Informe ejecutivo.
Hace 16 años en nuestro corazón existía la vaga sensación de lo que significaba entregar nuestras energías a la causa de los derechos humanos, poco sabíamos de los secretos colectivos que han hecho trascender a lo largo de los siglos a estos pueblos forjados en la cultura del don, su fuerza histórica es la memoria digna y rebelde de quienes son fieles a sus raíces para resistir comunitariamente a las políticas etnocidas.
La lucha por los derechos humanos posee el encanto del arcoíris que siempre aparece hermoso en el firmamento, pero nunca se tiene la dicha de acariciar la belleza de sus colores. Cuando lo contemplamos nos atrapa el deseo de llegar al lugar donde nace y la realidad es que se difumina cuando avanzamos hacia su encuentro. Desde que abrimos las puertas de este Centro acariciamos la idea de que la justicia podría ser un bien tangible construido con la fuerza de los pobres.
Nunca creímos que esta obra representaría una tarea gigantesca que no puede ser levantada con pocas manos, que más bien necesitaba de la solidaridad y la inteligencia de quienes siempre han estado trabajando por esta causa en los diferentes rincones de la Montaña. No bastaba con esperar la visita de la población agraviada en el cuarto de un hotel habilitado como oficina sino que fue un imperativo ético de salir al encuentro de los que sufren, de estar presentes en los lugares más apartados donde el gobierno se ensaña contra los indefensos, de asumir con sencillez nuestra impericia para ser compañeros y compañeras útiles en los momentos más difíciles que enfrentan las víctimas, de ablandar nuestro corazón para poder contagiarnos de los nobles sentimientos que cultiva la gente de la Montaña. Nos vimos obligados a desinstalarnos de nuestro propio espacio y hasta de nuestros mismos hábitos de vida, también nos sigue costando mucho desmontar nuestras formas de pensar y de concebir los derechos humanos para recuperar nuevas prácticas comunitarias que definen la naturaleza de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Siempre nos ha interpelado el sentido de reciprocidad y de trato igualitario que prevalece en las relaciones intracomunitarias, esta práctica ha sido muy difícil fusionarla a nuestros estilos y maneras de trabajar como organismo de derechos humanos. Este ejercicio no se suscribió al ámbito intelectual sino que fue una interpelación a nuestra vida y un llamado para asumir esta causa como parte de un proyecto existencial. Los testimonios a flor de piel de quienes eran víctimas de alguna violación a sus derechos humanos fueron moldeando nuestras maneras de tratar y de escuchar.
El registro permanente de los casos, los rostros y las voces de hombres y mujeres de los tres pueblos se anidaron en nuestro corazón que también se entristece como el de todos ellos y ha querido robustecerse como el corazón grande que poseen los defensores y defensoras comunitarias que están en la base y en la primera línea de fuego.
Desde el caso del profesor Magencio Abad Zeferino quien fue detenido de manera arbitraria y posteriormente torturado junto con su hijo por miembros del Ejército en diciembre de 1996, hasta los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas me´phaa que fueron torturadas y violadas sexualmente por militares en febrero y marzo del 2002, como Centro de Derechos Humanos siempre nos han inspirado sus convicciones y anhelos para alcanzar la justicia sacrificando todo. Ellos y ellas guían nuestros pasos, nos marcan la ruta para caminar siempre de frente y cuesta arriba. Aprendimos a adquirir valor al ver que la gente había vencido el miedo para bajar a Tlapa o Ayutla a pedir justicia. La presencia de las víctimas de violaciones a derechos humanos siempre nos indicaba que habían decidido salir de su comunidad para caminar varias horas, pasar hambres y enfrentar desprecios con tal de exigir justicia. Esos grandes obstáculos que enfrenta cotidianamente la población indígena los han superado porque ya no están dispuestos a sufrir más ultrajes y agresiones de los policías y los militares. Con ese valor heroico nos hemos tenido que cobijar para salir al frente con los pies bien plantados en la tierra y encarar al poder impune.
Inés y Valentina nos enseñaron a superar las barreras lingüísticas, nunca consintieron el silencio cómplice ni aceptaron la sumisión, tampoco se hicieron rehenes de la burla y la estigmatización promovida por la mayoría de los hombres de sus comunidades. A nadie le pidieron permiso para denunciar públicamente esta aberración ni les tembló la voz para decir la verdad de estos hechos deleznables. Bajaron a Ayutla y a Tlapa para encarar a los cómplices de los verdugos y para demostrar que no claudicarían en su afán por la justicia. Fueron ellas las que desenmascararon la simulación de un sistema de justicia estatal que se subordina y somete a los dictados de los militares. No consintieron por dignidad y convicción que el mismo Ejército se transformara en juez y parte de la canallada que ellos mismos habían protagonizado. A pesar de que el mundo se les derrumbaba (cuando miembros de su misma comunidad se hacían cómplices del Ejército para intimidarlas y obligarlas a desistirse), ellas descubrían la mezquindad, la cobardía y la pequeñez de los hombres que vieron la conveniencia de dejarlas solas en su lucha. Siempre han luchado a brazo partido y a contra corriente, sufriendo en todo momento amenazas, injurias y desprecios.
Las mismas fuerzas represivas del Estado se han empeñado en destruir su vida, en cerrarles el camino a la justicia y en no permitir que su verdad desnude a un Ejército violador de derechos humanos que cobardemente se refugia en el fuero militar. El aparato represivo y diplomático del Estado mexicano se ha acuerpado para seguir defendiendo al Ejército y atentar contra la vida y la seguridad de Inés, Valentina y sus familiares. Tuvieron el descaro de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender al Ejército y denigrar la honorabilidad de dos mujeres heroicas, con gran cinismo evaden los cuestionamientos de fondo para amortiguar el duro golpe que le propiciará la Corte por ser un país que violenta los derechos humanos de la población más indefensa. Ellas han dado todo, por eso lograron llegar hasta la Corte Interamericana. Fueron ocho años de amenazas, de acoso sistemático, de agresiones físicas, de afectación al patrimonio familiar, de atentar contra sus hijas y de nunca dejarlas vivir con tranquilidad en sus domicilios. A pesar de las denuncias y de las medidas provisionales las autoridades federales y estatales siguen siendo comparsas de los que han hecho la vida imposible de Inés y Valentina. Se trata de una estrategia diseñada por las fuerzas más oscuras que se mueven dentro de los altos círculos del poder para no permitir que los fueros se restrinjan y se terminen y para que los poderosos sean llamados a cuentas por cualquier ciudadano o ciudadana.
En este periodo que va de junio de 2009 a mayo de 2010, se ha incrementado el número de detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos logrando documentar 26 casos. A pesar de las medidas provisionales con que cuentan 108 defensores y defensoras de derechos humanos de diciembre del 2009 a junio de este año se han suscitado nueve casos de amenazas que se suma a los siete casos que se registraron de mayo a noviembre de 2009. En los últimos dos meses el gobierno del estado reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y egresados de la normal rural de Ayotzinapa. Esta ofensiva se extendió también hacia las miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), los opositores de la minera Media Luna y contra integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Por parte del Ejecutivo no ha cejado en su postura reduccionista de catalogar a los luchadores sociales como delincuentes y ha mantenido una postura inflexible de no permitir el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra defensores y defensoras que en el proceso penal han logrado demostrar que fueron víctimas de delitos fabricados. El caso de Raúl Hernández ha alcanzado una dimensión internacional por las claras evidencias que existen en el expediente de que hubo consigna para encarcelar a los miembros de la Organización del Pueblos Indígena Me´phaa (OPIM). Estas razones políticas siguen causando graves daños a Raúl que lleva más de dos años y tres meses pagando injustamente un delito que nunca cometió. La arbitrariedad del poder no escucha razones ni argumentos de fondo que han planteado organizaciones de gran prestigio de Amnistía Internacional que ha declarado como preso de conciencia a Raúl porque es insostenible jurídicamente la acusación que se le imputa.
En este último tramo del sexenio perredista ha resurgido la violencia política como una expresión funesta del vacío de autoridad que experimenta la mayoría de guerrerenses. El descrédito en el sistema de justicia es atroz y lo que es peor se ha dejado que los personajes siniestros vuelvan por sus fueros. La protección y alta permisividad a los violadores de derechos humanos ha sido un factor endógeno para alentar la impunidad y la violencia protagonizada por el crimen organizado. Las denuncias en lugar de resolver los delitos son un factor de riesgo que muy pocos ciudadanos están dispuestos a correr por que saben que no vale la pena apostarle a un órgano investigador que no es confiable y que fácilmente se colude con los intereses ocultos de las mafias. A los partidos políticos y sus precandidatos el tema de la militarización, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres no forman parte de la agenda para el próximo sexenio porque en lugar de representar un negocio lucrativo requiere un compromiso serio y responsable con la sociedad que se organiza y que no está dispuesta a recibir migajas ni a continuar con poses y discursos demagógicos que sólo sirve para reproducir este sistema injusto.
El gran desafío que tenemos las y los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos. No podemos eludir las enseñanzas que nos han brindado generosamente quienes sin pretenderlos han allanado el camino para alcanzar la justicia en el plano internacional. Guerrero es el único estado que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas. Estos cuatro casos tienen un denominador común que es el Ejército como el autor de las violaciones a los derechos humanos. Son casos que nos remiten a la época de la guerra sucia y a los años recientes donde los nuevos gobiernos neoliberales le otorgaron facultades extra constitucionales al Ejército para salir de los cuárteles e instalarse en las comunidades indígenas, atendiendo el libreto de la guerra de contrainsurgencia. Los cuatro casos se enmarcan dentro de esta estrategia contrainsurgente que tiene licencia para desaparecer personas, violar sexualmente a mujeres indígenas y torturar a defensores de derechos humanos.
En nuestro país el fuero civil se negó a investigar estos delitos de lesa humanidady puso en manos de la justicia militar los casos para hacer más cruento el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado para castigar a los responsables.
A pesar de tanta desolación nuestro credo por la justicia y por el respeto a los derechos humanos sigue siendo una fuerza que nace desde el fondo de nuestro corazón. A pesar de la pesada noche de la impunidad y de la tempestad de la violencia los defensores y defensoras no cejaremos en nuestra lucha para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio y de demandar el cumplimiento cabal de la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú.
La esperanza nos mantiene unidos y con mucho ánimo, tenemos la certeza de que el gran sacrificio que han hecho Inés y Valentina tendrá sus frutos en este invierno cuando los ministros de la Corte llamen a cuentas al Estado mexicano por haber violado los derechos humanos de Inés y de Valentina.
En estos 16 años, en el jardín de los defensores y defensoras de los derechos humanos empieza a florecer la lucha por la justicia y nos alienta a que juntos construyamos este nuevo amanecer en las montañas del sur.
Tlapa, Guerrero, México a 24 de julio del 2010
16 ANIVERSARIO
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan A.C.
Mina 77 Col. Centro C.P. 4130
Tlapa de Comonfort Guerrero, México
Tel. +52 (757) 47 61220 / 47 6 1200
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