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DENUNCIA POPULAR ANTE LA PROFEPA EN CONTRA DE LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO

DENUNCIA POPULAR ANTE LA PROFEPA EN CONTRA DE LOS PERMISOS A LA SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO

El gobierno federal pone el centro mundial de origen y diversidad del maíz en una situación de contingencia ambiental y peligro inminente

Un colectivo de científicos y organizaciones civiles presentaron esta mañana una Denuncia Popular ante la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) contra los permisos de siembra experimental de maíz transgénico, basados en los dictámenes de bioseguridad vinculantes emitidos por la Semarnat y los permisos autorizados por la Secretaría de Salud, firmada por Grupo de Estudios Ambientales, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace México, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, El Poder del Consumidor, así como Elena Álvarez-Buylla, Eckart Boege, Antonio Turrent, Álvaro Salgado, Elena Lazos, Alejandro Nadal, Carlos Ávila Bello, Rodrigo Gutiérrez, Cristina Barros, Marco Buenrostro y Mayra Carrillo. Se trata de un proceso abierto en el que otras organizaciones y personas ya han manifestado su interés por sumarse o presentar la denuncia directamente a la Profepa.

Con las regulaciones en bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) impuestas por el gobierno mexicano y los 24 permisos recién autorizados para que las corporaciones Monsanto, Dow Agroscience y Phi México inicien la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, México como centro de origen y diversificación continua del maíz se encuentra en una situación de total vulnerabilidad para proteger tan importante planta en la vida del pueblo mexicano y para la alimentación mundial.

La lucha por un verdadero régimen de protección para el maíz que prohíba la siembra de maíz transgénico y su entrada al país, se ha dado desde diversos espacios y ámbitos. Centenares de comunidades, organizaciones campesinas e indígenas, sociales y civiles, científicos independientes y cientos de miles de ciudadanos han manifestado de múltiples maneras su rechazo al maíz transgénico, a lo largo de la última década.

“Como parte de este proceso y con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 y siguientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 118, 119 y 134 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, hoy presentamos la Denuncia Popular en contra de los actos de las autoridades que señalamos como responsables: las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud han cometido actos violatorios de la normatividad en materia ambiental, de bioseguridad y de vida silvestre, entre otros, afectando cuestiones de orden público e interés social”, explican los denunciantes en el texto entregado a la Profepa.

“Aportamos las pruebas científicas que evidencian la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental que implica la siembra de maíz transgénico en México, poniendo en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas y su biodiversidad, en particular de las razas y variedades de maíz y sus parientes silvestres. Las autoridades están propiciando daños ambientales irreversibles, violan el Principio de Precaución contenido en diversos tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, así como varios derechos y garantías individuales y colectivos del pueblo de México y, en particular, de los pueblos campesinos e indígenas y agricultores”, dijo Alma Piñeyro del Instituto de Ecología de la UNAM y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

También denunciaron la simulación de “bioseguridad” que intentan impulsar a través de las zonas restringidas para la siembra de maíz transgénico previstas en la Ley de Bioseguirdad (Zonas Libres de Transgénicos, Centros de Origen, Centros de Diversidad y Áreas Naturales Protegidas). Y demandan la creación de un Régimen de Protección Especial para el Maíz que determine al territorio nacional c omo centro de origen y diversificación continua con el fin de ser protegido integralmente, como unidad territorial donde existen infinidad de registros y procesos vivos de creación y diversificación continua del maíz, así como de flujos tradicionales de semillas. Un verdadero régimen de protección debe establecerse en base al Principio de Precaución, a la obligación de un sistema sui generis de bioseguridad para el maíz como cultivo originario y tomando en cuenta las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en 2004.

“La Denuncia refleja el largo proceso de análisis de las políticas, las leyes y los reglamentos y las luchas legales que varios hemos emprendido; incluye la defensa de los derechos individuales, colectivos y del territorio, y se sustenta en numerosos estudios científicos independientes. Revela las múltiples trampas establecidas en el propio sistema “legal” impuesto al pueblo de México, para satisfacer los requerimientos de unas cuantas corporaciones transnacionales, pues todos los permisos de siembra otorgados y las nuevas solicitudes que siguen llegando al Senasica, son de maíces patentados por las mismas, principalmente por Monsanto”, afirmó Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC).

“No debemos subordinar al interés comercial de unas cuantas corporaciones trasnacionales la legislación, los posibles riesgos a la salud de las personas, a la contaminación de uno de los acervos de germoplasma más ricos del mundo, de los ecosistemas y agrosistemas mexicanos. Con cara a las necesidades de alimentación del pueblo de México y ante la necesidad de aumentar la productividad en condiciones ambientales adversas que impone el cambio climático el país, se puede aumentar sustancialmente su producción con sus propios recursos genéticos sin la necesidad de recurrir a los monopolios comerciales de las transnacionales”, señaló el Dr. Eckart Boege, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“El consumo nacional actual de maíz es de 32 millones de toneladas anuales, de las que 10 millones se importan del mercado internacional, el cual contiene más de 50% de grano transgénico. No es necesario recurrir a la tecnología de maíz transgénico y a la importación de grano para corregir este déficit. Hay evidencias de que el campo mexicano tiene la capacidad potencial de producir más de 57 millones de toneladas anuales de maíz con tecnologías no transgénicas, si se aprovecha racionalmente sus recursos, entre los que se cuenta a la mega diversidad en maíz, la mega diversidad en fauna insectil benéfica, la notable disponibilidad de agua dulce y ciclo agrícola de invierno, ambos inexplotados en ocho estados del Sur-Sureste del país, y la significante reserva de tierras de labor, ampliamente subexplotada en el sistema de ganadería extensiva”, destacó el Dr. Antonio Turrent, miembro de la UCCS.

“Esta denuncia ambiental es fruto de una construcción colectiva y plural, entre científicos, organizaciones y expertos en leyes. Reúne una información valiosa para seguir impulsando acciones de defensa legal y profundizar en la reflexión. Invitamos a todos los interesados a conocerla y apoyarla, con el fin de lograr que las autoridades retrocedan en su afán de priviliegiar a los intereses corporativos y reinstalen la moratoria a las siembras a campo abierto de maíz transgénico en el territorio nacional, así como a la entrada de maíz transgénico en grano o en semillas híbridas contaminadas. La Profepa está obligada a responder si acepta el estudio de la Denuncia dentro de los próximos 10 días”, concluyó C. Marielle.

Nota: La Denuncia Popular puede consultarse y firmarse en: www.gea-ac.org

Si decides adherirte, por favor envíanos un correo a: geasas@laneta.apc.org con el mensaje:“Apoyo la Denucia Ambiental”

En el cuerpo del texto escribe tu nombre completo y nosotros te incluiremos.

Para mayor información comunicarse con:

Dra. Elena Álvarez-Buylla: Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Ecología de la UNAM y Coordinación de la UCCS – Tel. 56 22 90 13.
Catherine Marielle: Programa Sistemas Alimentarios Sustentables de GEA AC:
geasas@laneta.apc.org – Tels. 56 19 28 92 y 56 17 90 27

Empresas españolas depredan México y Latinoamérica, denuncia Greenpeace

Lee el documento completo

Diversas empresas españolas han llegado a México y Latinoamérica para causar algún tipo de daño ambiental, violentado los derechos humanos o cometido abusos laborales en las poblaciones en las que se establecen, de acuerdo con el informe “Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales”, que difundió Greenpeace España.

El estudio se realizó con apoyo de las oficinas de Argentina, Brasil, Chile y México, y en él se muestran los impactos sociales y medioambientales que han dejado las empresas analizadas, que encontraron terreno fértil para sus actividades sin enfrentarse a un sistema legal tan férreo como el existente en el país europeo.

Greenpeace analizó aquellos sectores con mayor potencial de causar daños al medio ambiente o a los derechos humanos (como los hidrocarburos, la electricidad, la pesca y el turismo, entre otros) y los “cruzó” con la presencia de empresas españolas significativas.

Del análisis de estas dos variables se encontraron 43 casos que integran el informe, aunque el número real puede ser mucho mayor.

El caso México

Respecto a nuestro país, el informe trata los casos de hoteles que se instalaron en Quintana Roo y que continúan con una política depredadora del ecosistema de manglar, además de que propician condiciones laborales críticas para los trabajadores contratados en la zona, con horarios superiores a la jornada laboral y empleando a más del 40 por ciento de menores de edad.

Entre estos hoteles destacan NH, Riu y Sol Meliá, que perdió un caso en 2001 cuando intentó construir un complejo en las playas de X’cacel y X’cacelito, a 100 km. al sur de Cancún.

El mayor impacto sería por la destrucción de zonas de anidamiento de tortugas marinas. Actualmente, la cadena de hoteles Meliá proyecta construir un complejo de 950 habitaciones en los alrededores de Costa Turquesa, donde todas las zonas de manglar han sido devastadas.

En Litibú, Nayarit, las empresas Servicios Financieros del Yucatán S.A., y Fadesamex S.A, compraron 267 mil m2 de terreno para crear el Centro Integralmente Planeado, un megadesarrollo turístico con edificios de hasta seis plantas y 70 habitaciones por hectárea, que rebasan todos los límites establecidos en el ordenamiento municipal.

El proyecto pretendía construir más de 4 mil habitaciones de hotel orientadas al turismo exclusivo y de elevado poder adquisitivo. También se prometieron más de 15 mil empleos y se aseguró que se llegaría a más de 700 mil visitantes en el año 2025. Actualmente las empresas españolas que resultaron adjudicatarias están en situación de quiebra y las obras están prácticamente paralizadas, mientras los efectos negativos de lo que ya se ha hecho se dejan sentir con claridad.

Generación de energía


Iberdrola está presente en 37 países, cinco de los cuáles están en América Latina y el Caribe. Es el primer generador privado en México, país que resulta rentable y de bajo riesgo porque hay garantía de compra de electricidad por la Comisión Federal de Electricidad.

En 2007 casi duplicó su producción en toda América Latina gracias al crecimiento del 57 por ciento en la producción de ciclos combinados de gas natural en México.

Por otra parte, el consorcio formado por Iberdrola y Alstom ganó en 2007 la licitación pública internacional para la modernización de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, ubicada en Veracruz. Sin embargo, existe una serie de inconformidades entre la población veracruzana respecto de los niveles de seguridad en esta central, que no ha tenido una adecuada disposición final de sus residuos radioactivos.

Los bancos españoles en México

conquistadoresEl BBVA fue el primer banco español que llegó a México, donde actualmente opera como Bancomer, el mayor del mercado actual en nuestro país. El banco Santander, por su parte, es la tercera entidad bancaria del país. Ambos controlan el 42 por ciento del activo del sistema bancario en México.

En el primer trimestre de 2009, BBVA tuvo beneficios de 363 millones de euros sólo en México; y es desde nuestro país que el banco ha entrado a Estados Unidos para operar en el negocio de las remesas que envían los inmigrantes, al grado de diversificar su actividad para ofrecerles otros servicios bancarios.

El banco Santander obtuvo, en el mismo periodo, un beneficio atribuido de 111 millones de euros. La cuota de mercado del Santander en la región ha aumentado entre un 10 y un 15 por ciento en todos los segmentos.

En suma, tanto el BBVA como el Santander han suscrito algunas iniciativas medioambientales internacionales, como ciertos códigos de Naciones Unidas o del Banco Mundial. Sin embargo esto no ha impedido que presten servicios financieros a empresas involucradas en proyectos muy controvertidos. Esto se ha producido especialmente en el sector energético o que depende de recursos naturales, como el petrolero, minero o de celulosas. 

Greenpeace señala que, si las grandes empresas españolas quieren ser entidades social y ambientalmente responsables, deben poner fin a las prácticas abusivas en el exterior y ser más coherentes en su discurso de responsabilidad.

http://www.greenpeace.org/mexico/news/empresas-espa-olas-depredan-me

http://www.greenpeace.org/mexico/prensa/reports/


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