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EZLN: De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.
16 de Agosto del 2015.
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena:
A l@s de abajo en el mundo:
A quien corresponda:
Una vez más se remarca que, de arriba, no vendrán la verdad ni la justicia.
Nunca.
Jamás.
De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo.
El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa.  Porque quien lo juzga es el mismo que le paga.  Son los mismo criminales y jueces.  Son cabezas venenosas de la misma Hidra.
Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:
Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano. Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero.  Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas.  El autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen.  No los únicos, pero también lo son.
A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad.  Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua.  Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y la felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los líderes de la CIOAC-Histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo “y seguir con lo que quedó pendiente”.
Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles.  Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales.
También falta que los periodistas progres los entrevisten y los presenten como víctimas del “feroz” Galeano (él solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas), reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas, y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras en sus medios ensalzan el “gran” desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas y, con la mano izquierda, celebran su “compromiso con las luchas sociales”.
Pero…
Como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios.
Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios.
Miramos y escuchamos el dolor y la rabia, hechos reclamo en los familiares de miles de desaparecid@s y asesinad@s nacionales y migrantes.
Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la guardería ABC en Sonora.
Miramos y escuchamos la rabia que se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas pres@s en México y en otras partes de mundo.
Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa.
Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército.
Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñahtó de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus bosques.
Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su territorio.
Miramos y escuchamos la rabia por la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Nadia Dominicque Vera Pérez, Mile Virginia Martin Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.
Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padecen por el delito de no rendirse.
Miramos y escuchamos la indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados.
Miramos y escuchamos la rabia y el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres; por l@s diferentes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento; por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance una cifra en las estadísticas de la macroeconomía.
Miramos y escuchamos que sólo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad sólo administran la impunidad y fomentan el crimen.
Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras.  Ni siquiera cambian las palabras, como que ya tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba.
Ya es el tiempo en que, cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es “por ser quien eres“.
Porque en este mundo que dolemos, el criminal está libre y el justo está preso.  Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado.
Pero también miramos y escuchamos que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan.
Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza.  Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo.
No tiene palabra el de arriba, no tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad.
De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.
Tendremos que construirlas desde abajo.  Entonces el criminal pagará hasta que quede cabal la cuenta.
Porque lo que arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia.
Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen.
Y en la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben.
Y pasaremos la cuenta… y la cobraremos.
Entonces tendremos, sí, la verdad y la justicia.  No como una limosna de arriba, sino como una conquista de abajo.
La cárcel será entonces para los criminales y no para l@s just@s.
Y la vida, digna, justa y en paz, será para tod@s.
Eso, sólo eso.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.                Subcomandante Insurgente Galeano.
México, agosto del 2015.

Rarámuris: entre el hambre y el saqueo.

Es dramático.

Un rumor que resultó falso vuelve a poner a la vista de todos una verdad que la mayoría conoce pero había olvidado: los pueblos indígenas de México, los rarámuris de Chihuahua entre ellos, viven una hambre crónica. Muchos no los ven, tal vez porque esperan mirarlos caer frente a sus ojos como moscas fumigadas para poder hacerlo, pero hay demasiadas evidencias de ello, como la imposibilidad de acceder a tres comidas diarias por falta de ingresos económicos, desnutrición crónica por la mala calidad de la comida que ingieren, enfermedades que ya se creían superadas, derivadas de la desnutrición, entre otras. Son datos que se resaltan siempre que algún personaje público quiere medrar con ellos, o para alarmarnos a todos como si fuera un caso excepcional, pero ahí han estado siempre.

En su tiempo, Vicente Fox declaró a Coycoyán de las Flores, en el estado de Oaxaca, el municipio más pobre del país. Se dijeron muchos discursos sobre la situación, pero nada en concreto se hizo por ayudarlos a salir de la pobreza; otro tanto sucedió después con los municipios de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, en el estado de Guerrero, también de población mayoritaria mixteca. Ahora se dice que los rarámuris son los que en realidad están sufriendo la hambruna, pero igual pueden ser los nahuas de Veracruz, los tzeltales de Chiapas, los mayos de Sinaloa, o cualquier otro pueblo indígena de México. Todos ellos viven en la misma condición de pobreza, abandono, aislamiento, marginación y rechazo. Sobreviviendo como pueden y resistiendo para no desaparecer.

No es necesario ir muy atrás en el tiempo para comprobarlo. A principios de este año, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) presentó su Informe de la evaluación de la política de desarrollo social en México 2011, con un apartado especial sobre la política de desarrollo social y los pueblos indígenas. Corto, pero contundente, el informe asienta que 79 por ciento de los indígenas –esto es, ocho de cada diez– se encuentran en situación de pobreza, lo cual quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, ni dedicando todos sus ingresos a lograrlo. Pero eso no es todo: también se afirma que 40 por ciento de ese porcentaje se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a reconocer que no cuentan con ingresos para satisfacer esas necesidades.

La situación es dramática. De nada ha servido la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre derechos de los pueblos indígenas, realizada hace 20 años; ni la reforma al artículo 2 constitucional de agosto de 2001 –hace más de 10 años–, donde supuestamente se reconoció la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a decidir su propio desarrollo. En la reforma constitucional, incluso, el gobierno mexicano se comprometió a crear instancias de planeación y ejecución de programas de desarrollo; de igual manera se comprometió a que cada nivel de gobierno destinara una partida específica para la ejecución de esos programas. Nada de eso ha sucedido, los programas se siguen aprobando en las oficinas burocráticas de acuerdo con los intereses de quienes las dirigen.

La pobreza de los pueblos indígenas contrasta con la riqueza de los territorios que habitan, explotados por personas con intereses ajenos a los suyos. Es el caso de los rarámuris. Los desplazamientos de sus asentamientos ancestrales, que los colonizadores impulsaron para dominarlos, continuaron con la reforma agraria, bajo el argumento de formar núcleos de población a los cuales titularles la tierra. Poco después llegaron los rancheros para apoderarse de las tierras que quedaban deshabitadas o disputándoles las que se les habían titulado: por eso muchos pueblos como Baqueachi y Choreachi siguen defendiendo sus tierras en los tribunales agrarios. Pero no es el único despojo que sufren: a la irracional explotación forestal, que en nada los ha beneficiado, ahora se une la explotación minera y el proyecto turístico Barranca de Cobre, de los cuales ellos sólo ven la contaminación y la basura que van dejando.

Esta situación no se resuelve poniendo el grito en el cielo por la hambruna que sufren, sino cambiando la relación de colonialismo que el estado y la sociedad en su conjunto mantienen con ellos. Las despensas alimentarias, con foto y todo, pueden salvar su situación inmediata, pero las causas de ella requieren otras medidas. La primera, reconocer que son pueblos, con todo lo que esto implica; la segunda, que tienen derechos colectivos, entre ellos el de diseñar su propio desarrollo. En otras palabras, reconocerles su derecho a la autonomía, como el Estado mexicano se comprometió en los acuerdos de San Andrés hace 15 años. Y que a la fecha no ha cumplido.

Francisco López Bárcenas

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/20/opinion/022a1pol

México – Quo Vadis? A 100 años de la Revolución Derechos Humanos en el punto de mira. Berlín, Alemania. 5-7 de febrero 2010.

La situación de los derechos humanos en México ofrece muchas posibilidades para la crítica. Los estándares internacionales de derechos humanos y la constitución mexicana, que se discutió y se aprobó en el contexto de la revolución de 1910, garantizan los derechos fundamentales y ofrecen la posibilidad de la construcción de un sistema de gobierno y social democráticamente legitimado. Después de una fase de varias crisis internas en México, en los años 1980 y 1990 le siguió otra fase de cambio económico y político. Un momento clave fue el cambio de poder del PRI al PAN, cuando Vicente Fox fue elegido presidente en el año 2000. Su sucesor, Felipe Calderón, opuso a los intentos de democratización la opción militar: es un gobierno con una política de mano dura y confía en el uso masivo de militares dentro del país como supuesto factor de estabilidad.

Al mismo tiempo se limita el acceso de organizaciones civiles al proceso democrático de toma de decisiones. La democracia mexicana se encuentra hoy en una encrucijada que enfrenta el uso violento de la fuerza de grupos del crimen organizado y de sus militares dentro del país, con la criminalización y deslegitimación de los actores civiles.

En la conferencia se tratará la fase en la que estará México en el año 2010, los desafíos para un proceso de transformación democrática y las estrategias de la sociedad civil para enfrentar esta difícil situación. Cuestiones claves en este contexto son las posibilidades de las fuerzas civiles de hallar un camino fuera de la violencia en dirección a una democracia estable y las experiencias que funcionaron en este sentido en el pasado. Se trabajarán y discutirán casos emblemáticos en cuatro foros. De esta manera se quiere lograr un intercambio sobre estrategias para garantizar los derechos humanos y para proteger a los defensores de derechos humanos.

Conferencia Internacional de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México en cooperación con la Fundación Heinrich Böll, la Academia Luterana Bad Boll y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín.

Programa

Viernes, 5.2.2010

13:00 Inscripción

14.00 Bienvenida e introducción

Annette von Schönfeld, Fundación Heinrich Böll

Carola Hausotter, Coordinación Alemana por los derechos humanos en México

14.30 Desafíos del proceso democrático: México a 100 años de la Revolución

Charlas

Organizaciones civiles en el punto de mira

Luis Hernández Navarro, periodista, La Jornada (D.F.)

Impotencia de la democracia – trabajo político enfrentando violencia y crisis financiera

Sara Lovera, periodista, SEMlac (D.F.)

Moderación: Bernd Pickert, periodista (taz)

16.00 Pausa

16.30 Derechos Humanos entre la teoría y la realidad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Keynotes

Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan (Guerrero)

Marcos Leyva, EDUCA (Oaxaca)

Diego Cadenas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas)

Moderación: Pedro Matías, periodista, Proceso y Michael Windfuhr, Pan para el mundo

18.00 Pausa

20:00 Lectura del libro: „Sentido Contrario – Vida y milagros de rebeldes contemporáneos“

Luis Hernández Navarro

Moderación: Chris Schulz, Obra Diacónica

Sábado, 6.2.2010

9.00 Introducción

9.30 Lograr los Derechos Humanos

Foros paralelos

Foro I: ¿Quién es propietario de la tierra? – Conflicto de tierra y estrategias para la solución

Miguel Hernández, SERAPAZ (Chiapas)

Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan (Guerrero)

Edita Álvarez Ruiz, Unosjo (Oaxaca)

Alejandra Ancheita, Prodesc (D.F.)

Moderación: Wolf-Dieter Vogel, periodista y Eckhard Finsterer, Misereor

Foro II: Con diferente rasero

Impunidad de violaciones de derechos humanos y la criminalización de la protesta social

Diego Cadenas, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas)

Verónica Rodríguez, Amnistía Internacional México

Yésica Sánchez, Consorcio (Oaxaca)

Alba Cruz., Comité 25 de Noviembre (Oaxaca)

Moderación: Wolfgang Kaleck (ECCHR) y Chris Schulz, Obra Diaconica

Foro III: Alternativas desde abajo? Formas de actuación de organizaciones de base

Norma Cacho, CIEPAC (Chiapas)

Celsa Valdivinos OMESP (Guerrero)

Montserrat San Martín Cruz, OIDHO (Oaxaca)

Moderación: Matthias Wanzeck, Academia Luterana Bad Boll y Eberhard Raithelhuber, Promovio

Foro IV: Acción versus violencia – Alternativas de la sociedad civil enfrentada a excesos de violencia y la “guerra contra el narcotráfico”

Luis Arriaga, Centro Prodh (D.F.)

N.N., Movimiento Pacto por la Cultura (Ciudad Juárez, Chihuahua)

Thomas Zapf, SIPAZ (Chiapas)

Luis Gerónimo Zavala, Red Guerrerense de Derechos Humanos (Guerrero)

Moderación: Annette v. Schönfeld, Fundación Heinrich Böll y Andreas Zumach,periodista

13:00 Comida

15.00 Resultados de los Foros

Presentación

Rupert Knox, Amnesty International (London) y Carola Hausotter, Coordinación Alemana por los derechos humanos en México

16.00 Pausa

16.30 Efectividad de los instrumentos parlamentarios y internacionales para la protección de los derechos humanos

Discusión

Barbara Lochbihler, MdEP B 90/Los Verdes

Raul Romeva, MdEP Greens/EFA (pedido)

Manfred Nowak, Relator especial de la ONU de tortura

Wolfgang Kaleck (ECCHR)

Moderación: Andreas Zumach, periodista y Heike Böttcher (pbi)

Domingo, 7 de febrero 2010

9.30 Amigo o enemigo? Victima o verdugo?

Medios y derechos humanos en México

Los periodistas Luis Hernández, Sara Lovera y Pedro Matías en una conversación con Bernd Pickert

11.00 La lucha por los derechos humanos dentro de una política económica y social – estrategias con potencial de éxito.

Discusión

Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos, Tlachinollan (Guerrero)

Rupert Knox, Amnistía Internacional (London)

Héctor Padilla, Universidad de Ciudad Juárez (Chihuahua)

Moderación: Marianne Braig, Universidad de Berlín, Harald Ihmig, Universidad Protestante Hamburgo

12.30 Despedida

Annette von Schönfeld, Fundación Heinrich Böll

Dagmar Seybold, Coordinación Alemana por los derechos humanos en México

13.00 Espacios para intercambio y acuerdos

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las siguientes organizaciones e instituciones alemanas: Amnistía Internacional (Sección de la República Federal Alemana, A.C.), pbi (Brigadas de Paz) CAREA A.C.,Centro Franciscano de Desarollo y Misión, Departamento de Derechos Humanos Diaconía Alemania, FIAN Alemania, Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pan para el Mundo, Pax Christi (Fondo Solidario Un Mundo) y Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C. (Asociación de Apoyo para el Movimiento de Derechos Humanos Indígena de Oaxaca/México, Promovimiento Indígena en Oaxaca A.C.) y la Universidad Protestante para Trabajo Social y Diaconía en Hamburgo.

Los foros

En los cuatro foros paralelos habrá breves introducciones sobre casos emblemáticos. A continuación el grupo discutirá estrategias para la protección de derechos humanos.

Foro I: ¿Quién es propietario de la tierra? – Conflicto de tierra y estrategias para la solución

Miguel Hernández hablará sobre el ejemplo de la región Montes Azules en Chiapas. Con el enfoque a la protección ambiental versus derechos humanos, describirá como el gobierno chiapaneco instrumentaliza la protección legal de una biosfera protegida para justificar y legitimar el desalojo y la presencia militar. En el caso de Oaxaca, la organización Unosjo comentará el paquete de medidas que apoya el gobierno sin considerar los derechos de los pueblos indígenas a la participación en estas decisiones. Se describirá como afecta este problema a los pueblos indígenas de la zona. Para Guerrero, Abel Barrera hará un resumen de la lucha contra la presa „La Parota“ y expondrá la lucha de la organización OPIM por sus derechos .Las intervenciones tienen el enfoque de explicar las varias razones de conflictos de tierra.

Foro II: Con diferente rasero – Impunidad de violaciones de derechos humanos y la criminalización de la protesta social

En referencia a Oaxaca este foro tratará las tácticas del estado en el seguimiento de las violaciones de derechos humanos en el año 2006: la negación de los hechos, la impunidad de los culpables, la acusación y prisión de activistas con falsas acusaciones y la criminalización del movimiento social (Alba Cruz, Comité 25 de Noviembre).

Diego Cadenas (Fray Bartolomé de las Casas) expondrá el caso de la masacre de Acteal y la manera de la justicia de tratar los crímenes en Chiapas. Describirá como se amenaza a los colaboradores del centro de derechos humanos de Fray Bartolomé de las Casas y como enfrenta el centro estas amenazas.

Luis Arriaga, Centro Prodh explicará cómo se consigue que no se juzguen crímenes y violaciones de derechos humanos de militares y relatará las estrategias de las ONGs mexicanas para intentar de cambiar este hecho.

Foro III: Alternativas desde abajo? Formas de actuación de organizaciones de base

Celsa Valdovinos, fundadora de una organización campesina, se preguntará si este tipo de iniciativas puede conectarse con el sistema estatal de programas de desarrollo. Desde Oaxaca Montserrat San Martín Cruz informará sobre proyectos de la organización OIDHO para fomentar la autonomía indígena. CIEPAC informará sobre la movilización social que se ha dado en el contexto de las altas tarifas de electricidad.

Foro IV: Acción versus violencia – Alternativas de la sociedad civil enfrentada a excesos de violencia y la guerra contra el narcotráfico

Un(a) representante del Movimiento Pacto por la Cultura de Ciudad Juárez (Chihuahua) describirá unas iniciativas civiles que intentan el desarrollo de iniciativas para tratar la alta violencia en la zona. La Red Guerrerense platicará de Guerrero, como las organizaciones locales tratan allí el tema de la violencia. Sobre Chiapas hablará Thomas Zapf de Sipaz sobre el trabajo para la paz y como tratan el tema de un ambiente violento y conflictivo.

Apoyo de América del Valle -FPDT- al SME

A los trabajadores del SME y de todo el país:

A sus familias:

Quiero recordar que lo que detonó la lucha en Atenco fue el decreto presidencial de Vicente Fox que expropiaba nuestras tierras para la construcción del aeropuerto internacional.

Igual que a ustedes, sin consulta alguna, de un día a otro la imposición de los de arriba nos arrebataba la herencia de nuestros abuelos y el patrimonio de nuestros hijos.

Como es su costumbre, el PRIAN anunció el atropello con gran júbilo, mas nunca contaron que ese mismo día, el pueblo también decidió luchar y dar la vida si fuese necesario, antes que entregar a nuestra madre tierra.

Nueve meses después de una lucha sin descanso, con la decisión firme hasta vencer y toda la solidaridad que buscamos y construimos con el pueblo, Atenco derrotó los intereses millonarios del PRIAN y de los dueños del dinero.

Hoy la afrenta es mayúscula y lo que está en juego no es poco: es el destino de la clase trabajadora y del país entero. Por eso desde Atenco les recordamos que no hay decreto que la firmeza del pueblo no pueda echar abajo. Si Atenco pudo derrotar el decreto del despojo, ustedes, más de 40 mil trabajadores también pueden lograrlo.

La última palabra la tienen ustedes, y si ustedes llaman a vencer, a su lado todo el pueblo, hasta vencer estaremos. Sí es posible la victoria mientras nos mantengamos luchando. ¡Desde el exilio, el SME somos todos!

América Del Valle (perseguida política del Estado mexicano).

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

SCJN ante Oaxaca: resolución y claroscuros

SCJN ante Oaxaca: resolución y claroscuros

Por mayoría –siete votos contra cuatro–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió señalar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y a otros funcionarios de su administración, como responsables de violaciones graves a las garantías individuales ocurridas durante el conflicto que se registró entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de esa entidad.

Es de saludar en primer lugar que la mayoría de los integrantes del máximo tribunal hayan rechazado la propuesta elaborada por el ministro Mariano Azuela, que señalaba que las vejaciones y los atropellos cometidos en el contexto de ese conflicto no eran imputables al mandatario oaxaqueño, sino a los mandos policiacos, y responsabilizaba a “particulares” por no haber atendido los ofrecimientos de los gobiernos estatal y federal para dialogar, y haber realizado, en cambio, marchas, bloqueos y tomas de edificios.

La determinación de la SCJN sienta, así, un precedente positivo al reconocer que el Ejecutivo estatal falló en su deber de proteger, con estricto apego a la ley y a las garantías individuales, los derechos de la población, y que con ello permitió la comisión de asesinatos, secuestros y otros delitos graves en contra del sector opositor, aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por desgracia, no parece haber ahora, como tampoco hace tres años, capacidad y voluntad por parte de las autoridades correspondientes para establecer, en contra de los responsables, las sanciones penales y administrativas que amerita el caso. De hecho, la propia decisión de la SCJN por atraer el caso del conflicto oaxaqueño significó en su momento una muestra del vacío institucional que persiste en el país ante los quebrantos al estado de derecho.

Por añadidura, al responsabilizar a las autoridades estatales y no hacer lo propio con las federales –en este caso, con los gobiernos encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón–, los integrantes del máximo órgano de justicia del país incurren en un despropósito, habida cuenta de que la crisis que se gestó en la capital oaxaqueña a finales del sexenio pasado y principios del actual fue producto de una cadena de incapacidades que involucró a ambos niveles de gobierno, y que van de la torpeza y la lentitud que exhibieron para resolver un conflicto que en sus orígenes fue de carácter sindical, a la desmesura y falta de respeto a la ley con que intervinieron en él, provocando una oleada de violaciones a los derechos humanos.

Resulta desalentador, por lo demás, que esta resolución de la SCJN, al carecer de efectos penales, pueda no tener más consecuencia que la de asestar un nuevo golpe a la de por sí maltrecha imagen pública del gobernador oaxaqueño. En un momento en que prevalecen las tentaciones de criminalizar y reprimir las expresiones de disidencia política y los movimientos sociales, sería deseable que la definición de los magistrados tuviera mayores alcances y constituyera un ejemplo para el conjunto de las autoridades del país.

La resolución de la SCJN constituye, en suma, un avance parcial y con claroscuros en lo que respecta a la vigencia del estado de derecho y el combate a la impunidad.

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/15/index.php?section=edito

Exime dictamen de la Corte a Vicente Fox y Ulises Ruiz de represión en Oaxaca

MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- En Oaxaca sí hubo violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007, pero ni el expresidente Vicente Fox ni el gobernador Ulises Ruiz son responsables.

Esa fue la conclusión a la que llegó el ministro Mariano Azuela Güitrón en el proyecto de resolución del “caso Oaxaca”, que entregó al pleno de ministros y que será discutido a partir del próximo martes 13.

El proyecto fue colocado este lunes en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en él Azuela mantiene la línea que ha seguido el máximo tribunal en estos casos: ubicar las responsabilidades en los mandos medios operativos y deslindar por completo a las autoridades políticas federal y estatal, tal como sucedió en el “caso Atenco”.

Según Azuela, “ni el gobernador del estado ni los servidores de la Federación que intervinieron resultan responsables de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fue producida por ellos de manera directa ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseados”.

Las máximas autoridades federales a las que llegó Azuela, como “participantes presumiblemente” en la deficiente planeación y supervisión de los operativos, son Ardelio Vargas Fosado y el general Héctor Sánchez Gutiérrez.

Vargas Fosado es ahora diputado del PRI y flamante presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En Oaxaca estuvo a cargo de los operativos como jefe de Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).

El general Sánchez Gutiérrez, quien entonces era coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, acaba de ser designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, en el nuevo gobierno del estado.

Ambos funcionarios dependían del entonces secretario de Seguridad Pública y hasta el mes pasado procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en el proyecto de Azuela queda libre de cualquier responsabilidad. En cambio, identifica a 12 elementos de la PFP como “presuntos partícipes” en los operativos.

Respecto del gobierno de Oaxaca, el proyecto –de 923 páginas– deslinda por completo al secretario de Seguridad Pública y al procurador General de Justicia, a pesar de que elementos a su cargo participaron en los operativos. Identifica a 28 de ellos.

Sin mencionar responsabilidades, señala que en el operativo del 14 de junio de 2006 participaron el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

También identifica a los mandos Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.

Azuela, quien el 30 de noviembre se jubila como ministro, acota todavía más: “Corresponderá a las autoridades competentes realizar la imputación concreta según las responsabilidades que puedan resultar (civil, penal, administrativa o política)”, pues establece que hubo “violación grave de garantías” por el “proceder activo o pasivo de las autoridades”.

El ministro que de último momento desechó participar en la contienda por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo encuentra en Ulises Ruiz la responsabilidad de no contar con una policía eficaz y profesional capaz de controlar un conflicto como el ocurrido entre mayo de 2006 y enero de 2007.

Precisa que Ruiz sí fue una autoridad participante, pero su actuación “debe estimarse atenuada”, debido a que carecía de recursos presupuestales para satisfacer las demandas de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, origen del conflicto.

Además de destacar la intención de las autoridades federales y estatales de dar una “solución efectiva a las demandas o conflictos sociales”, dice que cuando éstas “determinaron hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto social… en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policíacos, provocaron la violación de garantías… y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional”.

Precisa: “En el operativo del 26 de noviembre de 2006 algunas personas fueron objeto de tratos crueles e inhumanos durante su detención y traslado a los penales correspondientes”.

Igualmente, añade, que “se advierten excesos en la represión a los inconformes, ya que se hizo uso de instrumentos tales como piedras, resorteras y bazucas…

“Se acreditó que hubo personas que presentaron lesiones graves que no guardaron proporción con el objetivo que se pretendía alcanzar mediante los operativos, además de que uno de estos fue fallido y lejos de contribuir a la solución del conflicto ocasionó más violencia y represión”, generando “una situación de mayor desorden generalizado a la que existía antes del operativo”.

Sin embargo, responsabiliza también a la APPO de haber suprimido derechos de la población: “Prácticamente se paralizó el estado de Derecho y se suprimió el goce de garantías, se afectó la vida de una comunidad sin que las autoridades impidieran que este estado de cosas continuara prevaleciendo”.

Azuela dice que “no debe olvidarse la beligerancia” de la APPO, “incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes de constituir una ‘Asamblea Popular de los Pueblos de México'”.

Según el ministro ponente, su objetivo era “extender el movimiento por todo el territorio nacional” y crear una nueva Constitución, pues “el movimiento tuvo por objetivo derrocar poderes constituidos”.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=72892


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