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México: CONGRESO NACIONAL INDÍGENA: Comunicado urgente.

CONGRESO NACIONAL
INDIGENA

(Comunicado urgente, 4 /XI / 2011)

Al Pueblo de México.

A los Pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades, colectivos y
organizaciones indígenas honestas.

A los medios de comunicación.

A la sociedad civil nacional e internacional.

A La Otra Campaña.

A la Comisión Sezta Nacional e Internacional.

Las autoridades, delegados, comisarios, consejeros, principales, delegados y representantes de pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios, organizaciones y colectivos indígenas honestos participantes en el Congreso Nacional Indígena, Adherentes a la VI Declaración de la Selva Lacandona,  manifestamos nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de los pueblos  Ikoot, Binnizá y Afrodescendientes,  integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), que hoy son víctimas de las peores formas de criminalización de su lucha por parte de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cue, quienes con su mutismo, complacencia, racismo  condescendencia y malinchismo se muestran cómplices de las empresas transnacionales españolas en la violación directa  de derechos de pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, en el marco de la imposición del denominado megaproyecto Corredor Eólico del Istmo.

En Oaxaca, la criminalización y represión de los movimientos sociales ha venido siendo una constante en los gobiernos de José Murat, Ulises Ruíz y Gabino Cué, permitiendo, propiciando  y solapando la existencia y acción de grupos paramilitares prácticamente en todas las regiones del estado, así lo demuestran los casos de San Juan Copala, San Isidro Aloapan, Yosotatu, Tanetze, Xochiapan, Tuxtepec, Unión Hidalgo, Juchitán y la propia Lu’lá’, ciudad de Oaxaca; en estas localidades la acción de grupos armados y pistoleros al servicio de las empresas transnacionales y cacicazgos coludidos con el gobierno del estado en turno han cobrado vidas de un sinnúmero de activistas y luchadores sociales, en su mayoría indígenas. Con toda esta cauda de impunidad a cuestas, resulta aberrante e inexplicable que la ONU haya  entregado recientemente  reconocimientos por la observancia de Derechos Humanos al gobierno del estado de Oaxaca.

Manifestamos
nuestro  repudio a la violenta represión promovida y ejercida  en  contra de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), por parte de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX, filial de la española Renovalia Energy), quienes  los pasados 18 y 28  de octubre, acompañados de policías federales y ministeriales agredieron físicamente a compañeras y compañeros de la APIITDTT en los terrenos comunales de Unión Hidalgo y Juchitán, resultando lesionados de dichas acciones represivas, así como el asesinato del C. Reynaldo Ordaz Velázquez, empleado de la empresa DEMEX, originario de la comunidad de La Venta, Agencia Municipal de Juchitán, Oaxaca. Pedimos la investigación de estos hechos descartando la responsabilidad de Rodrigo Flores Peñaloza, en tanto no se encontraba en el lugar de los hechos y puesto que los únicos armados fueron los paramilitares y esquiroles pagados por DEMEX y los policías municipales de La Venta, Oaxaca.

Exigimos
la cancelación inmediata del megaproyecto Corredor Eólico del Istmo, particularmente en los casos de los parajes de Unión Hidalgo (Piedra Larga, Las Palmas, El Llano y Zapotal), así como en el caso del Parque Eólico San Dionisio, que se pretende imponer por la española PRENEAL en la Isla de Pueblo Viejo, ya que en estos dos últimos casos se ha incurrido y se incurre en   la permanente violación de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, que para nosotros es la máxima Ley de nuestros derechos en México, así como  en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y en la propia Ley de Derechos Indígenas del Estado de Oaxaca.   Las supuestas bondades de la generación de energía limpia, también resultan una falacia pues se han afectado extensiones de montaña baja y manglar en las distintas áreas de la planicie, redundando en pérdidas de acuíferos, soberanía alimentaria y especies en peligro de extinción tanto de aves como de otras especies.

De la misma manera, responsabilizamos directamente a los malosgobiernos, tanto de la federación como del estado de Oaxaca, así como a losgolpeadores y paramilitares contratados por la empresa DEMEX, ante el mutismo y la condescendencia de las autoridades municipales, estatales y federales, por las agresiones y afectaciones físicas y morales que hasta ahora se han dado desde el mes de junio y los pasados 18 y 28 de octubre, así como de las nuevas agresiones  que puedan ser víctimas cualesquier integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), en particular exigimos el cese el hostigamiento jurídico, se cancelen las averiguaciones previas y posibles y vigentes  órdenes de aprehensión en contra de las compañeras Maribel González Pedro, Guadalupe Castellanos Ramírez, Lucila Bettina Cruz Velázquez, así como de los compañeros Rodrigo Flores Peñaloza y Juan Regalado Martínez.

Los pueblos y comunidades indígenas en lucha y resistencia por la defensa de nuestras tierras y territorios ¡NO SOMOS DELINCUENTES NI NARCOTRAFICANTES¡, por lo que exigimos se suspendan los patrullajes del ejército y la marina de las comunidades de Xadani, Juchitán, Unión Hidalgo y San Dionisio del Mar, así como de la mayoría de las comunidades y ciudades del istmo de Tehuantepec; al igual que en los casos de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, demandamos que regresen los militares y marinos a sus cuarteles; no toleraremos más la presencia de la Marina en nuestros territorios y  nuestras casas amedrentando e intimidando a nuestras familias, esposos, esposas, madres, padres e hijos y responsabilizamos directamente a Felipe Calderón de estas acciones anticonstitucionales y de las consecuencias que de ellas se puedan derivar.

Anticipamos que la actual campaña represiva de los malos gobiernos de Felipe Calderón y Gabino Cue, para lo cual recurren al uso de fuerzas militares, marina, paramilitares, policía municipal y esquiroles de la CTM, en contra de nuestros pueblos y comunidades, para despojarnos de nuestras tierras y territorios,  no nos amedrentan ni intimidan en nuestra decisión de reunirnos los pueblos indígenas de México afectados por las empresas transnacionales, para dialogar  y reflexionar sobre posibles soluciones a esta problemática  en nuestro próximo Taller Nacional a realizarse en territorio del pueblo Ikoot, Istmo de Tehuantepec, los próximos 26 y 27 de noviembre; hacemos extensiva la invitación a los adherentes de La Otra Campaña y a las organizaciones civiles defensoras de Derechos Humanos, para observar y  garantizar un buen resultado de este próximo encuentro.

Exhortamos a la sociedad civil oaxaqueña, a los pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios, organizaciones, colectivos y personas honestas indígenas, que representan a la población mayoritaria del estado de Oaxaca, así como a la Sección XXII del SNTE, a promover el diálogo y la organización  desde abajo a fin de evitar el despojo que los malos gobiernos y las empresas transnacionales quieren realizar de las tierras, territorios y recursos de nuestros pueblos.

¡LA TIERRA, LA
MONTAÑA, LOS BOSQUES, LAS PLAYAS,  EL
AGUA Y EL AIRE NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN¡

¡¡NUNCA MAS UN
MEXICO SIN NOSOTROS¡¡

Por el Congreso Nacional Indígena:

Pueblo Wixárika: Autoridades agrarias y comunitarias de Bancos de San Hipólito, Santa
Catarina Tuapurie y San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuastlán
(Jalisco, Zacatecas y Durango); Consejo Regional Wixárika en defensa de
Wirikuta.

 

Tribu Yaqui: Autoridades y gobernadores tradicionales de los ocho pueblos de la
Tribu Yaqui, Sonora, en Resistencia contra el Acueducto ‘Independencia’.

Pueblo Purhépecha: Comunidad Indígena Purhepecha de Cherán;

 Autoridades comunitarias de
Nurío, Michoacán.

 

Pueblo Ikoot: Autoridades Municipales y agrarias de San Mateo del Mar;

Asamblea de Comuneros de Xacambaj, Pueblo Viejo, San Dionisio del Mar,
Oaxaca.

 

Pueblo Nahua: Concejo de Autoridades comunales Autónomas de Ostula, Coire y
Pomaro, de la costa de Michoacán.

Comunidad Indígena de Tuxpan, Jalisco.

Comisariado del Ejido Indígena de Ayotitlán, Mpio. De Cuautitlán, Jalisco.

Consejo de Mayores, Autoridades tradicionales de Ayotitlán, Sierra de
Manantlán, Jalisco.

Comuneros de Milpa Alta, D.F.
en resistencia contra el Arco Sur.

Colectivo Ce-Acatl, D.F.

Pueblo Ñhomdäh: Comunidad de Xochistlahuaca y Radio Comunitaria ‘La palabra del
agua’, Guerrero.

Pueblo Ñhañhu: Comuneros y colectivo cultural y Radio Comunitaria  de San Pedro Atlapulco, Estado de México.

Pueblo Me’pha: Consejo Regional de Autoridades Comunitarias/Policía Comunitaria de
Tlapa, Paraje Montero  y San Luis
Acatlán, Guerrero.

Pueblo Coca: Comunidad Indígena de Mezcala Jalisco.

 Pueblo Ñhu Sabi y Binnizá:
 ConsejoIndígena Popular de Oaxaca- Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Oaxaca, Colectivo

el Cortamortaja y Radio Arco Iris, Jalapa del Marqués, Oaxaca.

Pueblo Tsotsil y Tseltal:

Plantón defamiliares de presos políticos en Huelga de Hambre por su Libertad, Plaza de laPaz, Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Acompañantes:

Asociación Jalisciense de Apoyo
a Grupos Indígenas (AJAGI, A.C.)

Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI), Universidad de
Guadalajara.

Asesoría Agraria, A.C.

Suicidio gubernamental desconocer la asamblea en Oaxaca y desproteger su maíz nativo.

OAXACA VIVE un momento terrible de su historia. Tras la prolongada represión emprendida por Ulises Ruiz, tras la batalla por la dignidad en Oaxaca que protagonizó el pueblo oaxaqueño rural y urbano sin distinción de identidades, tras la persecución que desató el susodicho gobernador, tras la vasta descomposición que dejó en diversas regiones de la entidad (nomás miren San Juan Copala o San José del Progreso ahora), resulta que el gobierno de Gabino Cué —gobernador en quien tanta gente puso esperanzas— ha emprendido una de las más funestas y radicales reformas legislativas en la historia de la entidad.

Por una parte, siguiendo la reverberación de otras leyes que dicen defender el maíz, como la de Tlaxcala y Michoacán, Oaxaca salen con una “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca”, impulsada por una diputada del PRI y con la “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca” impulsada por una diputada del PAN, a propuesta de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue, AC que, como afirma un buen número de organizaciones sociales, indígenas y de la sociedad civil, “agreden la inteligencia de la población oaxaqueña, por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación por transgénicos en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo” y por si fuera poco “no protegen nuestro maíz nativo. Al contrario, están facilitando su saqueo por empresas transnacionales que tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.

De aprobarse, cualquiera de ellas vulneraría “de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria”.

Tales iniciativas “le otorgan certeza jurídica sólo para productores registrados”, término que excluye a los campesinos indígenas que producen sus propios alimentos. “Las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”. Aspectos graves son el establecimiento de “fronteras agrícolas” que “limitarán las zonas de cultivo de campesinos de montaña”, lo que busca promover seudo programas de conservación que impiden “la agricultura sustentable y la milpa tradicional”; el impulso a la “creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tengan relación con el maíz y lo establecen como el enlace único entre el Estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas”, y el hecho de “obligar a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a ‘mejoradores’ a través de bancos de germoplasma. Esto abrirá el acceso a nuestras semillas a empresas transnacionales que esperan patentar las cualidades del maíz creadas con el trabajo milenario de convivencia, selección y adaptación de nuestros antepasados”. Por si fuera poco, al igual que con la ley de Tlaxcala, no se prohibe expresamente ni la siembra ni el almacenamiento, sino que se legaliza que las cabeceras municipales tomen decisiones al respecto, lo que de facto “ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como las asambleas y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales”.

Mas toda la estructura del estado de Oaxaca es atacada. El paquete de reformas constitucionales es algo que, según sus autores, “fortalece la relación entre los poderes, la cultura de la legalidad, los órganos autónomos, la participación ciudadana y la autonomía del Poder Judicial”, pero en los hechos es un ataque frontal a los pueblos indios porque “da marcha atrás a las conquistas de la década anterior e intenta desmantelar su régimen de gobierno y socavar su autonomía. En particular, el apartado C del artículo 25 desconoce a la asamblea, órgano supremo de gobierno en cuatro de cada cinco municipios de Oaxaca, y la despoja de todo su poder de decisión. En un intento de justificar esta exclusión, se ha asimilado la asamblea al cabildo abierto, cuando se trata de dos espacios y figuras enteramente distintos”.

Como las leyes del maíz, las reformas constitucionales de Oaxaca son tramposas en su conjunto: por un lado relegan todo lo referente con la equidad de género, y por otro dicen introducir “instrumentos de la democracia participativa propuestas por la sociedad civil como el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato, pero lo hace en términos demagógicos y engañosos. Crea inmensos obstáculos para su aplicación, por ejemplo al exigir 20 por ciento del padrón electoral para solicitar referéndum o plebiscito —diez veces más de lo que establece como requisito la reforma equivalente a nivel federal que acaba de aprobarse—, o al plantear procedimientos tan complejos para la revocación del mandato que podrían dilatar tanto como lo que dura el mandato que pretende revocarse. En vez de facilitar la participación ciudadana se le burocratiza, subordinando la gestión autónoma a órganos controlados por los partidos”.

Cué la tiene difícil. Son innumerables (muchas más de cien) las organizaciones que ya publicaron un manifiesto para protestar contra estas reformas, conocido como Para hacernos valer, del 11 de mayo. Muchí simas de éstas coinciden también en el pronunciamiento contra las leyes de supuesta defensa del maíz conocido comoPronunciamiento a todos los pueblos y comunidades de Oaxaca, México y América Latina que siembran y comen maíz, de agosto de este año. Conforme las adhesiones aumentan, el anuncio de una nueva coyuntura de articulación y cohesión en Oaxaca se vuelve más factible y más cercana.

Ramón Vera Herrera

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/10/oja173-asamblea.html

La Guelaguetza: fiesta recuperada por el pueblo de Oaxaca.

Oaxaca, México. La Guelaguetza – palabra de origen zapoteco que significa “tiempo de dar y compartir” – es la máxima fiesta de los pueblos oaxaqueños. Durante décadas estuvo “secuestrada” por los gobiernos estatales y las instituciones oficiales, hasta que hace cinco años, en medio de la revuelta popular protagonizada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), recuperó su carácter tradicional y festivo desde abajo.

El pasado 19 de julio se celebró en el estadio del Instituto Tecnológico de la ciudad de Oaxaca la Guelaguetza Magisterial y Popular 2010. Ésta es la quinta ocasión consecutiva en que la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y organizan – con gran éxito – la tradicional fiesta, como una alternativa a la “Guelaguetza oficial” que encabeza el gobierno de Ulises Ruiz, y cuyo costo de acceso por persona es de 400 pesos.

En esta colorida celebración popular participan diversos grupos folklóricos de las siete regiones del estado (Los Valles Centrales, La Sierra Juárez, La Cañada, Tuxtepec, La Mixteca, La Costa y el Istmo de Tehuantepec), quienes portan orgullosos los trajes típicos de sus pueblos y, además de ofrecer al público su música y sus bailes, comparten con éste los productos más representativos de la zona donde habitan: desde pepinos, panes, plátanos y cebollas, hasta piñas y botellas de mezcal.

Fue en el 2006 cuando en medio de un gran conflicto sociopolítico donde cientos de miles de personas exigían la destitución del mandatario estatal Ulises Ruiz, nació la Guelaguetza Magisterial y Popular, organizada por la sección XXII del SNTE y la APPO – asamblea que se conformó precisamente por aquellos días .

A partir de entonces, año con año, el movimiento popular oaxaqueño ha organizado el tradicional evento con el objeto de ofrecer una fiesta gratuita, a donde pueda asistir cualquiera que así lo desee y no sólo quienes tienen la posibilidad de pagar los 400 pesos que cuesta la entrada a la “Guelaguetza oficial”.

De esta manera, se busca conservar el espíritu de participación colectiva que representa la Guelaguetza: “un don gratuito, cuya única obligación es la de la reciprocidad”.

“Realizamos esta Guelaguetza número 5 en un escenario peculiar, importante y de trascendencia política para nuestros pueblos del estado de Oaxaca. Dimos un golpe al tirano Ulises Ruiz con esta Guelaguetza que es el reflejo de la participación de los pueblos. Hoy nuestra Guelaguetza es de los pueblos, para el pueblo y para toda la gente que hoy nos acompaña”, dijeron los organizadores durante la inauguración.

El escenario peculiar e importante de esta Guelaguetza fue la derrota del candidato de la derecha, Eviel Pérez, quien perdió las elecciones para gobernador del estado el pasado 4 de julio. Dicho acontecimiento fue celebrado por las diferentes delegaciones que participaron en la V Guelaguetza Magisterial durante todo el evento; por ejemplo, uno de los versos cantados por la delegación de la región de Miahuatlán (Sierra sur) decía así: “Vamos a hacer un jolgorio, celebremos todos juntos que el PRI ya está en su velorio.”

El estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, totalmente lleno, albergó – durante las más de seis horas que duró el evento – alrededor de 20 mil personas que pudieron disfrutar gratuitamente los bailes presentados por diversos pueblos oaxaqueños como Putla de Jiménez, Juchitán de Zaragoza y Santos Reyes Nopala.

Además, el sábado y domingo anteriores al “Lunes del Cerro” (nombre que se le da a los lunes de Guelaguetza), la APPO y la sección XXII del SNTE ofrecieron también, de manera gratuita, el convite y la calenda, fiestas populares donde se recorrieron – con acompañamiento de música de banda – diferentes barrios de la ciudad, para finalizar arribando al zócalo, donde se hizo la tradicional quema de toritos y castillos (fuegos artificiales).

Por otro lado, la “Guelaguetza oficial” no fue llevada a cabo este año – como tradicionalmente se había hecho – en el Auditorio Guelaguetza de Cerro del Fortín, sino en el estadio de fútbol Benito Juárez, pues, según informaron varios medios locales, los trabajos de remodelación (en los que se planeaba poner un techo al auditorio), fueron literalmente abandonados por la empresa que la Secretaría de Obras Públicas del estado había contratado para dicho fin.

“Es una tontería querer poner un techo al Auditorio Guelaguetza; la gente va por que le gusta asolearse; además, ya no se venderían los sombreros”, plantea don Sixto, taxista de la ciudad de Oaxaca, y continúa: “(…) pero más tontería es que se pretenda cobrar por entrar a una fiesta que tradicionalmente ha sido del pueblo.”

Doña Socorro Santiago, quien es originaria de Tlacolula y vendió barbacoa durante la Guelaguetza Popular, comparte la opinión de don Sixto: “Esta es una fiesta para el pueblo, no para millonarios.” Socorro dijo también estar “muy contenta con la organización del la sección XXII del SNTE y de la APPO durante la planeación de la máxima celebración de los pueblo oaxaqueños.”

La APPO es una de las más representativas experiencias organizativas del movimiento social mexicano. Nació en junio del 2006, en el marco de una revuelta popular conformada por múltiples organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos que demandaban la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz.

El descontento por el fraude electoral que puso en el poder a Ulises Ruiz, la intolerancia del gobierno local a los alcaldes nombrados por usos y costumbres, la nula atención del estado a las demandas sociales, el alto grado de represión contra los movimientos sociales y, sobre todo, la auto organización de los barrios y pueblos indígenas, dio origen a la APPO que, a pesar de la intensa represión padecida, no ha hecho otra cosa que consolidar su fuerza en Oaxaca, donde, después de las protestas del 2006 – una de las expresiones de descontento social más radicales en México en los últimos años –, las relaciones entre la sociedad y gobierno, no volverán a ser las mismas.

http://desinformemonos.org

¿Quién quiere el “estallido social”en México?

¿Quién quiere el “estallido social”en México?

¿Busca el gobierno federal panista, con sus socios gobernadores del PRI y el PRD, exasperar a los movimientos y las resistencias sociales? La represión, mal disfrazada de “combate a la delincuencia”, está pudriendo la convivencia en las comunidades y genera un agudo estado de sitio en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
De origen, el gobierno calderonista (como antes el foxista y el zedillista) ha hecho difícil la paz, pero ahora, Felipe Calderón Hinojosa está dispuesto a hacerla imposible. Golpea a la clase trabajadora, extingue por decreto al Sindicato Mexicano de Electricistas que no se le plegó, del mismo modo que el gobierno de Juan Sabines Guerrero la emprende en Chiapas contra la OCEZ-Región Carranza, por no obedecer sus condiciones de “gobernabilidad”.

Por lo visto, un presunto “estallido social inminente” forma parte de los planes gubernamentales. Todas las experiencias autonómicas están bajo asedio. El municipio autónomo de San Juan Copala, en la región triqui de Oaxaca, es atacado a tiros por sicarios priístas directamente ligados al gobernador más asesino del país, Ulises Ruiz, el que no cayó. Allí también la intención es impedir los acuerdos de convivencia.
Resulta paradójico que lo que más “amenaza” a los actuales gobiernos es la paz. Pretenden gobernar en estado de guerra.

En Guerrero también es escandalosa la agresión sostenida y virulenta contra los pueblos, sus resistencias y los derechos humanos. En Suljaa’ (Xochistlahuaca), la siniestra cacique priísta Acaedeth Rocha Ramírez lleva adelante, impune y apoyada por el gobierno estatal perredista de Zeferino Torreblanca, una agresión a fondo contra Radio Ñomndaa, La Palabra de Agua, que no es sólo una estación de radio, sino todo un estandarte de la autodeterminación indígena y la construcción de ese otro mundo posible. También crece la hostilidad militar contra la Policía Comunitaria de la Montaña y la Costa Chica. Y en días pasados, en Puerto las Ollas, poblado fuertemente patrullado por el Ejército federal, los gatilleros del narcocacique Rogaciano Alva Álvarez ejecutaron a tres muchachos de la comunidad.

Los pueblos autónomos zapatistas en Chiapas viven un cotidiano sitio castrense, hoy aderezado con maliciosos rumores de presuntas agresiones en los Altos, la zona norte y la selva Lacandona. A la vez, se mantiene y agudiza la hostilidad paramilitar y policiaca contra las comunidades indígenas de la Otra Campaña, y se desata una tormenta de mentiras judiciales y mediáticas contra organizaciones afines al zapatismo como Las Abejas de Chenalhó, y contra los diáconos indígenas de la iglesia católica.

¿Quién quiere guerra en México? Sepultados por la nota roja, se acumulan asesinatos de indígenas, tortura, prisión, balaceras, secuestros, incursiones militares y policiacas, despojos de tierra y agua, acusaciones tan graves como falsas, impulso oficial a paramilitares. Pura provocación criminal. El gobierno de Calderón quiere la guerra. Eso da qué pensar.

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/16/oja151-umbral.html

SCJN ante Oaxaca: resolución y claroscuros

SCJN ante Oaxaca: resolución y claroscuros

Por mayoría –siete votos contra cuatro–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió señalar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a otros funcionarios de su administración, como responsables de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas durante el conflicto que se registró entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de esa entidad.

Es de saludar en primer lugar que la mayoría de los integrantes del máximo tribunal hayan rechazado la propuesta elaborada por el ministro Mariano Azuela, que señalaba que las vejaciones y los atropellos cometidos en el contexto de ese conflicto no eran imputables al mandatario oaxaqueño, sino a los mandos policiacos, y responsabilizaba a “particulares” por no haber atendido los ofrecimientos de los gobiernos estatal y federal para dialogar, y haber realizado, en cambio, marchas, bloqueos y tomas de edificios.

La determinación de la SCJN sienta, así, un precedente positivo al reconocer que el Ejecutivo estatal falló en su deber de proteger, con estricto apego a la ley y a las garantías individuales, los derechos de la población, y que con ello permitió la comisión de asesinatos, secuestros y otros delitos graves en contra del sector opositor, aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por desgracia, no parece haber ahora, como tampoco hace tres años, capacidad y voluntad por parte de las autoridades correspondientes para establecer, en contra de los responsables, las sanciones penales y administrativas que amerita el caso. De hecho, la propia decisión de la SCJN por atraer el caso del conflicto oaxaqueño significó en su momento una muestra del vacío institucional que persiste en el país ante los quebrantos al estado de derecho.

Por añadidura, al responsabilizar a las autoridades estatales y no hacer lo propio con las federales –en este caso, con los gobiernos encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón–, los integrantes del máximo órgano de justicia del país incurren en un despropósito, habida cuenta de que la crisis que se gestó en la capital oaxaqueña a finales del sexenio pasado y principios del actual fue producto de una cadena de incapacidades que involucró a ambos niveles de gobierno, y que van de la torpeza y la lentitud que exhibieron para resolver un conflicto que en sus orígenes fue de carácter sindical, a la desmesura y falta de respeto a la ley con que intervinieron en él, provocando una oleada de violaciones a los derechos humanos.

Resulta desalentador, por lo demás, que esta resolución de la SCJN, al carecer de efectos penales, pueda no tener más consecuencia que la de asestar un nuevo golpe a la de por sí maltrecha imagen pública del gobernador oaxaqueño. En un momento en que prevalecen las tentaciones de criminalizar y reprimir las expresiones de disidencia política y los movimientos sociales, sería deseable que la definición de los magistrados tuviera mayores alcances y constituyera un ejemplo para el conjunto de las autoridades del país.

La resolución de la SCJN constituye, en suma, un avance parcial y con claroscuros en lo que respecta a la vigencia del estado de derecho y el combate a la impunidad.

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/15/index.php?section=edito

Exime dictamen de la Corte a Vicente Fox y Ulises Ruiz de represión en Oaxaca

MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- En Oaxaca sí hubo violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007, pero ni el expresidente Vicente Fox ni el gobernador Ulises Ruiz son responsables.

Esa fue la conclusión a la que llegó el ministro Mariano Azuela Güitrón en el proyecto de resolución del “caso Oaxaca”, que entregó al pleno de ministros y que será discutido a partir del próximo martes 13.

El proyecto fue colocado este lunes en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en él Azuela mantiene la línea que ha seguido el máximo tribunal en estos casos: ubicar las responsabilidades en los mandos medios operativos y deslindar por completo a las autoridades políticas federal y estatal, tal como sucedió en el “caso Atenco”.

Según Azuela, “ni el gobernador del estado ni los servidores de la Federación que intervinieron resultan responsables de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fue producida por ellos de manera directa ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseados”.

Las máximas autoridades federales a las que llegó Azuela, como “participantes presumiblemente” en la deficiente planeación y supervisión de los operativos, son Ardelio Vargas Fosado y el general Héctor Sánchez Gutiérrez.

Vargas Fosado es ahora diputado del PRI y flamante presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En Oaxaca estuvo a cargo de los operativos como jefe de Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).

El general Sánchez Gutiérrez, quien entonces era coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, acaba de ser designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, en el nuevo gobierno del estado.

Ambos funcionarios dependían del entonces secretario de Seguridad Pública y hasta el mes pasado procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en el proyecto de Azuela queda libre de cualquier responsabilidad. En cambio, identifica a 12 elementos de la PFP como “presuntos partícipes” en los operativos.

Respecto del gobierno de Oaxaca, el proyecto –de 923 páginas– deslinda por completo al secretario de Seguridad Pública y al procurador General de Justicia, a pesar de que elementos a su cargo participaron en los operativos. Identifica a 28 de ellos.

Sin mencionar responsabilidades, señala que en el operativo del 14 de junio de 2006 participaron el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

También identifica a los mandos Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.

Azuela, quien el 30 de noviembre se jubila como ministro, acota todavía más: “Corresponderá a las autoridades competentes realizar la imputación concreta según las responsabilidades que puedan resultar (civil, penal, administrativa o política)”, pues establece que hubo “violación grave de garantías” por el “proceder activo o pasivo de las autoridades”.

El ministro que de último momento desechó participar en la contienda por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo encuentra en Ulises Ruiz la responsabilidad de no contar con una policía eficaz y profesional capaz de controlar un conflicto como el ocurrido entre mayo de 2006 y enero de 2007.

Precisa que Ruiz sí fue una autoridad participante, pero su actuación “debe estimarse atenuada”, debido a que carecía de recursos presupuestales para satisfacer las demandas de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, origen del conflicto.

Además de destacar la intención de las autoridades federales y estatales de dar una “solución efectiva a las demandas o conflictos sociales”, dice que cuando éstas “determinaron hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto social… en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policíacos, provocaron la violación de garantías… y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional”.

Precisa: “En el operativo del 26 de noviembre de 2006 algunas personas fueron objeto de tratos crueles e inhumanos durante su detención y traslado a los penales correspondientes”.

Igualmente, añade, que “se advierten excesos en la represión a los inconformes, ya que se hizo uso de instrumentos tales como piedras, resorteras y bazucas…

“Se acreditó que hubo personas que presentaron lesiones graves que no guardaron proporción con el objetivo que se pretendía alcanzar mediante los operativos, además de que uno de estos fue fallido y lejos de contribuir a la solución del conflicto ocasionó más violencia y represión”, generando “una situación de mayor desorden generalizado a la que existía antes del operativo”.

Sin embargo, responsabiliza también a la APPO de haber suprimido derechos de la población: “Prácticamente se paralizó el estado de Derecho y se suprimió el goce de garantías, se afectó la vida de una comunidad sin que las autoridades impidieran que este estado de cosas continuara prevaleciendo”.

Azuela dice que “no debe olvidarse la beligerancia” de la APPO, “incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes de constituir una ‘Asamblea Popular de los Pueblos de México'”.

Según el ministro ponente, su objetivo era “extender el movimiento por todo el territorio nacional” y crear una nueva Constitución, pues “el movimiento tuvo por objetivo derrocar poderes constituidos”.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=72892


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