A cinco años de haber iniciado nuestro camino común, en defensa de nuestros derechos, nuestros territorios y en resistencia contra todo tipo de agravios, los más de 500 participantes de 66 organizaciones provenientes de 15 estados (Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala, Baja California, Jalisco, Puebla, México, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y, particularmente, de 54 comunidades del estado de Guanajuato), nos reunimos por novena ocasión en Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato en un momento de emergencia comparable sólo con los tiempos que precedieron los alzamientos por la independencia y la revolución. Acudimos aquí a participar en la preaudiencia sobre la Destrucción del sistema hídrico nacional y para refrendar nuestra sólida existencia como Asamblea Nacional.
Nuestra presencia en la Cuenca de la Independencia tiene un significado múltiple: primero, para evidenciar la devastación hídrica y ambiental que vive la región norte del estado de Guanajuato, al igual que otras regiones del país, ocasionada por la criminal sobreexplotación agroindustrial de los acuíferos que lleva a cabo una oligarquía voraz para servir a los intereses del libre comercio trasnacional, traicionando y arriesgando la viabilidad misma de la reproducción de la vida mediante el envenenamiento del agua con arsénico y fluoruro, afectando la salud de decenas de miles de personas; en segundo lugar, la región del bajío es el centro de la apuesta económica del ilegítimo régimen que nos gobierna y que se dispone, además de sobreexplotar a los trabajadores jóvenes y destruir amplias regiones con ductos y redes energéticas privatizadas, despojar de sus aguas a muchas otras regiones del país con tal de concentrar la insustentable fabricación de vehículos automotores en una entidad ya marcada por la crisis hídrica; en tercer lugar, estamos aquí para recordar la lucha popular gestada en esta misma región hace 203 años y que nos sirve hoy como lección para fortalecer nuestra resistencia y abrir el camino para unirnos con todas aquellas luchas hermanas nuestras en defensa de aquello que es más fundamental: nuestra Nación, que para nosotros se manifiesta en la lucha digna del magisterio, en la resistencia contra la privatización energética, en la defensa contra la criminalización y la represión de la protesta social y en defensa de nuestro maíz.
Lo que nos unifica con esas luchas es la identificación común de agravios y los responsables de la catástrofe que vive hoy México. Al igual que muchas otras resistencias en nuestro país, consideramos que el Pacto firmado por los poderosos no es otra cosa que un pacto de muerte de nuestra Nación. Por ello nos sumamos a la lucha contra la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal y llamamos a todas las organizaciones honestas de nuestro país a avanzar coordinadamente en ese sentido desde varios frentes como los que se están abriendo en estos días. Nuestra lucha contra lo que representa el mal llamado “Pacto por México” forma parte de lo que numerosas organizaciones del país hemos denominado el crimen de desviación de poder por el que acusamos al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos hace dos años.
El enjuiciamiento al Estado Mexicano que llevamos a cabo desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, como parte de los esfuerzos por frenar el desastre y construir alternativas, tendrá uno de sus momentos más importantes del 15 al 17 de noviembre de este año en la ciudad de México, cuando, como Asamblea participaremos en la audiencia temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos como síntesis de un incansable trabajo que a la fecha implica la realización de 15 preaudiencias y la documentación de más de 200 casos de conflicto socio-ambiental en casi todos los estados del país. El trabajo de documentación y argumentación de los pueblos de México sobre la destrucción ambiental del país no tiene ningún precedente en la historia nacional. Igualmente, nos sumaremos al trabajo común establecido con nuestros hermanos de la Red en Defensa del Maíz, en la audiencia temática sobre Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía, que se realizará del 19 al 21 de noviembre, también en la ciudad de México. No olvidamos que también participaremos con nuestras acusaciones en la audiencia transversal sobre Represión de los Movimientos Sociales que ocurrirá del 23 al 24 de noviembre próximos, en la que denunciaremos las múltiples agresiones que han recibido los pueblos y comunidades que participamos en esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, incluyendo los crímenes impunes de compañeros nuestros como Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012 y a quien no olvidaremos.
A cinco años de habernos fundado como Asamblea, pensamos que nuestro trabajo conjunto ha rendido frutos y nos ha llevado a una maduración y crecimiento. Hoy somos más fuertes, más solidarios, estamos vinculados más orgánicamente y sostenemos los principios que nos dimos desde el inicio: la autonomía de las luchas, el respeto a la Asamblea como máximo órgano de decisión, el abandono de formas autoritarias y el respeto por el saber colectivo de todos los pueblos. Sobre esta base, sentimos que podemos abrir nuevas alianzas y tejer nuevas relaciones, como los que ya hemos comenzado a abrir con las luchas ambientales en el Norte y otras regiones del país, con organizaciones sindicales, con el magisterio democrático y con las organizaciones sociales que defienden el rescate de la Nación.
Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales deseamos expresar nuestra solidaridad con todos aquellos pueblos y comunidades que han sido afectados por la convergencia de los huracanes Ingrid, en el Golfo de México y Manuel, en el Pacífico, combinada con la negligencia criminal del Estado mexicano que omitió toda prevención para mitigar los efectos de este desastre. Nos referimos especialmente a nuestros hermanos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), en Acapulco y de las comunidades de la región de la montaña de Guerrero, donde no ha llegado ningún apoyo, a pesar de tener noticia de varias muertes. También hacemos mención de los pobladores de las comunidades de La Mira y El Habillal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuyas viviendas fueron arrasadas por los deslaves y el desbordamiento de la presa de jales, resultado de la obscena explotación minera que realiza la trasnacional Arcelor-Mittal en esa zona. Exigimos que los gobiernos federal, de Michoacán y Guerrero proporcionen ayuda a todos los afectados, especialmente a los más pobres y no sólo a unos cuantos. Llamamos a todos los pueblos y organizaciones participantes en la Asamblea, así como a todas las organizaciones a sumarse a las labores de acopio de víveres y apoyo para las comunidades a las que el Estado mexicano no está dispuesto a ayudar.
En el último año, muchos de nuestros hermanos han sufrido represiones y violencia por defender su territorio y sus recursos. Expresamos todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México frente a la represión que sufrieron el pasado 14 de mayo; también expresamos nuestra condena contra la i represión de los comuneros de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a la ilegal ampliación de la autopista La Pera-Cuautla.
Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales seguimos exigiendo la liberación de todos los ejidatarios presos de la comunidad de San Pedro Tlanixco, Estado de México, injustamente encarcelados por defender sus aguas y que cese el hostigamiento del gobierno del Estado de México a esa comunidad.
La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresa toda su solidaridad y apoyo al plantón permanente de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac, en el estado de Veracruz, para evitar el despojo de las aguas del nacimiento del río a través del ilegal proyecto Bandera Blanca. Para la Asamblea, esta lucha —que integra a los pueblos de toda la cuenca— es un ejemplo de integralidad y solidaridad recíproca entre comunidades para la defensa del territorio y la restauración de los ecosistemas y los derechos colectivos de los pueblos.
Como Asamblea, también nos manifestamos en alerta y nos sumamos a la exigencia del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María y de la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales de que en la ciudad de Morelia, Michoacán, los gobiernos federal, estatal y municipal cancelen definitivamente la construcción ilegal del ramal Camelinas del Libramiento sur de Morelia. Esta obra pone en peligro las vidas de más de 7 mil personas por riesgo geológico, debido a que está realizando sobre una falla geológica, además de que pone en riesgo el abasto del 40% del agua de la ciudad de Morelia.
Este 2013, año de la resistencia contra el maíz transgénico, logramos que no se aprobara la siembra comercial de maíz transgénico, pero aún estamos en emergencia por el riesgo de que envenenen nuestras mesas. Monsanto y otras transnacionales siguen presentando solicitudes para liberaciones de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas de varios estados del país. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales refrenda su exigencia de cancelar todas las siembras de transgénicos en México y no autorizar ni la siembra comercial ni de ningún otro tipo de maíz transgénico. Llamamos a todos los pueblos, colectivos y organizaciones a seguir en alerta, difundir información y hacer acciones para exigir la prohibición de los transgénicos en México y en el mundo.
Convocamos a todas las organizaciones sociales del país a sumarse a las movilizaciones magisteriales, estudiantiles, obreras, populares y de los pueblos afectados, especialmente las del 12 de octubre y la del 18 de noviembre en que confluiremos la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz en una jornada de lucha. En este llamado, participaremos con todas las organizaciones que integran el esfuerzo de la Proclama por el Rescate a la Nación.
Por último queremos dedicar nuestros trabajos en la preaudiencia y en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales a la memoria de nuestra querida compañera Teresa Martínez, fundadora de Cedesa, quien durante 50 años peleó por las tierras, las aguas y los derechos de las comunidades de la Cuenca de la Independencia y nos abrió su corazón para aprender que el trabajo comunitario siempre fortalece a los pueblos.
Atotonilco, San Miguel de Allende, Guanajuato, a 22 de septiembre de 2013.
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