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Wirikuta fest.

 

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México. Tribunal Permanente de los Pueblos: Sobre el asesinato de Bernardo Vásquez.

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ OPOSITOR AL PROYECTO MINERO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA.

México, D.F. a 16 de marzo de 2012.

A los pueblos de México y el mundo,
A los medios de comunicación,
A las autoridades del Estado de Oaxaca de Juárez,
Al Ejecutivo Federal,

A Bernardo Vázquez Sánchez hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando mortalmente las aguas del Valle de Ocotlán?

El día de ayer jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9mm los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sánchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán.

Bernardo Vásquez Sánchez, ultimado en los lamentables hechos de esta noche, era uno de los dirigentes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes desde 2008 han rechazado al proyecto minero comandado por la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. Dicho proyecto minero se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas.

Antecedentes

En repetidas ocasiones los miembros de la COPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez). Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario.

Esta terrible agresión es la segunda en lo que va de este año en contra los defensores ambientales de la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán. El pasado 18 de enero de 2012 el presidente municipal –ahora prófugo de la justicia- Alberto Mauro Sánchez, acompañado de su hermano, Carlos Sánchez Muñoz y el regidor Gabriel Pérez Ruiz, frente a la policía de este municipio agredieron impunemente, con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15), a pobladores de esa comunidad que en ese momento solicitaban información en torno al intento de la empresa minera Cuzcatlán de pasar una tubería destinada a transportar agua de un pozo profundo, ocasionando la muerte del ciudadano Bernardo Méndez Vásquez, (que en eso entonces los sicarios confundieron con el ahora finado Bernardo Vázquez) así como a Abigaíl Vásquez Sánchez, hermana de Bernardo Vázquez Sánchez.

A lo anterior habría que recordar que el presidente municipal de esta comunidad cuenta con una denuncia ante la PGR por la portación y uso de este tipo de armas de alto poder, en otros conflictos violentos previamente ocurridos en esta comunidad, lo que valdría para que dicho personaje fuese cesado de sus funciones y detenido en una cárcel de alta seguridad.

Después de la agresión de enero las autoridades municipales se dieron a la fuga, razón por la cual las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca se vieron obligadas a tomar las instalaciones de la presidencia municipal de San José del Progreso. No obstante, el grupo de autoridades criminales regresaron recientemente a la comunidad para con todo cinismo seguir atendiendo como “autoridades municipales” en una casa particular ubicada Av. Carranza No 1 esquina con Reforma, dentro de esta comunidad, sin que las autoridades del estado procedieran a detener a este grupo de asesinos al servicio de la empresa minera canadiense. De ahí que los miembros de la comunidad con plena razón atribuyan este nuevo crimen el edil Mauro Alberto Sánchez y demás integrantes del Cabildo de San José el Progreso, así como a Aarón Pérez y Servando Díaz, sin excluir de la responsabilidad principal al propio Gobierno del Estado de Oaxaca precedido por Gabino Cué, que ha permitido que las cosas lleguen hasta este punto.

Bernardo sabía perfectamente que lo estaban literalmente cazando. Aun así no se dejó intimidar en ningún momento y se mantuvo valientemente peleando, junto con sus compañeros de San José, por la defensa de las tierras, aguas y condiciones generales de vida de su comunidad. El pueblo de San José se encuentra actualmente al borde de un estallido social que podría resultar mucho más costoso. Lo cual ya debe estar bien calculado por esta empresa minera, especializada y capacitada en Perú en la implementación de este tipo de ingeniería y el maquillado de este tipo de conflictos supuestamente presentados como comunitarios.

¿Cuántos muertos más tendremos que esperar para que el gobierno federal termine con su criminal y devastadora política de promoción de la mega minería tóxica canadiense?

Ante estos hechos denunciamos:

· Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el día 15 de marzo del 2012.

· Nuestra exigencia a las autoridades estatales y federales la justicia y castigo a los responsables de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de enero del 2012 a casi dos meses de su muerte.

· Protección inmediata a la familia Vásquez Sánchez, quien ha perdido a un hijo y dos más han sido heridos de bala, así como a todos los luchadores sociales de la comunidad.

· Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines por los cobardes asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.

· Responsabilizamos al titular del Gobierno de Estado de Oaxaca, Gabino Cué, por la opacidad e indolencia con la que ha actuado ante el conflicto social de San José del Progreso, traicionando su mandato de velar por los intereses populares y no por los de empresas extranjeras.

· Nuestra exigencia al Gobierno Federal la salida inmediata de la empresa asesina canadiense Fortuna Silver Mines del territorio nacional, que desde su llegada es la causante de los actos violentos en la comunidad de San José del Progreso, que ya ha cobrado dos muertos y al menos tres heridos.

Atentamente,

 Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

http://www.tppmexico.org/

Minería en México: entre el despojo capitalista y la resistencia popular.

Hace 11 años, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenzó la resistencia popular contra el despojo a la nación y los mexicanos por la gran industria minera. En 2001 los opositores a la minería a cielo abierto comenzaron la resistencia con un festival cultural y unas mesas de análisis sobre los problemas que la presencia de la minera New Gold-Minera San Xavier generaba entre ellos. Tal vez los organizadores de la resistencia ni lo imaginaron, pero al paso del tiempo terminaron convirtiéndose en uno de los referentes imprescindibles de la oposición a la actividad minera a gran escala, por los efectos tan negativos que deja entre la población de los alrededores donde se establece. Ahora, con la legitimidad que les da una década de lucha, se preparan para la realización del undécimo festival de la resistencia contra la actividad minera a gran escala, el cual está programado para realizarse el próximo sábado 17 del presente mes y al cual, además de comunidades de la región, esperan asistan opositores de otras latitudes del país.

Once años después de las primeras resistencias las condiciones son diferentes. En principio ya los efectos de la minería se dejan ver con más claridad. Uno de ellos es que los dueños de las minas se vuelven ricos a costa de la vida de los trabajadores. El ejemplo más claro es que Germán Larrea Mota Velasco, el principal accionista del consorcio minero Grupo México –el dueño de la mina Pasta de Conchos, colapsada por una explosión en febrero de 2006–, ocupa el cuarto lugar entre los multimillonarios mexicanos, y el 48 en el mundo, con una fortuna de 14 mil 200 millones de dólares. Esa es la cara bonita, la de los resultados alegres de la minería; la otra enseña los muertos por oponerse a esta actividad –Óscar Loredo, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Mariano Abarca Roblero, en Chicomuselo, Chiapas, y Bernardo Méndez, en San José del Progreso, Oaxaca, son casos emblemáticos–. Pero también están las muertes por enfermedades, la contaminación de las tierras y aguas, privándolos de los medios de subsistencia, devastación ambiental, afectación de la salud de las personas y la destrucción del entorno cultural.

No son los únicos que resisten, naturalmente. Por muchos puntos del territorio nacional la lucha antiminera crece y se fortalece. Son importantes las luchas de Chicomuselo, Chiapas; la de los opositores a la mina Caballo Blanco, en Veracruz; la de San José del Progreso y Capulalpan, en Oaxaca; la que se desarrolla en la región Costa-Montaña, en Guerrero; la de los huicholes en Jalisco, y varios municipios de Chihuahua, Sonora y Baja California, en el norte del país. Son la luchas antimineras más visibles, las que han trascendido el espacio local y sus voces inconformes son escuchadas mas allá de su localidad; la mayoría de ellas inclusive participan en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pero hay más, aunque no se vean. En el mismo estado de San Luis Potosí y su vecino Zacatecas existentes resistencias que no por pequeñas dejan de ser importantes. Hacia allá también se tienden caminos en este undécimo festival de la resistencia minera, para que su experiencia transcienda y abone a la lucha.

Entre los objetivos que los organizadores del encuentro se han fijado está propiciar la coordinación de los diversos movimientos que se oponen a los efectos nocivos de la gran minería, que es al mismo tiempo una lucha en defensa de la vida y el ambiente; también buscan que entre todos los asistentes se genere un diálogo en torno a las posibilidades de establecer lazos de apoyo y unidad entre todos aquellos que se oponen a la gran minería tóxica, para compartir conocimientos, recursos y experiencias que permitan que sus esfuerzos arrojen mejores resultados. Se trata de miras de alto vuelo, porque piensan que ya está más o menos claro el objetivo por el que se debe combatir, pero falta saber cómo se hará, no porque no haya ideas de cómo hacerlo, sino porque abundan, pues aunque los movimientos de resistencia comparten sus objetivos comunes, cada uno tiene sus propias dinámicas, de acuerdo con su tamaño, los recursos con que cuenta para moverse y las relaciones que logra establecer con diversos actores, entre otros factores. Ahí radica la importancia de este undécimo festival de la resistencia a la minería que el 17 de marzo se realizará en el Cerro de San Pedro. De ahí pueden surgir las ideas que permitan dar el gran salto hacia adelante en la lucha por la vida.

Francisco López Bárcenas

http://www.jornada.unam.mx/2012/03/16/opinion/026a2pol

Tribunal Permanente de los Pueblos-México. Audiencia Ambiental. Boletín de Prensa.

Boletín de Prensa.

1.- Nos congratulamos de la decisión que el Ejecutivo del Estado de Veracruz ha tomado en torno al proyecto minero Caballo Blanco para no avalar su operación en el estado y que haya respetado plenamente esta demanda ciudadana atendiendo a su mandato constitucional.

2.- Era de esperarse que en un marco de legalidad y congruencia, el Gobernador respetara los derechos a un ambiente sano, a la salud y al territorio en beneficio de todos los veracruzanos y que además, privilegiara la vocación real de la tierra veracruzana que es la producción y no, la extracción de minerales a través de una industria minera tóxica.

3.- En ese sentido, la sociedad civil reconoce que a partir de este momento, el Gobierno del Estado, con esta decisión histórica, marca la pauta para que las políticas públicas estatales, en un marco de sustentabilidad, se encaminen a recuperar esta vocación agropecuaria y turística de Veracruz con lo cual se seguirá contribuyendo a la economía nacional, a asegurar la soberanía alimentaria en nuestro estado y en el país, y a contrarrestar los efectos del crisis climática a nivel mundial.

4.- Nos queda claro también que el Gobierno del Estado de Veracruz, esta actuando con pleno respeto a los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de seguridad nuclear pues esta industria de alto riesgo que pretende asentarse a 3kms de la nucleoeléctrica de Laguna Verde compromete la seguridad, la vida y el futuro de los mexicanos.

5.- A la fecha ya se han pronunciado en contra del proyecto minero Caballo Blanco diversos actores sociales nacionales e internacionales pertenecientes a los sectores académico, científico y social, así como actores políticos a través del Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso estatal y ahora el Gobierno Estatal, por lo cual hacemos un llamado al titular del Ejecutivo Federal a través del C. Felipe Calderón Hinojosa para que respete la soberanía estatal y atienda también a su mandato constitucional por el cual debe ceñirse a atender esta exigencia del pueblo mexicano; desde ahora lo hacemos responsable de cualquier acción que tenga que ver con la imposición de este proyecto minero Caballo Blanco de la canadiense GoldGroup en nuestro estado, inclusive del uso de las fuerzas armadas a su cargo con tal de imponerlo.

6.- Así que puntualmente exigimos a la SEMARNAT que actué en congruencia con la exigencia de la sociedad civil, de la academia, de la ciencia, de los actores políticos y ahora del ejercicio soberano del Gobierno del Estado para proteger a nuestro territorio estatal y DESECHE definitivamente el proyecto minero Caballo Blanco; de los gobiernos municipales directamente involucrados, es decir de los Ayuntamientos de Actopan y Alto Lucero, les exigimos que no emitan ningún permiso o licencia municipales a la empresa minera; al Gobierno del Estado le solicitamos que en aras de la transparencia y rendición de cuentas, de a conocer públicamente la opinión que emitió a la SEMARNAT, a través de la SEDEMA, con base en la cual no avala el proyecto minero referido.

7.- Seguimos además convocando a todos los ciudadanos, organizaciones, comunidad nacional e internacional y representantes populares, a blindar a Veracruz contra la industria minera toxica, a que sigan pronunciando su rechazo y sobretodo, a que no bajemos la guardia hasta que la empresa minera se haya ido de nuestro territorio.

http://www.tppmexico.org/

Saqueo minero en México.

El saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado las obras a que la ley los obliga.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar.

Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma: El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.

Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural, tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su existencia como pueblos.

Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país.

Francisco López Bárcenas

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/28/index.php?section=opinion&article=023a1pol&partner=rss

La Jornada: Se duplicaron con Calderón negocios de mineras foráneas.

Con el gobierno de Felipe Calderón prácticamente se duplicaron los proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras: el incremento neto fue de 94 por ciento, al pasar de 390 a 757 proyectos entre 2006 y 2010, la mayoría destinados a la explotación de metales preciosos, indican estadísticas de la Secretaría de Economía (SE).

El aumento de proyectos no implica que haya crecido en la misma proporción el número de empresas extranjeras que extraen minerales y metales del subsuelo de México, ya que sólo aumentaron 40 por ciento (de 240 a 286 en el lapso señalado).

Dicho de otra manera, se autorizaron 73 proyectos mineros nuevos en promedio en cada uno de los cinco años mencionados, aunque sólo ingresaron al sector nueve empresas nuevas anualmente.

Las autoridades y la Cámara Minera de México (Camimex) se ufanan en declarar que México se ha erigido en el cuarto destino mundial para la inversión en exploración minera y el primero en América Latina, pero, aunque operan aquí empresas originarias de 14 naciones, siete de cada 10 son de Canadá, las cuales dominan la exploración y explotación de yacimientos de oro y plata.

El año pasado el valor de la producción minera en el país llegó a 13 mil 900 millones de dólares, de los cuales 60 por ciento provino de lo extraído por empresas extranjeras, de acuerdo con Camimex, además de que la mayoría se exporta.

Baja el capital externo

Sin embargo, aunque las compañías foráneas consiguen más que las nacionales en la producción minera (en cuanto a valor por el tipo de metales y minerales que extraen), sucede lo contrario en las inversiones que hacen.

Los capitales extranjeros en el sector han bajado como proporción de la inversión total en esta industria y ni siquiera rozan los montos de la inversión nacional.

Al principio del sexenio la inversión extranjera minera sumó 657 millones de dólares, que representó 34 por ciento de los mil 923 millones de dólares registrados entonces. En 2008 bajó a 616 millones de dólares o 29 por ciento de la inversión total; luego subió a 929 millones en 2008, pero frente al récord de 3 mil 656 millones de dólares de ese año apenas representó 25 por ciento.

Para 2009 la inversión extranjera en la minería tuvo tal desplome que sólo logró aportar 15 por ciento del total, según estadísticas de la SE. No obstante, según Camimex, en lo que toca a proyectos de exploración, sí supera a los capitales nacionales, al concentrar 70 por ciento del total.

El auge minero logró desplazar el año pasado al turismo como cuarto generador de divisas, sólo superado por la industria automotriz, el petróleo y las remesas de migrantes. El sector minero captó 15.4 mil millones de dólares, contra 11.8 mil millones de la industria sin chimeneas.

El constante incremento en los volúmenes de producción de 18 metales preciosos y algunos de los minerales y minerales no ferrosos, siderúrgicos o no metálicos, como la industria los clasifica, así como el alza que algunos de ellos han registrado en años recientes, ha hecho que México se coloque en los primeros 20 lugares a escala mundial.

Es el principal productor de plata, tiene el sitio11 en oro y el 12 en cobre, pero también destaca en bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, manganeso, diatomita, plomo, grafito, barita, cadmio, molibdeno, zinc, sal y feldespato.

Destaca el caso del oro, en tanto que su aportación en el valor de producción minera nacional se triplicó en los años recientes, ya que antes del sexenio actual sólo representaba 8 por ciento del total y el año pasado llegó a 25.4 por ciento. En 2006 sólo se producían 39 toneladas de oro, pero el año pasado ya fueron 79 toneladas, un incremento de 103 por ciento y ocho veces más de lo que se producía hace 20 años.

Los registros de la SE sobre los 757 proyectos mineros que operan 286 compañías extranjeras detallan la preponderancia canadiense. Por sí solas tienen a su cargo 556 proyectos y operan otros 30 en asociación con firmas de otros países, es decir, 586, que representan 77 por ciento del total de empresas mineras foráneas.

En sus asociaciones trabajan en conjunto con 10 empresas de México, nueve de Estados Unidos, seis de Australia, dos de Reino Unido, así como un proyecto con una empresa de Corea, otra de China y una más de Japón.

Ni siquiera Estados Unidos, el principal socio comercial de México y que tanta influencia tiene en la economía nacional, ha podido acortar la gran ventaja de Canadá, ya que prácticamente hay cinco empresas de su competidor por una suya. En total hay 44 compañías estadunidenses con 113 proyectos, apenas 15 por ciento del total.

En el reparto de este lucrativo mercado destaca el caso de 13 empresas de Canadá que tienen concesionados 14.5 por ciento de los proyectos: Dia Bras Exploration Inc, con 16, seguida por Oro Gold Resources Ltd, y Pediment Gold Corporation, con 14 cada una. Luego, MacMillan Gold Corp y Soltoro Ltd, con 11 proyectos cada una; Canasil Resources y Chespeake Gold Corp, con otros 10 por firma; Remstar Resources Ltd y Golden Goliath Resources, con nueve, así como Evrim Metals Corp y Silvermex Resources, con ocho, además de que también comparten proyectos. Otras que destaca Camimex son Pan American Silver, Alamos Gold, Farallon Resources y Teck Cominco.

Con lo redituable que ha resultado el negocio minero en estos años para las empresas extranjeras, y particularmente las canadienses, al parecer lo mejor (para ellas) está por venir en los próximos años, ya que los proyectos y minas que tienen concesionadas son a largo plazo y, según Camimex, ya superaron en inversión a las nacionales en cuanto a proyectos de exploración, es decir, los nuevos yacimientos, al concentrar 70 por ciento del total.

Los datos oficiales precisan que de 757 proyectos en manos extranjeras, únicamente 2.64 por ciento están en etapa de desarrollo, es decir, sólo 20. Otro 9.38 por ciento enproducción (71) y hay 6.74 por ciento o 51 suspendidoso postergados por financiamiento.

En cambio, 615 o bien 81 por ciento del total, son proyectos en exploración, así que los resultados en producción, exploración y ganancias que dejen se sabrán hasta los próximos años, paralelamente a problemas ambientales o laborales que han caracterizado al sector. Más aún, si se considera que la Camimex destaca el potencial minero de México al citar al Servicio Geológico Mexicano:70 por ciento del territorio nacional es apto para seguir localizando yacimientos minerales de clase mundial. De hecho, la industria minera sólo está ausente en cuatro estados.

Susana González G.

Periódico La Jornada

Lunes 19 de septiembre de 2011, p. 3

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/19/politica/003n1pol

La Jornada: Mineras de Canadá, veta de conflictos sociales en México.

Empresas mineras canadienses no sólo son las principales productoras de oro en México, sino que las que se han visto involucradas en conflictos sociales y jurídicos. Actualmente, de las 279 corporaciones extranjeras que operan en la minería, 210 son de Canadá y tienen concesiones en 26 estados.

La canadiense Goldcorp es la productora número uno de oro y a lo largo de 2010 extrajo 680 mil onzas en cuatro minas. Al mismo tiempo, Minera San Xavier, propiedad de New Gold, que opera en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, ese mismo año, sin permisos ambientales para trabajar, obtuvo una producción con valor de 145.6 millones de dólares, de acuerdo con información de la Cámara Minera de México.

Las mineras de ese país operan con casi total impunidad en todo el mundo por lo que en Canadá se promueven iniciativas legales y de política pública que podrían obligarlas a rendir cuentas, indica el informe de la delegación investigadora del asesinato de Mariano Abarca y las actividades de Blackfire Exploration, presentado en 2010, y en el que participaron Fronteras Comunes, Sierra Club y Mining Watch.

La devastación y la violencia perpetradas por las mineras canadienses han sido ampliamente documentadas y vinculadas con violaciones de los derechos humanos en Guatemala, Perú, Rumania, Filipinas, Honduras, Ecuador, Bolivia, India y Sudán, entre otras naciones, indica Mandeep Dhillon en La minería canadiense en México: violencia hecha en Canadá.

Según expertos, en México destacan los casos de Minera San Xavier y Blackfire. A la primera le fue cancelado dos veces el permiso ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero aún así mantuvo sus operaciones con un amparo.

Este año la minera buscó regularizar su situación buscando eliminar leyes que ha violado, gestionando con algunos políticos un proyecto de derogación, señala en entrevista el investigador Juan Carlos Ruiz Guadalajara. El marco jurídico que le impedía operar desapareció y el espacio donde funciona –catalogado desde 1993 como área para restauración y preservación de vida silvestre–, hoy es de vocación minera por un decreto estatal que en marzo modificó el uso de suelo. La empresa lava su imagen con anuencia de autoridades y la complicidad de jueces, indica.

En Chicomuselo, Chiapas, Mariano Abarca, líder opositor a Blackfire –que operaba una mina de barita ya cerrada–, fue baleado en 2009. A partir de esto, las ONG canadienses realizaron el informe, en el cual destacan que para la familia de Abarca Blackfire es responsable de la violencia que inició con la instalación de la mina y que culminó en el asesinato de Mariano.

El texto precisa que nueve ONG entregaron un expediente el 10 marzo de 2010 a la Real Policía Montada Canadiense el cual pedía formular cargos contra Blackfire por violar la Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras. La denuncia enfatiza que hay pruebas fehacientes de los pagos que hizo Blackfire a Julio César Velásquez Calderón, presidente municipal de Chicomuselo, por servicios extra oficiales en favor de la empresa.

La embajada de Canadá en México difundió una carpeta entre mineras para penetrar sin conflicto en las comunidades que podrían ser impactadas por la presencia de una mina. Si la compañía se comporta irresponsablemente y la comunidad afectada contacta a la embajada por una queja –como ocurrió dos veces con Blackfire–, se informa que el asunto no incumbe a la embajada.

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Jueves 15 de septiembre de 2011, p. 40

@twewwter

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