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A 2 años de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakola.

A Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de Mexico

A Gabino Cué Monteagudo
Gobernador de Oaxaca

A la opinión pública

Dos años pueden decirse fácil para quienes no han perdido de manera violenta a un ser querido; para quienes deciden los cambios que enfrentan la mayoría, argumentado que lo hacen por el bienestar del país; para quienes dicen representar a México e imponen, con soberbia, estrategias de control social para generar miedo y, con ello, militarizan el país y endurecen su política para criminalizar a las sociedad hasta llegar a establecer un Estado terrorista que persigue, asesina, encarcela y desaparece a quienes estamos en descuerado con ustedes.

Esta guerra es una cortina de humo que oculta lo que realmente está pasando: el despojo de nuestros territorios, el saqueo de nuestros recursos naturales, la pérdida de nuestra soberanía, el desmantelamiento de toda resistencia, la ruptura del tejido social y el desmantelamiento las formas de organización de los pueblos originarios que se ha manteniendo milenariamente. Todo esto busca someter nuestras voluntades a un acto de obediencia, lo cual ha generando una profunda herida en nuestro país, en nuestros pueblos, y ha dejado a miles de hijos huérfanos, mujeres viudas, madres sin hijos y esposos, mujeres desaparecidas y ultrajadas, todos víctimas de una violencia que no se detiene y se repite de continuo en este país.

Además, a dos años no puedo hablar de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sin nombrar y demandar justicia por los asesinatos de muchos dirigentes sociales, mujeres y hombres defensores de nuestros derechos. Niños, mujeres y hombres que hoy viven desplazados de sus comunidades por defender la autonomía y la autoderteminación de los pueblos; porque proponen una manera diferente de hacer política, misma que nace y se construye desde abajo. Todas estas mujeres y hombres en algún momento tomaron la decisión de no quedarse callados y enfrentar la tiranía que aún prevalece en nuestro país, lo cual no es cosa fácil, pues está solapada por las instancias que deberían impartir justicia, la clase política, los partidos políticos y el crimen organizado. Al final, son todas lo mismo.

A dos años del arrebato de nuestra compañera Bety, el gobierno que representa Felipe Calderón ha incumplido una y otra vez su palabra. ¿Donde están los compromisos de la procuradora, quien se llenó la boca al decir que ya se había detenido a gente implicada en este asesinato? Porque quienes estuvieron ahí conocen sus nombres: Rufino Juárez no fue detenido ni ha sido juzgado por el asesinato de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola. ¡No nos quieran engañar!

Porque hoy, una vez más, después de dos años, seguimos viendo cómo se encumbre y se defiende a asesinos y tiranos como Ulises Ruiz Ortiz y todos los que decidieron el ataque a la caravana que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril de 2010.

Ante la ausencia e incompetencia de la Procuraduría tuvimos que ser nosotros, los familiares, quienes indagáramos y buscáramos la verdad. Por otro lado, en los últimos días, representantes del Gobierno Federal buscan por todos los medios evitar acciones legales contra Ulises Ruiz Ortiz. De esta forma, pregunto: ¿cuáles son los compromisos que mantienen, señor presidente, señor gobernador, a dos años de mentiras al gobierno finlandés, a los familiares de Jyri, a l@s eurodiputad@s y a una sociedad que demanda JUSTICIA, como los familiares de los 60 mil muertos de este sexenio? Sólo quiero decirles que nosotros, al igual que ustedes, ¡sabemos la VERDAD! Sabemos que ustedes NO quieren se resuelva este crimen.

Asimismo, para nosotros no basta con detener a los asesinos materiales de Bety: exigimos el desmantelamiento de las redes de control y de impunidad, se castiguen a todos los responsables implicados, entre los que destacan funcionarios de los tres niveles del anterior gobierno de Oaxaca, muchos de ellos vinculados a los paramilitares de UBISORT.

Y nuevamente invitamos a la movilización que realizaremos el día 27 de abril en Huajuapan de León, Oaxaca, a la altura de El Chacuaco, a las 9 de la mañana. Los familiares de Bety y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista esperamos nos acompañen, para recordar y decirle a Bety vive en la memoria de los que buscamos un mundo diferente, en la historia de un pueblo que sigue luchando por su dignidad y en nuestros corazones.

¡Por la desmilitarización y desparamilitarización de Oaxaca y del país!

¡Justicia a todas y todos los 60 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado!

¡Cárcel a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución de Bety y Jyri!

¡Justicia para Bety Cariño!

¡Justicia para Jyri Jaakkola!

¡Justicia para nuestras familias!

¡Basta ya de impunidad!

Omar Esparza
MAIZ

http://www.proyectoambulante.org

AMNESTY INTERNATIONAL: INVESTIGATION NEEDED INTO ATTACK ON MEMBERS OF MEXICAN INDIGENOUS COMMUNITY.

Amnesty International has urged the Mexican authorities to investigate an attack on members of an Indigenous Triqui community in the state of Oaxaca after a man and woman were shot dead by an armed group with alleged links to the authorities.

Gunmen ambushed five members of an Indigenous people’s organization near the village of Tres Cruces on Saturday 16 October, killing Teresa Ramirez Sánchez and Serafin Ubaldo Zurita. Two other men and a woman, whose names are withheld to protect them, survived the attack. One remains in hospital.

“This attack heightens the need for the authorities to protect the survivors, but also to take immediate steps to restore rule of law and protect human rights in this troubled part of southern Mexico,” said Kerrie Howard, Americas deputy director at Amnesty International.

“Armed groups have been operating in the area with impunity for many years. The authorities must act to restore the law, starting with a prompt and thorough investigation into the killings of Teresa Ramirez Sánchez and Serafin Ubaldo Zurita.”

The Inter-American Commission on Human Rights this month called on the Mexican authorities to protect the communities.

The five victims of the attack, which took place between the towns of Santiago Juxtlahuaca and Yosoyuxi, were members of a political group known as the Independent Movement for Triqui Unity and Struggle (MULTI).

The MULTI, supported by 700 Triqui people, established the autonomous Indigenous municipality of San Juan Copala on 1 January 2007.

In September 2010, armed members of two other Triqui Indigenous people’s organizations, known as UBISORT and MULT, took over the autonomous municipality of San Juan Copala and occupied the town. All residents identified as belonging to MULTI fled the town and relocated to neighbouring areas such as Yosoyuxi.

San Juan Copala was under siege from November 2009 until September 2010, with armed groups surrounding the community and firing into the streets on a daily basis to intimidate local residents, many of whom had supported the MULTI. During the siege food, water and medical supplies were cut off.

On 27 April 2010, armed men belonging to UBISORT ambushed a humanitarian convoy near San Juan Copala and killed two human rights defenders. On 7 September, armed men attacked and wounded two indigenous women from San Juan Copala. No one has been brought to justice for these crimes.

For many years, armed groups, some believed to have links with local and state authorities, have harassed and killed Triqui Indigenous people because of their perceived affiliation with local Indigenous organizations. The state and federal authorities have taken insufficient action to dismantle the armed groups.

http://www.amnesty.org

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84691

San Juan Copala:Nueva Agresión, 2 asesinados y un herido grave.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

A LA OTRA CAMPAÑA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO

Compañeras, compañeros:

La comunidad Triqi de San Juan Copala hoy desplazada de su pueblo por el mal gobierno y sus sicarios se dirigen a las mujeres y hombres que tienen bueno su corazón para denunciar que la maldad y la ambición del poderoso no tiene limites, y no conformes con despojarnos de nuestro pueblo, los habitantes de Copala aun fuera de nuestra tierra seguimos siendo masacrados por paramilitares al servicio de este maldito sistema capitalista, quienes todavía tienen la desfachatez de llamarse gente de izquierda.

Ayer por la tarde fueron brutalmente asesinados en una emboscada en el paraje tres cruces cuando se dirigían a Yosoyuxi Copala los compañeros Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo resultando herido de gravedad el compañero Jordán Ramírez González. Los últimos informes que tenemos es que Jordán no pudo ser atendido en el Hospital de Juxtlahuaca por que criminales de estos grupos se encontraban a las afueras y no conformes con eso anduvieron patrullando con hombres armados buscando a nuestro compañero para rematarlo mientras la policía hace como que no ve o como que no está, esto se explica porque Jordán es de los compañeros mas comprometidos con la autonomía y por que fue de los últimos en salir de Copala el día 19 de septiembre. Primero quiso estar seguro que ya no quedaba nadie de los compañeros para salir, solo entonces decidió salir él.

Es esa la respuesta del gobierno mexicano a las medidas cautelares que dicto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esa la respuesta del MULT por no aceptar su dialogo amañado y convenenciero. Lo que para nosotros resulta mas doloroso es que hoy todavía haya quienes se atrevan a ver este genocidio como una lucha interétnica cuando en realidad se trata de terminar con una forma de gobierno diferente al de este sistema criminal. Se trata de un genocidio para sepultar nuestra historia porque le tienen miedo. Se trata de una masacre que grupos PRIISTAS realizan contra nuestro pueblo por no alinearnos sumisamente como lo hizo la dirigencia del MULT con los dos últimos gobiernos de Oaxaca. Para los que no saben la UBISORT nació en el año 1994 y en 2006 prácticamente desapareció pues solo quedaron de ella unos cuantos pistoleros que siempre han trabajado directamente con los gobiernos( toño pajaro, Rufino Juárez…). Nosotros no nos someteremos jamás para permitir el robo de nuestros recursos naturales, nosotros no nos alinearemos jamás para sus campañas a favor del PRI con su partido CARICATURA regalo de José Murat.

Los niños, mujeres , ancianos, todos los autónomos como nos llaman en nuestra región preguntamos: ¿Así se va a un dialogo?. Respondemos a quienes en días pasados de manera por demás cobarde nos invitan a deponer las armas y sentarnos al dialogo: No creen señores que si tuviéramos armas nosotros, por el mínimo sentido de sobre vivencia, los muertos fueran de los dos lados?. Ya basta, infórmense bien y si de veras son adherentes a la otra campaña hagan honor a su militancia.

Llamamos a todos los compañeros de la otra campaña que en verdad lo son y a los que sin ser de la otra son compañeros en verdad a visitar nuestro campamento donde poco a poco van llegando los compañeros desplazados, en el zócalo de Oaxaca, y donde compañeros médicos de esos que este país tanto necesita, o sea de esos médicos que caminan abajo y al izquierda, curan a nuestros heridos ahí se podrán informar por su misma voz quien los hirió y quien masacro a nuestro pueblo.

¡Respeto a la vida y a la dignidad de los desplazados!

¡Basta de silencio cómplice!

¡No más violencia!

R E S P E T U O S A M E N T E

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

Pedro Matías Arrazola: La guerra civil triqui.

San Juan Copala, Oaxaca, se convirtió en el eje de la lucha fratricida que libran tres organizaciones de la etnia triqui. Las tres se disputan a tiros el control político de la región.

La más reciente ofensiva, que en abril pasado causó la muerte de dos activistas de los derechos humanos, llegó a su punto más sangriento el 17 de septiembre, cuando comandos del MULT y la Ubisort (presuntamente financiados por la administración oaxaqueña) se lanzaron al saqueo y al asesinato de los habitantes de Copala, quienes se habían declarado municipio autónomo… Y sin embargo los líderes de las tres organizaciones se dicen dispuestos al diálogo.

JUXTLAHUACA, OAX.- Con una “estrategia de contrainsurgencia y táctica paramilitar”, los grupos armados que operan en la región triqui sometieron a tiros y expulsaron a casi todos los habitantes de San Juan Copala.

Durante casi un año los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tuvieron bajo asedio a esa comunidad indígena que era controlada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2006 se escindió de la primera organización y al año siguiente declaró la independencia del municipio.

Según fuentes gubernamentales, alrededor de 800 habitantes de San Juan Copala tuvieron que refugiarse en las comunidades aledañas. Uno de los desplazados comenta: “Aquí (en el municipio autónomo) ya no somos libres; no hay gobierno. Aquí gobiernan las armas. Ni el Ejército es capaz de entrar y los policías le tienen miedo a los paramilitares”.

Ahora, dicen los desplazados, los paramilitares van por las comunidades de Agua Fría, Yosoyuxi, Paraje Pérez y Santa Cruz a fin de dominar la región Triqui Baja.

Si alguien quiere entrar a San Juan Copala necesita un salvoconducto. Si no lo tiene puede morir.

El pasado 27 de abril, una caravana humanitaria que llevaba alimentos a esa comunidad fue emboscada. En el ataque murieron la activista mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola (Proceso 1748). La violencia entre triquis ha durado al menos 29 años. Los mismos que tiene el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Para llegar a la comunidad de Rastrojo, centro de operaciones del grupo, hay que librar varios retenes de militantes armados. Exmilitantes de esa organización, que pidieron a Proceso no revelar sus nombres, afirman que los miembros del MULT disponen de armas de uso exclusivo del Ejército y radios de comunicación, por lo que cada vez que un desconocido entra a la zona todas las comunidades se enteran de inmediato.

Exintegrantes de la organización afirman que localizar a Rufino Merino Zaragoza, lugarteniente de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, es difícil: nunca se sabe dónde se harán sus reuniones; por motivos de seguridad siempre tienen lugar en lugares diferentes. “Hay 10 o 15 hombres armados a su lado, además de un equipo de seguridad de ocho personas”.

Aunque en Rastrojo no hay un campo formal de entrenamiento militar, la instrucción para el uso de armas se realiza ahí con las plantaciones como tiro al blanco. Ahora, se quejan algunas indígenas consultadas por este semanario, “se entrenan apuntando y tiroteando a las mujeres, a los niños, a los pollos, los marranos y los perros”.

Denuncian que a los niños se les enseña a ser asesinos. Aunque no los reclutan directamente, a menores de entre 12 y 16 años los convencen de que “son más fuertes si tienen un arma… entonces van solitos”.

También les venden la idea de que “el estudio no sirve, el estudio no te va a defender de una bala” y les dicen que les van a pagar 20 mil pesos si matan a alguien. “Su pobreza y el ansia de poder y dinero los motivan a enrolarse en el agrupo armado”, dice uno de los entrevistados.

Funcionarios del gobierno oaxaqueño, cuyos nombres se reservan, informan que los tres grupos de la Región Triqui están armados.

Agregan que para entrar a la región triqui es necesario el salvoconducto de los líderes del MULT (Heriberto Pazos Ortiz o Rufino Merino Zaragoza), de la Ubisort (Rufino Juárez Hernández y Antonio Cruz López) o del MULTI (Jorge Albino Ortiz).

Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que el gobierno del estado financia al MULT con 200 millones de pesos anuales y a la Ubisort con 60 millones.

Estado fallido

Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Francisco Wilfrido Mairen Peláez, San Juan Copala representa el fracaso de la política. “No hay que ir más lejos para comprobar el Estado fallido”, afirma.

Agrega que si Felipe Calderón y Ulises Ruiz son incapaces de pacificar a la comunidad triqui, “menos van a poder ganar la guerra contra el crimen organizado”.

Lo más lamentable, dice, es que “el gobierno de Ulises Ruiz se ha convertido en una carroza para sacar los muertos o ambulancia para ir por los heridos de la zona de guerra en que se ha transformado San Juan Copala debido a su ineptitud para atender los grandes problemas de Oaxaca”.

El subsecretario de Gobierno estatal, Joaquín Rodríguez Palacios, reconoce que desde octubre del año pasado se reiniciaron las hostilidades entre triquis; sin embargo en marzo de este año se recrudecieron y desde entonces “tenemos un estado de excepción” en San Juan Copala.

“No tenemos garantizados los insumos para los alimentos de la comunidad, están suspendidos los servicios educativos, no se inició el ciclo escolar 2010-2011, no hay servicios de salud y no hay agua potable ni energía eléctrica”.

Todo esto, según Rodríguez Palacios, es consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre ante la ausencia de los instrumentos de seguridad que tiene el estado y de la impunidad con la que se han conducido los agresores de uno y de otro lado.

Recordó que en abril de 1997, con Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador, se logró suscribir un Acuerdo de Paz, Tranquilidad y Concordia en la Región Triqui, que se ratificó en junio de 2001 en el gobierno de José Murat Casab; sin embargo, en la administración de Ulises Ruiz no se llegó a ningún acuerdo con las facciones en pugna.

“El estado incurre en una grave omisión porque no está proporcionando lo que por garantía constitucional pertenece a los habitantes de San Juan Copala: la seguridad y el derecho a la vida”, dice el funcionario estatal.

“Además no hay servicios y eso es gravísimo. Están en un estado de excepción, en un estado de sitio porque no tenemos presencia de gobierno”.

La fractura

Las fuentes del gobierno oaxaqueño informan que el MULT –que lleva 29 años en la región encabezado por Heriberto Pazos Ortiz– en algún momento se consideró de izquierda, pero

durante la administración de Murat Casab fue cooptada por el gobierno priista, a tal grado que en 2004 apoyaron a Ulises Ruiz por medio del Partido de Unidad Popular.

Ese hecho generó una división. En 2006 un grupo se escindió del MULT y formó el MULTI, que en enero de 2007 creó –siguiendo el ejemplo del EZLN en Chiapas– el municipio autónomo de San Juan Copala que, de acuerdo con la división territorial, política y administrativa de Oaxaca, tiene la categoría de agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca.

La Ubisort, dicen las fuentes, creció al amparo del PRI y en años recientes ha tenido el apoyo de Jorge Franco Vargas, exsecretario general de Gobierno de Ulises Ruiz.

Ahora las tres agrupaciones se disputan el territorio triqui, particularmente San Juan Copala, donde el MULT –que había venido perdiendo fuerza– trata de recuperar poder mediante las armas.

Hay un autogobierno armado en la región triqui porque los líderes del MULT se erigen en poder supremo, designan a personas incondicionales y los improvisan como jueces o ministerios públicos para castigar a quien se rebela o no cumple sus órdenes.

Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx

Avaricia minera, trasfondo en San Juan Copala,Oaxaca.

La agresión de los paramilitares de Ubisort y MULT-PUP contra el municipio autónomo de San Juan Copala ha sido cuidadosamente descifrada y denunciada. Falta, sin embargo, atender un punto que reilumina la interpretación: los yacimientos mineros de Juxtlahuaca, el pequeño municipio donde el gobierno de Oaxaca decidió, desde 1948, encerrar y castigar al ancestral Chumaa de San Juan Copala, arrebatándole a esta asamblea territorial de los triquis su reconocimiento como municipio soberano de la entidad.

Aunque con tradición minera, Oaxaca y el sureste de México eran consideradas regiones de baja productividad minera. Pero la enormísima demanda global de minerales, la consiguiente crisis de reservas mineras, y la revolución en las técnicas y la geografía de la extracción, hacen que hoy se pretenda explotar reservas de rocas con muy poca y dispersa mineralización.

Con estos criterios, ahora 70 por ciento del territorio nacional, según declara cínicamente Sergio Almazán (director general de la Cámara Minera de México), es considerado como susceptible de contener “grandes yacimientos”.

No parecen importar el inquietante agotamiento de los recursos, la elevación de sus precios, la aplicación de nuevas y costosas técnicas extractivas, la escala descomunal de las minas, la baja tasa y la alta masa de ganancias, y los descomunales pasivos ambientales que se generan.

Es la minería a cielo abierto, que demuele montañas enteras con 2 ó 3 grandes explosiones por día. En breves lapsos se forman descomunales cráteres de 6 kilómetros de largo, 2 a 4 de ancho y entre 3 y 5 de profundidad, mientras millones de toneladas de roca se trituran al tamaño de una pulgada, para luego lixiviarlas con grandes montos de variadas sustancias químicas. Hay una brutal ruptura de los flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible de los ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras.

Con esta nueva sobreexplotación, las mineras chocan frontalmente con comunidades, regiones o naciones y entonces recurren a la violencia abierta para imponer sus intereses monetarios.

En México, los gobiernos neoliberales reformaron la Ley de Minas en 1992, 1995 y en 2005, y aplican políticas económicas que le entregan nuestras rocas a empresas privadas, mexicanas o extranjeras. Desclasificaron los minerales estratégicos (con excepción del uranio), permitieron concesiones de estos materiales a las transnacionales (sobre todo canadienses), otorgaron concesiones de hasta 50 años (ampliables a 100) y mezclan concesiones de exploración y de explotación.

El sureste mexicano adquirió así una importancia inusitada. Sin considerar exhaustiva la información del oficial Consejo de Recursos Minerales  (CRM), éste rebela el nuevo significado de Oaxaca, pues la reporta como una de las principales áreas mineras del país. En 2007, el crm reportaba 4 yacimientos de molibdeno, 5 de mercurio, 6 de níquel, 8 de uranio, 8 de cobalto, 9 de torio, 18 de titanio, 22 de antimonio, 32 de manganeso, 34 de zinc, 51 de cobre, 52 de plomo, 55 de fierro, 192 de oro y 194 de plata: yacimientos simples o polimetálicos concentrados en la Mixteca, los Valles Centrales y la Sierra Sur. De 570 municipios oaxaqueños, 201 poseen yacimientos mineros estratégicos.

Como en África o Colombia, las grandes empresas mineras transnacionales, sobre todo las canadienses, promueven la ingeniería de conflictos en las comunidades, y los desplazamientos y el exterminio en zonas prioritarias para la explotación, hay que repasar la geografía de los asesinatos de lideres comunitarios cometidos en los últimos sexenios en Oaxaca.

La virulencia de las empresas mineras en las zonas de su interés que están pobladas es un hecho documentado y cada vez más habitual en Oaxaca: pobladores envenenados en la cuenca alta del río Largo por la extracción de oro en Calpulalpan (Sierra Norte); asedio contra la población y emigración de Loxichas para extraer titanio en la Sierra Sur; diez años de provocaciones constantes en las inmediaciones de Textitlán y Zaniza, en la Sierra Sur por un descomunal yacimiento de hierro; las recientes provocaciones que padecen los habitantes de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, Maguey Largo y el Cuajilote por frenar las minas de oro que se pretenden abrir en Valles Centrales.

Es prioritario indagar los motivos de los asesinatos comunitarios ocurridos en Oaxaca. Revisar la larga lista de asesinatos políticos fríamente planeados en torno del municipio autónomo de San Juan Copala. Ocurre que en el municipio de Juxtlahuaca se localizan once yacimientos de metales importantes. Tres de antimonio, dos de cobre, dos de fierro, uno de oro, uno de plata, y dos polimetálicos: uno de oro, plata y antimonio, en el extremo norte del municipio; otro de cinco metales (oro, plata, antimonio, plomo y zinc) a menos de cuatro kilómetros de San Juan Copala.

Si el último yacimiento polimetálico ya se concesionó a alguna empresa privada que todavía nos es desconocida (lo que es casi seguro por la última reforma a la ley minera), es probable que los empresarios de esta potencial mina a cielo abierto (ubicada en los 17°:09’ N y 97°:59’ O) procurarán que el ancestral Chumaa (en los 17°:11’ N y 97°:57’ O) del municipio autónomo de San Juan Copala sea devorado por su correspondiente cráter.

Andrés Barreda

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/09/oja162-copala.html

San Juan Copala y el Estado fallido.

Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental – garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.

Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.

San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.

La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.

El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria, compuesta por 27 personas y seis vehículos se puso en marcha. Su intención era romper el cerco ilegal y llevar víveres y medicamentos a sus pobladores. Cerca de la población la caravana fue brutalmente atacada por los paramilitares. La mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola murieron; otros fueron heridos durante la huida, y varios más, retenidos y liberados días después. Desde entonces no sólo nadie ha podido entrar en San Juan Copala, sino que el estado de sitio se ha recrudecido. La Ubisort, de manera semejante a lo que sucedió en Sarajevo, ha apostado francotiradores en la parte alta del pueblo con la consigna de disparar a quien esté en la calle, y desde que los paramilitares se adueñaron del territorio hasta el momento en que escribo hay 500 desplazados, 30 asesinados y un número indeterminado de heridos.

Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto bajo el mandato de Ulises Ruiz como del actual gobernador de la coalición, Gabino Cué, se escuda en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”. El senador Carlos Jiménez Macías lo dijo a raíz del atentado que sufrió la caravana humanitaria donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida: “Quienes organizan caravanas con extranjeros son los verdaderos asesinos (…) Si conduces gente hacia una emboscada, ¿eres o no responsable de lo que va a suceder? Los culpables son los que los llevaron allí” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Calificar de “región peligrosa” a la mixteca y responsabilizar del atentado a testigos civiles que, frente a la inoperancia del Estado, llevan ayuda humanitaria a una población secuestrada, no es sólo el colmo del cinismo, sino el alarde de que el Estado hoy sólo sirve para administrar la impunidad, porque sabemos muy bien que bajo el poder del Estado se creó en San Juan Copala la Ubisort, se formó a los paramilitares y se les dotó de armas de uso exclusivo del Ejército y de sistemas de comunicación; asimismo, bajo el poder del Estado se declaró “zona de peligro” a la región mixteca y se ha evitado que las fuerzas de la legalidad entren en ese territorio y garanticen la vida y la libertad de los ciudadanos de Copala y de las caravanas humanitarias. Bajo ese mismo poder se ha dejado a Ciudad Juárez a merced de otras formas del paramilitarismo: las del crimen organizado.

El ciudadano del Estado moderno mexicano comienza a parecerse a ese “cliente generalizado” del que habla Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo?, ese cliente “que (bajo el espectro del miedo terminará ejecutando) celosamente todo lo que se le ordena hacer y no (se opondrá) a que sus gestos más cotidianos –su salud, sus diversiones, sus actividades, su alimentación y sus deseos– sean comandados y controlados hasta en sus detalles más íntimos por dispositivos”.

En una obra anterior, Homo sacer, a la que me referí en mi artículo El hombre desnudo y la guerra de Calderón (Proceso 1756), Agamben comparó a ese ciudadano con el “hombre sagrado” al que, según el derecho romano, la república no podía matar, pero cuyo asesino gozaría de la impunidad. De esa impunidad gozan hoy no sólo los soldados que, en su persecución de criminales, matan ciudadanos, sino también los que no son soldados, esos mercenarios a sueldo que sirven a innumerables poderes tanto en la región triqui como en Ciudad Juárez.

Hoy más que nunca urge repensar y refundar el Estado desde las vidas comunitarias de las regiones. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

Javier Sicilia.

http://data.proceso.com.mx

Recomendación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca al gobierno de Oaxaca por caso Copala.

Al Secretario General de Gobierno del Estado:

Única. Conforme a sus atribuciones, se realicen todas las gestiones pertinentes para lograr acuerdos entre las tres organizaciones que existen en la región triqui, que permitan se restaure el orden, la paz social y la convivencia armónica, entre sus pobladores, fomentando para ello la participación activa de sus habitantes.

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:

Primera. En coordinación con las demás instancias competentes, implemente dentro del ámbito de su competencia, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes de los habitantes de la región triqui, así como el libre tránsito, a efecto de evitar nuevos hechos de violencia como los aquí analizados.

Segunda. Por los medios legales correspondientes, gire instrucciones a los agentes estatales de investigación que tienen a su cargo la ejecución de las órdenes de aprehensión relativas a delitos cometidos en la región triqui, a fin de que se ejecuten dichos mandatos, agotando para ello todos los medios que estén a su alcance, y en coordinación con los ofendidos y víctimas del delito.

Tercera. Si dentro del plazo concedido en la presente recomendación no se ejecutaran los mandatos aprehensorios de referencia, se inicie y concluya Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables de su cumplimiento, imponiéndoles las sanciones que resulten aplicables, salvo el caso de que la naturaleza de los mismos impidan material o jurídicamente su ejecución dentro del término señalado; pero en dicha hipótesis deberá remitir las constancias que así lo demuestren fehacientemente.

Cuarta. De manera coordinada con la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se brinde la seguridad necesaria al personal médico y educativo asignado a la zona en conflicto, para que puedan restablecerse dichos servicios.

A la Secretaria de Salud del Estado:

Única.- En coordinación con las demás instancias de Gobierno que tengan injerencia en la problemática estudiada, entre las que se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y el Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, implemente todas las medidas necesarias para que se restaure de manera segura el servicio médico en la población de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y zonas aledañas, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes.

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

Primera. Gire sus instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación e integración de los legajos de investigación relacionados con los hechos que han venido ocurriendo en la zona triqui, a fin de que se determinen dichos procedimientos en el plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, salvo que exista impedimento plenamente justificado. De no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes.

Al Director General de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca:

Única. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, implemente las medidas necesarias para restablecer, en forma inmediata y con la seguridad requerida, el servicio en los planteles educativos dependientes de ese Instituto ubicados en Unión de los Ángeles, San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y demás poblaciones aledañas.

Al Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca:

Primera. Conforme a sus atribuciones legales, realice todas aquellas actividades que conduzcan a una relación armónica entre el municipio y sus agencias, privilegiando para ello el diálogo.

Segunda. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se adopten las medidas de seguridad correspondientes para que puedan normalizarse los servicios de salud y educativos en San Juan Copala, y demás comunidades de la región.

Es importante destacar que las autoridades a las que se dirige dicha recomendación tienen 15 días a partir de la notificación para determinar si aceptan o no la resolución hecha por el Organismo defensor de los Derechos Humanos.

La CDDHO seguirá pendiente con la finalidad de dar seguimiento para el cumplimiento de los puntos que han sido recomendados.


@twewwter

July 2017
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