones campesinas e indígenas, que son quienes producen el maíz que alimenta a nuestros países.

Depende de nosotros mismos y de manera organizada y horizontal hacer que Monsanto se vaya de América, que se vaya a la quiebra en todo el mundo.

http://pagina3.mx/al-grano.html

From Food Security to Food Sovereignty.

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It’s an exciting time for the good food movement. Sometimes it can feel as though the efforts to make agriculture more sustainable are the most visible and active component of the broader environmental movement. This shouldn’t be surprising. Our relationship to food is visceral, emotional, and continues daily.

If you’ve seen Food, Inc. or read any Eric SchlosserMichael Pollan, or Rachel Carson, you know that the sustainable food movement is trying to address the social and environmental problems created by an industrial farming system in which convenience  and profit trump everything else.

The responses to industrial farming have included critiques like Silent Spring, the back-to-the-land and organic farming sparks of the late 1960s, the family farm movement that resisted bankruptcy and corporate consolidation in the 1980s, and now the urban farming movement that has burgeoned in the past 10 years.

Many elements of the sustainable food movement have been organized by (or for) the two most obvious sectors of the food system: Eaters and producers. In parts of the world where populations are still largely agrarian, eaters and producers are often the same people, but here in the United States (where the farming population hovers around one percent) consumers have been the dominant focus of food policy, at least for the past 40 years.

In the global North, much of the past 20 years of activism has framed the concept of “food security” as the right of all people to have enough food to avoid hunger and malnutrition. A new effort underway to deepen food activism focuses on a more radical idea: The concept of food sovereignty. The global food sovereignty movement is making the case that reform of the food system will be insufficient if it does not democratize and make more transparent the means of food production. We’ll never be able to resolve the environmental and social abuses of industrial agriculture without changing who controls the food system.

As Katherine Zavala, program manager of grassroots alliances at International Development Exchange (IDEX), a San Francisco-based organization that supports food justice in the Global South, explains it: “Food security might focus on hunger as a human rights issue, but it fails to consider many other facets of food like the ways it is produced, the social relationships it relies on, or the cultural importance it holds to communities.”

Having enough to eat is important, certainly, but what about the quality of that food? What about the way that people are treated in the process of producing that food? What about the cultural traditions of food that are left aside in a purely calorie-counting concept of “food security”? Zavala says that perhaps the biggest inadequacy of the food security concept is that it fails to address “who decides what the food system is. It doesn’t address who is driving or controlling the global food system or the lack of decision-making power among people to decide what food system they want.”

These deeper questions illustrate why the term “food sovereignty”–pioneered by the international peasant alliance La Via Campesina–is increasingly being adopted food movement activists across the globe. Ashoka Finley, who works for the Richmond, California urban farming organization Urban Tilth and has been closely involved in the Occupy the Farm effort at the University of California’s Gill Tract, considers himself a food sovereignty activist.

He says: “Food sovereignty, like food security, is about rights. But because food sovereignty as a concept argues that food systems are determined by political and economic conditions, it’s about the rights we as eaters, citizens, and communities should have to take part in effecting those conditions. It is also about how we can use food-based activism to transform the political and economic system we live in.”

That “taking part” is what distinguishes food security from food sovereignty, and what makes food sovereignty such a compelling and important idea. Yes, of course, providing food for people in need is essential, but a soup kitchen a food bank or a Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) card is not enough to create food sovereignty. Even planting gardens in urban areas (full disclosure: my area of employment!) doesn’t amount to food sovereignty.

Direct action approaches like Occupy the Farm may not be enough, because, Zavala reminds us, “Those that are in positions of government and economic power are restricting these alternative food system models. They’re not thinking about feeding people; they’re mostly thinking about the bottom line. And if we all created our own food systems, how would they profit?”

The entrenched corporate opposition to food systems change has pushed food sovereignty activists beyond the direct action approach to address the institutions of power. After a long period of focusing effort outside the political system, activists are now looking to the government for change. In the mid-2000s, for example, the federal Farm Bill finally became a top priority for many sustainable agriculture advocates. Long after the law was the main target of efforts to ensure food security (through SNAP). But, it has remained close to impossible to use the Farm Bill as a tool to promote food sovereignty.

“The current political climate is an extreme difficult one, the legislative process is complex, and that process can often be quite corrupt, as we have seen numerous times,” Finley says. “However, if we want food sovereignty, we can’t shy away from tough political battles, because there are certain political issues that underpin or undermine food sovereignty, like land ownership or agribusiness subsidies.”

Recent lobbying over the Farm Bill provides a clear example of the complexity and difficulty transitioning from a food security movement to a food sovereignty movement. Food security activists (often representing low income urban constituents) have been pitted against farm sustainability activists (more often rural-minded) over the funding that the bill controls. In an era of austerity, this can lead to Sophie’s-choice like dilemmas: Either cut food stamp funding or cut programs that provide support to farmers transitioning to organic methods of production.

Luckily, there’s an alternative to this false choice. That choice is to develop democratic spaces at the local and state level to craft collaborative solutions that benefit both consumers and producers. Across the country, Food Policy Councils(FPCs) are bringing together diverse constituencies to determine how local policy can be leveraged to achieve positive food system change. These local groups identify problems as a community and then seek to solve them through a process of consensus-building and pressuring local governments. Food Policy Councils have worked on things like institutional food procurement, the use of urban open space for agriculture, nutrition education and funding for food banks. More recently, FPCs are scaling up, coming together to affect policy on the state and federal levels.

The food movement’s shift from security to sovereignty can be instructive for the broader movements for environmental sanity and democratic governance. By asking the simple question, “Who’s in charge here?” food sovereignty elevates the importance that power has in our food systems. The concept expands our critical capacity beyond consumer choice to consider that we are all “co-producers” of the food system. “Sovereignty” is a frame that can be used to think about process in relation to natural resources, not just outcomes, and it can help encourage solidarity and cohesion amongst myriad movements and sectors within the food movement and outside of it.

Social movements focused on sovereignty can help build a more democratic and accountable political system. This, in turn, would allow for a more sustainable approach to natural resources, and a more egalitarian economic system. By talking “sovereignty” from the start, change-makers can pursue a mutual end goal from any number of individual struggles. When Paul Hawken described “the largest movement on Earth” in his book Blessed Unrest, he was clear that the millions of individual and NGO efforts to help were a movement, but just didn’t act like one.

Sovereignty, whether of food or fiber or healthcare, may the concept needed for these many struggles to become the movement that it could be.

San Francisco native Antonio Roman-Alcalá has been irrationally dedicated to urban sustainability since he decided that there wasn’t enough “land” for all dropouts to go “back to”. Since graduating from UC Berkeley, Antonio has been pursuing a life of meaningful enjoyment: teaching farming and permaculture at Alemany Farm and Texas Street Farm; playing drums and guitar in the band Future Twin; writing about the sustainable food movement as a perpetually critical insider; sharing his film In Search of Good Food; organizing the urban farm movement via the San Francisco Urban Agriculture Alliance, and writing an ambitious treatise on human nature, environmental sustainability, and social transformation.

http://www.grassrootsonline.org/news/articles/food-security-food-sovereignty

Informe: Impacto de cultivos y alimentos transgénicos.

Desde el equipo de investigación de la Campaña Nacional VENEZUELA LIBRE DE TRANSGÉNICOS, hemos venido trabajando en la recopilación de datos científicos que evidencian el impacto de los cultivos y alimentos transgénicos en diferentes ámbitos entre los que destacan: la comparación de la productividad de cultivos con semillas genéticamente modificadas (conocidas comúnmente como transgénicas) y semillas convencionales (principalmente híbridas), la resistencia de los insectos plagas vinculada a cultivos Bt, la aparición de nuevas plagas y de las llamadas “súper malezas”, así como el impacto sobre la diversidad biológica, sobre el funcionamiento ecosistémico y sobre la salud. Se presentan aquí datos que revelan el impacto de estos cultivos en términos geopolíticos, y en cuanto al acceso y divulgación del conocimiento que está condicionado por el lobby de las transnacionales de dominan el mercado mundial de semillas transgénicas y los agrotóxicos de los cuales dependen estos sistemas de cultivos mejorados genéticamente.

Así también se está realizando una recopilación y sistematización de información sobre los sistemas de producción diversificados, locales, y que utilizan semillas criollas en Venezuela, ya que distintas iniciativas se han venido realizando con cultivos tradicionales, pero estos han sido subvalorados como opción para la producción de alimentos a pesar de que hay evidencias que muestran que estos sistemas son altamente productivos y tienen rendimientos incluso mayores que el monocultivo. En este documento presentamos una primera entrega de la revisión bibliográfica sobre los impactos de los cultivos y alimentos transgénicos como aporte para el debate en el marco de esta campaña nacional. Destacamos que está ampliamente reportado en la literatura científica el impacto que han tenido estos productos de la ingeniería genética a nivel mundial.

http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/IMPACTO_DE_LOS_CULTIVOS_Y_ALIMENTOS_TRANSGENICOS


@twewwter

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