Alineado con las empresas transnacionales más grandes del mundo que producen maíz transgénico como son Semillas y Agroproductos Monsanto, S. A. de C.V.; Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.; PHI México, S.A. de C.V. y Sygenta Agro S.A . de C.V.; el gobierno de Enrique Peña Nieto litiga a favor de ellas para que un magistrado federal levante la restricción de “siembra” y les permita inundar dos millones de hectáreas del norte del país con su semilla modificada.
En un hecho histórico, el pasado 17 de septiembre el Juzgado XII de distrito en materia civil en el Distrito Federal aceptó la demanda de “acción colectiva” promovida 50 personas morales y 20 organizaciones sociales resolviendo en su beneficio al otorgarles una “medida precautoria” que en los hechos significó detener la entrega de permisos de siembra de maíz transgénico por parte de las autoridades federales.
El recurso de la colectividad, representada por Adelita San Vicente Telles, directora de la fundación Semillas A.C. y René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas A.C., fue notificado a Sagarpa y Semarnat el 3 y 4 de octubre; de inmediato, sus titulares Enrique Martínez y Martínez y Juan José guerra Abud, –cercanos colaboradores del Ejecutivo Federal–, ordenaron a sus áreas jurídicas apelar la resolución, ganarla y entregar lo más pronto posible los permisos para siembra de maíz transgénico. Así lo demuestran documentos en poder del semanario.
Se trata de los dos recursos de apelación de 25 fojas cada uno presentados el 9 de octubre por Sagarpa y el 10 de octubre por Semarnat ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativo del Primer Circuito, donde demandan “revocar” el congelamiento de los permisos para siembra.
Los argumentos de ambas dependencias federales van desde la violación a su derecho de audiencia hasta el que se les coartan sus facultades para regular este tipo de actividades.
Luego de mostrarle ambas apelaciones, el abogado defensor de la colectividad, René Sánchez Galindo acusa al gobierno de litigar en favor de la empresa; a su vez, la representante de la “acción colectiva”, San Vicente Telles ofrece datos que muestran los vínculos que hay entre ex empleados de las transnacionales y quienes durante el sexenio de Calderón o de Peña Nieto ocuparon u ocupan posiciones en órganos claves para autorizar permisos ya sea en etapa experimental, piloto o de siembra.
Un juez incongruente: gobierno
Antes que las afectadas directas por la suspensión de los permisos de siembra, Monsanto, Dow Agrosciencies, Syngenta o PHI, el gobierno de Peña Nieto se apresuró a defenderlas al exigir ante el II Tribunal Unitario la revocación de la medida precautoria.
En la apelación de 25 fojas encabezada por la abogada de Sagarpa, Mireille Roccatti Velazquez, sostiene que el juez “no observó” los artículos 219, 222, 610 y 611 del código Federal de Procedimientos Civiles; en especial que antes de dictar la medida precautoria el juez debe “dar vista por tres días a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho convenga y solicitará opinión de órganos competentes”.
Y añade en su página seis, “…ese tribunal de Apelación podrá advertir que el acuerdo que se impugna es ilegal, toda vez que de los autos que integran el cuaderno relativo a la medida precautoria solicitada por la colectividad actora, no se observa que haya otorgado a mi representada su garantía de audiencia prevista en el artículo 11 del código…y menos aún que se haya allegado de la opinión de los organismos competentes en la materia”.
Y sigue: “dos requisitos que el A quo (juez) debió desahogar de manera obligatoria, pues el precepto legal en estudio no señala como acto potestativo el que el juez ‘podrá’ dar vista a las medidas precautorias solicitadas, ni indica que podrá” allegarse de la opinión de organismos…sino que el juzgador ‘deberá’ otorgar la citada garantía de audiencia y ’solicitará’ la opinión; de ahí lo ilegal del acuerdo apelado”.
Roccatti alega que el juez “indebidamente” únicamente tomó en consideración los argumentos expuestos por la colectividad actora, pero el código Federal de Procedimientos civiles dispone de manera precisa cuáles son los requisitos que habrán de colmarse por parte del juzgador….las cuales dejó de observar en perjuicio de mi representada”.
Por lo que hace a Semarnat, el representante legal Mario Moreno García en su recurso de apelación entregado el 10 de octubre al Tribunal Unitario alega que se violaron los artículos 585, 610 y 611 del mismo Código “y en contra de los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución…debe colmar”.
Luego insiste en el mismo argumento de que se debió dar vista en un plazo de tres días “y solicitarse la opinión tecno-científica de los organismos competentes” como es la Procuraduría Federal e Protección al Medio Ambiente.
“Estamos”, dice el abogado Moreno García, “en presencia de un procedimiento en materia civil que es de estricto derecho, es decir, debe de resolverse conforme a la letra de la ley” en términos del 19 del Código Civil Federal y 14, último párrafo de la Constitución que “consagra la garantía o derecho humano de previa audiencia con relación a los actos de privación por parte de la autoridad”.
Luego alega que la resolución “causa agravio a esta autoridad recurrente…en virtud de que atenta contra los principios de congruencia y exhaustividad”.
La Sagarpa en su alegato destaca que la solicitud de liberación de permisos en etapa comercial de organismo genéticamente modificados “queda comprendida dentro de las facultades de Sagarpa”.
Los procedimientos seguidos por las autoridades, agrega en la pagina 18 del recurso de apelación, “constituyen un motivo de daño a la parte actora o al medio ambiente sino las actividades clandestinas o realizadas en inobservancia del marco legal, pues podrían constituir un riesgo al realizarse sin observar las directrices establecidas”. Y como el otorgamiento de los permisos buscan el que éstos se lleven a cabo de la forma, en los lugares y zonas conforme lo determina la ley de Bioseguridad (…) y en el caso a estudios con el otorgamiento de la medida precautoria solicitada, “se coartan las facultades de las autoridades codemandadas en la instancia para regular las actividades inherentes a organismos genéticamente modificados, (…) es decir, va en contra de la propia naturaleza de dichas medidas precautorias…”.
Por todo lo anterior, tanto Sagarpa como Semarnat piden “revocar o modificar” la suspensión de permisos para la siembra de maíz transgénico.
La demanda incluye a las cuatro empresas ya mencionadas, Monsanto, Dow Agrosciences, PHI y Syngenta, sin embargo las tres primeras se negaron a recibir la notificación que les entregó el actuario en donde se les participa de la detención de la siembra, en tanto que la última sí la recibió pero no a realizado acción alguna contra la resolución del juez.
Una de las críticas que hace la representante de la colectividad, Adelita San Vicente Tello, es que se haga una revisión del “conflicto de intereses” en que pudieran caer los encargados de realizar las indagaciones por parte del gobierno e incluso de los investigadores que certifican a las transnacionales sobre el no daño al medio ambiente y el humano que puede provocar el uso de maíz transgénico y su relación con las transnacionales que buscan la siembra.
Así por ejemplo recuerda que Bruno Ferrari fue el encargado de la venta de Seminis a Monsanto para en 2007 ser nombrado por Felipe Calderón como titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en enero de 2008 se va a director general de Promexico y en julio de 2010 es nombrado titular de la Secretaría de Economía desde donde se autorizan los cupos de importación y exportación de diversos alimentos.
Con la aprobación en 2005 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, durante el sexenio de Felipe Calderón las cuatro transnacionales mencionadas empezaron a solicitar y a recibir permisos para la “experimentación”, primero y luego prueba “piloto” de siembra de maíz transgénico.
Del 2009 al 20012 se recibieron 186 solicitudes y autorizaron 114 permisos, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de Sagarpa, una de las dependencias del gobierno encargada de clasificar autorizar los permisos y el número de hectáreas autorizadas.
Aquí en Senasica, reclama San Vicente, pero en la dirección de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados estaba Silvia Elena Rojas Villegas quien antes había sido empleada de la transnacional PHI y en su gestión al frente de la dirección esta empresa recibió permisos al igual que Dow Agrosciences.
Además está la Coordinación de análisis de Riesgo y Bioseguridad (Conabio) la cual tiene a su cargo la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que está vinculado a la dirección general del Conacyt. La Cibiogem tiene un secretariado ejecutivo que en los hechos es la cabeza del organismo, el reclamo de Adelita San Vicente es que desde abril de 2007 al frente de Cibiogem estuvo Ariel Álvarez Morales y todavía en marzo de 2013 figuraba como secretariado ejecutivo. Hoy, en su página de internet, aparece vacante.
Lo grave del caso, dice San Vicente es que antes de llegar al cargo, Ariel Álvarez desde su puesto de académico en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) perteneciente al Politécnico Nacional “respaldó los primeros permisos que pidió Monsanto porque las empresas siempre deben contar con un respaldo técnico. Más aún, desde el sexenio de Vicente Fox, él presentó un proyecto “maestro de maíz” que curiosamente heredó su nombre a un proyecto que Monsanto tiene con la Confederación Nacional Campesina, sector del PRI y del cual reciben millonarios recursos”. Otro personaje, que en su momento también denunció Adelita San Vicente es Sandra Patricia Piña Salinas quien en el sexenio pasado estuvo al frente de la Dirección de Políticas y Normatividad de la Cibiogem y antes, fue coordinadora técnica de Agrobio México, asociación que aglutina a las empresas transnacionales que impulsan el maíz transgénico.
Hoy en ese puesto está Sol Ortiz, un personaje que a decir de San Vicente cuenta con laboratorios para detección de transgénicos aunque rechaza tener conocimiento de una posible vinculación con las transnacionales.
Y para cerrar con broche de oro entre proclives de los transgénicos e instituciones de gobierno está el químico Bolívar Zapata, quien según San Vicente creó un transgénico. Este reconocido científico fungió como coordinador de Ciencia y Tecnología en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto y el pasado 4 de enero lo nombró “enlace entre la Presidencia de la República y el Conacyt”, el mismo al que está vinculada la Cibiogem, organismo público.
En juego un billón de dólares
Lo que está en juego en términos monetarios con la autorización de siembra para el comercio del maíz transgénico, explica Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), son mil 200 millones de dólares, porque no sólo es la venta de la semilla transgénica sino también del herbicida que forzosamente se tendría que utilizar porque tiene el gen que resiste a las plagas.
Denuncia que la CNC, sector del PRI, ha respaldado la siembra del maíz transgénico mediante un convenio de Monsanto en donde recibe por lo menos un millón de dólares al año a través de la confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz, y donde se comprometen a cuidar en el sur el país al maíz criollo mientras que Monsanto va por las hectáreas del norte para el transgénico.
Detalla que en el norte del país hay 2 millones de hectáreas para siembra de maíz transgénico en zonas de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora. “Es la superficie más comercial, que tiene sistema de riego y usa semillas híbridas de maíz y la que tiene mayor desarrollo tecnológico. Los productores se niegan a usar maíz transgénico porque obtienen más tonelaje con el híbrido”.
Aparte están 800 mil hectáreas en Jalisco, Nayarit, Guanajuato que son de temporal y son de ciclo para siembra primavera-verano.
El doctor Antonio Turrent Fernández, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y un estudioso de los efectos negativos de los productos transgénicos, destaca que gracias a la suspensión precautoria que otorgó el juez a la colectividad en septiembre pasado, es que se pudo detener la siembra de 2 millones de hectáreas en la zona norte del país y la cual empieza su ciclo en otoño-invierno.
En una amplia explicación, el doctor trae a colación varios experimentos que se han hecho con ratas y cerdos alimentadas con maíz transgénico, pues este último es quien tiene el modelo de mamíferos más parecido al de los humanos. Los resultados en un corto periodo de tiempo fueron la presencia de cáncer y hubieron de ser sacrificados antes de su periodo normal de vida.
Aclara que lo hallado fue que el mal “estuvo asociado en mayor frecuencia con individuos alimentados con maíz transgénico, esto no prueba que el consumo del transgénico le causó el cáncer, lo que prueba es que se asoció” y eso ya es grave.
Otro aspecto es que se afectan los mantos acuíferos. Pero además de los efectos nocivos para el humano que aún esta en prueba experimental es el daño grave a la planta nativa del maíz, al criollo y al híbrido que al mezclase con la polinización se contamina del gen transmutado, pero no sólo eso, está en cámara de diputados una minuta, avalada ya en Senado, que establece que al tener un productor un maíz que tiene su gen se le podrían cobrar regalías, es decir, se aprobaría la patente el maíz transgénico.
Por
Jesusa Cervantes.
Número: 1930.
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