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A 2 años de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakola.

A Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de Mexico

A Gabino Cué Monteagudo
Gobernador de Oaxaca

A la opinión pública

Dos años pueden decirse fácil para quienes no han perdido de manera violenta a un ser querido; para quienes deciden los cambios que enfrentan la mayoría, argumentado que lo hacen por el bienestar del país; para quienes dicen representar a México e imponen, con soberbia, estrategias de control social para generar miedo y, con ello, militarizan el país y endurecen su política para criminalizar a las sociedad hasta llegar a establecer un Estado terrorista que persigue, asesina, encarcela y desaparece a quienes estamos en descuerado con ustedes.

Esta guerra es una cortina de humo que oculta lo que realmente está pasando: el despojo de nuestros territorios, el saqueo de nuestros recursos naturales, la pérdida de nuestra soberanía, el desmantelamiento de toda resistencia, la ruptura del tejido social y el desmantelamiento las formas de organización de los pueblos originarios que se ha manteniendo milenariamente. Todo esto busca someter nuestras voluntades a un acto de obediencia, lo cual ha generando una profunda herida en nuestro país, en nuestros pueblos, y ha dejado a miles de hijos huérfanos, mujeres viudas, madres sin hijos y esposos, mujeres desaparecidas y ultrajadas, todos víctimas de una violencia que no se detiene y se repite de continuo en este país.

Además, a dos años no puedo hablar de Bety Cariño y Jyri Jaakkola sin nombrar y demandar justicia por los asesinatos de muchos dirigentes sociales, mujeres y hombres defensores de nuestros derechos. Niños, mujeres y hombres que hoy viven desplazados de sus comunidades por defender la autonomía y la autoderteminación de los pueblos; porque proponen una manera diferente de hacer política, misma que nace y se construye desde abajo. Todas estas mujeres y hombres en algún momento tomaron la decisión de no quedarse callados y enfrentar la tiranía que aún prevalece en nuestro país, lo cual no es cosa fácil, pues está solapada por las instancias que deberían impartir justicia, la clase política, los partidos políticos y el crimen organizado. Al final, son todas lo mismo.

A dos años del arrebato de nuestra compañera Bety, el gobierno que representa Felipe Calderón ha incumplido una y otra vez su palabra. ¿Donde están los compromisos de la procuradora, quien se llenó la boca al decir que ya se había detenido a gente implicada en este asesinato? Porque quienes estuvieron ahí conocen sus nombres: Rufino Juárez no fue detenido ni ha sido juzgado por el asesinato de Bety Cariño y de Jyri Jaakkola. ¡No nos quieran engañar!

Porque hoy, una vez más, después de dos años, seguimos viendo cómo se encumbre y se defiende a asesinos y tiranos como Ulises Ruiz Ortiz y todos los que decidieron el ataque a la caravana que se dirigía a San Juan Copala el 27 de abril de 2010.

Ante la ausencia e incompetencia de la Procuraduría tuvimos que ser nosotros, los familiares, quienes indagáramos y buscáramos la verdad. Por otro lado, en los últimos días, representantes del Gobierno Federal buscan por todos los medios evitar acciones legales contra Ulises Ruiz Ortiz. De esta forma, pregunto: ¿cuáles son los compromisos que mantienen, señor presidente, señor gobernador, a dos años de mentiras al gobierno finlandés, a los familiares de Jyri, a l@s eurodiputad@s y a una sociedad que demanda JUSTICIA, como los familiares de los 60 mil muertos de este sexenio? Sólo quiero decirles que nosotros, al igual que ustedes, ¡sabemos la VERDAD! Sabemos que ustedes NO quieren se resuelva este crimen.

Asimismo, para nosotros no basta con detener a los asesinos materiales de Bety: exigimos el desmantelamiento de las redes de control y de impunidad, se castiguen a todos los responsables implicados, entre los que destacan funcionarios de los tres niveles del anterior gobierno de Oaxaca, muchos de ellos vinculados a los paramilitares de UBISORT.

Y nuevamente invitamos a la movilización que realizaremos el día 27 de abril en Huajuapan de León, Oaxaca, a la altura de El Chacuaco, a las 9 de la mañana. Los familiares de Bety y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista esperamos nos acompañen, para recordar y decirle a Bety vive en la memoria de los que buscamos un mundo diferente, en la historia de un pueblo que sigue luchando por su dignidad y en nuestros corazones.

¡Por la desmilitarización y desparamilitarización de Oaxaca y del país!

¡Justicia a todas y todos los 60 mil muertos por la guerra contra el crimen organizado!

¡Cárcel a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución de Bety y Jyri!

¡Justicia para Bety Cariño!

¡Justicia para Jyri Jaakkola!

¡Justicia para nuestras familias!

¡Basta ya de impunidad!

Omar Esparza
MAIZ

http://www.proyectoambulante.org

Comunicado: Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Al pueblo explotado de México y el mundo:
A la Otra Campaña Nacional e Internacional:
A las Organizaciones solidarias con la lucha Triqui:
A todos los Organismos de derechos Humanos independientes:

Octubre, 2010

La autonomía en la región triqui se declara formalmente en el año de 2007, con el consenso de 10 comunidades; estableciéndola en el centro ceremonial de San Juan Copala, Oaxaca. La historia del pueblo triqui nos habla de más de 500 años de resistencia a la conquista e intervención de múltiples entes políticos, a través de la colonización interna y externa del sistema capitalista para generar violencia entre las comunidades triquis.

Antes surgieron múltiples intentos entre los triquis para establecer la paz en la región y así enfrentar la guerra colonizadora capitalista. Se creó el CLUB en los 70´s y el MULT en los 80´s, este comienza a tener una política diferente en el año del 2003 con la conformación del Partido unidad Popular, el cual se quiso imponer a la postura de no a los partidos políticos, por lo cual varios fundadores del MULT conforman el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el cual después de un acuerdo con la población triqui da paso a la formación del Municipio autónomo de San Juan Copala.
El Municipio Autónomo logra detener la violencia en la región y frenar los asesinatos por un tiempo, por eso la autonomía fue generando la simpatía entre los triquis. En noviembre del 2009 el Estado intensifica la represión por medio de un cerco paramilitar, operado por las dirigencias de MULT-PUP y UBISORT (se impide el paso a una caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco), lo que coincide además con la aparición de los procesos electorales para renovar alcaldías en octubre de ese año. Luego de cerca de 30 asesinatos desde el 2008 a la fecha en San Juan Copala, el Municipio Autónomo fue desalojado por más de 500 hombres armados apoyados por la policía estatal y municipal, el 13 de septiembre del 2010, destruyendo, quemando y robando las casas.
Por estos hechos la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “… solicitó al Estado mexicano establecer medidas cautelares en favor de 135 triquis del municipio autónomo de San Juan Copala –todas y todos ellos desalojados- ante las agresiones de grupos paramilitares” (La Jornada, 10 de octubre). Pero el 16 de octubre fueron emboscados triquis desplazados de la comunidad, siendo asesinadas dos personas, y dos más resultaron gravemente heridas, pese a las medidas cautelares.
Desde que surgió el Municipio Autónomo de San Juan Copala la estrategia de lucha ha sido pacifica y la orientación era hacer una lucha sin responder con violencia a la violencia.
El asesinato del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, responde a la política represiva del Estado y de intereses políticos para seguir explotando, reprimiendo, colonizando. Después de atacar a la Autonomía, ahora quieren exterminar todo vestigio de la lucha triqui, atacando en su mayoría a esta comunidad, sin importar su afiliación o postura política, teniendo más justificaciones para seguir reprimiendo al Municipio Autónomo.

No olvidamos los asesinatos de Teresa Bautista, Felicitas Martínez, Héctor Antonio Ramírez, Elías Fernández de Jesús, José Celestino Hernández, Beatriz Alberta Cariño, Jiry Jaakkola, Timoteo Alejandro Ramírez (siendo este el líder moral de la comunidad triqui en el municipio), Tleriberta Castro, Antonio Ramírez, Antonio Cruz, Rigoberto González, Pedro Santos, David García, Paulino Ramírez, Serafín Ubaldo Zurita, Teresa Ramírez, ocurridos desde la fundación del Municipio Autónomo a la fecha.

Ninguno de ellos mereció la atención del Estado para asignarles guardias, ni siquiera un pronunciamiento del Gobernador, tanto del saliente (el asesino Ulises Ruiz) como del que está por asumir el cargo (Gabino Cué).

Hacemos responsable al Estado por no haber impedido la masacre en Copala y de haber asesinado a un dirigente del MULT, ya que solo alguien con los recursos suficientes pudo haber burlado la seguridad de Heriberto Pazos quien en vida conformó el Partido de Unidad Popular (PUP), el cual fue participe en algunas alianzas con el PRI y con cierto vinculo al PAN, y que en declaraciones se opuso al proyecto de autonomía.

Nos pronunciamos en contra de que ese asesinato de Estado, sea el pretexto de las autoridades y los paramilitares para seguir masacrando, hostigando y amenazando a los simpatizantes del municipio autónomo en las comunidades, los que se encuentran en los plantones de la ciudad de Oaxaca y en la de México, DF.

Exigimos que las medidas cautelares se hagan extensivas a las familias del municipio autónomo que no son contempladas y el cumplimiento de las mismas.

¡Justicia para San Juan Copala!
¡No a la impunidad, castigo a los culpables materiales e intelectuales de los asesinatos!
¡Respeto al Municipio Autónomo de San Juan Copala!

Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala

AMNESTY INTERNATIONAL: INVESTIGATION NEEDED INTO ATTACK ON MEMBERS OF MEXICAN INDIGENOUS COMMUNITY.

Amnesty International has urged the Mexican authorities to investigate an attack on members of an Indigenous Triqui community in the state of Oaxaca after a man and woman were shot dead by an armed group with alleged links to the authorities.

Gunmen ambushed five members of an Indigenous people’s organization near the village of Tres Cruces on Saturday 16 October, killing Teresa Ramirez Sánchez and Serafin Ubaldo Zurita. Two other men and a woman, whose names are withheld to protect them, survived the attack. One remains in hospital.

“This attack heightens the need for the authorities to protect the survivors, but also to take immediate steps to restore rule of law and protect human rights in this troubled part of southern Mexico,” said Kerrie Howard, Americas deputy director at Amnesty International.

“Armed groups have been operating in the area with impunity for many years. The authorities must act to restore the law, starting with a prompt and thorough investigation into the killings of Teresa Ramirez Sánchez and Serafin Ubaldo Zurita.”

The Inter-American Commission on Human Rights this month called on the Mexican authorities to protect the communities.

The five victims of the attack, which took place between the towns of Santiago Juxtlahuaca and Yosoyuxi, were members of a political group known as the Independent Movement for Triqui Unity and Struggle (MULTI).

The MULTI, supported by 700 Triqui people, established the autonomous Indigenous municipality of San Juan Copala on 1 January 2007.

In September 2010, armed members of two other Triqui Indigenous people’s organizations, known as UBISORT and MULT, took over the autonomous municipality of San Juan Copala and occupied the town. All residents identified as belonging to MULTI fled the town and relocated to neighbouring areas such as Yosoyuxi.

San Juan Copala was under siege from November 2009 until September 2010, with armed groups surrounding the community and firing into the streets on a daily basis to intimidate local residents, many of whom had supported the MULTI. During the siege food, water and medical supplies were cut off.

On 27 April 2010, armed men belonging to UBISORT ambushed a humanitarian convoy near San Juan Copala and killed two human rights defenders. On 7 September, armed men attacked and wounded two indigenous women from San Juan Copala. No one has been brought to justice for these crimes.

For many years, armed groups, some believed to have links with local and state authorities, have harassed and killed Triqui Indigenous people because of their perceived affiliation with local Indigenous organizations. The state and federal authorities have taken insufficient action to dismantle the armed groups.

http://www.amnesty.org

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84691

San Juan Copala:Nueva Agresión, 2 asesinados y un herido grave.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

A LA OTRA CAMPAÑA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO

Compañeras, compañeros:

La comunidad Triqi de San Juan Copala hoy desplazada de su pueblo por el mal gobierno y sus sicarios se dirigen a las mujeres y hombres que tienen bueno su corazón para denunciar que la maldad y la ambición del poderoso no tiene limites, y no conformes con despojarnos de nuestro pueblo, los habitantes de Copala aun fuera de nuestra tierra seguimos siendo masacrados por paramilitares al servicio de este maldito sistema capitalista, quienes todavía tienen la desfachatez de llamarse gente de izquierda.

Ayer por la tarde fueron brutalmente asesinados en una emboscada en el paraje tres cruces cuando se dirigían a Yosoyuxi Copala los compañeros Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo resultando herido de gravedad el compañero Jordán Ramírez González. Los últimos informes que tenemos es que Jordán no pudo ser atendido en el Hospital de Juxtlahuaca por que criminales de estos grupos se encontraban a las afueras y no conformes con eso anduvieron patrullando con hombres armados buscando a nuestro compañero para rematarlo mientras la policía hace como que no ve o como que no está, esto se explica porque Jordán es de los compañeros mas comprometidos con la autonomía y por que fue de los últimos en salir de Copala el día 19 de septiembre. Primero quiso estar seguro que ya no quedaba nadie de los compañeros para salir, solo entonces decidió salir él.

Es esa la respuesta del gobierno mexicano a las medidas cautelares que dicto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es esa la respuesta del MULT por no aceptar su dialogo amañado y convenenciero. Lo que para nosotros resulta mas doloroso es que hoy todavía haya quienes se atrevan a ver este genocidio como una lucha interétnica cuando en realidad se trata de terminar con una forma de gobierno diferente al de este sistema criminal. Se trata de un genocidio para sepultar nuestra historia porque le tienen miedo. Se trata de una masacre que grupos PRIISTAS realizan contra nuestro pueblo por no alinearnos sumisamente como lo hizo la dirigencia del MULT con los dos últimos gobiernos de Oaxaca. Para los que no saben la UBISORT nació en el año 1994 y en 2006 prácticamente desapareció pues solo quedaron de ella unos cuantos pistoleros que siempre han trabajado directamente con los gobiernos( toño pajaro, Rufino Juárez…). Nosotros no nos someteremos jamás para permitir el robo de nuestros recursos naturales, nosotros no nos alinearemos jamás para sus campañas a favor del PRI con su partido CARICATURA regalo de José Murat.

Los niños, mujeres , ancianos, todos los autónomos como nos llaman en nuestra región preguntamos: ¿Así se va a un dialogo?. Respondemos a quienes en días pasados de manera por demás cobarde nos invitan a deponer las armas y sentarnos al dialogo: No creen señores que si tuviéramos armas nosotros, por el mínimo sentido de sobre vivencia, los muertos fueran de los dos lados?. Ya basta, infórmense bien y si de veras son adherentes a la otra campaña hagan honor a su militancia.

Llamamos a todos los compañeros de la otra campaña que en verdad lo son y a los que sin ser de la otra son compañeros en verdad a visitar nuestro campamento donde poco a poco van llegando los compañeros desplazados, en el zócalo de Oaxaca, y donde compañeros médicos de esos que este país tanto necesita, o sea de esos médicos que caminan abajo y al izquierda, curan a nuestros heridos ahí se podrán informar por su misma voz quien los hirió y quien masacro a nuestro pueblo.

¡Respeto a la vida y a la dignidad de los desplazados!

¡Basta de silencio cómplice!

¡No más violencia!

R E S P E T U O S A M E N T E

MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

Pedro Matías Arrazola: La guerra civil triqui.

San Juan Copala, Oaxaca, se convirtió en el eje de la lucha fratricida que libran tres organizaciones de la etnia triqui. Las tres se disputan a tiros el control político de la región.

La más reciente ofensiva, que en abril pasado causó la muerte de dos activistas de los derechos humanos, llegó a su punto más sangriento el 17 de septiembre, cuando comandos del MULT y la Ubisort (presuntamente financiados por la administración oaxaqueña) se lanzaron al saqueo y al asesinato de los habitantes de Copala, quienes se habían declarado municipio autónomo… Y sin embargo los líderes de las tres organizaciones se dicen dispuestos al diálogo.

JUXTLAHUACA, OAX.- Con una “estrategia de contrainsurgencia y táctica paramilitar”, los grupos armados que operan en la región triqui sometieron a tiros y expulsaron a casi todos los habitantes de San Juan Copala.

Durante casi un año los integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tuvieron bajo asedio a esa comunidad indígena que era controlada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2006 se escindió de la primera organización y al año siguiente declaró la independencia del municipio.

Según fuentes gubernamentales, alrededor de 800 habitantes de San Juan Copala tuvieron que refugiarse en las comunidades aledañas. Uno de los desplazados comenta: “Aquí (en el municipio autónomo) ya no somos libres; no hay gobierno. Aquí gobiernan las armas. Ni el Ejército es capaz de entrar y los policías le tienen miedo a los paramilitares”.

Ahora, dicen los desplazados, los paramilitares van por las comunidades de Agua Fría, Yosoyuxi, Paraje Pérez y Santa Cruz a fin de dominar la región Triqui Baja.

Si alguien quiere entrar a San Juan Copala necesita un salvoconducto. Si no lo tiene puede morir.

El pasado 27 de abril, una caravana humanitaria que llevaba alimentos a esa comunidad fue emboscada. En el ataque murieron la activista mexicana Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola (Proceso 1748). La violencia entre triquis ha durado al menos 29 años. Los mismos que tiene el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Para llegar a la comunidad de Rastrojo, centro de operaciones del grupo, hay que librar varios retenes de militantes armados. Exmilitantes de esa organización, que pidieron a Proceso no revelar sus nombres, afirman que los miembros del MULT disponen de armas de uso exclusivo del Ejército y radios de comunicación, por lo que cada vez que un desconocido entra a la zona todas las comunidades se enteran de inmediato.

Exintegrantes de la organización afirman que localizar a Rufino Merino Zaragoza, lugarteniente de Heriberto Pazos Ortiz, líder del MULT, es difícil: nunca se sabe dónde se harán sus reuniones; por motivos de seguridad siempre tienen lugar en lugares diferentes. “Hay 10 o 15 hombres armados a su lado, además de un equipo de seguridad de ocho personas”.

Aunque en Rastrojo no hay un campo formal de entrenamiento militar, la instrucción para el uso de armas se realiza ahí con las plantaciones como tiro al blanco. Ahora, se quejan algunas indígenas consultadas por este semanario, “se entrenan apuntando y tiroteando a las mujeres, a los niños, a los pollos, los marranos y los perros”.

Denuncian que a los niños se les enseña a ser asesinos. Aunque no los reclutan directamente, a menores de entre 12 y 16 años los convencen de que “son más fuertes si tienen un arma… entonces van solitos”.

También les venden la idea de que “el estudio no sirve, el estudio no te va a defender de una bala” y les dicen que les van a pagar 20 mil pesos si matan a alguien. “Su pobreza y el ansia de poder y dinero los motivan a enrolarse en el agrupo armado”, dice uno de los entrevistados.

Funcionarios del gobierno oaxaqueño, cuyos nombres se reservan, informan que los tres grupos de la Región Triqui están armados.

Agregan que para entrar a la región triqui es necesario el salvoconducto de los líderes del MULT (Heriberto Pazos Ortiz o Rufino Merino Zaragoza), de la Ubisort (Rufino Juárez Hernández y Antonio Cruz López) o del MULTI (Jorge Albino Ortiz).

Las mismas fuentes señalan, sin embargo, que el gobierno del estado financia al MULT con 200 millones de pesos anuales y a la Ubisort con 60 millones.

Estado fallido

Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Francisco Wilfrido Mairen Peláez, San Juan Copala representa el fracaso de la política. “No hay que ir más lejos para comprobar el Estado fallido”, afirma.

Agrega que si Felipe Calderón y Ulises Ruiz son incapaces de pacificar a la comunidad triqui, “menos van a poder ganar la guerra contra el crimen organizado”.

Lo más lamentable, dice, es que “el gobierno de Ulises Ruiz se ha convertido en una carroza para sacar los muertos o ambulancia para ir por los heridos de la zona de guerra en que se ha transformado San Juan Copala debido a su ineptitud para atender los grandes problemas de Oaxaca”.

El subsecretario de Gobierno estatal, Joaquín Rodríguez Palacios, reconoce que desde octubre del año pasado se reiniciaron las hostilidades entre triquis; sin embargo en marzo de este año se recrudecieron y desde entonces “tenemos un estado de excepción” en San Juan Copala.

“No tenemos garantizados los insumos para los alimentos de la comunidad, están suspendidos los servicios educativos, no se inició el ciclo escolar 2010-2011, no hay servicios de salud y no hay agua potable ni energía eléctrica”.

Todo esto, según Rodríguez Palacios, es consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre ante la ausencia de los instrumentos de seguridad que tiene el estado y de la impunidad con la que se han conducido los agresores de uno y de otro lado.

Recordó que en abril de 1997, con Diódoro Carrasco Altamirano como gobernador, se logró suscribir un Acuerdo de Paz, Tranquilidad y Concordia en la Región Triqui, que se ratificó en junio de 2001 en el gobierno de José Murat Casab; sin embargo, en la administración de Ulises Ruiz no se llegó a ningún acuerdo con las facciones en pugna.

“El estado incurre en una grave omisión porque no está proporcionando lo que por garantía constitucional pertenece a los habitantes de San Juan Copala: la seguridad y el derecho a la vida”, dice el funcionario estatal.

“Además no hay servicios y eso es gravísimo. Están en un estado de excepción, en un estado de sitio porque no tenemos presencia de gobierno”.

La fractura

Las fuentes del gobierno oaxaqueño informan que el MULT –que lleva 29 años en la región encabezado por Heriberto Pazos Ortiz– en algún momento se consideró de izquierda, pero

durante la administración de Murat Casab fue cooptada por el gobierno priista, a tal grado que en 2004 apoyaron a Ulises Ruiz por medio del Partido de Unidad Popular.

Ese hecho generó una división. En 2006 un grupo se escindió del MULT y formó el MULTI, que en enero de 2007 creó –siguiendo el ejemplo del EZLN en Chiapas– el municipio autónomo de San Juan Copala que, de acuerdo con la división territorial, política y administrativa de Oaxaca, tiene la categoría de agencia municipal de Santiago Juxtlahuaca.

La Ubisort, dicen las fuentes, creció al amparo del PRI y en años recientes ha tenido el apoyo de Jorge Franco Vargas, exsecretario general de Gobierno de Ulises Ruiz.

Ahora las tres agrupaciones se disputan el territorio triqui, particularmente San Juan Copala, donde el MULT –que había venido perdiendo fuerza– trata de recuperar poder mediante las armas.

Hay un autogobierno armado en la región triqui porque los líderes del MULT se erigen en poder supremo, designan a personas incondicionales y los improvisan como jueces o ministerios públicos para castigar a quien se rebela o no cumple sus órdenes.

Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx

San Juan Copala y el Estado fallido.

Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental – garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.

Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.

San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.

La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.

El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria, compuesta por 27 personas y seis vehículos se puso en marcha. Su intención era romper el cerco ilegal y llevar víveres y medicamentos a sus pobladores. Cerca de la población la caravana fue brutalmente atacada por los paramilitares. La mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola murieron; otros fueron heridos durante la huida, y varios más, retenidos y liberados días después. Desde entonces no sólo nadie ha podido entrar en San Juan Copala, sino que el estado de sitio se ha recrudecido. La Ubisort, de manera semejante a lo que sucedió en Sarajevo, ha apostado francotiradores en la parte alta del pueblo con la consigna de disparar a quien esté en la calle, y desde que los paramilitares se adueñaron del territorio hasta el momento en que escribo hay 500 desplazados, 30 asesinados y un número indeterminado de heridos.

Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto bajo el mandato de Ulises Ruiz como del actual gobernador de la coalición, Gabino Cué, se escuda en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”. El senador Carlos Jiménez Macías lo dijo a raíz del atentado que sufrió la caravana humanitaria donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida: “Quienes organizan caravanas con extranjeros son los verdaderos asesinos (…) Si conduces gente hacia una emboscada, ¿eres o no responsable de lo que va a suceder? Los culpables son los que los llevaron allí” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).

Calificar de “región peligrosa” a la mixteca y responsabilizar del atentado a testigos civiles que, frente a la inoperancia del Estado, llevan ayuda humanitaria a una población secuestrada, no es sólo el colmo del cinismo, sino el alarde de que el Estado hoy sólo sirve para administrar la impunidad, porque sabemos muy bien que bajo el poder del Estado se creó en San Juan Copala la Ubisort, se formó a los paramilitares y se les dotó de armas de uso exclusivo del Ejército y de sistemas de comunicación; asimismo, bajo el poder del Estado se declaró “zona de peligro” a la región mixteca y se ha evitado que las fuerzas de la legalidad entren en ese territorio y garanticen la vida y la libertad de los ciudadanos de Copala y de las caravanas humanitarias. Bajo ese mismo poder se ha dejado a Ciudad Juárez a merced de otras formas del paramilitarismo: las del crimen organizado.

El ciudadano del Estado moderno mexicano comienza a parecerse a ese “cliente generalizado” del que habla Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo?, ese cliente “que (bajo el espectro del miedo terminará ejecutando) celosamente todo lo que se le ordena hacer y no (se opondrá) a que sus gestos más cotidianos –su salud, sus diversiones, sus actividades, su alimentación y sus deseos– sean comandados y controlados hasta en sus detalles más íntimos por dispositivos”.

En una obra anterior, Homo sacer, a la que me referí en mi artículo El hombre desnudo y la guerra de Calderón (Proceso 1756), Agamben comparó a ese ciudadano con el “hombre sagrado” al que, según el derecho romano, la república no podía matar, pero cuyo asesino gozaría de la impunidad. De esa impunidad gozan hoy no sólo los soldados que, en su persecución de criminales, matan ciudadanos, sino también los que no son soldados, esos mercenarios a sueldo que sirven a innumerables poderes tanto en la región triqui como en Ciudad Juárez.

Hoy más que nunca urge repensar y refundar el Estado desde las vidas comunitarias de las regiones. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

Javier Sicilia.

http://data.proceso.com.mx

Recomendación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca al gobierno de Oaxaca por caso Copala.

Al Secretario General de Gobierno del Estado:

Única. Conforme a sus atribuciones, se realicen todas las gestiones pertinentes para lograr acuerdos entre las tres organizaciones que existen en la región triqui, que permitan se restaure el orden, la paz social y la convivencia armónica, entre sus pobladores, fomentando para ello la participación activa de sus habitantes.

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:

Primera. En coordinación con las demás instancias competentes, implemente dentro del ámbito de su competencia, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes de los habitantes de la región triqui, así como el libre tránsito, a efecto de evitar nuevos hechos de violencia como los aquí analizados.

Segunda. Por los medios legales correspondientes, gire instrucciones a los agentes estatales de investigación que tienen a su cargo la ejecución de las órdenes de aprehensión relativas a delitos cometidos en la región triqui, a fin de que se ejecuten dichos mandatos, agotando para ello todos los medios que estén a su alcance, y en coordinación con los ofendidos y víctimas del delito.

Tercera. Si dentro del plazo concedido en la presente recomendación no se ejecutaran los mandatos aprehensorios de referencia, se inicie y concluya Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables de su cumplimiento, imponiéndoles las sanciones que resulten aplicables, salvo el caso de que la naturaleza de los mismos impidan material o jurídicamente su ejecución dentro del término señalado; pero en dicha hipótesis deberá remitir las constancias que así lo demuestren fehacientemente.

Cuarta. De manera coordinada con la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se brinde la seguridad necesaria al personal médico y educativo asignado a la zona en conflicto, para que puedan restablecerse dichos servicios.

A la Secretaria de Salud del Estado:

Única.- En coordinación con las demás instancias de Gobierno que tengan injerencia en la problemática estudiada, entre las que se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y el Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, implemente todas las medidas necesarias para que se restaure de manera segura el servicio médico en la población de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y zonas aledañas, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes.

A la Procuradora General de Justicia del Estado:

Primera. Gire sus instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación e integración de los legajos de investigación relacionados con los hechos que han venido ocurriendo en la zona triqui, a fin de que se determinen dichos procedimientos en el plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, salvo que exista impedimento plenamente justificado. De no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes.

Al Director General de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca:

Única. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las autoridades municipales de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, implemente las medidas necesarias para restablecer, en forma inmediata y con la seguridad requerida, el servicio en los planteles educativos dependientes de ese Instituto ubicados en Unión de los Ángeles, San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y demás poblaciones aledañas.

Al Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca:

Primera. Conforme a sus atribuciones legales, realice todas aquellas actividades que conduzcan a una relación armónica entre el municipio y sus agencias, privilegiando para ello el diálogo.

Segunda. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se adopten las medidas de seguridad correspondientes para que puedan normalizarse los servicios de salud y educativos en San Juan Copala, y demás comunidades de la región.

Es importante destacar que las autoridades a las que se dirige dicha recomendación tienen 15 días a partir de la notificación para determinar si aceptan o no la resolución hecha por el Organismo defensor de los Derechos Humanos.

La CDDHO seguirá pendiente con la finalidad de dar seguimiento para el cumplimiento de los puntos que han sido recomendados.

6ta. Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Oaxaca, México.Septiembre 11&12,2010.

11 y 12 de septiembre de 2010. Magdalena Ocotlán, Oaxaca
México está hoy sumergido en una de las más profundas crisis de toda su historia. Es una crisis múltiple en la que crece la violencia de Estado, se encarcela y asesina a luchadores sociales y ambientales, cotidianamente se pierden empleos, se militariza el territorio y se imponen proyectos que amenazan con destruir el magro patrimonio que todavía le resta al país, mientras crecen el narcotráfico, la economía criminal, la impunidad y el desprecio hacia las comunidades locales, sus formas tradicionales de organización, resistencia y alternativas de parte de todos los niveles de gobierno, todos los partidos políticos y las grandes empresas nacionales y trasnacionales que operan en el país.

Hemos valorado, desde la primera hasta la quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), como un importante hecho histórico en nuestro país que quienes luchamos en diferentes frentes ambientales hayamos comenzado a comprender la importancia de fortalecer los vínculos que existen entre nuestras diferentes luchas y que a partir de esta conciencia definamos los primeros esbozos de una relación de solidaridad ambiental entre el campo y la ciudad, así como entre las distintas regiones del país que están padeciendo, cotidianamente, la destrucción y el despojo de sus aguas, sus ríos, sus acuíferos, sus montes, sus bosques, sus reservas de minerales, su biodiversidad, sus saberes locales y tradicionales, sus formas de organización, su autonomía, su tranquilidad, su salud, su libertad y hasta su existencia.

Ahora somos muchos más los participantes activos que formamos parte de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y seguimos buscando más compañeros que, como resultado de las políticas neoliberales que se aplican desde hace casi 30 años en México y en todo el mundo, se han visto obligados a organizarse y luchar para defender los lugares en que viven y que progresivamente están siendo usurpados, apropiados, contaminados y transferidos por los gobiernos a empresas nacionales y trasnacionales y que sólo dejan a las comunidades daños a la naturaleza que amenazan con ser irreversibles, enfermedad y muerte de los habitantes.

El gobierno —que debería defender los intereses de todos nosotros— desde hace años no ha hecho otra cosa que simular el cumplimiento de las leyes que nos gobiernan, así como permitir, abierta o encubiertamente, todas las vías para facilitar la devastación ambiental de nuestro país. Es por estas razones que hemos seguido organizándonos y construyendo tejido social para defendernos entre todos de tales agresiones en diversos frentes. Con la intención de seguir desarrollando nuestra conciencia sobre nosotros mismos y sobre los demás que luchan para defender pacífica, práctica, legal y estratégicamente su vida y sus territorios, hemos decidido convocar a la 6ª ASAMBLEA NACIONAL DE AFECTADOS AMBIENTALES. Que se llevará a cabo en la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, los días 11 y 12 de septiembre de 2010.

San José del Progreso es un municipio en los Valles Centrales de Oaxaca que desde hace más de dos años está siendo agredido por el gobierno federal y el gobierno estatal de Ulises Ruiz, quien actúa como defensor e impulsor de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines (denominada en México como Minera Cuzcatlán), con el único propósito de extraer del subsuelo minerales como oro y plata, generar enormes ganancias para la empresa y dejar tras de sí, como ya ocurre en muchos otros estados y comunidades afectados por la minería trasnacional, un rastro de sequías permanentes, destrucción de los suelos, contaminación del aire, persecución política y división en las comunidades afectadas. A raíz de los recientes acontecimientos ocurridos en la comunidad de San José del Progreso, la Asamblea tomó la decisión de establecer como sede de esta 6ª Asamblea, a la comunidad de Magdalena Ocotlán, afectada por Minera Cuzcatlán. Asimismo, nuestra presencia en esa comunidad tiene como propósito —además de apoyar la justa lucha de las comunidades de los Valles Centrales contra este proyecto minero—, fortalecer nuestros lazos con todas las luchas sociales y ambientales en el estado de Oaxaca que han desarrollado luchas de resistencia contra otros 20 proyectos mineros, como en la comunidad de San Juan Copala, asediada por grupos paramilitares; contra el megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec; contra el despojo de tierras comunales para establecer Áreas Naturales Protegidas que pretenden ser transferidas a las ONGs trasnacionales de la conservación, como ocurre en Lachiguiri; contra la construcción de la presa Paso de la Reina; contra la contaminación del maíz nativo por cultivos transgénicos, como ya ha ocurrido en la Sierra Juárez y contra la pérdida y el robo de biodiversidad, saberes locales y saberes sobre el territorio mediante proyectos financiados por el ejército de Estados Unidos, con la complicidad del gobierno federal mexicano y del gobierno estatal.

Adicionalmente, convocamos a esta Asamblea para definir nuestra postura común y nuestro ánimo de converger con otras organizaciones y redes nacionales e internacionales frente a la grave crisis climática que, de estallar con toda su fuerza, convertiría a México en uno de los países con mayor afectación por la elevación de las temperaturas planetarias. Dado que México será la sede, en el mes de diciembre, de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (conocida como COP 16), es de gran importancia que la Asamblea asuma una postura común de defensa de las posiciones que aboguen por el respeto de los derechos de los pueblos y contra la pretensión del gobierno mexicano y los gobiernos de los países desarrollados por imponer un “Plan de contingencia” para frenar el calentamiento global mediante el empleo de tecnologías de muy alto riesgo para el ambiente y la salud de toda la población mundial, como los cultivos transgénicos, la geo-ingeniería o los combustibles agroindustriales.

Uno de los principales objetivos de la Asamblea, como siempre ha sido, es el de propiciar, entre los participantes, un diálogo siempre enriquecedor que nos permita observar que no estamos solos, reconocernos y aprender de las otras luchas que están vivas y activas por todo el país, tratando de impedir el colapso ambiental de México. Por ello, es muy importante aprovechar la oportunidad de promover la mejor forma de comunicación que es la que va de boca en boca. Invitamos por ello a todas las comunidades afectadas ambientalmente en el país a que elaboren una ponencia breve (de cinco minutos), una lista de los afectados que están en disposición y posibilidad de asistir, e invitarlos a participar en esta 6ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Para poder tener una buena Asamblea —en términos organizativos—, les pedimos a todas las comunidades, organizaciones y redes que atiendan los siguientes puntos:

1) cuanto antes nos confirmen la asistencia de sus comunidades y organizaciones;

2) que envíen a la Asamblea el número de participantes que asistirán y en qué medio de transporte llegarán;

3) con el fin de agilizar el registro de los participantes, les pedimos que hagan llegar al correo electrónico de la Asamblea ( afectadosambientales@yahoo.com.mx Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla ) la lista con los nombres y afiliación o procedencia de los participantes, para poder preparar y tener listos sus gafetes al momento de su arribo. Todo esto es indispensable para poder hacer el cálculo de los requerimientos de alimentos y de los espacios de trabajo y alojamiento;

4) la Asamblea no cuenta con ningún tipo de financiamiento oficial ni de algún otro tipo, de manera que no es posible, dadas las enormes limitaciones económicas, apoyar con los gastos a ninguna organización. Todos dependemos de la solidaridad y el trabajo común para llevar a buen término este evento tan importante. Algunas organizaciones regionales en distintos estados están en proceso de cooperar entre sí para rentar autobuses y ahorrar colectivamente en los costos de transportación.

5) Debido a las limitaciones existentes en la comunidad de Magdalena Ocotlán, que con toda generosidad nos recibe, pedimos a todos los compañeros que asistan a la Asamblea que:

a. Lleven, cada uno, su propio plato, vaso y cuchara y apoyar en las labores de limpieza del recinto donde se llevará a cabo la Asamblea.
b. Lleven su propia cobija o bolsa de dormir, en virtud de que el alojamiento será en el mismo espacio donde se realizará la Asamblea.
c. En caso de contar con casa de campaña, se recomienda que la lleven consigo.
d. Llevar papel sanitario y jabón para manos.

Con el fin de que todos podamos participar de una manera segura y fluida en la Asamblea, la comunidad de Magdalena Ocotlán informa a todos que debemos seguir, al pie de la letra, las siguientes normas de convivencia individual y colectiva:

• Está absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias enervantes dentro de la sede y en los alrededores del lugar donde se llevará a cabo la 6ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Toda persona que sea sorprendida ingiriendo bebidas alcohólicas o enervantes en los espacios de la Asamblea será invitada a retirarse de la comunidad.

• Por cuestión de la seguridad colectiva, todos los delegados, observadores, miembros de la prensa y organizadores deberán portar consigo y a la vista, en todo el tiempo que dure la Asamblea, su gafete de identificación.
• Cada uno de los participantes en la Asamblea debe apoyar en el lavado de los utensilios de comida que utilice.

• La comunidad de Magdalena Ocotlán, además de la agresión de Minera Cuzcatlán, sufre una grave crisis por acumulación de residuos sólidos (basura). Por ello, se pide a todos los asistentes a la Asamblea que, de ser posible, se abstengan de introducir al espacio de la Asamblea refrescos, agua embotellada o cualquier otro producto cuyo empaque termine en el basurero de la comunidad.
En caso de que los asistentes deseen consumir este tipo de productos en el recinto de la Asamblea, se les pedirá que los conserven y se los lleven de vuelta a sus lugares de origen. Queremos hacer de esta Asamblea, un evento que no genere residuos para la comunidad que nos recibe.

Atentamente.

Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados AmbientalesComunidades de Magdalena Ocotlán, San José del Progreso, El Cuajilote y Maguey Largo, municipio de San José del Progreso, Oaxaca.
INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA PARTICIPAR EN LA 6ª ASAMBLEA NACIONAL DE AFECTADOS AMBIENTALES
Correo electrónico: afectadosambientales@yahoo.com.mxEsta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

PROGRAMA DE TRABAJO

Sábado 11 de septiembre

9:00 – 10:00 • Registro de los asistentes
10:00 – 10:30 • Inauguración y Bienvenida, a cargo de representantes de Chichicuautla, Puebla (sede de la 5ª Asamblea) y de las comunidades de Magdalena Ocotlán, San José del Progreso, Maguey Largo y El Cuajilote.
• Saludos de organizaciones sociales y redes nacionales e internacionales hermanadas con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (SME, Vía Campesina, UCCS, Red en Defensa del Maíz, MLN, Colectivo de Abogados, RIGAS)
10:30 – 12:00 • Panel sobre la actual situación social y ambiental en Oaxaca. Afectaciones por la minería, el proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, despojos de tierras para Áreas Naturales Protegidas, la presa Paso de la Reina, despojo y contaminación del agua y alternativas comunitarias para su recuperación, contaminación del maíz, bio y geo-piratería
12:00 – 13:00 • La organización de Asambleas Regionales como posibilidad de articulación eficaz dentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales: los casos de Jalisco, Veracruz y Puebla-Tlaxcala-Morelos-Distrito Federal.
13:00 – 14:00 • Iniciativas rumbo a la COP 16. Caravanas y movilizaciones. La Vía Campesina y Grupo ETC.
14:00 – 16:00 Comida
16:00 – 17:00 Plenaria
• Presentación y, en su caso, aprobación por parte de la plenaria, del Informe de Actividades del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
17:00 – 20:00 Diálogo en Mesas de Trabajo:
• Mesa 1: Nuevas luchas que participan por vez primera en la Asamblea
• Mesa 2: Plan de acción conjunto rumbo a la COP 16 y para el futuro (autoformación, trabajo regional, acciones locales y conjuntas de la Asamblea en 2011)
• Mesa 3: Acciones para mejorar la organización interna de la Asamblea (Funcionamiento del Consejo de Representantes, Comisiones, Enlace y Difusión de Luchas y Alternativas); Propuesta de modificar el nombre de nuestra red a Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales.
20:00 – 22:00 • Evento cultural a cargo de las organizaciones y comunidades oaxaqueñas.

Domingo 12 de septiembre

10:00 – 14:00 Plenaria
• Lectura y aprobación de las relatorías y acuerdos de las mesas de trabajo
• Invitación para que se propongan nuevos integrantes que se sumen al trabajo dentro del Consejo de Representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
• Toma de protesta del Nuevo Consejo de la Asamblea
• Presentación de candidaturas para la sede de la 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
• Votación de la sede de la 7ª Asamblea Nacional
• Lectura y aprobación del pronunciamiento general y los pronunciamientos particulares de la 6ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
• Clausura
14:00 Comida
16:00 Salida de los contingentes de la Asamblea rumbo a sus lugares de origen

http://www.conflictosmineros.net

ALERTA ROJA. REPRESIÓN AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA.

ALERTA ROJA

REPRESION AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA

A los medios de comunicación

A los pueblos indígenas de México y del Mundo

A las organizaciones de derechos humanos, nacionales,  internacionales

A los Movimientos Sociales, Organizaciones de Izquierda, Democráticas y revolucionarias

A las Mujeres y Hombres dignos que defiende la lucha por la verdad, la justicia y los sueños de la autonomía, y! que día a día… defiende el México de abajo, que resiste y se levanta, a todos los que se solidarizan y sueña en un mundo mejor.

Hermanas y hermanos  hoy una vez mas es reprimido y golpeado Municipio Autónomo de San Juan Copala por Ulises Ruiz Ortiz y Evencio Nicolás Martínez, quienes desviando la atención y aprovechar para desaparecernos como municipio, la muerte de  Anastasio Juárez dirigente del Grupo Paramilitar UBISORT  quien tiene que ver con enfrentamientos por la disputa del control político en el cual peleaban la presidencia de Juxtlahuaca para imponer su presidente interino, así como los conflictos contra taxista de la CNC quienes fueron retenidos y secuestrados en días pasados en la sabana, entre otros actos de confrontación contra la gente del mercado municipal, por lo que buscan acusar al municipio Autónomo para desmantelarlo, señalándonos como responsables de la Muerte de uno de los mas violentos paramilitares de la región y responsables de las agresiones en la región de Juxtlahuaca y Tlaxiaco quien además  tenia vínculos con el crimen Organizado y operaba como sicario de Carlos Martínez Villavicencio y de los hermanos Mejía bajo la tutela de Gobierno del Estado.

El Gobierno de Ulises Ruiz sigue reprimiendo al Pueblo Oaxaqueño y en especial al Municipio Autónomo de San Juan Copala, hoy 30 de Julio a las 12:15 de la tarde entraron mas de 100 elementos de la policía Preventiva con 30 hombres fuerte mente armados, de los que se destacan en el fuerte operativo a Rufino Juárez, Antonio Cruz alias el pájaro, Ramiro Domínguez, Julio Cesar Morales Martínez todos ellos dirigentes del Grupo Paramilitar de la UBISORT quienes comandaba a la policía del estado, estos mismos señalados como agresores y asesinos de Betty cariño y Jyri Jaakkola el 27 de abril de este año, así como otras agresiones contra mujeres y niños de la comunidad, sin que podamos olvidar que se impusieron con la fuerza de las armas y con el respaldo del Gobierno Ulisista el 8 de junio cuando trato de entrar la caravana humanitaria denominada Betty Cariño y Jyri Jaakkola, sin que esta allá podido llegar a su destino tanto por los cercos impuestos por el estado, además de los tres retenes impuestos por la ubisort.

Es inconcebible que el gobierno monte un escenario en donde aprovechando la muerte de Anastasio Juárez tome por la vía de las armas la comunidad de copala, en donde mujeres que trataron de detener con un bloque fueran agredidas por disparos no solo de la UBISORT, si no de la propia policía estatal preventiva, generando que en este momento allá gente herida en el caso de dos compañeras heridas Selena Ramírez López de 18 años y Adela Ramírez López de 15 años y dos de nuestros compañeros desaparecidos de nombre Alfredo Martínez e Hipolito Merino, que tenemos como conocimiento y otras tantas mujeres y niños que permanecen escondidos en casas o en el monte con el riego y temor de ser asesinadas, así mismo nos hacer ver como el estado brinda toda la protección a este grupo paramilitar, mientras una caravana humanitaria es agredida a balazos y otra caravana civil y pacifica es agredida mediante amenazas como fue la del 8 junio.

Denunciamos que fue tomada la comunidad por los mismos paramilitares de la UBISORT que dejo instalado el Gobierno del estado armados y con resguardo de policías vestidos de civil que están asesorando a este grupo, por lo que hacemos un llamado urgente a todas y todos los movimientos sociales, de mujeres, de derechos humanos, a la otra campaña, a los sindicalistas y a todos los hombres y mujeres que se pronuncien en contra de este crimen y de la violencia, la vida de personas inocentes esta en peligro.

Hacemos responsable al Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, así como a Evencio Martínez, Jorge Franco de lo que pueda ocurrirle a las mujeres, niños y hombres de la comunidad, así como de la represión en las demás comunidades, por lo que exigimos saquen las manos del conflicto y retiren tanto al grupo Paramilitar de la UBISORT como a los que están asesorándolos.

Exigimos al gobierno federal intervenga de manera urgente para desactivar, desmovilizar y desparamilitar a la gente de UBISORT que tiene atemorizada la región.

No más violencia para nuestro Pueblo!

Cárcel a los responsables y asesinos de Betty y Jyri

Por la Autonomía del Pueblo Triqui

Municipio Autónomo de San Juan Copala.

Atenco y los pendientes.

El 1 de julio, al liberar a los 12 presos de Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo lo que hace mucho no practicaba: impartir justicia. Hay que felicitarse por ello. Pero este acto que satisface a la nación no está exento de pesar. Desde hace cuatro años, muchas mujeres y hombres que no necesitamos haber pasado por las facultades de Derecho para saber lo que significa la justicia pusimos en evidencia no sólo la inocencia de esas personas, cuyo único delito fue defender su tierra y sus modos de vida frente a los intereses del poder, sino que señalamos también la impunidad en la que vive ese mismo poder que las reprimió, encarceló y condenó, y que, durante su detención, violó mujeres.

Después de cuatro años de dolor, de sacrificios, de luchas para resarcir esa injusticia, los verdaderos culpables, que tienen nombre y apellido, no sólo permanecen impunes, sino que, protegidos por el poder, continúan en las corporaciones policiacas o se encumbran en las esferas políticas. El caso más claro es el de Enrique Peña Nieto. Ese gobernador, que fue fundamental para que dicha injusticia se mantuviera durante cuatro años, no sólo permanece en su puesto, sino que, arropado por un PRI tan corrupto como su historia, se encumbra como virtual candidato a la Presidencia de la República.

En este sentido, el resarcimiento de la justicia que acaba de hacer la Suprema Corte no sólo es parcial, sino insuficiente. No basta con haber liberado a unos seres humanos que simplemente nunca debieron haber estado en prisión. Hay, además, que resarcirles esos cuatro años de sufrimiento, castigar a los culpables que cometieron ese delito y cumplir con un sinnúmero de pendientes que antes y después de esa inmensa injusticia han acumulado el Estado, los gobiernos y los partidos.

Desde hace 15 años no he dejado de firmar mis artículos con parte de esos pendientes. A lo largo de esos años, otros tantos agravios que han permanecido impunes y otras tantas traiciones a la justicia se han agregado. Si no los he sumado a mis demandas es porque de hacerlo ocuparían tal espacio que llenarían mi columna. Pero los conocemos, los llevamos en nuestros corazones, los sentimos con una rabia contenida y no hemos dejado de denunciarlos cada vez que la ocasión lo pide. Las columnas de los periodistas y de los analistas honestos de este país están llenas de ellos.

En el caso de los presos de Atenco, nuestro deseo era que esa liberación hubiese llegado antes de que la descomposición del país alcanzara niveles inauditos. Pensamos, de todas formas, que hay que alegrarse porque esa justicia hace despuntar una hoja de verdor en medio del desierto de la injusticia y caer un relámpago en las tinieblas del país. Pero no queremos solamente alegrarnos. Queremos también admirar y creer. Para ello es necesario que la justicia se pruebe antes de que la presión de los que la tienen clara, porque la aman sobre cualquier interés, la mantengan viva a costos muy altos.

Cómo nos gustaría, en este sentido, que el PRI dejara de proteger a criminales como Ulises Ruiz, Mario Marín y Enrique Peña Nieto para que sean procesados como los criminales que son; cómo nos gustaría que el gobierno federal y sus aparatos judiciales dejaran de proteger a los responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC y a los asesinos de Acteal, cuyos nombres todos conocemos; cómo nos gustaría ver a los partidos políticos dejar sus corruptelas y sus pactos innaturales para que tengamos elecciones verdaderamente libres; cómo nos gustaría ver el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés para que el EZLN y las organizaciones de derechos humanos no tengan que mantenerse en estado permanente de alerta; cómo nos gustaría ver que la protesta social ya no se criminaliza y que se deja de fabricar delincuentes para proteger a los verdaderos criminales o justificar la ineficiencia de nuestras instituciones. En síntesis, queremos ver que, en el corazón mismo de este México que vive una vergonzosa descomposición, los hombres y mujeres que están encargados de impartir la justicia en nuestra nación comiencen a impartirla con verdad y a corregir lo que toda la nación sabe que hay que corregir para honrar a la justicia.

Es duro saber que las más altas instancias que protegen la justicia de México han dejado este cuidado a ciudadanos que no tienen su autoridad, algunos de los cuales, incluso, como los propios presos de Atenco, han estado privados de la esperanza de la que cualquier justicia vive. Son ellos, que han dado lo mejor de sí mismos en la lucha común y que no perciben los jugosos salarios de nuestros jueces, quienes han tenido la razón y estaban en el bien.

La virtud de la justicia, hay que recordarlo, no es un discurso que se debate en el intrincado bosque de los tecnicismos jurídicos que sólo protegen intereses, sino un acto cuyo sentido, en relación con el bien, es inequívoco. Por ello, la justicia, que es una virtud, no está en el Estado ni en las leyes ni en los partidos ni en la nación, sino en las personas que los integran; una virtud que sólo existe, como en el caso de Atenco, en los justos que la defienden y la hacen valer. Es desde allí que debemos continuar enfrentando nuestros pendientes, que, día con día, son, para nuestra vergüenza, más.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de la APPO y llevar a Ulises Ruiz a juicio político.

Javier Sicilia.

http://www.proceso.com.mx


@twewwter

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