Las trasnacionales Monsanto, Bayer, Almidones Mexicanos y CPIngredientes derramaron por accidente 800 toneladas de maíz y algodón transgénicos en territorio nacional, entre 2010 y 2013, revelan reportes oficiales. A pesar de que ello ha implicado la contaminación del ambiente, hasta la fecha ninguna autoridad federal las ha sancionado. Los siete incidentes –que afectaron a las entidades de Chihuahua, Guanajuato y Veracruz– dejan al descubierto la inexistencia de protocolos de bioseguridad, opina investigador.
De 2010 a 2013 se liberaron accidentalmente más de 800 toneladas de organismos genéticamente modificados en el país, revela información de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), instancia del Poder Ejecutivo federal integrada por los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público, y Economía, así como por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Las liberaciones derivan de siete incidentes que fueron reportados vía correo electrónico o vía telefónica al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Sagarpa. Dichos incidentes habrían ocurrido en tres estados de la República: Chihuahua, Guanajuato y Veracruz, asienta información a la que Contralínea tuvo acceso.
Monsanto Comercial, SA de CV; Bayer de México, SA de CV; Almidones Mexicanos, SA de CV, y CPIngredientes, SA de CV, son las empresas involucradas.
Las trasnacionales notificaron a la autoridad el derrame de 712.5 toneladas de grano de maíz amarillo genéticamente modificado y 90.32 toneladas de semillas de algodón genéticamente modificado.
En total, al menos 802.82 toneladas de transgénicos habrían sido liberadas al ambiente, debido, principalmente, a “descarrilamientos”, según se lee en el reporte de la Cibiogem.
Sin proporcionar mayores detalles sobre las causas del accidente, ubicación exacta, protocolos de seguridad aplicados y el estatus en el que se encuentran las contingencias, la Cibiogem reporta que “el Senasica realizó la visita de inspección al lugar del incidente y determinó las medidas de seguridad necesarias con el objetivo de evitar, disminuir o mitigar los posibles riesgos que esta liberación accidental pudiera ocasionar a la sanidad animal, vegetal y acuícola”.
Las liberaciones.
Con el derrame de 631 toneladas de grano de maíz amarillo, CPIngredientes, SA de CV, es la empresa que liberó la mayor cantidad de organismos genéticamente modificados. El 30 de marzo de 2010, la empresa notificó del descarrilamiento, en Veracruz, de 12 tolvas de ferrocarril con cargamento de grano de maíz amarillo genéticamente modificado, procedente de Estados Unidos.
Junto con National Starch, CPIngredientes conforma Ingredion Incorporated. La compañía procesa maíz, tapioca, trigo, papas y otras materias primas en ingredientes para la comida, bebida, la elaboración de cerveza, la industria farmacéutica y sectores industriales.
Entre los productos que ofrece se encuentran los edulcorantes, como la dextrosa o los jarabes de maíz de alta fructosa (reemplazo del azúcar en refrescos y jugos de frutas); almidones; fibra soluble; estevia; sacarina; aspartame; glucosa; polioles (edulcorantes alternativos sin azúcar y bajos en calorías), biomateriales; aceite de maíz, que puede ser utilizado en lociones, cremas, talco para bebé, maquillajes, champú, y agroproductos para la alimentación animal como la pasta de germen, el gluten o el salvado de maíz.
De acuerdo con el portal de internet de la empresa global con sede en Westchester, Illinois, Chicago, y presencia en América del Norte, Suramérica, Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, Ingredion Incorporated se dice comprometida con el medio ambiente “teniendo operaciones y proveedores socialmente responsables, y enfocándonos en la seguridad y prosperidad de nuestra gente, socios y de las comunidades en las que operamos”.
Almidones Mexicanos (Almex) es la segunda empresa con mayor cantidad de organismos genéticamente modificados liberados al ambiente. El 18 de agosto de 2010 notificó del derrame de “aproximadamente 20 toneladas” de grano de maíz amarillo genéticamente modificado en Guanajuato, por el descarrilamiento de ocho tolvas de ferrocarril.
Un mes después, el 8 de septiembre de 2010, Almex reportó un nuevo incidente por descarrilamiento. En elaccidente, registrado en el kilómetro A-430 –entre León y Pedrito– Distrito de la División Centro México en el estado de Guanajuato, se habrían liberado 20 toneladas de maíz amarillo con “posible” modificación genética.
Dos años después, el 10 de mayo de 2012, Almex liberó 41.5 toneladas de grano amarillo genéticamente modificado procedente de Estados Unidos, debido al descarrilamiento de cuatro tolvas de ferrocarril ocurrido en los municipios de Silao y Fausto Rodríguez, también en Guanajuato.
Constituida desde 1960, Almidones Mexicanos, SA de CV, es una empresa dedicada a la manufactura y comercialización de derivados de maíz. Entre los productos que ofrece están el almidón, la glucosa, la dextrosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, forrajes, y aceite comestible de maíz, producto comercializado por Promotora de Productos y Mercados Mexicanos, SA, una de las subsidiarias de Almex bajo la marca Maceite.
En 2005, Almex recibió la certificación ISO-9001:2000, y en 2010, la ISO-22000. Archer Daniels Midland (ADM) y Tate and Lyle son accionarias de la empresa que, de acuerdo con su portal de internet, está comprometida con el bienestar, la salud, la vida, el medio ambiente y la inocuidad.
Bayer y Monsanto liberan algodón transgénico.
Más de 90 toneladas de semilla de algodón modificado fueron vertidas en tres accidentes. El último fue registrado en diciembre de 2013 sobre el kilómetro 187 y 188 de la carretera Chihuahua-Delicias, en Chihuahua.
El 7 de enero de 2011, también en Chihuahua, Monsanto Comercial, SA de CV, y Bayer de México reportaron el derrame accidental de 66.32 toneladas de semilla de algodón que contenía material genéticamente modificado.
El 27 de enero de 2012, Monsanto Comercial reportaba nuevamente un incidente en ese estado, en el cual se derramaron 4 toneladas del organismo genéticamente modificado.
CIBIOGEM y SENASICA
De acuerdo con la Cibiogem y el Senasica, los siete accidentes registrados en el Sistema Nacional de Información son los únicos que se han dado en territorio nacional desde la llegada de los transgénicos al país.
En respuesta escrita a Contralínea, ambas dependencias argumentan que “todos los casos se atendieron implementando [sic] las medidas de bioseguridad pertinentes […] En general mediante la recolección y monitoreo de plantas voluntarias para su eliminación”.
Sobre los costos, señalan, son meramente administrativos: “Incluyen procesar el aviso, enviar las notificaciones formales cuando proceda y supervisar la implementación [sic] de las acciones y medidas necesarias. Los costos operativos comúnmente los asume el interesado o responsable, según el caso”.
Con respecto de las sanciones a las que se han hecho acreedores las empresas que han liberadoaccidentalmente transgénicos, responden las dependencias que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) no tipifica sanciones para liberaciones accidentales, sino la ejecución de medidas de bioseguridad.
“El artículo 121 establece como condición para aplicar sanciones que los responsables deben tener ‘pleno conocimiento’, situación que no se cumple en las liberaciones accidentales, pues conceptualmente no son previsibles o intencionadas. El artículo 119 de la LBOGM establece en su fracción XXII como una infracción no aplicar las medidas ordenadas por una autoridad (Semarnat o Sagarpa), y el artículo 120 establece una multa de 15 a 30 mil salarios mínimos si se incurre en este supuesto. Hasta la fecha, en todos los incidentes se han llevado a cabo las medidas de bioseguridad ordenadas.”
Para José Antonio Serratos, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los accidentes registrados ponen en entredicho la existencia de mínimos parámetros de bioseguridad en el país.
El también investigador experto en biotecnología subraya que los accidentes son factores de riesgo, focos de contaminación, porque podrían generar la reproducción de semilla transgénica. “Llama la atención la cantidad”. Además de que resultan muy convenientes para las trasnacionales que cuentan con la propiedad industrial de los granos derramados.
“Son organismos vivos. El origen y traslado debe ser regulado a plenitud y sobre todo en el Centro de Origen y Diversidad Genética tanto del maíz como del algodón”.
Global Assault on Seed Sovereignty through Trade Deals Is Assault on Human Rights, Protest is Fertile
The multinational seed industry is continuing its multipronged attack on the most basic of human rights, the access to seed. Lobbyists of the seed industry are using trade agreements to pressure nations into adopting strict measures such as UPOV agreements that ensure the protection and ownership of new plant varieties for plant breeders. On top of this, corporate seed industry lobbyists are proposing revisions to the UPOV convention that promote further monopolisation of the seed industry through ‘harmonisation’ of procedures for registering and testing new plant varieties.
Protests in many regions around the world are putting up much needed resistance against this corporate takeover of the food system, successfully forcing governments to delay and even repeal the agreements. These movements are an inspiration for our continual global struggle against the relentless onslaught of agribusiness whose current biggest targets are the ‘untapped’ markets of the global South, with the spotlight on Africa and other regions where seeds have not yet been commercialized, and are still used in traditional systems that allow seed saving and exchange.
What is UPOV?
The International Union for the Protection of New Varieties of Plants or UPOV is a Geneva-based intergovernmental union so far of around 70 countries that accept common rules for recognizing and protecting the ownership of new plant varieties by plant breeders. First established in 1961, the convention entered into force in 1968 and was revised in 1972, 1978 and 1991. The latest version, UPOV-91 significantly increases the protection of plant breeders, handing over monopoly of seed rights, and even making it illegal for the farmer to save and exchange seeds for replanting. See [1] The Corporate Takeover of Seed under Many Guises, SiS 64, for more details.
UPOV builds on the World Trade Organisation’s agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) that was adopted in 1994 as the first international treaty to establish global standards for intellectual property rights over seeds. This has allowed corporations to force the “harmonisation” of patent laws across countries, ostensibly to create a unified global intellectual property regime with minimum standards and establish a dispute settle system to ensure its application and compliance.
Today all member countries are part of the 1978 or 1991 Act. Back in 1998, there were only 37 countries in UPOV, the majority industrialised. With recent international trade agreements however, the global South have been pressured to join, being told that intellectual property protection benefits the biotechnology industry and hence the national economy as well as food security. These claims are unfounded, and in fact untrue; UPOV works to increase the profit of multinational corporations in the North, and is proving to be a threat to food security especially for people in the South.
Proposed ‘harmonisation’ of UPOV system further erodes seed sovereignty
In the 88th meeting of the Consultative Committee (CC) of UPOV on 15 October 2014 in Geneva, lobby organisations representing the corporate seed industry pushed for further ‘harmonisation’ of the UPOV plant breeders system [2]. Their proposals include an international filing system, a UPOV quality assurance program and a central examination system for variety denominations, disguised as an “international system of cooperation” that would actually provide further protection to breeders with regards to filing and examination of new varieties in destination countries. In reality, these changes would increase patenting and biopiracy by commercial plant breeders, while placing the costs of the new system on individual nations and not the corporations commercialising the seed variety.
The International Seed Federation, the International Community of Breeders of Asexually Ornamental Fruit Plants (CIOPORA) and CropLife International, represent corporations that include Monsanto, DowAgroSciences, Syngenta, Bayer, and DuPont Pioneer, which together already control 75 % of private sector plant breeding research and 60 % of the commercial seed market. The new proposals would further increase the monopoly. These pro-industry organisations proposed an international filing system of cooperation (IFC) for registering a plant variety that would use a single application form in the language of choice of the breeder and submitted to the destination country for planting the seeds. The IFC would then be involved in distributing processed applications to target countries. This, they suggested would result in more applications by breeders for more crops, in more regions and countries. One of the most dangerous aspects of the proposals is that such applications would be confidential with regards to the pedigree and parental lines of hybrids, thereby greatly facilitating biopiracy. A preliminary review of the IFC would be sent to the destination country for DUS (Distinct, Uniform and Stable) testing, all at the expense of the destination country, which the lobbyists proposed, should take place in centralised “centres of excellence” that would need to be developed. Breeders would send plant materials and fees for DUS testing to the centres of their choice, likely leaving governments without access to the plant material. The industry lobbyists further propose that the IFC should force UPOV member countries to implement these procedures themselves. These changes will compromise the right of UPOV member states to control the processing and examination of plant variety protection applications, and hence their national right to control their own food system in accordance with local climactic and ecological conditions that can decide the success or failure of a crop.
The proposed changes, such as the potential to increase the number of crop varieties, do not necessarily translate to lower food prices or higher food production. It does however impact small-scale farmers who rely on informal seed saving and swapping systems, a common practice in most developing nations, pushing up the price of seed and affecting livelihoods and food access in the process.
The seed industry claims that such proposals would benefit small and medium scale farmers, though as shown in the case of the EU Community Plant Variety Rights (CPVR), which was the premise for these new changes, it increased the share of breeder’s rights for large corporations. The CPVR, based on UPOV-91, gives sweeping intellectual property (IP) rights protection valid throughout the EU territory via a single protection title obtained in any EU country. Data from a 2011 Greens/EFA Group in the EU Parliament show that this system overwhelmingly benefits large-scale breeders such as multinational corporations, with the top five seed companies applying for 91 % of intellectual property right protection. Monsanto and Syngenta were responsible for 57 % of plant protection rights applications for tomatoes in 2011, compared to 12 % in 2000. Further, most applications come from just a few EU countries, mainly Germany, The Netherlands and France, suggesting that few countries are benefitting from this system. The European Patent Office has already gone so far as granting patents on over a hundred conventionally bred varieties, such as broccoli bred to have a large head to facilitate mechanical harvesting (EP 1597965), and fungus-resistant tomatoes. Thanks to work by the large coalition of organisations behind No Patents on Seeds, the tomato patent (EP1812575) of Monsanto has now been revoked, on grounds of fraudulent abuse of the seed laws in claiming as invention an already existing natural variety of tomato [3].
International trade agreements force seed privatisation, destroy livelihoods and enslave people
The first globalisation of the seed/food market came with European colonialism. Colonising countries forced local farmers in many nations to give up their local food production for plantations, to be replaced by enslaved and indentured labour to grow luxury crops for export back to their countries. Today, the philosophy of food production underlying the new international trade agreements align with the colonial way of thinking – that food should be produced for international export to the financial benefit of powerful corporations and nations – in a direct assault on people’s sovereignty over their natural resources, farming systems and food access as well as their human right to dignified living standards free of exploitation and dependence.
One of the first international trade agreements negotiated outside the multilateral arena that incorporated seed privatisation policies was the North America Free Trade Agreement (NAFTA) between the US, Canada and Mexico in 1994. The NAFTA agreement set a precedent for all US trade deals to follow, with the EU also following suit with its own similar trade agreements so they too, would not lose out in the Mexican market. NAFTA obliged Mexico to join UPOV. Not only did the agreement directly restrict seed saving in Mexico through UPOV, but it also undermined their agricultural industry through other mechanisms including the dumping of staple crops at below production costs to Mexico. The US subsidises farmers for many overproduced stable crops which are then sold so cheaply that they undermine local agriculture, destroying farmers’ livelihoods and local peoples’ access to food. The dumping of US staple crops (corn, soy, wheat, cotton) and meat wiped an estimated 12.8 billion US dollars off the Mexican producers’ earnings during 1997-2005 [4]. Corn, in particular, originated in Central America and was considered sacred by the Mayan people and others. Another pre-condition of NAFTA was the liberalisation of the communally owned ‘ejido’ land system. Under 1991 reforms, the constitutional right to ejidos was eliminated, though already existing ejidos were allowed to remain under community control [5]. These policy changes seriously damaged the Mexican food system originally focused on local consumption and replaced it with an export-orientated fiefdom of the US. Food imports in Mexico have gone up from 16 % before NAFTA to 42 % in 2014 [4]. While the US exports its overproduced staples, it imports much of its fresh produce from Mexico.
Horrendous work conditions are endured by employees of huge mega farms that supply blemish-free, immaculate produce to the US, highlighting the real impacts of these trade agreements on peoples’ lives. A recent report by Richard Marosi and Don Bartletti for the LA Times reveals a land of mono-cropped fields, devoid of people and filled with billboards for agribusiness in these poor, rural indigenous areas of the country [6]. Following an 18 month investigation, they found that many farm labourers work 6 days a week for 8-12 US dollars a week; often trapped for months in rat-infested camps without reliable water supply and clean toilets. Many have had their wages withheld for months to prevent them leaving at peak harvest time; they face threats of violence, and can head home at the end of the week penniless after getting past the barbed wire fences designed to keep them inside working.
Mexico and the 11 other members of the proposed Trans-Pacific Partnership (TPP) Free Trade Agreement (Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam and of course, the US) are now facing even more extreme attacks on their agricultural industry. The TTP is being dubbed one of the most ambitious trade agreements in history, and also one of the most dangerous not least because of the secrecy surrounding the negotiations. Details of negotiations have come mostly through leaks. Some of the negotiation text from May 2014 called for all member states to adopt UPOV-91 and the outright patenting of plants and animals [7]. Many agreements also come with severe punishments for farmers who break the IP laws. It will also undermine local agriculture as seen with NAFTA, where harmonisation of trade policies will pit farmers from different regions against each other, forcing for example the Mexican coffee farmers to compete with Vietnamese coffee farmers. The existing communal ejido land is proposed to be under a fast-track system for privatisation. TTP will also prohibit labelling of genetically modified (GM) foods, so countries with existing labelling laws such as Japan would have to reverse their policies.
In 2006, the US closed big deals with Colombia and Peru that included the adoption of UPOV-91, as well as with all Central American countries through other agreements. The European Free Trade Association (EFTA) made similar agreements with Colombia and Peru in 2008 and with Central American countries in 2013 (see [8] for in depth report). The Caribbean states currently have an agreement to consider adopting UPOV-91, though only one nation Trinidad and Tobago has signed up. The Americas have been where agribusiness made their largest gains in recent years, but now Africa is the new target. African countries and the EU recently finished talks that contain a commitment to negotiate common IP standards expected to lead to UPOV commitments. The G8 New Alliance has also pushed for over 200 policy changes in participating African countries to open up their seed markets, with Ghana fighting vigorously to prevent their politicians from passing the new plant breeder’s bill that includes UPOV-91 (see [1]).
In Asia, Sri Lanka is proposing a new Seed Act that would require farmers to register and certify all seed and planting material in the country. This has led to large campaigns by organisations such as the Movement of Land and Agricultural Reform (MONLAR) to prevent it coming into force. Elsewhere, other nations such as Canada are facing similar battles, where Bill C-18, the Agricultural Growth Act that includes UPOV-91, was passed in November 2014. The National Farmers Union are deeply concerned over the bill [9]; the President of the Union Jan Slomp called it “one of the most farmer unfriendly mechanisms we have ever seen”, while the Vice-President Anne Slater stated: “This legislation makes it possible for seed companies to collect End-Point Royalties on a farmer’s entire crop. It also gives seed companies the possibility to create monopolies to control future breeding by others through the Act’s ‘essentially derived’ clause, which gives breeders full control of any new varieties that exhibit characteristics of a company’s already-protected variety.”
Thankfully many nations have seen successful protests hinder the free trade agreements and seed privatisation policies. Guatemala repealed the ‘Monsanto Law’ this year after it failed to meet the requirements of consulting indigenous communities, resulting in a 10-day protest. The “Law for the Protection of New Plant Varieties” was highly unpopular with civil societies and indigenous communities that would prevent them from saving seeds. Colombia has temporarily suspended its deals to adopt UPOV-91, also as a result of large scale protests. We need to build on the successes of these movements and comprehensively reject UPOV 91 if we are to protect the sovereignty of the seed.
Más que embustero, engañoso, tramposo o falso, el que miente se define mejor como aquel que falta a la verdad. Una mujer u hombre de ciencia es un miembro de la sociedad que se ha formado y especializado en el uso del pensamiento objetivo, la aplicación impecable de la razón, la artesanía de la lógica. Su calidad se mide por su capacidad para dejar fuera de sus observaciones y análisis los valores subjetivos. Esta premisa opera como fantasma vigilante sobre las acciones y actitudes de todo investigador. A los científicos suele acusárseles de racionalistas, cuando llevan al extremo su mirada racional, y es una rareza afirmar que un científico miente. Y sin embargo, este panorama idealizado del quehacer científico se ve frecuentemente negado por la realidad. Más aún cuando el aparato científico y tecnológico se ve cooptado, dominado y conducido por los intereses estrictamente mercantiles de las empresas y las corporaciones, es decir, cuando el conocimiento se privatiza y deja de ser social y público.
En México, estas rarezas existen y persisten. Un ejemplo notable es el de los académicos dedicados a investigar y producir organismos genéticamente modificados (OGM). Esta rama de la biotecnología se encuentra impulsada y dominada por gigantescas corporaciones, como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow. Algunos, quizás muchos, de los investigadores dedicados al tema poseen acciones en una o más de una de esas compañías, generando lo que se denomina un conflicto de interés. A manera de ejemplo hacemos un breve recuento de afirmaciones realizadas reiteradamente por el prestigiado investigador Francisco Bolívar Zapata, tomadas de varias conferencias como las ofrecidas el 26 de abril de 2013 en la Facultad de Química de la UNAM, y el 20 de septiembre pasado en la Judicatura Federal.
“Gracias a los transgénicos, ahora se podrán combatir todas las plagas de las siembras (…) ahora tenemos la oportunidad de producir alimentos que no necesitarán esas sustancias plaguicidas, porque ya está probado que las siembras de transgénicos, no utilizan ninguna forma de plaguicida” (…) Además, está probado, que los OGM no afectan la biodiversidad” (…)Está probado que la alimentación con transgénicos es totalmente sana. No existen pruebas sólidas de problemas de salud” (…) Se habla mucho de un estudio que hicieron en Francia, por un tal Seralini” que no tiene ningún valor científico, porque usó ratas que de por sí se producen cáncer” (…) Existen las compañías que producen plaguicidas, y como los transgénicos ya no los necesitan, están desesperadas por volver a tomar el mercado (Por ello) esos grupos que están queriendo detener los transgénicos (…) son grupos pagados por las compañías productoras de plaguicidas.”
Veamos qué dice la evidencia científica*. Tanto el maíz como la soya genéticamente modificados requieren de un herbicida al que son tolerantes y que es producido por las mismas compañías: el glifosato. Dado que es común la aparición de malezas resistentes a ese herbicida, los cultivos transgénicos requieren de más pesticidas como el paraquat (prohibido en Europa), la atrazina y el 2,4 D. En el caso de Sudamérica, donde la soya transgénica se ha expandido explosivamente, existe una correlación directa con el incremento de los pesticidas. En 2010, casi la mitad de las ventas de pesticidas de Brasil fueron para los cultivos de soya, y en Argentina, Bolivia y Uruguay la cantidad de glifosato utilizado rebasó los 225 millones de litros. Las aplicaciones se realizan con avionetas fumigadoras y con grandes maquinarias que rocían los campos.
Muchas de las áreas cultivadas se encuentran literalmente pegadas a pueblos o bordes de ciudades, por lo que los agroquímicos son dispersados sobre casas, escuelas u hospitales. En Argentina, el primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados (2010) denunció que se han incrementado las enfermedades graves vinculadas a los agroquímicos.
La expansión de los OGM ha devastado la biodiversidad, especialmente en las regiones tropicales. Piense el lector lo que significa desaparecer toda la variedad de especies vegetales y animales en una superficie de 43 millones de hectáreas, casi la cuarta parte de México, que es la superficie sembrada en Sudamérica con una sola y solitaria especie: ¡soya transgénica! No existe antecedente en la historia natural del planeta de alguna monotonía biológica semejante. Además, el monocultivo soyero ha sido la causa de enormes superficies deforestadas en la amazonía brasileña, Argentina (seis provincias) y Bolivia (cuatro tipos de bosques), así como de la supresión de cultivos dirigidos a la alimentación humana (arroz, maíz, trigo, leche y carne).
En el caso del maíz transgénico su posible siembra comercial resulta una amenaza para la diversidad genética de las 60 variedades originales, resultado de un proceso de domesticación que tomó 7 mil años, las cuales serían contaminadas por el flujo génico. Hoy se investigan otros posibles efectos sobre polinizadores e insectos, como la emblemática mariposa monarca.
Afirmar que los cultivos transgénicos son alimentos sanos resulta temerario. La evidencia del estudio publicado por un grupo francés encabezado por Gilles-Eric Séralini en 2012, que alimentó ratas durante toda su vida con granos de maíz de Monsanto MON NK603 llama al menos a ser precavidos. Las ratas del laboratorio generaron tumores de mama (hembras) y sufrieron daños severos al hígado y al riñón (machos) que les provocaron la muerte.
Monsanto pretende introducir el mismo grano en el norte de México (Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas) en un país cuyos ciudadanos consumen cada año 12 millones de toneladas de maíz. Finalmente nadie, y menos un académico, puede ignorar a los más de 2 millones de ciudadanos que salieron a las calles de 436 ciudades de 52 países para protestar contra Monsanto y los alimentos transgénicos el 24 de mayo de este año, acto a escala global que se repitió el pasado 12 de octubre. ¿O acaso tendrán las compañías productoras de plaguicidas capacidad de compra sobre esos millones?
Además de haber sido creador y fundador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el científico Bolívar Zapata ha sido miembro de la Junta Directiva de la UAM, la UNAM y el Conacyt. En 1994 ingresó como miembro de El Colegio Nacional y fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus innumerables distinciones lo convierten en el científico mexicano más premiado de toda la historia. Destacan dos premios nacionales, el Premio Príncipe de Asturias de España y el premio de The Third World Academy of Sciences. Apenas el pasado 2 de abril, el Presidente de México lo nombró coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia. Su trayectoria es impecable y más que brillante. ¿Entonces? Lo único que sabemos es que su caso no es único. Ahí están los premios Nobel William Schockley y James Watson, el descubridor del ADN, denostados por sus declaraciones racistas. Hoy la única garantía es una ciencia con ética y científicos comprometidos con la sociedad y con la naturaleza. Ni más… ni menos.
+La Sagarpa retiró último candado a ese cultivo el pasado 31 de diciembre
+Gigantes de la biotecnología tienen al menos 17 proyectos
Este año se cumple un plazo esperado más de una década por las corporaciones trasnacionales de la biotecnología para que se abra la puerta de la comercialización de maíz transgénico en México.
Sin mucho bombo, el 31 de diciembre pasado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) retiró el último candado que impedía la siembra de ese grano genéticamente modificado y autorizó los campos experimentales.
Primero serán 63 hectáreas en Sinaloa, autorizadas a la empresa Monsanto. Pronto seguirán otras en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Cuando las licencias entren en vigor para las solicitudes en Tamaulipas, en fechas próximas, las extensiones superarán mil hectáreas. Es el paso previo a la siembra extensiva en poco más de 2 millones de hectáreas, principalmente en zonas de riego del norte de México. Es, como dicen promotores y críticos de los transgénicos, el último trámite que había que cubrir, y ya está hecho.
Algunos productores agroindustriales, funcionarios e investigadores presentan esta situación como la oportunidad para resolver el déficit de la producción del grano y solucionar, con los nuevos productos, el devastador efecto de las sequías. De hecho, la noticia con que la Sagarpa pone fin a todas las resistencias que hasta ahora habían protegido al maíz criollo viene acompañada por una “nota” de las empresas que promueven esos cultivos sobre “la urgencia de pasar a la fase comercial”.
Pero otros sectores –científicos, productores y defensores del medio ambiente– aseguran que los nuevos productos ni siquiera son resistentes a las sequías. Temen que al dar este paso se pondrá en riesgo la biodiversidad de este grano: ixim, como le llaman mayas y chontales; tlayóhli o tlaoli, como lo conocen los nahuas en distintas latitudes; bachi, de mayos y yaquis; kuxhe, de totonacos; dethá, de los otomíes; xuba, de los zapotecos; sunuko, de los rarámuris; ’ini, de los triquis; nnan, de los amuzgos; xuba, de los zapotecas, y tsiri, de los purépechas. En general, el maíz que se siembra en cada rincón del territorio mexicano.
Con ello, el país es la segunda nación (también China) que siendo centro de origen de un cultivo libera el transgen para la explotación extensiva. “A México le toca proteger el maíz. Es triste ver que es el único cereal que en su centro de origen no es protegido”, expresa Elena Álvarez Bullya, doctora en genética molecular y coordinadora del laboratorio de genética molecular del desarrollo y evolución de plantas del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
A punto de que las empresas empiecen con sus plantaciones experimentales, lo cual aumenta exponencialmente el riesgo de contaminación por polinización de cultivos nativos, la controversia sobre lo que se arriesga en el campo mexicano continúa abierta y tiene aún muchas preguntas sin respuestas.
Esta polémica empezó a mediados de los año 90, alcanzó las cimas de las principales revistas científicas del mundo, generó movimientos populares en las zonas rurales, motivó que cabilderos de las corporaciones movilizaran millones de dólares en relaciones públicas y propaganda e incluso enfrentó a las autoridades en una discusión que no siempre se ventila públicamente. En esta serie recogemos algunas de esas expresiones.
¿Mitos?
El director de Agrobio, Alejando Monteagudo Cuevas, quien representa en México a Monsanto y a otros cuatro gigantes de la biogenética (Bayer, Dow, Dupont-Pioneer y Syngenta, a las que también se aprobaron siembras experimentales), se congratula de que, tras un proceso “muy largo”, el marco legal para los transgénicos ha despejado “todos los mitos sobre los riesgos de la biotecnología”.
–¿Mitos?
–Todo eso que se decía sobre los efectos en la salud humana, en el ambiente y el debate sobre el riesgo para la diversidad biológica de las diversas razas nativas es una discusión zanjada.
Hoy, esas cinco trasnacionales tienen al menos 17 proyectos pilotos para sembrar maíz transgénico. Esos cultivos, según la Ley de Bioseguridad, son la antesala a la liberación definitiva. Pueden plantar en cualquier zona que no esté clasificada por las autoridades competentes –la Semarnat y la Sagarpa– como centro de origen. Según el mapa oficial, las extensiones susceptibles de albergar maíz genéticamente modificado cubren cerca de 2 millones de hectáreas en zonas de riego, principalmente en Tamaulipas (área lagunera) y Sinaloa.
Antes de despachar tras el escritorio de Agrobio y de hablar en nombre de las trasnacionales, Monteagudo –como tantos otros ejemplos de la “puerta giratoria” por la que salen operadores de la función pública para entrar a la iniciativa privada y viceversa– había trabajado en el área de negociaciones comerciales de la Secretaría de Economía, justamente durante el proceso de debate y aprobación del marco legal que rige la biotecnología.
–¿Aplica todavía el principio precautorio que contempla la Ley de Bioseguridad?
–Pero éste no consiste en suposiciones, creencias, melates. Hay una regla y, de acuerdo con ella, ya estamos en la etapa experimental. Es la fase encaminada a demostrar la equivalencia agronómica del maíz convencional y el genéticamente modificado.
Tecnología obsoleta
En el extremo opuesto se sitúan las opiniones de Elena Álvarez Bullya, bióloga del Instituto de Ecología y presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad: “Los transgénicos llevan 20 años en la agricultura del mundo. Globalmente, hoy existen más hambrientos que hace dos décadas. Se le quiere presentar como punta, pero ya es una tecnología obsoleta. Incluso Monsanto está enfrentando demandas de otro tipo en Estados Unidos, porque sus semillas transgénicas están resultando más costosas por la aparición de malezas resistentes al glifosfato. Es una técnica con efectos ambientales a largo plazo”.
En su opinión, existen otras alternativas más convenientes para impulsar la producción maicera: “Si se llegara a prescindir de los transgénicos, otras técnicas de nueva generación podrían incrementar la producción de maíz hasta cinco veces. Un programa de desarrollo de las ciencias agrícolas más modernas puede permitir que los productores aprovechen la riqueza genética que ha evolucionado y ha sido eficaz para enfrentar los retos ambientales. Incluso, puede ser crucial para el cambio climático”.
Sostiene que ello se puede lograr con la tecnología tradicional del campesino mexicano, que es muy profunda y milenaria. “La prueba es que el país es autosuficiente en maíz blanco, pese al abandono del campo. Si se integran estos saberes a una política comprometida con el interés público y la sustentabilidad, podemos hacer de México un granero.”
En los años recientes hemos presenciado una costosa campaña de difusión y mercadotecnia de la industria biotecnólogica y su representación civil en el país, Agrobio, en la que reiteran que las semillas transgénicas son la solución para múltiples problemas. Afirman que esta tecnología permitirá desde revertir la crítica situación del campo mexicano y las adversidades producto del cambio climático hasta atender la necesidad de mayor cantidad de alimento por el incremento de la población del planeta.
Veamos si las promesas de esta industria son una solución, si sus argumentos son errados, o más aún, si incurren en el engaño.
Si bien la industria biotecnológica moderna es amplia –ya que incluye desarrollos para la biomedicina, la bioremediación, la farmacéutica y agropecuaria– aquí el punto a debate son las semillas transgénicas que se sembrarán al aire libre.
Recordemos que las semillas transgénicas presentes en el mercado, así como las que están en experimentación en México sólo tienen dos características: tolerancia a herbicidas, presente en más de tres cuartas partes de los transgénicos que se comercializan en el mundo, y resistencia a plagas por la expresión de la toxina Bacillus thuringiensis (Bt).
Cuando se habla de solucionar el hambre del mundo se presupone que esta tecnología aumentará los rendimientos, y este planteamiento es completamente falso; así lo han reconocido las propias empresas, que dicen: “no existen aún en el mercado cultivos transgénicos que incrementen intrínsecamente los rendimientos”.
Analicemos el gran tema que han publicitado las empresas: las plantas con resistencia a sequía que podrán enfrentar el cambio climático y alimentar a la humanidad.
En 2007 en un viaje pagado a periodistas a su planta de San Luis, Missouri, “Monsanto, aseguró que desarrollaba un maíz blanco resistente a sequías para ‘ayudar’ a los países en desarrollo, los cuales para utilizarlo no deberán esperar a que sea avalado en las naciones de primer mundo, ya que ese proceso se lleva hasta diez años.” (Angélica Enciso, en La Jornada, 22 de mayo de 2007). En ese momento se dio mayor énfasis a la regulación que a la forma en que se conferiría la resistencia.
Más adelante, en 2009, al celebrar el Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Monsanto y BASF anunciaron el descubrimiento de un gen que confiere tolerancia a la sequía en plantas de maíz. En un boletín y con inserciones pagadas en la prensa revelaron que “el gen cold shock protein B (cspB) –proteína B de impacto en frío– que se encuentra de manera natural en bacterias Bacillus subtilis, puede contribuir a que las plantas de maíz toleren condiciones de sequía y estabilicen su rendimiento en períodos de escaso suministro de agua”.
Monsanto señaló que “una parte importante de esta inversión se canaliza a identificar y evaluar genes con características prometedoras en cuanto a rendimiento y tolerancia a condiciones de estrés”. Este tema es el central, pues si bien Monsanto detenta la tecnología para insertar la información genética, esta información se encuentra en las propias plantas, la mayor parte cultivadas por campesinos que con mucha dedicación y trabajo, año con año, han logrado variedades resistentes a diversas condiciones. Es un conocimiento desarrollado a lo largo de milenios.
Esta información se ha recolectado por años en diversos bancos de germoplasma, pero el del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) sobresale, y no tanto por su tamaño, sino porque, siendo una institución no gubernamental, el material que almacena es utilizado por diversos investigadores del mundo sin ningún control por parte del gobierno mexicano.
Así se observa en diferentes estudios. Por ejemplo un texto publicado en la revista Crop Science, de la Sociedad de Ciencia de Cultivos de Estados Unidos, indica que los científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología usaron para su estudio variedades del grano desarrolladas por el CIMMYT en México. Tal estudio evaluó si diferentes variedades del maíz tienen la mezcla genética que les permita adaptarse a las sequías.
Asimismo, en el reporte de Monsanto sobre su proyecto para el desarrollo de un maíz que hace un uso eficiente del agua –el cual se realiza con inversión de la Fundación Gates y de la Howard Buffett– se señala que el CIMMYT participa ofreciendo sus variedades de maíz de alto rendimiento, adaptadas a las condiciones africanas y con su experiencia en la “mejora” convencional y las pruebas de tolerancia a la sequía.
Por otra parte, en cuanto a la dimensión del problema que se pretende atacar tenemos que los investigadores que estudian este fenómeno han reiterado que la tolerancia a sequía es compleja, controlada por varios genes que posiblemente actúan en una manera organizada. Además, no está determinada exclusivamente por características genéticas, pues los sistemas productivos agrícolas constituyen un factor muy importante en el desarrollo de cultivos en ambientes secos. Por ello resulta muy complicado incidir en esta característica. Y por ello los únicos cultivos transgénicos que han logrado posicionarse en el mercado a gran escala hasta el momento son los que involucran rasgos genéticos simples (que se heredan por la vía de un solo gen) como es la tolerancia a los herbicidas y la resistencia a los insectos.
Así, las empresas presentan de manera reduccionista una solución a un problema complejo. Al analizarlo, más que un planteamiento equivocado pareciera un engaño, pues lo que observamos en el fondo es la búsqueda y apropiación de estos genes que resisten sequía y condiciones climáticas extremas, que se encuentran en variedades creadas, reproducidas y salvaguardadas por los campesinos.
Esto se deduce del informe presentado el pasado octubre de 2010 por la organización ETC, que señala que “BASF, Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont y socios de la industria de la biotecnología presentaron 532 solicitudes de patentes (un total de 55 familias de patentes) sobre genes llamados “resistentes al clima” en oficinas de patente de todo el mundo. La apuesta es solicitar patentes de amplio espectro sobre genes relacionados con presiones ambientales. Monsanto (la mayor compañía de semillas del mundo) y BASF (la mayor firma química del mundo) formaron una sociedad colosal de mil 500 millones de dólares para manipular genéticamente la tolerancia al estrés en plantas. Juntas, las dos empresas acaparan 27 de las 55 familias de patentes (49 por ciento) identificadas” (http://www.etcgroup.org/upload/ publication/pdf_f ile/FINAL_climatereadyComm_ 106_2010.pdf).
Resulta evidente que no sólo nos enfrentamos a una falsa promesa de la industria biotecnológica, sino a un verdadero engaño. Lejos de ayudar a los “pobres” del mundo buscan apropiarse de la riqueza de nuestros pueblos.
Tan burdo es su engaño que en el boletín de prensa mencionado de 2009, encontramos en letras pequeñas una leyenda que advierte que lo dicho puede cambiar en el tiempo: “Advertencia sobre información respecto de expectativas futuras: Ciertas declaraciones incluidas en esta presentación son con miras al futuro (…)”. No debe confiarse excesivamente en estas declaraciones que tienen efecto solamente a la fecha de su presentación.
Poco a poco estamos desentrañando el engaño de estas empresas y su objetivo real. Estamos claros de que la compleja problemática que enfrenta el sector rural en México, el hambre que afecta a millones de personas en el mundo y el propio cambio climático, son producto de su avidez, que busca controlar a la humanidad, y de sus falsas soluciones que lejos de acabar con los problemas los crean y profundizan.
La justicia brasileña prohibió comercializar en el país el maíz transgénico Liberty Link, propiedad de la empresa alemana Bayer y resistente al herbicida glufosinato de amonio, porque no se presentó un plan de monitoreo luego de su liberación en mayo.
Bayer deberá pagar, de acuerdo a la sentencia, más de 25 000 dólares diariamente si no suspende de forma inmediata la comercialización, siembra, transporte e importación de su maíz transgénico.
La variedad Liberty Link de Bayer había sido liberada comercialmente por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, encargada de concretar esas concesiones en el país, a condición de que fueran realizados estudios de monitoreo pos-cosecha y de coexistencia con variedades convencionales de maíz, lo cual no se cumplió.
Las organizaciones brasileñas Tierra de Derechos, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, habían solicitado la suspensión de la liberación concedida al maíz Liberty Link.
Desde 2007 estas organizaciones tienen una acción civil pública en proceso en la que exigen a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad que se realicen adecuados análisis de riesgos sobre la salud y el medio ambiente de las variedades transgénicas propuestas. El trabajo de esa comisión ha sido cuestionado duramente en los últimos años. Las organizaciones brasileñas piden además que se brinde toda la información disponible a los ciudadanos.
Por su parte, otra empresa del sector de los agronegocios, la estadounidense Cargill, también enfrenta un importante revés en Brasil. El Ministerio Público Estatal de Pará no quedó conforme con un estudio de impacto ambiental que la compañía presentó el 14 de julio sobre su puerto en Santarém, en audiencia pública realizada en esa localidad, muy concurrida y con fuerte operativo de seguridad.
Se abrirá “una investigación policial para determinar la veracidad de los datos del estudio de impacto ambiental de la terminal de granos de Cargill en Santarém”, empieza diciendo el Ministerio Público Estatal paraense, citado en la web del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. “Procuradores de los Ministerios Federal y Estatal tienen fuertes sospechas de que las informaciones contenidas en los estudios no son verdaderas”, sentencia.
La Comisión Pastoral de la Tierra de Brasil había presentado el 14 de julio ante el Ministerio Público Federal y la Secretaría de Medio Ambiente de Pará un extenso archivo para comprobar los impactos que ha provocado el puerto granelero de Cargill en Santarém.
La terminal lleva siete años de operativa sin el estudio de impacto ambiental correspondiente y sin las audiencias públicas que la avalen, según informa la agencia Adital. Varias organizaciones brasileñas argumentan que la construcción del puerto se llevó adelante sin respetar la legislación nacional y que su presencia provocó el desplazamiento de cientos de familias de comunidades rurales que se dedicaban a la pequeña agricultura hasta la llegada de la soja.
Tapachula, Xoconochco, Chiapas
Marzo 17 y 18 de 2010
Los abajo firmantes, organizaciones sociales, organismos civiles,
campesinos(as), estudiantes y académicos (as), participantes en el Foro
Regional en Defensa de Nuestro Maíz Nativo, después de dos días de
compartirnos información, experiencias y
reflexiones, acordamos emitir la siguiente DECLARACIÓN
Considerando:
– Que nuestro país es centro de origen, diversidad y domesticación del
maíz desde hace más de siete mil años;
– Que de acuerdo a la cosmogonía de nuestros antepasados indígenas
mesoamericanos, los hombres y mujeres fuimos creados con maíz:
– Que el maíz es pilar fundamental de la economía, de la cultura y de la
vida del pueblo mexicano;
– Que como producto de un milenario manejo de parte de indígenas y
campesinos mexicanos, existen hoy 59 razas y más de 200 variedades
nativas de maíz;
– Que el maíz es parte central de un sistema de producción integral y
diversificada,
conocida popularmente como la milpa;
– Que la milpa es la vida de las familias y comunidades indígenas y
campesinas de nuestro país y de nuestro estado, siendo base fundamental
para su autosuficiencia, autonomía y soberanía alimentaria;
– Que la milpa, el maíz nativo y con ellos, la soberanía alimentaria y
la vida de comunidades indígenas y campesinos y del propio pueblo
mexicano, se encuentran en grave riesgo, debido a la propagación de
diferentes cultivos transgénicos – incluido recientemente, el propio
maíz- y a la expansión de plantaciones de agrocombustibles como la palma
africana y el piñón;
– Que esta propagación y expansión de transgénicos y agrocombustibles la
realizan los propios gobiernos, federal y estatal, para beneficio de
grandes corporaciones multinacionales como Monsanto, Pioneer, Syngenta,
Bayer, Dupont, Dow AgroScienses, etc.;
– Que recientemente la Organización Mundial para la Agricultura y
Alimentación (FAO) intentó legitimar en Guadalajara, México, la
expansión de cultivos transgénicos, como supuesta solución para los
problemas del hambre de México y el mundo y como un aporte a la lucha
contra el cambio climático, agrediendo con ello a nuestros pueblos;
– Que contraria a esta afirmación, sabemos que las técnicas
agroecológicas son la única alternativa realmente sustentable para el
incremento gradual y sostenido de la producción y productividad de
granos básicos, -y por tanto, la verdadera solución al hambre del mundo-
haciendo esto en armonía con la Madre Naturaleza;
– Que la mayoría de estas técnicas agroecológicas -que incluyen a las
propias semillas nativas- forman parte de los saberes tradicionales de
comunidades indígenas y campesinas mesoamericanas, mismos que han sido
tradicionalmente ignorados y discriminados por los gobiernos;
– Que todas esta amenazas se reflejan de manera particular en Chiapas y
más puntualmente, en esta región del Xoconochco, zona de altísima
biodiversidad natural y centro de origen histórico de la domesticación
del maíz, realizada ésta por la primer cultura mesoamericana: los
Mokayas, los Hombres de Maíz (ancestros de la cultura Olmeca)- donde
milpas y maíces nativos están siendo desplazados tanto por la acelerada
expansión de cultivos exóticos (particularmente soya, presumiblemente de
origen transgénico) como por el agresivo programa oficial denominado
Reconversión Productiva, que expande plantaciones monoespecíficas con
fines agrocombustibles, como la palma africana y el piñón, mismas que,
además de ser altamente contaminantes del suelo y del agua, propician la
pérdida de la diversidad biológica, de la soberanía alimentaria, del
conocimiento profundo de la agricultura tradicional, y de la identidad y
del arraigo de comunidades descendientes directas del Pueblo del Maíz.
En base a lo anterior:
DECLARAMOS
1º. Nuestra firme convicción de defender las milpas y maíces nativos,
tanto de la región del Xoconochco, como del estado de Chiapas y del país.
2º. Nuestro compromiso de difundir, por todos los medios a nuestro
alcance, la grave amenaza que existe sobre nuestras milpas y maíces
nativos, y consecuentemente, sobre nuestras comunidades y sobre el
propio pueblo mexicano, con la expansión de cultivos transgénicos y plantaciones agrocombustibles.
3º. Nuestro rechazo a los recientes sistemas de transporte público-privado inaugurados en Chiapas, basados supuestamente en agrocombustible ?tales como los llamados ?conejo bus? de Tuxtla Gutiérrez y “huacalero bus” de esta ciudad de Tapachula- por ser una falsa y demagógica alternativa a los problemas de
emisiones contaminantes y del calentamiento global.
4º. Nuestras exigencias al gobierno federal y al gobierno de Chiapas, de:
a) Cancelar los 24 permisos expedidos por SAGARPA y SEMARNAT,
supuestamente para siembra experimental de maíz transgénico, otorgados
en octubre de 2009 mediante subsidios públicos- a las corporaciones
multinacionales Monsanto, Pioneer y Dow AgroScienses.
b) Prohibir definitivamente toda siembra de maíces transgénicos, apoyando en
cambio, un régimen especial para la protección de nuestros maíces nativos,
como establece la ley en la materia, y un programa de apoyo a las milpas de
policultivo campesinas con técnicas agroecológicas, elaborado e instrumentado con plena y legítima participación de pueblos y comunidades, como base de la soberanía alimentaria local, regional y nacional, entendida ésta como el derecho soberano de los pueblos, a definir qué y cómo sembrar y producir.
c) Detener la expansión sobre el territorio mexicano y chiapaneco, de otros
cultivos transgénicos como son la soya y el algodón.
d) Obligar a la industria alimentaria y a importadores de granos, a
colocar en sus productos una etiqueta que señale claramente su origen y contenido
transgénico.
e) Detener la expansión de plantaciones monoespecíficas con fines
agrocombustibles, tales como la palma africana, el piñón y la higuerilla.
Finalmente, como parte de nuestra Declaración, y considerando que hoy 18
de marzo de 2010, se conmemora el 72º Aniversario de la expropiación petrolera,
realizada en esta misma fecha del año 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río,
retomamos el pensamiento expresado en el discurso expropiatorio, que textualmente dice:
Los recursos naturales del país deben servir para su propia
prosperidad; entregarlos a intereses extraños es traicionar a la Patria.
Tapachula, Xoconochco, Chiapas, 18 de marzo de 2010.
Firman
Kay Kab, el fruto amargo SSS; Skoltael Lum K’inal, AC; Red Ambiental
Cahuacán;Tianguis de productos orgánicos el Huacalero; Red en Defensa del Maíz;
Centro de Estudios para el Cambio del Campo Mexicano (CECCAM); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Green Peace México; UNORCA Vía Campesina; Maderas del Pueblo del Sureste, AC; Enlace, Comunicación y Capacitación, AC; Red Maíz Criollo Chiapas; XEVFS, la Voz de la Frontera Sur; Ik Balam, agencia informativa ambiental; ECOSUR; Andrés Contreras (el juglar de los caminos) (y 120 firmas individuales de campesinos, estudiantes y académicos)
Exempleadas de las trasnacionales autorizadas para la siembra experimental de organismos genéticamente modificados asumen cargos públicos y favorecen a sus antiguos patrones en el otorgamiento de permisos. Mientras, autoridades judiciales niegan amparos a organizaciones campesinas y ambientalistas que reclaman la inconstitucionalidad del reglamento que avala la entrada de semillas de maíz transgénico al país
Con un sueldo superior a los 75 mil pesos mensuales, Sandra Patricia Piña Salinas, excoordinadora técnica de Agrobio México –asociación que reúne a las trasnacionales que sembrarán maíz transgénico en el país?, se encuentra al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo público dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Otro caso es el de la exempleada de PHI México, Silvia Elena Rojas Villegas, ahora directora de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Rojas Villegas, quien percibe una remuneración mayor a los 45 mil pesos mensuales, erogados del presupuesto del Senasica, ha estado vinculada en la aprobación de 24 permisos de siembra experimental de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de sus otrora empleadores.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la Administración Pública Federal, Piña Salinas desarrolla funciones de directora técnica en la dependencia encargada de “formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de OGM”.
Bajo la clave MC23E, la excoordinadora técnica de Agrobio –que agrupa a las multinacionales Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience– obtiene del erario 78 mil 805.40 pesos cada mes.
En tanto, el portal de transparencia de la Cibiogem muestra que a partir del 9 de febrero de 2009, Silvia Elena Rojas Villegas percibe 47 mil 973 pesos al mes.
Apenas iniciaba la autorización de la experimentación de transgénicos en el norte del país, cuando la organización ambientalista Greenpeace México denunciaba públicamente la “infiltración” de estas dos excolaboradoras de la agroindustria.
Aprobaciones parciales
De acuerdo con el Estatus de solicitudesde maíz 2009, elaborado por la Dirección de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (que preside Silvia Elena Rojas Villegas), han sido aprobadas 24 solicitudes de siembra experimental de transgénicos del principal alimento de los mexicanos.
El documento indica que hasta el 13 de noviembre pasado, el 50 por ciento de las autorizaciones favorece a la sociedad de las empresas Dow Agrosciences y PHI México, mientras que el resto ha sido concedido a la trasnacional de origen estadunidense Monsanto.
Será a partir de los ciclos agrícolas venideros que Dow Agrosciences y PHI México podrán introducir su patente DAS-01507-1, así como la de su aparente competidor MON-00603-06, a terrenos federales y particulares en el Valle del Yaqui, Sonora; Cuahutémoc y Delicias Jiménez, Chihuahua; Río Bravo y Díaz Ordaz, Tamaulipas; y Los Mochis, Culiacán, Angostura y Navolato, en Sonora.
Todavía, el 6 de septiembre de 2005, Piña Salinas se presentaba ante científicos y estudiosos de los OGM como coordinadora Técnica de Agrobio México. La ahora funcionaria impartió la conferencia Regulación en México en Materia de Bioseguridad, ante los miembros de la Unidad Académica Multidisciplinaría Agronomía y Ciencias de la Universidad de Tamaulipas y la Fundación Produce Tamaulipas.
En su exposición, muestra un boletín informativo de la Fundación (organización de productores tamaulipecos), Piña Salinas daba a conocer los “beneficios de la aplicación de la biotecnología en la agricultura con bases científicas y sólidas”.
En tanto, la semblanza curricular de Silvia Elena Rojas Villegas indica que, luego de su paso por el Tribunal Superior Agrario, a la actual funcionaria se le presentó “la oportunidad de prestar sus servicios en el negocio de PHI México, perteneciente a la plataforma de agricultura y nutrición del Corporativo Dupont, particularmente en el grupo de regulación y relación industrial de México y norte de Latinoamérica para la Biotecnología Moderna.
“Su objetivo principal en la iniciativa privada fue el de atender las actividades relacionadas a la regulación en México y norte de Latinoamérica tales como leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y proyectos legislativos nacionales e internacionales de OGM en siembra, consumo animal, consumo humano, y en sus respectivas actividades de importación y de reexportación bajo el enfoque de la política biotecnológica internacional y regulación científica”, informa la Fundación Produce Guanajuato.
Las leyes incumplidas
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina que es obligación de los funcionarios “excusarse de intervenir” en los asuntos que puedan beneficiar, entre otros, a aquellos con los que se hayan tenido relaciones profesionales o negocios.
La disposición oficial, a la que están obligadas Sandra Patricia Piña Salinas y Silvia Elena Rojas Villegas, en su capítulo 8, fracción XI dicta que deben “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
“El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
Aleira Lara, coordinadora de la Campaña Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México, recalca que las ahora funcionarias también “incumplen” con el artículo 7 de la misma ley, que indica: “Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”.
Es “alarmante” que gente de la agroindustria esté trabajando en puestos clave como servidores públicos, en la elaboración de políticas y otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos. La colocación de estas dos personas es una “estrategia” de las empresas para favorecer sus intereses, dice en entrevista Aleira Lara.
Organizaciones desamparadas
Contrario al posible conflicto de intereses en la autorización de los permisos para la siembra experimental de los transgénicos, organizaciones campesinas y ambientalistas son rechazadas jurídicamente ante una solicitud de amparo interpuesta en tribunales. Esta última, solicita declarar como “inconstitucional” el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que abre el paso a la siembra experimental de maíz transgénico.
De acuerdo con el amparo indirecto promovido ante el juez de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, por Catherine Marielle Meyer, apoderada legal de la asociación civil Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el reglamento impugnado “no establece la obligación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de valorar y comprobar la información que haya sido proporcionada por el promovente (agroindustria), junto con la solicitud de permiso para liberación experimental, en programa piloto o comercial de OGM, lo cual constituye una omisión que hace inconstitucional el reglamento…”
La especialista en problemas ambientales explica que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene como finalidades, entre otras, establecer criterios para la evaluación de posibles riesgos que puedan ocasionar las actividades con OGM, a fin de garantizar el nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, del medio ambiente y la sanidad animal, vegetal y acuícola.
“En efecto, si la Semarnat únicamente valora la información proporcionada por el propio interesado (ya sea Monsanto, PHI, Pioneer o Dow Agroscience), no hace efectivos los principios en materia de bioseguridad”, acentúa Marielle Meyer.
Bajo el mismo precepto legal, Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, presentó el 26 de mayo de 2008 la solicitud de amparo correspondiente ante el mismo juez de distrito que lo hizo GEA.
Cruz Hernández agrega en su alegato que la ley de bioseguridad de OGM “viola en nuestro perjuicio las garantías de legalidad de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar”.
Ambas solicitudes fueron resueltas el 31 de diciembre de 2008 por la juez décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Mónica Soto Bueno, quien determinó que los juicios se sobreseían porque no se acreditó el interés jurídico, ya que los “agravios” manifestados por los quejosos deben ser “directos”.
Es decir, explica en entrevista, deberemos esperar a que la siembra de maíz transgénico tenga efectos en nuestra salud, el medio ambiente o en nuestras semillas nativas, situación “absurda” avalada por el aparato de justicia mexicano.
Exempleada de trasnacionales en Conacyt
Concepto
Descripción
Nombre(s)
Sandra Patricia
Primer apellido
Piña
Segundo apellido
Salinas
Cargo del servidor público
Dirección técnica
Tipo de personal
Otros
Clave del puesto
MC23E
Puesto
Director de área
Sector presupuestal
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Siglas
Conacyt
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario
18,480 pesos
Compensación/Compensación garantizada
60,325.30 pesos
Monto total de percepciones brutas
78,805.40 pesos
Monto total de percepciones netas
56,549.70 pesos
Seguros
Institucional
1.39 por ciento de sueldo base más compensación garantizada mensual
Vacaciones
Dos periodos de 10 días anuales
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS
Aplica 9.050 por ciento de sueldo base cotizable
Fovissste / Infonavit
Fovissste aplica el 5 por ciento de sueldo base cotizable
SAR
Aplica el 2 por ciento de sueldo base
Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
3.175 por ciento
Seguro de invalidez y vida
0.625 por ciento
Seguro de riesgos de trabajo
0.75 por ciento
Seguro de salud trabajo activos
7.37 por ciento
Seguro de salud pensionados
0.72 por ciento
Seguro de servicio sociales y culturales
0.5 por ciento
Última fecha de actualización
30/10/2009
Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal
Exempleada de trasnacionales en Senasica
Concepto
Descripción
Nombre(s)
Silvia Elena
Primer apellido
Rojas
Segundo apellido
Villegas
Cargo del servidor público
Director de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados
Tipo de personal
Confianza
Clave del puesto
Cfma001
Puesto
Director de área
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Sector presupuestal
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Siglas
Senasica
Remuneración mensual
Sueldo base/ salario ordinario
8,157.13 pesos
Compensación/compensación
Garantizada
39,816.56 pesos
Monto total de percepciones brutas
47,973.69 pesos
Monto total de percepciones netas
37,902.17 pesos
Seguros
Institucional
40 meses de percepción ordinaria bruta mensual
Colectivo de retiro
Suma asegurada de 12 mil 500 pesos hasta 25 mil pesos, que tengan cuando menos 55 años de edad y 15 o más años de servicio
Gastos médicos
Suma asegurada básica de 185 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal
Separación individualizado
2 por ciento, 4 por ciento, 5 por ciento o 10 por ciento de la percepción ordinaria según corresponda
Prima vacacional
50 por ciento de 10 días de sueldo base por cada uno de los dos periodos vacacionales a que tiene derecho
Gratificación de fin de año
40 días de salario base
Pagos de defunción
Cuando menos tener una antigüedad en el servicio de seis meses, recibirá hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias
Ayuda para despensa
77 pesos mensuales
Vacaciones
Dos periodos de 10 días hábiles, durante el ejercicio
Prestaciones de seguridad social
ISSSTE / IMSS
9.97 por ciento del sueldo base de cotización
Fovissste / Infonavit
Fovissste 5 por ciento sueldo básico
SAR
2 por ciento del sueldo básico
Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez
ISSSTE
3.175 por ciento de sueldo base de cotización
Última fecha de actualización
06/Febrero/2009
Fuente: Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal
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