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Pronunciamiento: Red en Defensa del Maíz enero de 2013.

Pronunciamiento

Red en Defensa del Maíz

enero de 2013

 

*Reunidos en nuestra primera asamblea de 2013, nosotras, las comunidades organizaciones y personas que nos reconocemos en la Red en Defensa del Maíz desde hace once años, elevamos nuestra voz para repetir una vez más que rechazamos tajantemente la introducción, el trasiego, la comercialización, intercambio, experimentación, almacenaje y la siembra de cualquier cultivo transgénico.

* En particular rechazamos todo lo relacionado con el maíz transgénico por atentar directamente contra más de diez mil años de cuidado del maíz nativo, por atacar directamente las estrategias agrícolas y de subsistencia de los pueblos y las comunidades; por atentar contra la seguridad y la soberanía alimentarias de México, por atentar contra la producción libre y autónoma de alimentos con semillas nativas nacionales libre de patentes y sin modificación transgénica. Por atentar contra la salud de la población en general.

* Lo hemos dicho antes ya, pero es necesario repetirlo también: México y toda Mesoamérica (y más) es centro de origen y diversificación del maíz. Por tanto rechazamos el empeño del gobierno por imponernos unos supuestos centros de origen que presuponen que hay otros muchos sitios donde se puede plantar cultivos transgénicos. Exigimos la integridad política, biológica y territorial de México como país CENTRO DE ORIGEN y Diversidad Continua, encarnado en la vigencia de los pueblos indígenas.

* Hoy, a nuestros reclamos de once años de resistencia —desde que se descubrió la contaminación a trasmano que intentó el gobierno en Oaxaca, lo que dio pie a la formación de nuestra Red—, tenemos que sumar nuestra palabra a todas aquellas voces que ya sonaron la alarma ante la mera posibilidad de que se aprueben los permisos solicitados para sembrar transgénicos comercialmente en más de 2 millones 400 mil hectáreas, en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Siendo estas entidades sitios que siembran enormes cantidades para consumo humano en las grandes ciudades del país, se las inundaría con un maíz contaminado que en otros países ha sido objeto de estudio y han hallado que es nocivo para la salud. Lo mismo que hemos venido diciendo desde nuestras comunidades y organizaciones durante estos once años.

* Saludamos entonces los trabajos del doctor Seralini que con gran valentía ha estado enfrentando los intereses de las agroindustrias. Seralini y su equipo siguen sin callarse ante lo que consideran un gran daño potencial a la salud humana con posibilidades de ocasionar cáncer en su ingestión repetida, lo que desmiente las afirmaciones de Monsanto de que los transgénicos son inocuos.

* Nos preocupa la situación en que se encuentran los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas (y en general del norte del país). Suponemos que probablemente las empresas semilleras los presionan con ofrecerles sólo semillas transgénicas, por parte de Monsanto, Pioneer y Dow para que siembren las variedades transgénicas que les están ofreciendo y casi que forzando a utilizar, y les decimos a todas esas personas, sean agricultores privados, ejidatarios u organizaciones de productores, que consideren el enorme daño que estos cultivos van a ocasionar a la biodiversidad del maíz (por la enorme erosión a las variedades del maíz nativo), a las estrategias independientes de producción agrícola, al futuro de las familias productoras, a la seguridad alimentaria y la salud de la población mexicana. A fin de cuentas promoverá una dependencia brutal hacia unas cuantas voraces corporaciones.

Sabemos que las presiones son muchas, y que en las condiciones de crisis en México y en el mundo es difícil zafarse de ellas, pero desde acá, cariñosamente, les hacemos un llamado a dialogar con la Red en Defensa del Maíz, para que juntos entendamos el momento que vivimos, en algún sitio y tiempo que podamos acordar; para que discutamos los graves riesgos que tenemos por delante y las maneras más dignas que podemos todavía emprender (junto con muchas personas) para salvar al maíz, uno de los cuatro cultivos más importantes en la historia del mundo.

* Saludamos a todas las comunidades y organizaciones que desde el nivel local y regional han logrado establecer acuerdos, estatutos o reglamentos —como un freno real a la entrada de los transgénicos a sus lugares y enclaves mediante una actitud de atención, alerta y cuidado; desechando o frenando todas las semillas extrañas, las semillas híbridas o ajenas que los programas de gobierno o las empresas quieren imponerle a las comunidades a cambio de otros programas o proyectos.

* Esa moratoria real, se ha mantenido estos once años y México sigue siendo un país donde todavía no nos vencen los transgénicos. Por eso es importante ahora, ante una emergencia tan grave como la que vivimos, redoblar esfuerzos, atención, cuidados, para mantener y reforzar las semillas nativas y los canales de confianza que hacen posible su intercambio seguro y la diversidad que es su corazón, al tiempo de desterrar toda semilla ajena, sobre todo si son semillas que nos promueve el gobierno y las empresas.

* Por supuesto, ahora ya no sólo es un problema de siembra atenta, cultivo cuidadoso o intercambio de semillas por los canales de confianza. Ahora también debemos prestar atención a la procedencia de todo el maíz que consumamos, sabedores de que hay ahora infinidad de productos que lo contienen. Entonces debemos redoblar la atención para desechar los productos procesados que contienen algún ingrediente basado en maíz industrial, pues seguramente éste será transgénico.

* Queremos ahora invitar a muchas organizaciones que han dado muestras de estar genuinamente preocupadas por la inminente invasión transgénica a que sumemos esfuerzos para trabajar: a veces juntos, a veces cada quien en sus esfuerzos propios, para erradicar totalmente a los OGM de México y del mundo. No siempre coincidiremos en todas las acciones, pero seguramente nos acompañaremos en algunas de ellas. Saludamos especialmente al Yo soy 132 ambiental, a los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, a las organizaciones de Movimiento Urbano Popular (en particular a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-UPREZ), y a los científicos comprometidos, a los científicos éticos, como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), por haber hecho sonar la alarma en esta coyuntura y haber sumado sus fuerzas para exigir que NO se otorguen los permisos de siembra comercial que se pretendían aprobar desde el gobierno de Felipe Calderón.

* Así consideramos un triunfo ser parte del esfuerzo nacional de haber podido esgrimir argumentos, exigir a las autoridades y alzar nuestra voz, para frenar los permisos durante el gobierno anterior, pero no consideramos que el peligro pasó. Sabemos muy bien que en cualquier momento pueden recomenzar los esfuerzos por que se aprueben los permisos. Por ahora, debemos aprovechar el tiempo para convocar más respaldos internacionales y toda la resistencia nacional posible. En ese contexto internacional saludamos las manifestaciones que desde Berlín coincidieron con muchas organizaciones mexicanas para hacer patente nuestro agravio por la posible aprobación de los permisos de siembra comercial de los transgénicos, y a la organización Avaaz, que juntaron más de 40 mil firmas en una campaña de solidaridad con la lucha en México.

*Saludamos también la digna lucha que se libra contra la invasión de transgénicos o contra las privatizadoras leyes de semillas como UPOV o de variedades vegetales en todo el continente: en Paraguay, donde incluso hubo un golpe de Estado para favorecer a la agroindustria; en Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Allá, como en México la gente está en resistencia. Sepan que reconocemos que nuestra lucha por las semillas nativas y una agricultura independiente es la misma.

* Una parte crucial de ese esfuerzo de defensa del maíz es sin duda el Tribunal Permanente de los Pueblos, al que reconocemos su esfuerzo por abrir un espacio para que la sociedad mexicana exprese sus agravios y plantee sus exigencias —ante personas de reconocida autoridad moral, a nivel internacional, que darán fe de que nuestros agravios son reales y de que nuestros señalamientos de responsabilidad y están planteados con objetividad y documentación suficiente para configurar casos jurídicos con pruebas suficientes. Reivindicamos entonces ser parte del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ante el cual presentamos ya un borrador de demanda que se irá refinando conforme más casos y argumentaciones se presenten en las diversas preaudiencias que vamos planificando a lo largo de este año.

* Por todo lo anterior, y haciendo eco con la resistencia que surge de todo el país, nos sumamos a la propuesta de las comunidades y organizaciones de Oaxaca, de declarar 2013 como año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y de la vida y autonomía de los pueblos del maíz.

* Por último, queremos salir al paso de ciertas informaciones que señalan que estamos en contra de los permisos de siembra porque no hay las condiciones de bioseguridad suficientes, según nota de Matilde Pérez, en La Jornada del día 16 de enero. Queremos enfatizar que si bien estamos contra los permisos de siembra comercial como es público y sabido, para nosotros es crucial señalar que NO HAY BIOSEGURIDAD ALGUNA QUE PUEDA SERVIR CONTRA LOS TRANSGÉNICOS.

 

Nosotros no planteamos mejores medidas de bioseguridad u otras medidas de bioseguridad.

En cambio…

Rechazamos cualquier siembra o comercialización, almacenamiento, trasiego, experimentación, siembra comercial de maíz transgénico en cualquier parte del territorio nacional.

No a los organismos genéticamente modificados,

No al maíz transgénico.

Moratoria y prohibición definitiva a los transgénicos.

Queremos un mundo libre de transgénicos.

 

Red en Defensa del Maíz:

Comunidades Indígenas campesinas: Hopelchén, Suctuc, Xcalot Akal, X kix, Bolonchen, Xbilinkok, Ebula, Crucero San Luis de la región de Los Chenes del estado de Campeche; Maní, Vicente Guerrero del Sur del Estado de  Yucatán; Comunidades del Municipio de Las Margaritas de a zona de la Frailesca del Estado de  Chiapas; Salto de Agua, Arroyo Largo, El Coyol, Ángel R. Cabada de Los Tuxtla, Huayacocotla del Estado de Veracruz; Santa Cruz de la Montaña Centro del Estado de Guerrero; Yayalag; Lachixila, La Selva, de Camotlan; Guelatao; Analco Ixtlán de Juárez Sierra Norte, Alotepec Mixe, El Porvenir, Maguey Largo Valles Centrales,  Comunidades de la Sierra Sur, San Miguel Chongos de la Chontal, San Miguel Tenango, Comunidades del Istmo de Tehuantepec, del Estado de Oaxaca; Bienvenido Hermenegildo Galeana Sierra Norte del Estado de Puebla; Huejutla, Oxeloco, Atlaco, Atlajco de la Huasteca Hidalguense; Zacatepec del Estado de Tlaxcala, Comunidades Rarámuris de la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua; Palos Altos, El Grullo, Ixtlahuacan, San Sebastián Teponahuaxtlán,  del Estado de Jalisco; Comunidades de los Municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel del norte del Estado de Guanajuato; La Magdalena Contreras de Distrito Federal; Lerma Estado de México.

Organizaciones Indígenas y civiles de las regiones: Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.; T’oojil Xíimbal SC, Misioneros, Escuela de Agroecología, Misión de Guadalupe, Tequio Jurídico AC, UNOSJO, Ser Mije, Uken Ke Uken, Colectivo Oaxaqueño por la Defensa del Territorio,  ORAB AC, UNISUR, GEA AC, CONTEC AC, SINE AC, CREO AC, OMSA, CEDESA AC, CODECIN, UCANG, comunidades Campesinas en Camino, CACID AC.

Organizaciones Civiles: Ceccam AC, Ccasifop AC, Colectivo por la Autonomia, Grupo ETC, Cenami AC, GRAIN, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, 132 Ambiental, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPREZ, Movimiento Urbano Popular, Via CAMPESINA, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

 

Action Aid: Imperativo frenar el uso de maíz para etanol.

La elaboración de agrocombustibles (etanol) consume ya 15 por ciento de las cosechas mundiales de maíz, y 40 por ciento en el caso particular de Estados Unidos (EU) –país fundamental en la definición de los precios del grano–. Tal situación es una de las causas principales del encarecimiento de los precios internacionales del maíz y en general de los alimentos, fenómeno iniciado en 2006-07 y vigente hoy con consecuencias fatales como el hambre y la inseguridad alimentaria.

En el caso de México, donde a diferencia de la mayor parte del mundo usamos el maíz para consumo humano directo, el efecto es evidente en la escalada de precios de la tortilla; en el malestar social derivado; en inseguridad alimentaria sobre todo en las zonas pobres del país, las rurales, y en el aumento en las erogaciones por importación de maíz, afirman Timothy A. Wise, director de Investigación y Políticas del Instituto de Desarrollo Global y del Medio Ambiente (GDAE) de la Universidad de Tufts, y Marie Brill, analista principal de políticas de Action Aid-Estados Unidos.

Ambos son autores del informe de Action Aid Agrocombustibles: fogoneros del hambre, presentado el pasado mayo con el subtítulo Cómo las políticas de Estados Unidos para el etanol de maíz aumentan el precio de los alimentos en México.

El informe tenía la intención de que siendo actual presidente del G-20 (que reúne a las economías más avanzadas y a las emergentes más importantes), México influyera en la reunión que realizó en Los Cabos, Baja California, del 18 al 20 de junio. Ello, considerando que en nuestro país hasta ahora hay un freno al uso del maíz para etanol, por la fuerza social que implica el que el grano sea nuestro básico principal y que debemos importar altos volúmenes desde Estados Unidos para cubrir nuestras necesidades. El boom del etanol afecta drásticamente la seguridad alimentaria de México.

Cabe mencionar que el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció el 13 de junio, durante un seminario sobre nuevos paradigmas para la agricultura, que el documento que se analizará en la cumbre “no es muy explícito ni categórico en el tema de biocombustibles”, pues el tema es “controvertido”.

Durante la presentación del informe en cuestión, Wise recordó que en 2008 los precios de la tortilla en México prácticamente se duplicaron respecto de 2006, y la tónica de encarecimiento persiste en términos generales en los alimentos, “con efectos de hambre, inseguridad alimentaria y pobreza”.

El efecto que tiene el uso de maíz para etanol sobre el precio de este grano representó costos de entre mil 500 millones y tres mil 200 millones de dólares entre 2006-11, esto es costos que hubieran sido nulos si no se utilizara el maíz para fines energéticos.

El informe detalla que en 1990 las importaciones mexicanas de alimentos desde Estados Unidos sumaban dos mil 600 millones de dólares. Para el año 2000 subieron a seis mil 400 millones y en 2011 llegaron aun récord de 18 mil 400 millones. No obstante la expansión de las exportaciones agroalimentarias, el déficit de la balanza comercial ha empeorado. De hecho en 1990 lo que se registró fue un pequeño superávit, pero en 2000 el saldo negativo fue de mil 300 millones de dólares; en medio de la crisis alimentaria global, alcanzó “una cifra desastrosa” de cuatro mil 600 millones de dólares, y en 2011 sumó dos mil 600 millones.

En los dos años recientes, dijo Wise, los gastos por importación de maíz equivalieron al déficit comercial agroalimentario total.

Y es que la dependencia de México en importaciones de maíz se ha acentuado, sobre todo desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Wise. El informe muestra que en 1990-92 las compras foráneas del maíz representaban siete por ciento del consumo; hoy son 35 por ciento. Y lo mismo ocurre en los otros granos. En trigo antes era 18 y ahora casi 60 por ciento; en arroz antes 60 y ahora casi 80 por ciento; en soya antes 75 y ahora casi cien por ciento.

Tim Wise señaló que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos estima que entre 20 y 40 por ciento del encarecimiento de los precios globales de alimentos es atribuible al consumo de maíz para etanol. El análisis calcula que en 2006 el uso de maíz para etanol en el mundo y particularmente en EU representó un encarecimiento de las importaciones mexicanas de maíz de 2.5 por ciento, esto es 23 millones de dólares, pero en 2010-11 las cifras llegan a 20 por ciento y 422 millones de dólares. En todo el periodo 2006-11 el costo acumulado por esta razón fue de mil 260 millones de dólares. Y la tendencia es que se profundice la situación. “Estamos haciendo estimaciones conservadoras, porque hay otros cálculos que hablan de 20 a 40 por ciento” como efecto de encarecimiento del maíz por causa de la demanda del cereal por parte de la industria del etanol.

De acuerdo con Marie Brill, el uso del maíz para etanol ha sido impulsado en Estados Unidos por tres políticas: una protección arancelaria, subsidios y un mandato (leyes) para ordenar la mezcla del etanol con gasolinas. El objetivo de esto ha sido convertir la dependencia de combustibles fósiles a una “bioeconomía”. Otro incentivo han sido los altos precios del petróleo. De allí la “dramática” situación de que 40 por ciento de las cosechas maiceras de EU se utilicen para etanol, con los consecuentes efectos globales en los precios. Este país es el líder mundial en exportación del grano.

La especialista comentó que en el mundo ya 203 millones de hectáreas de tierra, esto es equivalente al tamaño de todo México, están siendo utilizadas con fines de producción de cultivos para agrocombustibles (sobre todo maíz, soya, otras oleaginosas y jatropha), y más de 60 por ciento de esa superficie está en el continente africano con inversiones de empresas extranjeras. En África, paradójicamente, la hambruna llega a grado extremo y afecta a un gran número de personas. Esto indica que más allá de los efectos meteorológicos, políticas públicas de países influyentes están induciendo un descontrol en la oferta alimentaria, y “esto debe cambiar; Estados Unidos debe cambiar”.

La carestía alimentaria va unida a otros fenómenos sociales de desgaste. Brill comentó, con base en experiencia propia como representante de Action Aid, que ha visto cómo en África la gente ha agotado todos sus recursos por sobrevivir: trabaja más, cuida menos su salud, y aun así, los ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.

En la presentación del informe de Action Aid participó Olga Alcaraz Andrade, directora de Agricultores Unidos Región Guayangareo, de Michoacán, miembro de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), consideró que el maíz “es el grano más especulado del mundo”.

Explicó la situación actual con el grano en México –que es una reedición de lo que ha ocurrido en los años recientes–: corporaciones reciben apoyo gubernamental para importar maíz, mientras que las bodegas de los productores en el país están repletas del grano. Las empresas así especulan –generan la idea de escasez del grano; reciben subsidios, y a la vez presionan a los productores para que les vendan más barato su grano, pues si no lo hacen el maíz quedará en las bodegas generando costos de almacenamiento–. “Dependemos que los monopolios compren nuestras cosechas; tenemos que cambiar esto. Las grandes empresas recibieron en 2011 un total de mil 400 millones de pesos para apoyar la comercialización de granos (…) el país pierde soberanía alimentaria”.

Por su lado, Víctor Suárez, director general de la ANEC, afirmó que el encarecimiento de los precios del maíz y demás alimentos –propiciado por la especulación financiera y por el uso de materias primas agrícolas para agrocombustibles– no se refleja en mejores ingresos para los campesinos, porque la situación genera especulación también en los precios de los insumos. Se han encarecido los procesos de producción. Entonces, los únicos beneficiarios de la carestía y la especulación alimentaria internacional son los monopolios (comercializadores, agroindustriales, productores de semillas y de fertilizantes). Y no hay lógica en las decisiones del gobierno de México, porque, en lugar de impulsar una mayor producción interna, la orden ha sido importar. Estas decisiones además han encarecido aún más los alimentos, porque, al ser anunciadas al mundo, generan especulación (máxime cuando México busca importar maíz blanco, de consumo humano y muy escaso globalmente).

Lourdes Edith Rudiño

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/23/cam-uso.html

Monsanto y la siembra de maíz transgénico en México.

La trasnacional Monsanto es la principal permisionaria del gobierno federal para la siembra de maíz genéticamente modificado. A dos años de la liberación de las concesiones, las agroindustrias experimentarían en más de 2 mil hectáreas de suelo mexicano. Al menos 10 especies de maíz criollo se encuentran amenazadas, pues su lugar de origen es el mismo donde ha sido autorizada la siembra experimental. Además de Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro acaparan los permisos para esas pruebas. Monsanto se erige como el principal permisionario para la siembra de maíz transgénico en el país. La trasnacional de capital estadunidense experimenta en más de 33 hectáreas de suelo mexicano. Además, sus patentes son distribuidas a través de otras comercializadoras extranjeras, lo que la convierte en el monopolio del transgénico, según especialistas.

Los informes Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado ingresadas, correspondientes a 2009 y 2010, indican que las semillas genéticamente modificadas de Monsanto, así como de Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro, se dispersan en tierras de Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sonora.

En esta última entidad es donde se concentra el mayor número de solicitudes. Ahí, también permanecen unas 10 razas o variedades de maíz originario. En tanto que el principal productor de maíz, Sinaloa, es el estado en el que más siembras se han registrado. Los documentos oficiales indican que, hasta el cierre del año pasado, las cuatro compañías han pedido al gobierno mexicano sembrar sus granos en 2 mil 171.6 hectáreas.

De acuerdo con los listados de la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados –oficina dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– del 9 de marzo de 2009 al 16 de diciembre pasado, las multinacionales han realizado 110 solicitudes.

Adelita San Vicente Tello, ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana y representante de la asociación civil Semillas de Vida, dice que el incremento de solicitudes y siembras por año “es muy grave”. Estamos exigiendo que se pare toda la siembra, que se evite que se pase a la siguiente fase y se revierta la posible contaminación antes de que suceda un desastre económico de contaminación en todo el país”.

Sonora, en riesgo de contaminación

Blando de Sonora, Chapalote, Dulce Norteño, Elotes Occidentales y otras seis variedades más de maíz crecen en los valles Yaqui y Mayo, en Sonora y Sinaloa­, respectivamente. Ahí es donde las multinacionales han solicitado más espacio para esparcir sus granos experimentales.

Los documentos oficiales indican que la Sagarpa tiene solicitadas 978.62 hectáreas para experimentación transgénica en tierras sonorenses, de las que se han concedido 8.29 hectáreas. De autorizarse esta superficie, al terminar este año fiscal el estado sería el de mayor presencia de organismos genéticamente modificados (OGM).

Le siguen Coahuila y Durango, con 434.94 hectáreas en petición, sin que hasta el término de 2010 se hayan concedido los permisos. Tamaulipas es el cuarto estado más demandado, con 281.14 hectáreas pedidas, de las que se han concedido 1.53 hectáreas.

Sinaloa, el principal productor de maíz blanco en México, es el quinto estado de la República respecto del número de solicitudes: 261.42 hectáreas. Éste es el que más concesiones tiene: 26.06 hectáreas. Nayarit ocupa el último lugar de los seis estados en los que se han sembrado OGM, con 120.58 hectáreas solicitadas, de las que se han asignado 0.14 hectáreas.

Vicente Tello asegura que el principal problema es la contaminación del territorio mexicano como centro de origen del maíz. “Estas siembras experimentales no están cumpliendo con los lineamientos de bioseguridad. Se difunde el maíz transgénico por todo el país y después ya no hay control”.

La edición “Maíz transgénico en México, riesgos y costumbres”, de la revista Ciencias, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que el país es “megadiverso, multicultural y centro de origen de domesticación y diversificación genética de 15.4 por ciento de todas las empresas que constituyen el sistema alimentario mundial. Esto se debe a la persistencia de los sistemas agrícolas tradicionales donde se cultiva el genoplasma nativo, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”.

La presencia de Monsanto

Monsanto –fabricante del agente naranja (herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para la destrucción de cosechas y vegetación) – acapara el 80 por ciento de las solicitudes de experimentación realizadas ante la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados.

Sus “eventos” (como se les llama a los experimentos MON-89Ø34-3, MON-88Ø17-3, MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6 y MON-ØØØ21-9) se dispersan a través de las otras trasnacionales que han pedido formalmente la solicitud de siembra ante la Sagarpa.

De manera formal, Monsanto es la número dos en realizar solicitudes. Con 38 peticiones, la compañía originaria de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos, se ubica por debajo de PHI México –empresa de DuPont y subsidiaria de Pioneer Hi bred, Int­–, que ha realizado 45 trámites. Sin embargo, entre las semillas que siembran PHI y las otras trasnacionales se encuentran las de Monsanto.

Dow AgroSciences es la tercera en importancia, pues ha documentado su interés por experimentar con OGM en México a través de 18 eventos. Finalmente, Syngenta Agro lleva 10 solicitudes ante las oficinas de la Sagarpa.

Monsanto tiene presencia en 88 de los 110 trámites, según muestran a detalle los Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado ingresadas, correspondientes a 2009 y 2010. No hay empresa que no promueva el agente MON.

“El gobierno mexicano está abriéndole la puerta a un monopolio en algo tan sensible como es la semilla. Tendría esta empresa el control absoluto de las semillas en México si se está permitiendo la siembra y luego se pasa a la siguiente fase, que es la piloto. Llegar a esta fase, sería el paso previo para la etapa comercial”, dice Adelita San Vicente Tello, representante de la asociación civil Semillas de Vida.

En peligro, maíz de origen mexicano: especialistas

Desde el 11 de mayo de 2009, los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Antonio Turrent Fernández, Ramón Garza García y Alejandro Espinosa Calderón se dirigieron a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria para advertir que las siembras experimentales de MON-00603-6 (tolerante al herbicida glifosato) corrían el riesgo de contaminar el maíz de la zona.

La misiva indica que, entre los factores que se han omitido en la siembra experimental, se encuentran “la ubicación geográfica de los parientes silvestres del maíz (teocintle y Tripsacum); la persistencia del mejoramiento genético autóctono que usa la vía ‘semilla-polen’ para sus cruzamientos y dispersión de alelos en sus poblaciones, y el valor inapreciable de la diversidad genética del maíz nativo in vivo, insustituible por su versión conservada in situ y/o ex situ”.

Exponen a las autoridades de la Sagarpa que la dispersión geográfica, con altas frecuencias de teocintle y de varias especies de Tripsacum “interferirían con el escalamiento a nivel comercial del evento MON 00603-6… Por esta vía, los transgenes de tolerancia a ciertos herbicidas pasarían al teocintle”.

Además, observan que “el teocintle, que es considerado maleza en el monocultivo de maíz del Altiplano de México, podrá transformarse en una supermaleza como resultado de su interacción genética con el maíz transgénico tolerante al glifosato o indirectamente, a través de su interacción con el maíz nativo”.

Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (Anec), asegura que además de las afectaciones a las siembras nativas, habrá impactos negativos en la economía de los campesinos. “El gobierno mexicano no entiende que hay que respetar la Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados; sigue tomando decisiones en función de la presión y chantaje de Monsanto y las trasnacionales”.

El representante de la Anec expone que en caso de contaminarse el maíz blanco que se produce actualmente, “se depreciarían a maíz de uso forrajero o industrial alrededor de 30 dólares por tonelada. Hoy mismo vemos cómo el maíz blanco es un bien escaso y si no lo produce México, no hay en todo el mundo. Esto significaría una pérdida económica de alrededor de 300 millones de dólares por año, tan sólo por la depreciación de maíz en 10 millones de toneladas que entran al mercado”.

Autor: Érika Ramírez

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/03/15/monsanto-a-la-cabeza-en-la-siembra-de-maiz-transgenico-en-mexico/?home

Argentina: Acaparamiento de la tierra, monocultivos y exclusión social.

El modelo de agro exportación de commodities, una agricultura extractivista y minera que actualmente se ha impuesto en la Argentina, suma veinte millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, lo cual representa más de la mitad de la superficie agrícola del país. Esta agricultura de monocultivo industrial, que ya lleva veinte años, tuvo como objetivo, en principio, proveer forrajes para las producciones de carnes en encierro tanto en Europa como en China, así como harinas y subproductos industriales de la producción de aceites. Tras dos décadas de padecer este monocultivo, las consecuencias económicas, sociales, culturales, ambientales y sanitarias para la Argentina, son devastadoras. Es un modelo de agricultura, que impone la exclusión o la marginalidad social y la pobreza. El modelo de sojización ha afectado, no solamente los agro ecosistemas mas frágiles en el norte, sino que, algunos estudios indican también, importantes pérdidas de fertilidad en la pampa húmeda. Estas tierras que históricamente han caracterizado la riqueza de la Argentina y han construido en el imaginario de nuestro pueblo y del mundo, una idea de opulencia alimentaria, ya están convirtiéndose en un mero mito, gracias a la sobre exigencia a que se encuentran sometidos sus suelos, que ayudados por las recurrentes sequías y vientos, consecuencias de la deforestación, del maltrato productivista y de los cambios climáticos, amenazan convertirse en un nuevo Dust Bowl, tormentas de tierra en sequía y por agriculturización excesiva, con desaparición de la cobertura vegetal autóctona protectora del suelo, uno de los desastres ecológicos más importantes del siglo XX.[1]

La producción de commodities se complementó con la instalación de los agronegocios como eje de poder que reconfiguró la economía. Los agronegocios son uno de los principales núcleos de poder de las corporaciones que dominan el Cono Sur. Estas corporaciones comparten el territorio con las transnacionales mineras y petroleras. Las actividades de los agronegocios y las industrias extractivas, constituyen el eje estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región sudamericana. Los agronegocios son el motor que mueve la violencia y la criminalización de las comunidades campesinas e indígenas que luchan por su tierra. Ellos se extienden con estrategias que conducen a la destrucción de las mismas bases de vida de la población rural y de las generaciones venideras.

El boom de la soja transgénica ha provocado la especialización en la producción y exportación de unos pocos productos primarios, subordinando el país a los vaivenes de la economía mundial y del capital financiero especulativo. Y aunque los commodities fueron favorecidos en los mercados, el futuro continúa siendo imprevisible. La creciente dependencia a los mercados globales ha generado una sociedad de servicio y de gran inseguridad alimentaria, en que los  planes sociales reemplazan el trabajo productivo. De haber sido un importante proveedor de carnes y cereales para Europa durante gran parte del siglo XX, y siendo autosuficiente de los alimentos que consumía su propia población, en la actualidad, la Argentina ha pasado a ser un país básicamente productor de transgénicos y exportador de forrajes. Se redujo, cuando no se eliminó por completo, la producción de otros cultivos, provocando serios deterioros en la seguridad alimentaria. Por otra parte,como consecuencia directa del poder en los mercados de las corporaciones transnacionales, la producción de alimentos ha quedado subordinada a los cultivos de transgénicos para la exportación, originando un fenómeno de dependencia del país respecto de los mercados globales, las empresas exportadoras y  otras corporaciones que, como Monsanto, no sólo proveen la semilla, sino también el paquete tecnológico, que integran fertilizantes y agrotóxicos.

Este modelo es responsable de la desaparición de la agricultura familiar y de los trabajadores rurales. Miles de ellos son expulsados violentamente de sus tierras y de sus fuentes de trabajo para imponer el paquete tecnológico de la siembra directa y las semillas GM, y son criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. Considerando la expulsión de trabajadores rurales y campesinos de los territorios donde se cultiva, el promedio de trabajadores que quedan, sumado a los del brevísimo trabajo temporario de los de los contratistas de maquinaria agrícola, no es más de un trabajador cada 500 Has. Condenados al éxodo rural, las poblaciones pasan a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades, convirtiéndose en consumidores rehenes de lo que el mercado les impone a través de las cadenas agroalimentarias y el supermercadismo a la vez que transformándose en cautivos del asistencialismo clientelar y una enmarañada red de punteros políticos, crimen organizado, trata de personas e iglesias destinadas a la contención y al control social de las periferias de pobreza extrema.

El crecimiento de la soja está íntimamente ligado al deterioro ambiental. Su expansión está ocasionando la deforestación de extensas áreas, en particular en las provincias del norte. Cada año se desforestan en la Argentina más de 200 mil hectáreas de monte nativo, debido al avance de los monocultivos que afectan grave e irremediablemente a la Biodiversidad. Muchos hábitats naturales, tales como bosques, humedales o estepas, junto con especies de plantas y animales, fueron eliminados o corren peligro de extinguirse. Otras de las consecuencias de la deforestación, son el importante aumento en la incidencia de varias enfermedades zoonóticas como consecuencia de que los vectores y patógenos quedaran sin sus hábitats naturales y han debido colonizar los poblamientos urbanos. Ahora, esas enfermedades,  afectan a las economías familiares y a los presupuestos en salud del Estado, agregando un factor de estrés y de gastos que es ignorado y permanece invisible dentro de las ecuaciones del mercado.

El empobrecimiento sistemático de nuestros suelos y la creciente desertificación, es otra de las graves secuelas que deja la soja, los otros cultivos genéticamente modificados y las zonas con forestación implantada y en escala. Pero la consecuencia más siniestra siguen siendo los modos en que este modelo de monocultivos ha impactado en la salud de cientos de miles de pobladores que viven cercanos a los campos de soja. Nuestra población está siendo afectada en forma directa por las fumigaciones de agrotóxicos produciéndose cáncer, leucemia, lupus, púrpura, alergias de todo tipo, malformaciones en recién nacidos, abortos  y demás enfermedades vinculadas a la afectación del sistema inmunológico. A esto se suma el caso de numerosas muertes producidas por intoxicaciones. Esta situación se repite a lo largo de todo el Cono Sur, los relatos acerca de envenenamientos y desalojos, amenazas y asesinatos se producen no sólo en la Argentina, también en Brasil y Paraguay.

Según ensayo “Agricultura, alimentación, biocarburantes y medio ambiente” de diversos autores, en la Revista económica ICE de Madrid: “La agricultura y la alimentación se configuran globalmente como un reto pendiente de solución: la sexta parte del mundo pasa hambre y la población mundial y el cambio en las dietas van a elevar sustancialmente la demanda de materias primas agrarias. El mundo, pese a todo, cuenta con recursos suficientes, tierra y agua, para alimentarse, pero requiere más inversión en capital y tecnología, una regulación mejor y más justa del comercio y la mitigación de las causas de la pobreza. La producción de biocarburantes comporta una nueva demanda para la agricultura, compitiendo por los mismos recursos con la producción de alimentos”.[2] Lo que con seguridad incrementará la expansión del actual modelo de agricultura industrial y semillas GM, es el cada vez mayor interés de los países ricos por cortar su petróleo con combustibles provenientes de la agricultura. Con el surgimiento del mercado de agrocombustibles, el futuro de la producción agrícola se torna todavía más pavoroso porque nos amenaza conducirnos a una catástrofe de carácter irreversible. Múltiples organizaciones sociales han expresado su preocupación por las consecuencias que puede generar este nuevo modelo de energía, donde la agricultura estará el servicio de producir alimentos para motores. En el Cono Sur de la América Latina, el sector sojero se promociona como el gran abastecedor de biodieseles para el mercado europeo. Para América Latina esta actual ola de expansión de la agricultura industrial, amenaza lo que resta de población rural y las últimas zonas de producción de alimentos. Una de las consecuencias directas de estas políticas, es que cada vez, mayores sectores de la población de menores o escasos ingresos, tienen acceso a una alimentación adecuada debido a los altos precios de  los alimentos básicos (frutas, verduras, carne, leche).

La soja no es un mero cultivo, la soja es un sistema global que condiciona e impone políticas de Estado. Lo que en un momento se denominó como agricultura sin agricultores, en realidad fue el comienzo de un arrebato masivo del territorio por parte de las corporaciones y que actualmente culmina en la desolación de un pueblo privado de sus suelos y del arraigo a la tierra, de su seguridad alimentaria y en consecuencia, de su Soberanía Alimentaria.

La tierra en América Latina: el talismán de las corporaciones

La crisis alimentaria mundial y la crisis financiera de 2008, reconfiguraron el mapa mundial de los más poderosos. Los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del “crecimiento”, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo. Es el caso de China. Sus tierras agrícolas están desapareciendo ante el avance industrial y sus suministros de agua se encuentran en estado crítico. Con más de 1.8 billones de dólares de reservas en divisas, China cuenta con bastante dinero para invertir en su propia seguridad alimentaria en el extranjero. Y es lo que está haciendo, no sólo en Asia y en África. Ahora también logró instalarse en la Argentina.

La provincia de Río Negro en la Patagonia argentina, le asegurará de esa manera a China la provisión de comida durante 20 años, según lo acordó el gobernador rionegrino, Miguel Saiz, en su reciente visita a ese país, con una de las mayores empresas de alimentos, la estatal Beida Yuang. El convenio consiste en que Río Negro alquile a productores de su provincia campos para que allí Beida Yuang instale sistemas de riego que permitan la plantación de soja, trigo y colza, entre otros cultivos que la empresa se encargará de comercializar en la provincia china de Heilongjiang. En una primera etapa experimental, que comenzará de inmediato, Beida Yuang invertirá 20 millones de dólares para irrigar y producir en 3000 hectáreas de campos alquilados. Pero el proyecto consiste en llegar a una inversión de 1.450 millones en 20 años y sobre 320.000 hectáreas. Beida Yuang quiere asegurarse alimentos e insumos para producción de carnes en China por 20 años, donde sólo el 10 por ciento de las tierras son productivas y en el que cada año millones de personas se van del campo a la ciudad.

La jugada de China se ajusta a una época de Globalización en la que los precios de los alimentos son altos y los de la tierra son bajos. El negocio sería el de tener control sobre muchas de las mejores tierras cercanas a suministros de agua. La tierra será la nueva fuente de lucro y, el objetivo: controlar la producción de alimentos e insumos alimentarios para la producción de carnes en su territorio. Es en este punto donde el sector privado juega un rol esencial. No serán pocas las transnacionales y corporaciones que se lancen a la caza de tierras fértiles para la producción de lo que el mercado global les demande, ya sean alimentos o Agrocombustibles. Según nos informa Infobae del 14 de Octubre de este año, otro tanto estaría haciendo Qatar que, está implementando conversaciones preliminares con el Gobierno argentino, para instalar proyectos agrícolas destinados a la producción de cereales  a fin de asegurarse el abastecimiento de alimentos, y está dispuesto a comprar tierras en Argentina por valor de unos 100 millones de dólares. [3]

Las semillas de Monsanto y  los  pooles de siembra: una nueva agricultura

El argentino Gustavo Grobocopatel, fundador y presidente de la compañía Los Grobo, considerado el empresario número uno y referente indiscutido a nivel mundial en el terreno de la soja, hace dos años pasó a formar parte de Sollus Capital, un grupo de inversión que tiene por finalidad adquirir tierras cultivables en el Cono Sur. Conocido como “el rey de la soja”, Grobocopatel cultiva más de 280.000 hectáreas, de las que unas 120.000 son en la Argentina y el resto en Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy sus ventas superan probablemente en mucho el millar de millones de dólares en cada campaña. La familia Grobocopatel, de origen ruso-judío llegó a la Argentina en 1912, proveniente de Berasabia, al sur de Rusia. Se instalaron en una colonia judía de Carlos Casares, un pueblo a 300 kilómetros de Buenos Aires.  Allí comenzaron a realizar distintas tareas como contratistas agropecuarios. En el año 1984, Gustavo Grobocopatel funda junto a su padre Los Grobo Agropecuaria. En ese entonces era tan sólo una empresa familiar, en donde trabajaban 4 personas en la administración, disponían de un camión y una oficina en un taller reformado, que cumplía funciones de depósito,  en la localidad de Carlos Casares.

En 1986 se produjeron dos hechos concurrentes y vitales para la expansión de la empresa familiar: inflación e hiperinflación y paralelamente la inundación en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Ambos eventos dejaron secuelas agronómicas y económicas financieras. En esos años muchos productores abandonaron la producción y muchos campos se ofrecieron en alquiler. La experiencia agronómica y de relaciones comerciales consolidada en Los Grobo Agropecuaria facilitó el desarrollo de una incipiente red de agronegocios por contratos. Esta experiencia los motivó a seguir sembrando fuera de los campos propios. Así fue que los efectos de la hiperinflación y las secuelas de las inundaciones les permitió a los Grobocopatel, realizar diversas operaciones de compra y venta de campos. Pero el verdadero salto cualitativo se produce durante los años noventa. Con la llegada a la presidencia de Carlos Menem en 1989, se inaugura lo que luego se conocería como neoliberalismo. Las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado generan el campo propicio para la expansión de los agronegocios. El propio Gustavo Grobocopatel sintetizó así lo que significó la década del noventa para su mega empresa: “El único camino posible fue el crecimiento en escala y la eficiencia. La década de la convertibilidad originó inmensas oportunidades anticipándose a los acontecimientos. Los aumentos de precios de granos se aprovecharon porque estábamos muy posicionados en la producción. La caída de muchos competidores, primero acopios locales y la liberación de tierras de muchos productores que se retiran de la actividad, se tradujo en oportunidad para nosotros”.

Con la incorporación del sistema de siembra directa primero, y con la de las semillas transgénicas después, Gustavo Grobocopatel  comienza a ser portavoz de lo que él denomina el nuevo paradigma: “la sociedad del conocimiento”. En esos años la empresa eleva exponencialmente su producción de granos. En el año 2001 la familia Grobocopatel funda “el Grupo Los Grobo” y se consolida como uno de los principales grupos económicos de la Argentina. Los Grobo es una empresa que produce granos, los acopia, los procesa y presta servicios para la producción y la industria alimentaria en el MERCOSUR. Dentro de la cadena de valor de la actividad, la empresa está vinculada desde la investigación biotecnológica y la genética vegetal, hasta la comercialización de harinas y subproductos de la molienda. Su principal característica es que no compra tierras sino que las arrienda, es decir que usa la tierra de otros, bajo el convencimiento de que en una época de capitales líquidos no tiene sentido congelarlos en la propiedad de tierras sino dinamizarlos en el uso. De esta manera nacen los llamados pooles de siembra que rápidamente se extienden por todo el territorio de la sojización, imponiendo la escala y el abaratamiento de costos.  Pero asimismo expresa Grobocopatel en estas prácticas y desde el  principio, un claro liderazgo, una vocación de sumar a muchos a un proyecto que denomina nueva agricultura y sociedad del conocimiento. Él mismo lo explica: “…La nueva agricultura, con campesinos transformados en emprendedores, en proveedores de servicios, con hijos en las universidades o escuelas técnicas, con condiciones de trabajo calificadas, creo que es lo mejor para toda la sociedad. Hay más empleo, pero alocados en diferentes lugares, menos productores, más proveedores de servicios, más industrias. El impacto sobre la sociedad está estudiado incipientemente, pero los primeros resultados son optimistas. En un reciente trabajo encargado por Naciones Unidas se comprobó que diferentes grupos de interés vinculados con Los Grobo han ganado en autonomía, empleabilidad (que para mí es más importante que el empleo), enprendedurismo y liderazgo. Una sociedad más libre, más creativa, con más capacidad de adaptarse a los cambios, con más acceso al conocimiento. Por supuesto que esto no basta. Tenemos que tener un Estado e instituciones fuertes, robustas, que faciliten, que estimulen, que den igualdad de oportunidades.”[4]

La mejor definición del Grupo Los Grobo se encuentra descripta en su publicación en Internet denominada Visión[5], donde se destaca que la compañía es una empresa de producción y procesamiento de granos, pero fundamentalmente, de servicios. La empresa, desde la localidad de Carlos Casares en la pampa argentina: Los Grobo Agropecuaria S.A Argentina, año 1984, se ha extendido agresivamente a los EEUU y a Brasil. En el 2008,  el Grupo Los Grobo S.A. informó que los capitales del Fundo de Investimento em Participações PCP (Brasil) y PCP LP (Islas Cayman) ingresaron como accionistas del Grupo Los Grobo. “El grupo argentino Los Grobo comenzó el proceso de unificación de sus operaciones de granos en Brasil. Con presencia en ese mercado desde el año pasado, el Grupo concentrará su actividad en CEAgro, que pasará a ser su marca en el país. Fortalecido por la incorporación de dos nuevas actividades, CEAgro se propone facturar unos u$s 360 millones en 2010. Con la reestructuración y una inversión no revelada, considerada “poco significativa” para el grupo, Los Grobo Brasil se convirtió en el principal accionista de CEAgro. La cuota inicial del 35%, adquirió a mediados del año pasado, se amplió a 59,5%. El paranaense, Alberto Paulo Fachin, que fundó la CEAgro en 1994, obtiene el otro 40,5%, y sigue como presidente de la compañía. El 66,6% de las acciones de Los Grobo Brasil están en manos de Grupo Los Grobo, en el que la participación de la familia Grobocopatel es mayoritaria con un 76,64%. Vinci Partners, a través del fondo PCP, dos ex socios del Banco Pactual, tienen el 21,56% del Holding y el 33,3% de Los Grobo Brasil”.[6]

La expansión sobre el Cono Sur de los grandes grupos sojeros argentinos ligados a las empresas agroexportadoras como Cargill y Bunge, se produce durante la llamada Crisis del Campo, en el transcurso del segundo semestre del año 2008[7]. En su libro sobre la mafia Judía, Fabián Spollansky nos dice sobre el grupo Elsztain lo mismo que podría afirmarse sobre otros grandes grupos y pooles sojeros: “La gran masa de productores en negro, aquellos a los que el propio fisco no incorpora deliberadamente, se ve obligada a realizar operaciones a pérdida que para intermediarios, acopiadores y cerealistas exportadores son ganancia redonda. Eso motivó el larguísimo paro granario en rechazo a la política fiscal del gobierno, que a los cerealistas no les significó absolutamente ningún riesgo ni mucho menos, costo adicional. Encabezados por la mafia Elsztain, trajeron 4 millones de toneladas de saja del Paraguay que llegaron a Rosario en convoyes de balsas por la Hidrovía del Paraná. La larga huelga agraria produjo desabastecimiento y, a la vez, un tremendo desprestigio del gobierno, pero los grandes cerealistas silenciosamente, siguieron ganando dinero y consolidaron su expansión en todo el MERCOSUR. La mafia Elsztain avanza rápidamente en el territorio sojizado. Lo obtenido como ganancia extraordinaria con la crisis lo utilizará para extender sus latifundios en Goiás y en el Matto Grosso. Pero así como se sirve del fisco para extorsionar a los más débiles del circuito productivo, pasa por sobre este cuando se trata de lavado de dinero. El domingo 22 de junio del 2008 se conocieron detalles del lavado de divisas de la Argentina, realizado por grandes capitalistas, noticia que fue difundida por el diario Crítica, en una nota del director de ese medio, Jorge Lanata, que reproducimos íntegra en el apéndice. Uno de los principales lavadores de dinero es Marcos Marcelo Mindlin, socio y amigo de Elsztain. Operaba por medio de JP Morgan, y uno de los ejecutivos de esta banca, Hernán Arbizu, denunció las maniobras en Estados Unidos y en la Argentina.[8]

Los Grobo: posicionándose en las nuevas tecnologías

Asimismo el Grupo los Grobo ha generado una empresa líder en el área de Biotecnología y clonación de animales que se denomina Bioceres, una sociedad inversora en la que agrupa y lidera a más de doscientos emprendedores agropecuarios. Asimismo, mediante Bioceres y más precisamente mediante INDEAR, un instituto de agro biotecnología dependiente de Bioceres, ha concertado importantes acuerdos con las instituciones científicas del Estado Argentino para determinar las políticas oficiales en el área de investigación y desarrollo, a la vez que capitalizar esos avances científicos para el sistema de agronegocios biotecnológicos que lidera.

Grobocopatel se ha definido públicamente a sí mismo como un “sin tierra” ya que sólo es dueño del veinte por ciento del total de las tierras que cultiva, el resto son arrendadas. Con respecto al éxodo rural al que se ven arrastrados miles de campesinos como consecuencia del avance de los agronegocios, el llamado “rey de la soja” sostuvo que “La agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con trasformaciones en la sociedad. Es un proceso que observamos desde la década del ’40, no está asociado a una ideología y no afecta sólo al campo; también hay muchas industrias con menos obreros. Por supuesto que las políticas aceleran o retrasan el proceso y lo pueden hacer más o menos equitativo, pero es inevitable y, desde mi punto de vista, positivo más allá de los temores que despierte”.

Hoy Los Grobo se han posicionado como el cuarto grupo molinero del país detrás de Cargill, Navilli y Lagomarsino y el tercer grupo exportador a Brasil. A partir del año 2008, con la incorporación de socios extranjeros, se transformó en una verdadera transnacional. En Febrero del 2008 el holding de Los Grobo incorporó, a través de un aumento de capital por 100 millones de dólares, al fondo de inversión Fundo de Investimento em Participações PCP,  ex propiedad del banco suizo UBS, y actualmente perteneciente al grupo financiero brasileño Pactual Capital Partners, ahora denominado Vinci Partners. En mayo del 2008 el Grupo Los Grobo, junto a PCP y a Touradji Capital Management se unieron para formar parte del grupo de inversión Sollus Capital. Touradji Capital Management es una administradora de hedge funds (Fondos de Cobertura, fondos de inversión especulativos de algo riesgo que buscan elevadas rentabilidades) con sede en Nueva York y especialista en investigación fundamental e inversiones activas en commodities y valores vinculados a ellos. Actualmente, la empresa administra activos de más de US$ 3,5 mil millones.  La página web oficial de Sollus Capital define así esta sociedad: “La alianza entre PCP, Touradji y el Grupo Los Grobo es una combinación poderosa con una posición única para capitalizar la atractiva dinámica de tierras agrícolas en América del Sur”.

Y más adelante señala lo que se puede considerar un resumen del principal objetivo de esta alianza: “Sollus Capital está estructurada para capitalizar la valorización potencial de tierras de cultivo en Brasil, Argentina, Uruguay y  Paraguay. Sollus pretende identificar y adquirir tierras a través de una completa red de agentes de campo de los recursos propios de Los Grobo y Sollus. La empresa pretende adquirir tierras subdesarrolladas, comenzar su desarrollo y dejar que Los Grobo aumenten su valor con la implementación o mejora  del “ecosistema” regional de agronegocios. Este “ecosistema” incluye servicios de consultoría, tecnología, infraestructura utilizada para el almacenamiento y distribución de insumos, financiamiento y servicios de hedging (cobertura), y apoyo logístico ofrecido a agricultores de las regiones aledañas. Después de mejorar el ecosistema de agronegocios y de que el valor creado sea reconocido en los precios de las tierras, la empresa pretende venderlas y lucrar con su valoración”.

Los Grobo no están solos… siguen sumando aliados

Según el diario La Nación del 31 de Octubre de 2010: “El buen momento que viven las commodities agrícolas despertó el interés de los inversores internacionales por el campo argentino. Una semana después de que la empresa Los Grobo sumara un socio minoritario brasileño, Cresud, la compañía agropecuaria del grupo IRSA, anunció una ampliación de su capital con la que busca captar 300 millones de dólares. Ayer, Eduardo Elsztain, el número uno del grupo IRSA, y su hermano Alejandro, presidente de Cresud, encabezaron la presentación formal de la oferta pública, tras obtener la aprobación de la Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador de los mercados de capitales en los Estados Unidos. Durante la presentación, los Elsztain adelantaron que los fondos obtenidos con la ampliación de capital serán destinados a financiar el plan de expansión de Cresud en el mercado argentino y a potenciar su presencia en el exterior. Hasta el momento, la división de negocios agropecuarios del grupo sólo está presente en Brasil y su objetivo es extender sus operaciones a otros países de la región, como Uruguay, Paraguay y Bolivia”.

A su vez Brasil Agro[9], había anticipado hace pocas semanas la intención de la empresa CRESUD, propiedad del hombre más rico de la Argentina, Eduardo Elsztain[10], a su vez tesorero del Consejo Judío Mundial, de sumarse como empresa a las actividades que desarrollan Los Grobo y Sollus Capital. La noticia dice lo siguiente: “…Cresud construye un puente entre BrasilAgro y Sollus. A argentina Cresud está plantando a semente de uma operação que poderá dar origem à maior controladora de propriedades agrícolas do país. O cultivo começou a ser feito há dois meses, com o aumento da sua participação no capital da BrasilAgro. Após comprar as ações em poder da Tarpon Investimentos e se tornar o maior sócio individual da companhia, com 40% das ordinárias, o grupo portenho caminha agora na direção do conterrâneo Gustavo Grobocopatel, um dos principais nomes do agronegócio na Argentina. O objetivo da Cresud é costurar a associação entre a BrasilAgro e a Sollus, controlada por Grobocopatel, pelo fundo Pactual Capital Partners (PCP) e pelo private equity norte-americano Touradji. Um dos caminhos para a fusão entre as duas empresas seria um cruzamento societário entre os atuais acionistas, sem a necessidade de aporte financeiro. Do lado da BrasilAgro, além da própria Cresud, outro personagem importante neste enredo é o empresário Elie Horn, dono da Cyrela e um dos principais acionistas da empresa. Seu imprimatur seria decisivo para a negociação. Horn, um dos fundadores da BrasilAgro, tem forte ascendência sobre a miríade de fundos de investimento que integram o capital da empresa. Procuradas pelo RR – Negócios & Finanças, a BrasilAgro e a Sollus negaram a associação.

A fusão entre BrasilAgro e Sollus resultaria em uma empresa com mais de 240 mil hectares de terras no país. Levando-se em consideração o plano de expansão já em curso nas duas companhias, esta nova holding poderia chegar ao fim do ano com uma carteira de mais de 340 mil hectares em propriedades rurais, superando a atual líder do setor, a Tiba Agro. A empresa teria ainda terras na Argentina, com o carry over dos ativos da Los Grobo e dos irmãos Alejandro e Eduardo Elsztajn, donos da Cresud. A eventual associação é um reflexo do poder que a Cresud ganhou ao aumentar sua participação no capital da BrasilAgro. Além da aproximação com Gustavo Grobocopatel, o grupo argentino é também um dos idealizadores da emissão de ADRs programada pela companhia. Independentemente da operação com a Sollus, dentro da própria BrasilAgro a expectativa é que a maior ingerência da Cresud vai se refletir na gestão da companhia, inclusive com a possível troca de executivos indicados pela Tarpon Investimentos (Relatório Reservado, 6/7/2010).

La sumatoria y la articulación entre las fuerzas de Eduardo Elsztain, Gustavo Grobocopatel y sus respectivas empresas en la Argentina y en el Cono Sur, pueden ser trágicas para el  porvenir de nuestros países y sumamente difíciles de contrarrestar, en especial debido al respaldo que estas Corporaciones suelen contar por parte de los diversos gobiernos progresistas de la América Latina.

Especulación con los alimentos y avalancha del acaparamiento de tierras

Con el acaparamiento de tierras por parte de las corporaciones, los agricultores y las comunidades locales inevitablemente perderán el acceso a la tierra para la producción local de alimentos. Se está entregando la base misma sobre la cual construir la Soberanía Alimentaria. En marzo de 2010 el GRAIN difundió un documento en el que afirma que: “Se dice como excusa que en muchos casos las tierras no se venden sino que se rentan, pero qué propicia más la devastación sin miramientos de las tierras: ¿que se vendan, o que se renten por… noventa y nueve años? Al final de tales contratos, los “inquilinos” regresarán a una tierra agotada, erosionada, contaminada, a la cual será muy difícil recuperarle su fertilidad, y ellos simplemente se mudan a nuevas tierras “disponibles”.

Este proceso que hemos descripto amenaza convertirse en una verdadera catástrofe para nuestros pueblos, en la medida en que las corporaciones transnacionales  redireccionan el flujo de capitales  financieros errantes desde la crisis de los mercados inmobiliarios, hacia las zonas de agricultura  en América del Sur y en África. La consecuencia será la devastación de los ecosistemas naturales sometidos a procesos productivos que agotan rápidamente los frágiles equilibrios en zonas como la Patagonia y el Norte argentino. Otra consecuencia importante será la pérdida de la soberanía nacional sobre vastos espacios que funcionarán como enclaves extra territoriales a la vez que, como bolsones de producción sometidos a las demandas de intereses externos, en detrimento de los Estados nacionales y de sus responsabilidades de mantener la integridad y la soberanía de sus propios espacios. La decisión sobre la vida y los bienes comunes quedarán en ese caso, en manos de quienes concentran el manejo de las producciones, constituyéndose gobiernos paralelos, a la vez que mutilándose el cuerpo de la Nación.

Con estas nuevas formas de apropiación se acentúa la tendencia  al despojo de las poblaciones criollas, campesinas e indígenas que por  decenas de años han estado  arraigadas en esos territorios y que las obligará a migrar a las periferias de los centros urbanos. Las fronteras nacionales se desdibujarán como consecuencia del acaparamiento de las tierras agrícolas, tornando inaplicables las leyes y reglamentaciones que protegen nuestros espacios, desertizando vastos territorios y  agotando las escasas fuentes de agua. En el documento de las FAO: Perspectivas para el medio ambiente, podemos leer: “… parece probable que el calentamiento global beneficie a la agricultura de países desarrollados situados en zonas templadas y que tenga efectos adversos sobre la producción de muchos países en desarrollo situados en zonas tropicales y subtropicales. Por tanto, el cambio climático podría aumentar la dependencia de los países en desarrollo de las importaciones y acentuar las diferencias existentes entre el norte y el sur en cuanto a seguridad alimentaria”.[11]

Este sombrío panorama constituye una realidad en marcha. Los mega emprendimientos  agroindustriales  se unen y consolidan avanzando sobre los territorios y sobre nuestras vidas, mientras las burguesías y los gobiernos operan como meros facilitadores  del despojo, obnubilados por las ganancias  inmediatas y sin considerar las graves consecuencias que soportarán las generaciones de argentinos aún no nacidas. El acaparamiento de tierras es en definitiva, la nueva etapa de un proceso de neocolonización que en su momento nos obligó a producir forrajes y aceites de soja, más tarde a producir agrocombustibles para los automotores de Europa, y que ahora se manifiesta y profundiza sobre los amplios territorios despoblados por el modelo anterior, con la constitución de enclaves agro productivos, por parte de ciertos países necesitados de solucionar su crisis alimentaria, en este caso a costa del hambre, del desarraigo de nuestras propias poblaciones y en detrimento de nuestra Soberanía Nacional.

 

GRR Grupo de Reflexión Rural

Octubre – Noviembre de 2010

 


Cargill y Bayer: transnacionales de los agronegocios con complicaciones en Brasil.

La justicia brasileña prohibió comercializar en el país el maíz transgénico Liberty Link, propiedad de la empresa alemana Bayer y resistente al herbicida glufosinato de amonio, porque no se presentó un plan de monitoreo luego de su liberación en mayo.

Bayer deberá pagar, de acuerdo a la sentencia, más de 25 000 dólares diariamente si no suspende de forma inmediata la comercialización, siembra, transporte e importación de su maíz transgénico.

La variedad Liberty Link de Bayer había sido liberada comercialmente por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, encargada de concretar esas concesiones en el país, a condición de que fueran realizados estudios de monitoreo pos-cosecha y de coexistencia con variedades convencionales de maíz, lo cual no se cumplió.

Las organizaciones brasileñas Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, habían solicitado la suspensión de la liberación concedida al maíz Liberty Link.

Desde 2007 estas organizaciones tienen una acción civil pública en proceso en la que exigen a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad que se realicen adecuados análisis de riesgos sobre la salud y el medio ambiente de las variedades transgénicas propuestas. El trabajo de esa comisión ha sido cuestionado duramente en los últimos años. Las organizaciones brasileñas piden además que se brinde toda la información disponible a los ciudadanos.

Por su parte, otra empresa del sector de los agronegocios, la estadounidense Cargill, también enfrenta un importante revés en Brasil. El Ministerio Público Estatal de Pará no quedó conforme con un estudio de impacto ambiental que la compañía presentó el 14 de julio sobre su puerto en Santarém, en audiencia pública realizada en esa localidad, muy concurrida y con fuerte operativo de seguridad.

Se abrirá “una investigación policial para determinar la veracidad de los datos del estudio de impacto ambiental de la terminal de granos de Cargill en Santarém”, empieza diciendo el Ministerio Público Estatal paraense, citado en la web del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. “Procuradores de los Ministerios Federal y Estatal tienen fuertes sospechas de que las informaciones contenidas en los estudios no son verdaderas”, sentencia.

La Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil había presentado el 14 de julio ante el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Medio Ambiente de Pará un extenso archivo para comprobar los impactos que ha provocado el puerto granelero de Cargill en Santarém.

La terminal lleva siete años de operativa sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y sin las audiencias públicas que la avalen, según informa la agencia Adital. Varias organizaciones brasileñas argumentan que la construcción del puerto se llevó adelante sin respetar la legislación nacional y que su presencia provocó el desplazamiento de cientos de familias de comunidades rurales que se dedicaban a la pequeña agricultura hasta la llegada de la soja.

http://radiomundoreal.fm/Descarriladas?lang=es

http://www.mst.org.br/node/10323

http://www.mst.org.br/node/10322

Transgénicos, autorizados por exempleadas de agrotrasnacionales

Exempleadas de las trasnacionales autorizadas para la siembra experimental de organismos genéticamente modificados asumen cargos públicos y favorecen a sus antiguos patrones en el otorgamiento de permisos. Mientras, autoridades judiciales niegan amparos a organizaciones campesinas y ambientalistas que reclaman la inconstitucionalidad del reglamento que avala la entrada de semillas de maíz transgénico al país

Con un sueldo superior a los 75 mil pesos mensuales, Sandra Patricia Piña Salinas, excoordinadora técnica de Agrobio México –asociación que reúne a las trasnacionales que sembrarán maíz transgénico en el país?, se encuentra al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo público dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Otro caso es el de la exempleada de PHI México, Silvia Elena Rojas Villegas, ahora directora de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Rojas Villegas, quien percibe una remuneración mayor a los 45 mil pesos mensuales, erogados del presupuesto del Senasica, ha estado vinculada en la aprobación de 24 permisos de siembra experimental de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de sus otrora empleadores.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Administración Pública Federal, Piña Salinas desarrolla funciones de directora técnica en la dependencia encargada de “formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de OGM”.

Bajo la clave MC23E, la excoordinadora técnica de Agrobio –que agrupa a las multinacionales Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience– obtiene del erario 78 mil 805.40 pesos cada mes.

En tanto, el portal de transparencia de la Cibiogem muestra que a partir del 9 de febrero de 2009, Silvia Elena Rojas Villegas percibe 47 mil 973 pesos al mes.

Apenas iniciaba la autorización de la experimentación de transgénicos en el norte del país, cuando la organización ambientalista Greenpeace México denunciaba públicamente la “infiltración” de estas dos excolaboradoras de la agroindustria.

Aprobaciones parciales

De acuerdo con el Estatus de solicitudes de maíz 2009, elaborado por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (que preside Silvia Elena Rojas Villegas), han sido aprobadas 24 solicitudes de siembra experimental de transgénicos del principal alimento de los mexicanos.

El documento indica que hasta el 13 de noviembre pasado, el 50 por ciento de las autorizaciones favorece a la sociedad de las empresas Dow Agrosciences y PHI México, mientras que el resto ha sido concedido a la trasnacional de origen estadunidense Monsanto.

Será a partir de los ciclos agrícolas venideros que Dow Agrosciences y PHI México podrán introducir su patente DAS-01507-1, así como la de su aparente competidor MON-00603-06, a terrenos federales y particulares en el Valle del Yaqui, Sonora; Cuahutémoc y Delicias Jiménez, Chihuahua; Río Bravo y Díaz Ordaz, Tamaulipas; y Los Mochis, Culiacán, Angostura y Navolato, en Sonora.

Todavía, el 6 de septiembre de 2005, Piña Salinas se presentaba ante científicos y estudiosos de los OGM como coordinadora Técnica de Agrobio México. La ahora funcionaria impartió la conferencia Regulación en México en Materia de Bioseguridad, ante los miembros de la Unidad Académica Multidisciplinaría Agronomía y Ciencias de la Universidad de Tamaulipas y la Fundación Produce Tamaulipas.

En su exposición, muestra un boletín informativo de la Fundación (organización de productores tamaulipecos), Piña Salinas daba a conocer los “beneficios de la aplicación de la biotecnología en la agricultura con bases científicas y sólidas”.

En tanto, la semblanza curricular de Silvia Elena Rojas Villegas indica que, luego de su paso por el Tribunal Superior Agrario, a la actual funcionaria se le presentó “la oportunidad de prestar sus servicios en el negocio de PHI México, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo Dupont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.

“Su objetivo principal en la iniciativa privada fue el de atender las actividades relacionadas a la regulación en México y norte de Latinoamérica tales como leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y proyectos legislativos nacionales e internacionales de OGM en siembra, consumo animal, consumo humano, y en sus respectivas actividades de importación y de reexportación bajo el enfoque de la política biotecnológica internacional y regulación científica”, informa la Fundación Produce Guanajuato.

Las leyes incumplidas

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina que es obligación de los funcionarios “excusarse de intervenir” en los asuntos que puedan beneficiar, entre otros, a aquellos con los que se hayan tenido relaciones profesionales o negocios.

La disposición oficial, a la que están obligadas Sandra Patricia Piña Salinas y Silvia Elena Rojas Villegas, en su capítulo 8, fracción XI dicta que deben “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

“El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.

Aleira Lara, coordinadora de la Campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, recalca que las ahora funcionarias también “incumplen” con el artículo 7 de la misma ley, que indica: “Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.

Es “alarmante” que gente de la agroindustria esté trabajando en puestos clave como servidores públicos, en la elaboración de políticas y otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos. La colocación de estas dos personas es una “estrategia” de las empresas para favorecer sus intereses, dice en entrevista Aleira Lara.

Organizaciones desamparadas

Contrario al posible conflicto de intereses en la autorización de los permisos para la siembra experimental de los transgénicos, organizaciones campesinas y ambientalistas son rechazadas jurídicamente ante una solicitud de amparo interpuesta en tribunales. Esta última, solicita declarar como “inconstitucional” el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que abre el paso a la siembra experimental de maíz transgénico.

De acuerdo con el amparo indirecto promovido ante el juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, por Catherine Marielle Meyer, apoderada legal de la asociación civil Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el reglamento impugnado “no establece la obligación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de valorar y comprobar la información que haya sido proporcionada por el promovente (agroindustria), junto con la solicitud de permiso para liberación experimental, en programa piloto o comercial de OGM, lo cual constituye una omisión que hace inconstitucional el reglamento…”

La especialista en problemas ambientales explica que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene como finalidades, entre otras, establecer criterios para la evaluación de posibles riesgos que puedan ocasionar las actividades con OGM, a fin de garantizar el nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la sanidad animal, vegetal y acuícola.

“En efecto, si la Semarnat únicamente valora la información proporcionada por el propio interesado (ya sea Monsanto, PHI, Pioneer o Dow Agroscience), no hace efectivos los principios en materia de bioseguridad”, acentúa Marielle Meyer.

Bajo el mismo precepto legal, Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, presentó el 26 de mayo de 2008 la solicitud de amparo correspondiente ante el mismo juez de distrito que lo hizo GEA.

Cruz Hernández agrega en su alegato que la ley de bioseguridad de OGM “viola en nuestro perjuicio las garantías de legalidad de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar”.

Ambas solicitudes fueron resueltas el 31 de diciembre de 2008 por la juez décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Mónica Soto Bueno, quien determinó que los juicios se sobreseían porque no se acreditó el interés jurídico, ya que los “agravios” manifestados por los quejosos deben ser “directos”.

Es decir, explica en entrevista, deberemos esperar a que la siembra de maíz transgénico tenga efectos en nuestra salud, el medio ambiente o en nuestras semillas nativas, situación “absurda” avalada por el aparato de justicia mexicano.

Exempleada de trasnacionales en Conacyt

Concepto Descripción
Nombre(s) Sandra Patricia
Primer apellido Piña
Segundo apellido Salinas
Cargo del servidor público Dirección técnica
Tipo de personal Otros
Clave del puesto MC23E
Puesto Director de área
Sector presupuestal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Siglas Conacyt
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario 18,480 pesos
Compensación/Compensación garantizada 60,325.30 pesos
Monto total de percepciones brutas 78,805.40 pesos
Monto total de percepciones netas 56,549.70 pesos
Seguros
Institucional 1.39 por ciento de sueldo base más compensación garantizada mensual
Vacaciones Dos periodos de 10 días anuales
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS Aplica 9.050 por ciento de sueldo base cotizable
Fovissste / Infonavit Fovissste aplica el 5 por ciento de sueldo base cotizable
SAR Aplica el 2 por ciento de sueldo base
Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 3.175 por ciento
Seguro de invalidez y vida 0.625 por ciento
Seguro de riesgos de trabajo 0.75 por ciento
Seguro de salud trabajo activos 7.37 por ciento
Seguro de salud pensionados 0.72 por ciento
Seguro de servicio sociales y culturales 0.5 por ciento
Última fecha de actualización 30/10/2009

Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal

Exempleada de trasnacionales en Senasica

Concepto Descripción
Nombre(s) Silvia Elena
Primer apellido Rojas
Segundo apellido Villegas
Cargo del servidor público Director de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados
Tipo de personal Confianza
Clave del puesto Cfma001
Puesto Director de área
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Sector presupuestal Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Siglas Senasica
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario 8,157.13 pesos
Compensación/compensación

Garantizada

39,816.56 pesos
Monto total de percepciones brutas 47,973.69 pesos
Monto total de percepciones netas 37,902.17 pesos
Seguros
Institucional 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual
Colectivo de retiro Suma asegurada de 12 mil 500 pesos hasta 25 mil pesos, que tengan cuando menos 55 años de edad y 15 o más años de servicio
Gastos médicos Suma asegurada básica de 185 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal
Separación individualizado 2 por ciento, 4 por ciento, 5 por ciento o 10 por ciento de la percepción ordinaria según corresponda
Prima vacacional 50 por ciento de 10 días de sueldo base por cada uno de los dos periodos vacacionales a que tiene derecho
Gratificación de fin de año 40 días de salario base
Pagos de defunción Cuando menos tener una antigüedad en el servicio de seis meses, recibirá hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias
Ayuda para despensa 77 pesos mensuales
Vacaciones Dos periodos de 10 días hábiles, durante el ejercicio
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS 9.97 por ciento del sueldo base de cotización
Fovissste / Infonavit Fovissste 5 por ciento sueldo básico
SAR 2 por ciento del sueldo básico
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
ISSSTE 3.175 por ciento de sueldo base de cotización
Última fecha de actualización 06/Febrero/2009

Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal

Autor: Érika Ramírez

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/01/10/transgenicos-autorizados-por-exempleadas-de-agrotrasnacionales/

Documental:

“El mundo según Monsanto”


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