Guerrero, Mexico: Las indígenas violadas y la evasión de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre del año pasado su fallo sobre las dos indígenas guerrerenses violadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2002 y exigió al gobierno de Felipe Calderón acatar las sentencias, 10 meses después la justicia no llega para ellas. Los defensores de las agraviadas aseguran que la dependencia recurre a argucias legales para exonerar a los militares inculpados y dejar el asunto en manos de la PGR. Con la determinación aparente de dar cumplimiento a las sentencias emitidas en octubre de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, en las que se acusa a un grupo de militares de violar sexualmente a dos indígenas guerrerenses, el 29 de julio último la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió trasladar los expedientes del caso a la Procuraduría General de la República (PGR).

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las indagatorias sobre Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas en 2002 por un grupo de soldados, no sólo estuvieron en instancias castrenses durante nueve años, sino que incluso “tienen vicios de origen”, pues el propósito era exculpar a los responsables de la agresión, comenta el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien lleva la defensa de las agraviadas.

“Tenemos elementos para considerar que los expedientes que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) envió a la PGR están construidos para que se declaren cerrados o bien que los militares responsables que fueron identificados por Inés y Valentina con nombre y apellidos hayan sido dados de baja”, dice el litigante a Proceso.

Afirma que la PGR podría declinar competencia a favor de la procuraduría de Guerrero, en un intento por librar la responsabilidad que como institución tiene el Ejército mexicano en las violaciones a derechos humanos.

En sus sentencias, el organismo interamericano subraya que las denuncias de Rosendo Cantú y Fernández Ortega son fundadas, toda vez que aportaron elementos sobre las vejaciones que recibieron por parte de tropas de la Sedena en febrero y marzo de 2002, respectivamente. Por esa razón, la corte determinó la responsabilidad de México en los dos casos, pues se violentó la integridad personal, la dignidad y la vida privada de las dos indígenas; además, las autoridades incumplieron su “obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia” (Proceso 1770).

A Rosales Sierra le sorprende que, luego de varios años de negarse a remitir los casos a la PGR aun después de emitidas las sentencias del tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sedena haya atendido la petición. No obstante, advierte que en el fondo esa declinatoria es producto de la exigencia de organizaciones ciudadanas para que se controlen los excesos de las Fuerzas Armadas contra la población civil, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el análisis de la sentencia de la desaparición forzada de Rosendo Radilla emitida por el mismo tribunal interamericano.

En las notificaciones de la PGJM enviadas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, apunta Rosales, “los militares insisten en que son competentes para conocer el caso, al citar nueve artículos del Código de Justicia Militar, y trasladan los expedientes a la PGR con los argumentos de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana y la solicitud de declinatoria que las señoras hicieron el 27 de julio a la PGJM”.

Los oficios –de los cuales Proceso tiene copia– están fechados el martes 9 y tienen la rúbrica de la agente del Ministerio Público Militar, teniente de corbeta Karla Roberta Espinosa de la Orta. En ellos, la Sedena admite que en los casos de las indígenas se “denuncian presuntas violaciones a los derechos”.

Y aclaran que, por existir sentencias del organismo interamericano contra el Estado mexicano, el 20 de julio de 2011 la fiscalía militar “tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA” para seguir conociendo las indagatorias SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E relativas a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, respectivamente.

De acuerdo con las notificaciones, entregadas a Inés y Valentina el viernes 12, las averiguaciones previas fueron enviadas a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR el 29 de julio último “a fin de que determine lo que a derecho proceda”.

La sentencia de la Corte

Después de nueve años de enfrentarse al fuero militar como defensor de las indígenas me’phaa, Rosales Sierra asegura que la Sedena “tiene un as bajo la manga para exonerar a los responsables (de las agresiones a sus clientes) y dejar intocable al Ejército mexicano”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan explica: en el fuero militar “las investigaciones tomaron un rumbo tendencioso, enfocado a exonerar a los militares responsables y encaminado a desacreditar los señalamientos concretos que hicieron Valentina e Inés”.

Relata también que en 2006 la PGJM archivó las averiguaciones previas por considerar que no había responsabilidad de personal castrense en los abusos cometidos contra las indígenas. No obstante, en 2008 los casos se reabrieron en el fuero militar, luego del litigio que se dirimió en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, añade, a finales de ese año la PGJM envió los expedientes de las dos indígenas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero, para que investigara sobre la responsabilidad de civiles en las violaciones sexuales.

Rosales Sierra destaca que aun cuando él y los representantes legales insistieron desde el principio en que la PGR asumiera las indagatorias “siguiendo la línea de la responsabilidad de militares y no de posibles civiles”, la dependencia federal sólo aceptó colaborar con su similar guerrerense.

“En esa parte del proceso –la diligencia se realizó el 14 de agosto de 2009, precisa el defensor–, Inés y Valentina reconocieron a sus agresores en un álbum fotográfico. Ese día ambas señalaron con nombres, apellidos, cargos y los mandos militares a quienes las agredieron”. Se trata, dice, de dos cabos de transmisiones y dos soldados de infantería del 41 Batallón de Infantería bajo el mando de las bases de operaciones Ríos y Méndez.

El compendio fotográfico tenía más de 300 imágenes de militares que entre diciembre de 2001 y abril de 2002, participaron en la Operación Azteca en la cordillera de la Montaña de Guerrero que atraviesa los municipios de Acatepec y Ayutla.

En febrero de 2002, Valentina Rosendo fue atacada en el río cercano a su comunidad, Barranca Bejuco. Antes, un piquete de militares le preguntó si sabía sobre “los encapuchados” que operan en la región. Al mes siguiente, Inés Fernández fue violada en su vivienda frente a sus hijos. ¿El motivo? No supo responder en español a las tropas que ingresaron a su domicilio para interrogarla.

“Tan pronto como se hizo este reconocimiento –retoma el abogado de Tlachinollan– la procuraduría (de Guerrero) declinó competencia a favor de la PGJM (el 30 de octubre de 2009) y quedaron pendientes otras diligencias, entre ellas citar a declarar a los militares responsables, hacer más retratos hablados. Pero como las averiguaciones aún estaban en manos del Ejército, las autoridades desacreditaron los testimonios de las víctimas”.

Procuraduría militar, argucias

Al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rosales Sierra y los demás defensores se enteraron de que en noviembre de 2009 la PGJM pidió a una psicóloga militar que determinara si era posible que Valentina Rosendo recordara con nitidez los rasgos físicos de quienes la agredieron en febrero de 2002. “La psicóloga emitió incluso un dictamen teórico y técnico, pero nunca entrevistó a Valentina”, se queja Rosales.

En el caso de Inés Fernández, sus defensores obtuvieron un documento fechado el 20 marzo de 2010 y firmado por la agente del Ministerio Público militar Karla Roberta Espinosa de la Orta en la que ésta solicitaba a la PGR un perito en identificación de personas o identificación físiognómica para que determinara la veracidad de su testimonio.

En el oficio, del que este semanario tiene copia, Espinosa de la Orta antepone la “garantía constitucional de todo inculpado, el derecho a una defensa adecuada”. Y, ante el reconocimiento que hizo Fernández Ortega el 14 de agosto 2009, la agente ministerial comenta que existía “la necesidad URGENTE” de que interviniera en el caso el perito de la PGR para que respondiera al siguiente cuestionario:

1. Que diga el perito en qué casos se solicita la elaboración de un retrato hablado; 2. Que diga el perito si es recomendable mostrarle fotografías al testigo o víctima antes de realizar un retrato hablado; 3. Que diga el perito si es confiable un retrato hablado realizado después de 7 años 4 meses y 23 días (en negritas en el original) de la fecha que sucedieron los hechos y siendo el día de los hechos la primera y única vez que se vio al presunto agresor; 4. Que diga el perito si es posible la correspondencia de identidad entre un retrato hablado y una fotografía; 5. Que diga el perito si los rasgos fisonómicos de los supuestos agresores que señala la ciudadana Inés Fernández Ortega en su declaración de fecha 24 de marzo de 2002 ante el ministerio público de Allende en la ciudad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, dentro de la indagatoria ALLE/SC/5776/2002, coinciden con los rasgos proporcionados por la propia denunciante para la elaboración de los retratos hablados de fecha 14 de agosto de 2009.

El 24 de marzo de 2010, la directora ejecutiva de Laboratorios del Departamento de Retrato Hablado, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, Sara Mónica Medina Alegría, notificó a la PGJM la designación de Edmundo Acacio Cebreros, perito en materia de identificación fisiognómica, quien debía acudir a la fiscalía militar el 26 de marzo de ese año a las 10:00 horas a realizar la diligencia solicitada.

Medina Alegría dirigió el oficio al coronel Aníbal Trujillo Sánchez, jefe de la sección de Averiguaciones Previas y Asuntos Especiales de la PGJM en ese momento, según la copia del documento obtenido por Proceso. Hoy, Trujillo Sánchez es subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena. Con ese cargo, el militar acudió a la Corte Interamericana el 28 de junio siguiente.

En ese foro, participó en dos sesiones para dar seguimiento a las medidas provisionales ordenadas por el tribunal interamericano a favor de 107 personas relacionadas con las sentencias de las indígenas guerrerenses, así como de 37 familiares y defensores de tres jóvenes de apellido Alvarado: José Ángel, Rocío Irene y Nitza Paola, detenidos y desaparecidos por miembros de la Sedena en Chihuahua en diciembre de 2009.

En una reunión privada que se efectuó previamente a la sesión para abordar este último caso, Trujillo Sánchez consideró “terrorífico” que la Corte Interamericana de Derechos Humanos transmitiera en vivo la audiencia y que se difundieran los nombres de los militares involucrados. Ninguna de las audiencias relacionadas con México fue difundida después del comentario de Trujillo (Proceso 1809).

Información escamoteada

La defensa de Inés Fernández dice que no tiene las respuestas que dio el perito de la PGR a la fiscalía castrense, porque hasta ahora no ha tenido acceso a las averiguaciones previas. Lo que ha obtenido, dice, corresponde a documentos enviados por el tribunal internacional ante las solicitudes de información que ha hecho al Estado mexicano.

“Por el contenido de las preguntas que se le hicieron al perito –sostiene Rosales Sierra– no se requiere mayor ciencia para saber hacia dónde va la averiguación previa integrada por los militares: a exonerar a los responsables, más que a acreditar su participación en los hechos.”

El abogado de las indígenas, quien ha recibido amenazas por su defensa, expresa su temor de que la PGR archive los casos, aun cuando está obligada a completar las investigaciones, realizar las diligencias pendientes, consignar las averiguaciones y solicitar las órdenes de aprehensión contra los militares responsables.

“También cabe la posibilidad de que los agresores hayan sido dados de baja para librar al Ejército de responsabilidad y entonces enviar el caso a la procuraduría de Guerrero”, dice.

Relata que en la reunión para el cumplimiento de las sentencias del tribunal interamericano, realizada el 19 de mayo último en la Secretaría de Gobernación, él y sus colegas se levantaron de la mesa “cuando los representantes de la PGR se negaron a atraer las averiguaciones previas e instruyeron a la procuraduría estatal para que tomara las investigaciones, situación que, por cierto, rechazó el procurador de Guerrero (Alberto López Rosas)”.

Desde entonces Gobernación no ha vuelto a convocar a los abogados, quienes no saben con detalle si se está dando cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

El director del centro Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, comentó que en estos días enviará una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, Felipe de Jesús Zamora Castro, responsable de que se acaten las sentencias del organismo dependiente de la OEA.

En el escrito, del que este semanario tiene copia, Barrera Hernández, quien recientemente fue premiado por Amnistía Internacional (AI) por su trabajo al frente de Tlachinollan, pide al funcionario una fecha para un nuevo encuentro de trabajo en el que las autoridades entreguen copia de los expedientes que la Sedena envió a la PGR.

Asimismo, recuerda al representante del gobierno de Felipe Calderón que el 15 de marzo último, “en presencia de las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú”, él mismo firmó el “acuerdo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana”.

El abogado Rosales Sierra acota: “Cuando tengamos el expediente, promoveremos diligencias para esclarecer los hechos. Pero antes debemos decir que la declinatoria de competencia se dio por una coyuntura política. La prueba está en que no hay avances en los demás resolutivos de las sentencias, que tienen que ver con salud y educación”.

Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/?p=279345

Centro de DDHH Tlachinollan: La resistencia y el fulgor de los pueblos originarios de México.

Desde La Montaña de Guerrero, México, y en nombre de mis compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, reciban un saludo plagado de gratitud por honrar a las defensoras y los defensores de México con la distinción tan inmerecida que nos otorgan esta noche. En el corazón grande y generoso de los pueblos na’saavi, me’phaa, nahuas y na’ncue de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, Amnistía Internacional tiene un lugar privilegiado, porque en esos enclaves del olvido, la defensa de los derechos humanos se nutre del cariño y la solidaridad de todos ustedes.

En México, la lucha por la justicia y los derechos humanos se ha tornado en una experiencia cada vez más dolorosa y peligrosa. La muerte ha surcado nuestras sierras y avenidas porque se nos ha impuesto como un destino fatídico la guerra contra el narcotráfico a la que se aventuró el gobierno federal, dejando inerme a la sociedad.

En el Sur de México, los pueblos se mantienen en pie de lucha defendiendo sus territorios y su propia sobrevivencia. En Guerrero, los indígenas y campesinos pelean con ahínco para romper los muros del silencio, destruir las cadenas de la injusticia y remontar el lastre de la discriminación y el racismo.

La gesta por los derechos humanos en nuestro país ha sido heroica. Los ciudadanos y ciudadanas han abierto nuevos caminos con la fuerza de sus manos y con el acero de su dignidad. En Guerrero, los defensores y las defensoras se han forjado en medio de la represión, enfrentando la persecución y los encarcelamientos. Tlachinollan nació en medio de esta revuelta, dentro de un estado y una región donde hombres y mujeres han pagado con su vida el costo de nuestros derechos. Aún persiste en el estado el dolor por los desaparecidos y la indignación por la impunidad de la que goza el Ejército Mexicano.

A lo largo de 17 años, nuestro caminar se ha encontrado con los pasos firmes de quienes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y con la larga marcha de los pueblos originarios que avanzan inspirados por la sabiduría milenaria de sus ancestros. Con ellos y ellas, hemos enfrentado el acecho constante de quienes se niegan a respetar nuestro trabajo y se empeñan en destruir nuestros sueños como defensoras y defensores.

A pesar de las amenazas, que nos obligaron a cerrar nuestra oficina en el municipio de Ayutla por más de dos años, Tlachinollan sigue transitando por los senderos escabrosos de la población más desamparada de La Montaña.

Los logros que hemos podido acariciar están llenos de lágrimas y tragos amargos, porque en México la lucha por la justicia implica luto y destierro. Así lo han vivido Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas que, sufriendo atentados y amenazas en su búsqueda por la justicia, llevaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que respondiera por las violaciones sexuales y torturas que en su contra cometieron soldados del Ejército durante 2002. Las sentencias, dictadas el año pasado, representaron un trascendental triunfo para ellas; sin embargo, el gobierno mexicano se niega a cumplir los fallos al mantener las investigaciones en la justicia militar, con el fin de seguir prodigando impunidad al Ejército. Valentina e Inés nos han dado el ejemplo más nítido de cómo debemos defender la vida y la dignidad por encima de todo. Es por ello que invitamos a la comunidad internacional a unirse a su reclamo para exigir al Estado mexicano que cumpla las sentencias dictadas por la Corte Interamericana.

Las graves violaciones de derechos humanos que desde hace décadas suceden en Guerrero, y que se han condensado en cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana, se han extendido a todo el país con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Las Fuerzas Armadas mexicanas persisten con sus prácticas impunes que han ocasionado muertes, desapariciones, violaciones sexuales, torturas y detenciones arbitrarias. El poder supremo del Ejército no permite controles externos por parte de las autoridades civiles. El despliegue militar en todo el territorio nacional alienta la confrontación bélica y, en consecuencia, han aumentado las violaciones a los derechos humanos. Ante tanta violencia, el dolor y el silencio de las víctimas se han convertido en un catalizador de la indignación y la protesta que ha convocado a los ciudadanos y ciudadanas de México en las recientes movilizaciones que cimbraron a las estructuras del poder, pues, en palabras del poeta Javier Sicilia, esa falsa batalla le está robando a México su dignidad.

Frente al desolador panorama de mi país, la alegría que hoy desborda nuestros corazones se contiene al traer a la memoria a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores na’saavi ejecutados en Ayutla durante 2009; y se comprime al recordar a las defensoras y defensores amenazados de Guerrero. A ellos y a todos los caídos por la “guerra” que no es de nosotros dedicamos este premio. Ellas y ellos son la buena semilla de la nueva gesta por los derechos humanos en México.

Amigos y amigas de Amnistía Internacional, desde el corazón generoso de la gente de La Montaña, les digo qué grande ha sido la dicha al sentirnos acompañados siempre por ustedes. Son nuestra protección, nuestro refugio y nuestra inspiración. Sus cartas, que llegan a La Montaña en todos los idiomas, son la muestra más tangible de su cariño, su valor, su solidaridad y su compromiso, como sucedió con Raúl Hernández, quien encontró en sus misivas fuerza para conquistar su libertad. Con ustedes hemos aprendido a caminar en medio de la oscuridad. Con acciones sencillas pero efectivas, han logrado dar un giro esperanzador a la vida de los olvidados y excluidos. Su vela encendida esparce su luz por toda La Montaña para derribar los paredones de la impunidad. En medio de la noche aciaga y sin estrellas que vivimos en México, vemos en el horizonte que también resplandece la luz creciente de Amnistía Internacional que nos impulsa para alcanzar el amanecer de la justicia. Que no se pare nunca este movimiento de esperanza, que sus voces y sus luces nunca se apaguen y que la flor y el canto, que es como nuestros abuelos nombraron a la poesía y a la música, inspiren siempre el trabajo solidario de Amnistía Internacional.

El mejor premio para Tlachinollan y para Amnistía Internacional es que el gobierno mexicano cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana para que florezca la justicia en Guerrero y en nuestro país.

Felicidades y larga vida por el fulgor de sus 50 años.

Muchas gracias.

**Palabras pronunciadas en la entrega del VI Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Berlín, Alemania, el 27 de mayo 2011

*Antropólogo; director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan

Indígenas violadas por militares exigen a Calderón desagravio público.

MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- Valentina Rosendo Cantú, la indígena mep’haa (tlapaneca) que fue abusada sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 y que ganó el litigio que emprendió contra el Estado mexicano, solicitó al presidente Felipe Calderón que, en desageravio, visite su comunidad y en un acto público acepte que ella tenía razón.

“Quiero que el presidente (Felipe Calderón) vaya a mi comunidad, que yo esté junto a él y diga a todos que yo tenía la razón, que yo no mentí, porque a mí me violaron militares”, afirmó.

El viernes 1 de octubre, la Coidh emitió dos sentencias en contra de México por violar tres tratados internacionales de derechos humanos –la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer— en perjuicio de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.

Como se narra en la edición número 1770 de la revista Proceso, actualmente en circulación, en el año 2002 ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados en las comunidades indígenas de Acatepec y Ayutla, en el estado Guerrero. Sus casos fueron investigados en la Procuraduría de Justicia Militar, donde permanecen en la impunidad, de ahí que las dos mujeres recurrieran a instancias internacionales en busca de justicia.

Tras difundirse el sentido de las sentencias de la Coidh, Valentina contó a Apro cómo recibió la noticia de la condena: Emocionada, dijo que a las 16: 30 del viernes 1 de octubre, Alejandra Nuño le notificó por teléfono que la Corte ya había emitido su fallo:

“Yo iba para mi casa cuando me llamó Alejandra; me dijo que me iba a volver a llamar en la noche porque no sabía qué había salido. Llegué a mi casa y me puse a llorar, estuve recordando todos los momentos difíciles que he vivido durante estos ocho años, yo decía ‘Diosito dame valor para yo poder aceptar sea lo que sea’.”

Cuando se enteró que el fallo del tribunal interamericano había sido a favor de Inés y de ella, todo cambió: “Me puse muy feliz; mi corazón no cabe de alegría de saber que ya salió la verdad.”

Valentina señaló que lo más importante es que después de ocho años de buscar la justicia, ahora “el gobierno tiene que reconocer que se equivocó con dos mujeres indígenas”; y recordó que sus casos como mujeres agredidas sexualmente por soldados no son los únicos, pero sólo ella e Inés se atrevieron a denunciar.

La indígena de 24 años recordó que haber alzado la voz en contra de los militares agresores tuvo consecuencias terribles para ella e Inés: Ambas tuvieron que salir de sus comunidades; han sido hostigadas y amenazadas; sus hijas han estado en riesgo de ser secuestradas; en el caso de Inés, un hermano suyo fue asesinado; y a Valentina su esposo la abandonó.

Valentina resaltó que sus padres también fueron amenazados y que ella tuvo que salir de su comunidad ante la discriminación de que fue objeto, era llamada la “mujer violada”, la “mujer de los guachos”.

Por eso, apuntó, la disculpa pública que tiene que dar el Estado por haber violado sus derechos fundamentales tiene que ser en su comunidad: “Ahí fue donde el Ejército hizo más daño; yo no he podido regresar por culpa de los guachos y mi hija no ha crecido entre su gente por los guachos.”

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, organización que defendió a Valentina e Inés, resaltó que convocará a personalidades de la academia, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales interesados en el cumplimiento de las sentencias para que presionen y las sentencias se cumplan lo más pronto posible.

“La principal intención es que lo que ocurrió con Valentina e Inés, y que pasa en todo el país a partir de que el gobierno de Felipe Calderón apostó por la militarización de la seguridad pública, no vuelva a ocurrir”, puntualizó Barrera Hernández.

Agregó que el viernes pasado el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Zamora Castro, se comunicó con él para acordar los términos del cumplimiento de la sentencia.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84046

CIDH: Estado mexicano culpable de violación a indígenas Me’phaa.

Responsabiliza la CIDH al Estado mexicano en 2 casos de violación.

+Inés Fernández y Valentina Rosendo, abusadas por militares en 2002

+El gobierno hará lo necesario para ejecutar la sentencia: Gobernación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual contra dos indígenas Me’phaa. El tribunal notificó ayer cada una de las sentencias por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, abusadas por militares en Guerrero en 2002, en las que señaló que las autoridades mexicanas son responsables de violaciones de los derechos humanos de ambas mujeres.

La CIDH exige a los poderes de los tres niveles de gobierno reparar íntegramente los daños; garantizar la seguridad futura de ambas mujeres, sus familias y las organizaciones civiles que las apoyaron; que las investigaciones por estos abusos se trasladen a la justicia civil –actualmente se encuentran en el fuero militar–; sancionar a los responsables, y adecuar la legislación y práctica internas de los tratados internacionales ratificados por México, a fin de que lo sucedido a Fernández y Rosendo no se repita, así como modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos de soldados contra ciudadanos sean atendidos por los tribunales civiles.

Con estos suman tres los fallos de la CIDH contra el Estado mexicano por actos cometidos por el Ejército. En noviembre de 2009 emitió una resolución por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en la década de los años 70, donde señaló a México como responsable de impunidad y demandó analizar el fuero militar. Posteriormente acusó al país por el caso del campo algodonero referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –que acompañaron a las víctimas en su búsqueda de justicia–, así como el gobierno federal, fueron notificados ayer por la CIDH de las sentencias.

Las ONG informaron que en sus fallos el tribunal reconoció como hecho incontrovertible que las dos mujeres fueron violadas y torturadas por elementos castrenses y que el Estado mexicano les negó la justicia (por ocho años la han buscado). Resaltaron que durante el litigio ante el organismo internacional, el gobierno negó la violencia sufrida y puso en entredicho la veracidad de su testimonio, ratificado ayer por la CIDH.

Las resoluciones asientan que al no procurar justicia y garantizar la impunidad de los responsables “el Estado es directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturado; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales, y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales.

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado, por lo que está obligado a cumplirlas.

La CIDH mandató realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios negligentes que obstaculizaron el avance de las indagatorias, proveer servicios médicos adecuados a las afectadas y continuar en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales.

Fijó como medidas de satisfacción la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el reconocimiento de responsabilidad y una petición de perdón público de las más altas autoridades federales y estatales junto con la provisión de atención médica y sicológica a las víctimas y sus familiares. Asimismo, establece que es necesario el consentimiento expreso de las afectadas en la publicidad de algunas medidas.

La CIDH fijó plazos para el cumplimiento de los mandatos que van de tres meses a un año, y en algunos casos específicos, un periodo más largo.

Por la tarde, la Secretaría de Gobernación, en un boletín, aseveró que en atención a sus compromisos internacionales, el gobierno mexicano llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia.

Reiteró su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos; en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos

Periódico La Jornada
Sábado 2 de octubre de 2010, p. 12

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/02/index.php?section=politica&article=012n1pol

Liberado Raúl Hernández.

Estimados/as:

Es un gusto para Tlachinollan y la OPIM hacer de su conocimiento que Raúl Hernández fue liberado el día de hoy, alrededor de las 15 horas, después de haber permanecido dos años y cuatro meses en prisión por un crimen que no cometió.

A continuación encontrarán los comunicados emitidos por Tlachinollan y la OPIM; así como por Amnistía Internacional. Asimismo, aprovechamos para agradecerles por todo su apoyo y trabajo durante estos más de dos años en los que su solidaridad y compromiso para redactar cartas, acompañarnos en visitas, hacer declaraciones y posicionamientos fue fundamental para lograr la liberación de Raúl.

En Tlachi estamos convencidas que la liberación de Raúl es una victoria de todas las organizaciones y personas que nos apoyaron y que sin ustedes no hubiera sido posiblel. Ante el contexto que estamos viviendo, sin duda la liberación de Raýl tiene que ser asumida como una victoria del movimiento de derechos humanos y una razón para seguir trabajando juntas!!

Muchas gracias y estamos en contacto.

Un abrazo del equipo Tlachinollan.

Cristina Hardaga Fernández.
Coordinadora del Área Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Tel: (757) 476 12 20
Fax: (757) 476 12 00
skype: kristinahardaga

Informe que presenta el Centro Tlachinollan en su XVI Aniversario.

Informe ejecutivo.

Hace 16 años en nuestro corazón existía la vaga sensación de lo que significaba entregar nuestras energías a la causa de los derechos humanos, poco sabíamos de los secretos colectivos que han hecho trascender a lo largo de los siglos a estos pueblos forjados en la cultura del don, su fuerza histórica es la memoria digna y rebelde de quienes son fieles a sus raíces para resistir comunitariamente a las políticas etnocidas.

La lucha por los derechos humanos posee el encanto del arcoíris que siempre aparece hermoso en el firmamento, pero nunca se tiene la dicha de acariciar la belleza de sus colores. Cuando lo contemplamos nos atrapa el deseo de llegar al lugar donde nace y la realidad es que se difumina cuando avanzamos hacia su encuentro. Desde que abrimos las puertas de este Centro acariciamos la idea de que la justicia podría ser un bien tangible construido con la fuerza de los pobres.

Nunca creímos que esta obra representaría una tarea gigantesca que no puede ser levantada con pocas manos, que más bien necesitaba de la solidaridad y la inteligencia de quienes siempre han estado trabajando por esta causa en los diferentes rincones de la Montaña. No bastaba con esperar la visita de la población agraviada en el cuarto de un hotel habilitado como oficina sino que  fue un imperativo ético de salir al encuentro de los que sufren, de estar presentes en los lugares más apartados donde el gobierno se ensaña contra los indefensos, de asumir con sencillez nuestra impericia para ser compañeros y compañeras útiles en los momentos más difíciles que enfrentan las víctimas, de ablandar nuestro corazón para poder contagiarnos de los nobles sentimientos que cultiva la gente de la Montaña.  Nos vimos obligados a desinstalarnos de nuestro propio espacio y hasta de nuestros mismos hábitos de vida, también nos sigue costando mucho desmontar nuestras formas de pensar y de concebir los derechos humanos para recuperar nuevas prácticas comunitarias que definen la naturaleza de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Siempre nos ha interpelado el sentido de reciprocidad y de trato igualitario que prevalece en las relaciones intracomunitarias, esta práctica ha sido muy difícil fusionarla a nuestros estilos y maneras de trabajar como organismo de derechos humanos. Este ejercicio no se suscribió al ámbito intelectual sino que fue una interpelación a nuestra vida y un llamado para asumir esta causa como parte de un proyecto existencial. Los testimonios a flor de piel de quienes eran víctimas de alguna violación a sus derechos humanos fueron moldeando nuestras maneras de tratar y de escuchar.

El registro permanente de los casos, los rostros y las voces de hombres y mujeres de los tres pueblos se anidaron en nuestro corazón que también se entristece como el de todos ellos y ha querido robustecerse como el corazón grande que poseen los defensores y defensoras comunitarias que están en la base y en la primera línea de fuego.

Desde el caso del profesor Magencio Abad Zeferino quien fue detenido de manera arbitraria y posteriormente torturado junto con su hijo por miembros del Ejército en diciembre de 1996, hasta los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas me´phaa que fueron torturadas y violadas sexualmente por militares en febrero y marzo del 2002, como Centro de Derechos Humanos siempre nos han inspirado sus convicciones y anhelos para alcanzar la justicia sacrificando todo. Ellos y ellas guían nuestros pasos, nos marcan la ruta para caminar siempre de frente y cuesta arriba. Aprendimos a adquirir valor al ver que la gente había vencido el miedo para bajar a Tlapa o Ayutla a pedir justicia. La presencia de las víctimas de violaciones a derechos humanos siempre nos indicaba que habían decidido salir de su comunidad para caminar varias horas, pasar hambres y enfrentar desprecios con tal de exigir justicia. Esos grandes obstáculos que enfrenta cotidianamente la población indígena los han superado porque ya no están dispuestos a sufrir más ultrajes y agresiones de los policías y los militares. Con ese valor heroico nos hemos tenido que cobijar para salir al frente con los pies bien plantados en la tierra y encarar al poder impune.

Inés y Valentina nos enseñaron a superar las barreras lingüísticas, nunca consintieron el silencio cómplice ni aceptaron la sumisión, tampoco se hicieron rehenes de la burla y la estigmatización promovida por la mayoría de los hombres de sus comunidades.  A nadie le pidieron permiso para denunciar públicamente esta aberración ni les tembló la voz para decir la verdad de estos hechos deleznables. Bajaron a Ayutla y a Tlapa para encarar a los cómplices de los verdugos y para demostrar que no claudicarían en su afán por la justicia. Fueron ellas las que desenmascararon la simulación de un sistema de justicia estatal que se subordina y somete a los dictados de los militares. No consintieron por dignidad y convicción que el mismo Ejército se transformara en juez y parte de la canallada que ellos mismos habían protagonizado. A pesar de que el mundo se les derrumbaba (cuando  miembros de su misma comunidad se hacían cómplices del Ejército para intimidarlas y obligarlas a desistirse), ellas descubrían la mezquindad, la cobardía y la pequeñez de los hombres que vieron la conveniencia de dejarlas solas en su lucha. Siempre han luchado a brazo partido y a contra corriente, sufriendo en todo momento amenazas, injurias y desprecios.

Las mismas fuerzas represivas del Estado se han empeñado en destruir su vida, en cerrarles el camino a la justicia y en no permitir que su verdad desnude a un Ejército violador de derechos humanos que cobardemente se refugia en el fuero militar. El aparato represivo y diplomático del Estado mexicano se ha acuerpado para seguir defendiendo al Ejército y atentar contra la vida y la seguridad de Inés, Valentina y sus familiares. Tuvieron el descaro de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender al Ejército y denigrar la honorabilidad de dos mujeres heroicas, con gran cinismo evaden los cuestionamientos de fondo para amortiguar el duro golpe que le propiciará la Corte por ser un país que violenta los derechos humanos de la población más indefensa. Ellas han dado todo, por eso lograron llegar hasta la Corte Interamericana. Fueron ocho años de amenazas, de acoso sistemático, de agresiones físicas, de afectación al patrimonio familiar, de atentar contra sus hijas y de nunca dejarlas vivir con tranquilidad en sus domicilios. A pesar de las denuncias y de las medidas provisionales las  autoridades federales y estatales siguen siendo comparsas de los que han hecho la vida imposible de Inés y Valentina. Se trata de una estrategia diseñada por las fuerzas más oscuras que se mueven dentro de los altos círculos del poder para no permitir que los fueros se restrinjan y se terminen y para que los poderosos sean llamados a cuentas por cualquier ciudadano o ciudadana.

En este periodo que va de junio de 2009 a mayo de 2010, se ha incrementado el número de detenciones a defensores y defensoras de derechos humanos logrando documentar 26 casos. A pesar de las medidas provisionales con que cuentan 108 defensores y defensoras de derechos humanos de diciembre del 2009 a junio de este año se han suscitado nueve casos de amenazas que se suma a los siete casos que se registraron de mayo a noviembre de 2009. En los últimos dos meses el gobierno del estado reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y egresados de la normal rural de Ayotzinapa. Esta ofensiva se extendió también hacia las miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades

Comunitarias (CRAC), los opositores de la minera Media Luna y contra integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI) así como del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Por parte del Ejecutivo no ha cejado en su postura reduccionista de catalogar a los luchadores sociales como delincuentes y ha mantenido una postura inflexible de no permitir el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra defensores y defensoras que en el proceso penal han logrado demostrar que fueron víctimas de delitos fabricados. El caso de Raúl Hernández ha alcanzado una dimensión internacional por las claras evidencias que existen en el expediente de que hubo consigna para encarcelar a los miembros de la Organización del Pueblos Indígena Me´phaa (OPIM). Estas razones políticas siguen causando  graves daños a Raúl que lleva más de dos años y tres meses pagando injustamente un delito que nunca cometió. La arbitrariedad del poder no escucha razones ni argumentos de fondo que han planteado organizaciones de gran prestigio de Amnistía Internacional que ha declarado como preso de conciencia a Raúl porque es insostenible jurídicamente la acusación que se le imputa.

En este último tramo del sexenio perredista ha resurgido la violencia política como una expresión funesta del vacío de autoridad que experimenta la mayoría de guerrerenses. El descrédito en el sistema de justicia es atroz y lo que es peor se ha dejado que los personajes siniestros vuelvan por sus fueros. La protección y alta permisividad a los violadores de derechos humanos ha sido un factor endógeno para alentar la impunidad y la violencia protagonizada por el crimen organizado. Las denuncias en lugar de resolver los delitos son un factor de riesgo que muy pocos ciudadanos están dispuestos a correr por que saben que no vale la pena apostarle a un órgano investigador que no es confiable y que fácilmente se colude con los intereses ocultos de las mafias. A los partidos políticos y sus precandidatos el tema de la militarización, los derechos humanos, el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres no forman parte de la agenda para el próximo sexenio porque en lugar de representar un negocio lucrativo requiere un compromiso serio y responsable con la sociedad que se organiza y que no está dispuesta a recibir migajas ni a continuar con poses y discursos demagógicos que sólo sirve para reproducir este sistema injusto.

El gran desafío que tenemos las y los guerrerenses es luchar contra el hambre, el desempleo, el analfabetismo, las enfermedades, la inseguridad, la militarización y la corrupción de los políticos. No podemos  eludir las enseñanzas que nos han brindado generosamente quienes sin pretenderlos han allanado el camino para alcanzar la justicia en el plano internacional. Guerrero es el único estado que tiene cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas. Estos cuatro casos tienen un denominador común que es el Ejército como el autor de las violaciones a los derechos humanos. Son casos que nos remiten a la época de la guerra sucia y a los años recientes donde los nuevos gobiernos neoliberales le otorgaron facultades extra constitucionales al Ejército para salir de los cuárteles e instalarse en las comunidades indígenas, atendiendo el libreto de la guerra de contrainsurgencia. Los cuatro casos se enmarcan dentro de esta estrategia contrainsurgente que tiene licencia para desaparecer personas, violar sexualmente a mujeres indígenas y torturar a defensores de derechos humanos.

En nuestro país el fuero civil se negó a investigar estos delitos de lesa humanidady puso en manos de la justicia militar los casos para hacer más cruento el sufrimiento de quienes esperaban el apoyo del Estado  para castigar a los responsables.

A pesar de tanta desolación nuestro credo por la justicia y por el respeto a los derechos humanos sigue siendo una fuerza que nace desde el fondo de nuestro corazón. A pesar de la pesada noche de la impunidad y de la tempestad de la violencia los defensores y defensoras no cejaremos en nuestra lucha para exigir la libertad inmediata e incondicional de Raúl Hernández Abundio y de demandar el cumplimiento cabal de la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y  Valentina Rosendo Cantú.

La esperanza nos mantiene unidos y con mucho ánimo, tenemos la certeza de que el gran sacrificio que han hecho Inés y Valentina tendrá sus frutos en este invierno cuando los ministros de la Corte llamen a cuentas al Estado mexicano por haber violado los derechos humanos de Inés y de Valentina.

En estos 16 años, en el jardín de los defensores y defensoras de los derechos humanos empieza a florecer la lucha por la justicia  y nos alienta a que juntos construyamos este nuevo amanecer en las montañas del sur.

Tlapa, Guerrero, México a 24 de julio del 2010

16 ANIVERSARIO

Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Tlachinollan A.C.

Mina 77 Col. Centro C.P. 4130

Tlapa de Comonfort Guerrero, México

Tel. +52 (757) 47 61220 /  47 6 1200

http://www.tlachinollan.org.com

Se recrudece la represión oficial contra activistas de derechos humanos en Guerrero: Tlachinollan.

Tlapa, Gro., 25 de julio. Las órdenes de aprehensión contra defensores de los derechos humanos han aumentado en Guerrero en meses recientes y a la fecha hay 26 profesores, activistas, indígenas y estudiantes detenidos y procesados, aseguró Abel Barrera Hernández, presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El sábado por la noche en Tlapa, durante la celebración del 16 aniversario de la institución, Barrera Hernández destacó que de mediados de 2009 a mayo de 2010 ha aumentado el número de detenciones, y en siete meses se han efectuado nueve. Además, en junio el gobierno de Zeferino Torreblanca reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.

Otros perseguidos son militantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, egresados de la normal rural de Ayotzinapa, opositores a la empresa minera Media Luna e integrantes del Frente Opositor al Muelle de Icacos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El gobierno estatal cataloga a los luchadores sociales como delincuentes, les gira órdenes de aprehensión y los procesa aun cuando los procesos se basan en delitos prefabricados, como ocurrió en el caso de Raúl Hernández, miembro de la Organización del Pueblos Indígena Me’phaa, preso en Ayutla de los Libres desde hace más de dos años, sostuvo.

En el último año del actual sexenio resurgió la violencia política como expresión funesta de la protección a los violadores de derechos humanos, lo que alienta la impunidad, dijo.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.

Guerrero, recordó, es el único estado del país que tiene pendientes cuatro casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los campesinos ecologistas, cuyo denominador común han sido los abusos perpetrados por militares, señaló.

Sergio Ocampo Arista

Periódico La Jornada
Lunes 26 de julio de 2010, p. 33

http://www.jornada.unam.mx/2010/07/26/index.php?section=estados&article=033n2est