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Pronunciamiento de la cátedra “Tata Juan Chávez Alonso”.

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A los pueblos y gobiernos del mundo.

A la Sexta Nacional e Internacional.

A las alumnas y alumnos de la Escuelita Zapatista.

Así como es en el tiempo y en nuestra historia con la madre tierra; los pueblos, naciones y tribus indígenas Yaqui, Mayo, Náyeri, Wixárika, Rarámuri, Odam, Nahua, Purépecha, Nañu o Ñuhu, Mazahua, Popoluca, Tzotzil, Chol, Tzeltal, Tojolabal, Zoque, Totonaco, Coca, Mame, Binnizá, Chinanteco, Ikoot, Mazateco, Chontal, Ñu Saavi, Chatino, Triqui, Afromestizo, Mehpa, Nancue Ñomndaa, Ñhato y Maya Peninsular de los estados de Sonora, Chihuahua, Veracruz, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Guerrero, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche; así como los pueblos  Ixil, Quiche, Quechua y Nasa de los países de Guatemala, Peru y Colombia que hemos caminado juntos y atentos, como hijos todos y todas de la madre tierra, nos encontramos y nos reconocimos los días 17 y 18 de agosto de 2013 en San Cristobal de las Casas, Chiapas, en las instalaciones de CIDECI-Unitierra, para recordar y actuar consecuentemente con la palabra viva de nuestro hermano mayor Tata Juan Chávez Alonso quien nos enseña, nos guía y cuya memoria a un año de su ausencia  se convierte en esperanza y fuerza para los pueblos que nos refundamos y reconstituimos porque hemos decidido seguir siendo los indios que somos, seguir hablando la lengua que nos hablamos, seguir defendiendo el territorio que vivimos.

Nos reconocemos en la lucha por el respeto a nuestro modo de vida ancestral, lucha que emprendimos juntos y en la que hemos hablado, hemos exigido y hemos sido reiteradamente traicionados por los malos gobiernos.

Hemos aprendido en este camino de lucha que los poderosos no tienen respeto por la palabra, la traicionan y violentan una y otra vez a lo largo y ancho de este país que se llama México, desde el desconocimiento a los Acuerdos de San Andrés Sakamchén de los Pobres, la contra reforma indígena del 2001 y las innumerables traiciones a nuestros pueblos de las diversas regiones y luchas en un México indio que se encuentra vivo, de pié  y con un solo corazón que se hace grande, tan grande como es el dolor que sufrimos y como la esperanza que luchamos, pues, a pesar de la guerra de exterminio que se ha vuelto más violenta que nunca aquí estamos.

Nos reconocemos en el camino de nuestra historia y nuestros antepasados que son presente, futuro y espejo de la autonomía ejercida en los hechos, como única vía del porvenir de nuestra existencia y que se vuelve nuestra vida comunitaria, asambleas, prácticas espirituales, culturales, autodefensa y seguridad, proyectos educativos y de comunicación propias, reivindicaciones culturales y territoriales en las ciudades por los pueblos desplazados o invadidos con una memoria histórica viva.

Somos los indios que somos, decididos a reconstituirnos en otro mundo posible.

Ese espejo profundo, antiguo y nuevo son las luchas que somos y por las que nos pronunciamos con un solo corazón y una sola palabra.

1. Exigimos la inmediata liberación de los presos políticos en nuestro país, particularmente la de nuestro compañero indígena Totzil Alberto Patishtán que lleva 13 años preso injustamente purgando una ilegal sentencia  de 60 años. Asimismo exigimos la libertad de nuestros seis hermanos Nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, presos injustamente desde hace 10 años en el penal de Almoloya  por defender el agua de su comunidad. Se trata de nuestros hermanos Pedro Sánchez, con una sentencia de 52 años, Teófilo Pérez, con una sentencia de 50 años, Rómulo Arias, con una sentencia de 54 años y de los compañeros Marco Antonio Pérez, Lorenzo  Sánchez y Dominga González quienes actualmente están siendo procesados; igualmente exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Rey Perez Martinez y Santos Alejandro Álvarez, también de Tlanixco; la libertad de los compañeros presos de la comunidad tzeltal de Bachajón, Chiapas, Miguel de Meza Jiménez y Antonio Estrada Estrada; de los compañeros Loxichas Eleuterio Hernández García, Justino Hernández José, Zacarías Pascual García López, Abraham García Ramírez, Fortino Enríquez Hernández, Agustín Luna Valencia y Alvaro Sebastián Ramírez, presos en el CEFERESO número seis de Huimanguillo, Tabasco; así como de Pablo López Álvarez de San Isidro Aloapan, Oaxaca, preso en el penal de Villa de Etla.

2. Denunciamos que los malos gobiernos y las empresas trasnacionales se han valido de grupos paramilitares para imponer megaproyectos extractivos mediante la explotación ilegal de minerales y maderas preciosas, particularmente en la costa Nahua y la meseta purépecha de Michoacán y la comunidad nahua de Ayotitlán, en la sierra de Manantlán, Jalisco

3. Demandamos justicia para la comunidad nahua  de Santa María Ostula, en la Costa de Michoacán, donde los malos gobiernos, coludidos con los cárteles del narcotráfico, han protegido el despojo de las tierras ancestrales de la comunidad, el saqueo de recursos naturales por grupos de la delincuencia organizada y la sangrienta represión a la organización comunal que ha derivado en asesinatos y desapariciones.

 4. Saludamos la lucha histórica de la comunidad de Cherán, Michoacán y el digno ejercicio del derecho de autodefensa que  ha florecido en el pueblo Purépecha en defensa de su propia vida, sus familias, su cultura y territorio, amenazado por la complicidad de los malos gobiernos con grupos paramilitares y narco paramilitares, siendo sus exigencias la seguridad, justicia y reconstitución del territorio.

 5. Así también saludamos la defensa digna que las comunidades y barrios indígenas vienen haciendo de los saberes tradicionales y del cultivo de maíz nativo.

 6. Repudiamos la represión al pueblo Ikoot de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como al pueblo binniza de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón; exigimos la liberación inmediata de Alejandro Regalado Jiménez y Arquímedes Jiménez Luis, así como la inmediata cancelación de los corredores eólicos a manos de las empresas españolas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa que en la región del Istmo invaden y destruyen las tierras comunales y los sitios sagrados de los pueblos arriba mencionados.

 7. Exigimos que se detenga la represión contra la comunidad de San Francisco Xochicuautla del Estado de México, así como la cancelación definitiva del proyecto carretero denominado autopista privada Toluca-Naucalpan, igualmente apoyamos la solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para los habitantes de dicha comunidad.

 8. Exigimos al mal gobierno federal que cumpla con la cancelación de la construcción del Acueducto Independencia que pretende despojar a la Tribu Yaqui del agua que históricamente ha defendido en el rio Yaqui, reiterando nuestra palabra de que actuaremos en consecuencia ante cualquier intento de represión al campamento en resistencia que se mantiene en la carretera internacional a la altura de Vícam, primera cabecera de la Tribu Yaqui.

 9. Exigimos el cese de la represión y el retiro de la fuerza pública de la comunidad de Huexca, Morelos, por la construcción de una termoeléctrica; la cancelación del acueducto y la extracción del agua del río Cuautla, pues, afectará a 22 ejidos del municipio de Ayala, así mismo  el cese al hostigamiento contra 60 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala que pretenden ser despojados por la instalación de un gasoducto, todo esto como parte del Proyecto Integral Morelos, que pretende destruir la vida campesina de estos territorios para convertirlos en industrias y autopistas y exigimos el respeto al guardián sagrado: volcán Popocatépetl, igualmente depredado por la inmoderada tala clandestina de sus bosques.

 10. Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad Coca de Mezcala, en Jalisco, por la recuperación de su territorio y exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes en contra de comuneros cuyo delito ha sido defender su tierra.

 11. Exigimos el respeto al territorio comunal y a la asamblea general de comuneros de Tepoztlán, sumándonos a la exigencia de la cancelación de la autopista La Pera-Cuautla, asimismo rechazamos la campaña de mentiras y engaños a la opinión pública por parte del gobierno de Morelos para justificar el despojo.

 12. Advertimos que existe un ataque sin precedentes a los pilares sagrados del mundo reconocidos y sostenidos por los pueblos originarios y que con certeza defienden a nombre de la vida en el Universo, como son los  territorios sagrados de Wirikuta y Hara Mara en los estados de San Luis Potosí y Nayarit, amenazadas por proyectos capitalistas mineros y turísticos con la complicidad de los malos gobiernos nacionales y estatales, asimismo hacemos nuestra la exigencia de cancelación de la totalidad de las concesiones mineras y turísticas en dichos territorios y en la totalidad de los territorios indígenas. Repudiamos la campaña de confrontación que han llevado a cabo la minera First Majestic Silver y el mal gobierno municipal de Catorce, San Luis Potosí. Saludamos  al pueblo digno campesino de Wirikuta que ha decidido alzar la voz en defensa de su tierra, agua, salud y medio ambiente y la hermandad con el pueblo Wixárika.

 13. En el mismo sentido advertimos que no nos mantendremos al margen del intento de destrucción del sitio sagrado Muxatena y 14 sitios sagrados más del pueblo Náyeri ante el proyecto de construcción de la Presa de Las Cruces en el rio San Pedro Mezquital, en el estado de Nayarit.

 14. Denunciamos las invasiones a manos de empresas agroindustriales en los territorios indígenas y campesinos que deliberadamente alteran las lluvias para su propio beneficio y destruyendo la vida campesina, como es el caso de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco y el Altiplano Potosino en el territorio sagrado de Wirikuta.

 15. Exigimos la cancelación de concesiones mineras en el corazón de la sierra de Santa Marta, en territorio Popoluca y denunciamos el intento de invasión de de las tierras comunales de San Juan Volador del municipio de Pajapan por la empresa eólica Dragón, en el sur de Veracruz.

 16. Exigimos la cancelación del proyecto carretero Tuxtepec- Huatulco, el llamado  corredor turístico Chinanteco en el territorio Chinanteco, así como la cancelación de las reservas ecológicas en la región norte de Oaxaca.

 17. Exigimos la cancelación del acueducto impulsado por el mal gobierno de Guerrero que pretende despojar a los pueblos Na savi, Nancue  Ñomndaa y Afromestizo del agua del río San Pedro de la costa chica de Guerrero.

 18. Repudiamos el intento de inundación de los lugares sagrados del pueblo Guarijio de Alamo; Sonora, con la construcción de la presa Pilares, así como el desvío del río Sonora en perjuicio de la nación Komkaak, a la que se ha privado del agua desde hace 4 meses en provecho de los grandes terratenientes agrícolas de la costa de Sonora.

 19. Denunciamos la política de exterminio por parte del gobierno del Distrito Federal contra las comunidades y pueblos de la sierra del Ajusco, mediante el despojo y la devastación de los territorios ejidales  y comunales de San Miguel Xicalco y San Nicolas Totolapan, respaldamos y reconocemos a los subdelegados comunitarios en resistencia de San Miguel y Santo Tomas Ajusco.

 20. Saludamos la lucha de la Comunidad Autónoma de San Lorenzo Azqueltán, en el estado de Jalisco y reconocemos a sus autoridades autónomas, manteniéndonos atentos y solidarios a su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral.

 21. Saludamos y reconocemos la renovación de las autoridades de la comunidad autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, Durango, asimismo apoyamos su lucha por el reconocimiento territorial ancestral que por más de 45 años ha venido exigiendo.

 22. Hacemos responsables a los funcionarios públicos de la delegación política de Xochimilco por amenazas al compañero Carlos Martínez Romero del pueblo de Santa Cruz Acalpixca por la defensa del agua y el territorio.

 23. Nos sumamos a los reclamos de las decenas de comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla que exigen la cancelación de las concesiones a empresas mineras y la implementación de proyectos hidroeléctricos, así como la cancelación de las concesiones mineras en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca a la empresa Altos Hornos de México.

 24. Apoyamos la lucha de la comunidad de Conhuas en Calakmul, Campeche, por la defensa de su territorio y de su trabajo digno, al mismo tiempo exigimos cese las agresiones en contra de la comunidad por el gobierno de ese Estado.

 25. Exigimos el reconocimiento de las tierras comunales de San Pedro Tlaltizapán en la rivera del Chignahuapan, Estado de México, y el cese de los proyectos inmobiliarios en terrenos comunales.

 26. Exigimos respeto a las tierras recuperadas por la Unión Campesina Indígena Autónoma de Río Grande, Oaxaca, y saludamos a su campamento en resistencia.

27. Igualmente exigimos respeto al funcionamiento de la Radio comunitaria Ñomndaa, voz del pueblo amuzgo en Xochistlahuaca, Guerrero, así como el respeto de todas las radios comunitarias en los distintos territorios indígenas del país.

28. Reiteramos la exigencia de que el Estado mexicano garantice las condiciones de seguridad de Raúl Gatica del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón.

29. Exigimos el respeto a las economías comunitarias que funcionan de manera autónoma y al margen del mercado libre que impone el capitalismo, como son los casos del uso del tumin en el territorio totonaca de Papantla, Veracruz, y el Consejo del Trueque en las comunidades del municipio de Tianguistenco, en el Estado de México.

Reconocemos, apoyamos y animamos las luchas por la autonomía y libre determinación de todos los pueblos indígenas que conformamos el Congreso Nacional Indígena, desde la Península de Yucatan hasta la Península de  Baja California.

Esto es lo que somos, nuestra palabra y nuestra lucha irrenunciable, somos pues el Congreso Nacional Indígena y nuestro es el futuro de nuestros pueblos.

A 18 de agosto del 2013.

Desde CIDECI- UNITIERRA, San Cristobal de las Casas, Chiapas.

 

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Red por una América Latina Libre de Transgénicos frente a casi 20 años de cultivos transgénicos.

A casi dos décadas de la introducción de transgénicos en el ambiente, América Latina se ha convertido en maquila de las transnacionales que producen granos para animales de otras transnacionales, contaminando el ambiente y la biodiversidad. Pero sigue siendo un espacio de biodiversidad donde florece la vida y las comunidades campesinas.

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A 17 años de haberse liberado los cultivos transgénicos en el ambiente, 30 organizaciones de América Latina de 12 países de la región, convocadas por la Red por una América Latina Libre de Transgénicos en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 23 al 27 de mayo del 2013, analizamos el panorama de nuestro continente, y hacemos pública nuestra preocupación por los graves impactos que estos cultivos tienen en la región.

Rechazamos tajantemente la liberación comercial masiva de maíz transgénico que quiere hacer la industria en más de tres millones de hectáreas en México, un hecho sin precedente en la historia de la agricultura, pues sería la primera vez que ocurriera una devastación de tal magnitud en uno de los centros de origen y para un cultivo que alimenta a la humanidad en su conjunto.

A lo largo de este periodo, los cultivos transgénicos han sembrado desolación y muerte en América Latina, donde han alcanzado altos niveles de expansión, ocupando el segundo lugar en área cultivada con transgénicos en el mundo.

Las empresas productoras de semillas, agrotóxicos y comercializadoras de alimentos transgénicos, junto con las élites locales y en complicidad con los gobiernos en turno, han convertido a América Latina en maquila de los cultivos transgénicos del mundo.

No existen cultivos transgénicos sin plaguicidas. A pesar de que los promotores de los cultivos transgénicos dijeron que éstos iban a disminuir el uso de plaguicidas, la realidad es lo opuesto. Ha habido un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos en los países que han adoptado esta tecnología, y su aplicación está relacionada especialmente con los cultivos resistentes a herbicidas, lo que significa el sometimiento de la población a una condición sanitaria cercana al genocidio. En el Cono Sur, la soja [soya] resistente a glifosato cubre un área de 475 mil 700 km2; toda esta área es fumigada con un cóctel de agrotóxicos que incluye el glifosato, afectando a cerca 10 millones de personas que viven en la zona de influencia de las fumigaciones asociadas a los cultivos transgénicos.

Brasil ocupa el primer lugar a nivel mundial en el consumo de agrotóxicos desde 2010, siendo el principal productor de soja resistente a glifosato en la región.

Esta avalancha tóxica ha provocado un aumento exponencial de enfermedades relacionadas con plaguicidas, como malformaciones genéticas, incremento de leucemia, linfomas, enfermedades autoinmunes, y daños irreparables en los ecosistemas.

Estos problemas se agudizarían con la adopción de nuevos transgénicos resistentes a herbicidas más fuertes como son el 2,4D y Dicamba, el glufosinato de amonio, que ya han sido aprobados o están en proceso de aprobación en nuestros países, por lo que repudiamos cualquier intento de liberarlos al ambiente.

A esto se suma la contaminación genética de la agrobiodiversidad y la destrucción de ecosistemas naturales, que son la base de sustento de las comunidades locales.

Los problemas generados por los transgénicos derivan en violaciones a los derechos humanos. Los impactos descritos son tan graves, que ya no son problemas que puedan resolverse a través de técnicas como la evaluación y manejo de riesgo. Se han convertido en causal de violación a los derechos humanos de poblaciones enteras, por lo que su discusión debe salir de convenios internacionales —como el Protocolo de Cartagena que se limita a ver los impactos de la modificación genética en la biodiversidad— para tratarse por los organismos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

Los cultivos transgénicos no nos alimentan. Las vastas zonas dedicadas a la siembra de cultivos transgénicos en América Latina, antes dedicadas a satisfacer el derecho humano a la alimentación, hoy son territorios donde se produce soja y maíz transgénico para forraje, destinados a la cría intensiva y confinada de animales, que en la mayoría de casos son criados en otros continentes, privando a la población nativa del acceso a alimentos sanos y culturalmente adecuados. En los países donde se cultivan soja y maíz transgénico los animales son criados en condiciones sanitarias muy pobres y de gran violencia, lo que repercute en la calidad de la carne, lo que conlleva enormes impactos en los patrones de alimentación y en la salud humana y de los animales. Los transgénicos son un negocio de transnacionales para transnacionales, no para consumidores ni para agricultores. Los transgénicos son comida para comederos, no de comedores; e incluso han desplazado la cría tradicional de animales en países donde esto era costumbre, empeorando la salud, el ambiente y las economías de pequeños criadores.

Las nuevas leyes de semillas son un impulso a la expansión de los transgénicos y una amenaza a las semillas nativas. En la región se están impulsando nuevas leyes de semillas, donde se plantea la penalización de la circulación de las semillas nativas que son la base de la agricultura campesina y familiar. Esto es una clara violación a los derechos de los agricultores, claramente reconocidos en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Estas leyes además buscan reforzar el control de mercado por parte de las empresas de semillas transnacionales, y la adopción de las semillas transgénicas en nuestros campos, poniendo en peligro los recursos fitogenéticos de la región.

Las organizaciones reunidas en Bogotá queremos llamar la atención sobre las siguientes problemáticas específicas en América Latina:

Paraguay. Repudiamos el golpe de Estado parlamentario ocurrido el 22 de junio de 2012, dado al presidente Fernando Lugo, electo el 20 de abril de 2008 en elecciones democráticas para el periodo 2008-2013. Consideramos, que dicho golpe estuvo muy relacionado con la expansión de los agronegocios y la liberación ilegal de nuevos cultivos genéticamente modificados por ejemplo: 2 eventos de Algodón transgénico, un evento de soja transgénica y 4 eventos de maíz transgénico.

Nos preocupa además el fuerte proceso de extranjerización de la tierra y la expulsión de comunidades campesinas e indígenas y la violación de las leyes ambientales vigentes en ese país, para dar paso a la expansión de los cultivos transgénicos, como por ejemplo la soja RR que desde la década de los 90 viene causando graves conflictos socioambientales violando derechos fundamentales.

Hacemos un llamado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para que inicie una investigación sobre los atropellos a los derechos humanos suscitados en Paraguay relacionados con la expansión de los agronegocios; la persecución y criminalización que sufren los/as líderes defensores de la naturaleza, y convocamos a la sociedad internacional para que esté vigilante de los acontecimientos en este país.

México. Apoyamos y nos solidarizamos con el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México, y estaremos especialmente atentos a las sesiones de la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos”, donde se está presentado una gran cantidad de casos y testimonios de pueblos, científicos y activistas sobre la contaminación transgénica y otras violaciones ejercidas por las transnacionales, con apoyo oficial, contra el maíz y los pueblos del maíz.

Nos adherimos a la demanda de las y los ciudadanos mexicanos de evitar la siembra comercial y experimental de organismos genéticamente modificados en especial del maíz transgénico, siendo México uno de los países centros de origen del maíz.

Respaldamos los argumentos y elementos de peso científico, socioeconómico, cultural y daño irreversible de los transgénicos, que expone en la red, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y otras organizaciones científicas y sociales, sumándonos a la petición para que no se autorice la siembra comercial de maíz transgénico en México y se declare una moratoria indispensable en este cultivo. Apoyamos también que se retiren las autorizaciones de siembra comercial de soya transgénica en Yucatán, ante el impacto negativo para los miles de apicultores que sufren afectación por la limitación de venta de miel a la Comunidad Europea, por contaminación transgénica.

Argentina. Rechazamos el avance de la frontera agrícola en el Norte del país, lo que ha conllevado a un agresivo proceso de desplazamiento y criminalización de poblaciones originarias que debe parar.

Rechazamos la aprobación y liberación de nuevos eventos transgénicos que incorporan genes de resistencia a nuevos herbicidas apilados, así como nuevas toxinas Bt. Apoyamos la petición de las organizaciones ambientalistas, grupos auto-convocados de vecinos afectados por los agrotóxicos y movimientos sociales argentinos para que con urgencia se implementen zonas de resguardo libres de fumigaciones de mil metros como mínimo, alrededor de pueblos, escuelas rurales y humedales; se prohíban las fumigaciones aéreas, y se implementen estudios epidemiológicos y biológicos para determinar el impacto en la salud humana y ambiental, por el uso masivo de agroquímicos; que con base a los resultados encontrados, se inicie un proceso de restauración integral de las víctimas.

Repudiamos el acuerdo hecho por la presidenta argentina con Monsanto para instaurar nueva infraestructura en el país, como la planta de acondicionamiento de semillas planificada en la Localidad Malvinas Argentinas-Córdoba, y otras.

Honduras. Tenemos conocimiento de la campaña “sembremos país con más maíz”, para sembrar 100 mil hectáreas de maíz transgénico el año 2020, impulsada por Monsanto Agrícola de Honduras, Bayer, Fenorza y el gobierno central, con la que se pretende afianzar el posicionamiento de la semilla transgénica en territorio hondureño, y extender un paquete tecnológico que incluye agrotóxicos, que impulsa una agricultura sin agricultores, sin importar los graves impactos que este tipo de agricultura ocasiona a la salud y el ambiente y que aumentará la inseguridad alimentaria del pueblo hondureño, por lo que pedimos al gobierno de Honduras parar tan nefasta iniciativa, y que se ponga un alto definitivo a los transgénicos en Honduras.

Queremos cuestionar además el rol que juega La Escuela Agrícola Panamericana, más conocida como El Zamorano, que sirve de punta de lanza para la promoción de los transgénicos en las regiones tropicales de América Latina. En su sede se forman técnicos y se desarrollan las tecnologías que están al servicio del agronegocio.

Costa Rica. Apoyamos a las organizaciones sociales de Costa Rica quienes han optado por un modelo de desarrollo agrícola libre de transgénicos y propiedad intelectual y basado en la agroecología y las semillas ancestrales y criollas; y a todos los 57 cantones (de 81) que se han declarado libres de transgénicos. Rechazamos el intento de empresas transnacionales por sembrar maíz transgénico en ese país, y apoyamos el llamado a moratoria de 30 años a la liberación de cultivos transgénicos y demás cultivos manipulados con técnicas de la ingeniería genética en el territorio nacional, pedida por las organizaciones sociales.

Panamá. Nos preocupa que Panamá se convierte en campo de experimentación de nuevos transgénico, lo que se está haciendo a espaldas de la sociedad. En Panamá se encuentra la planta para producir mosquitos transgénicos de la empresa Oxitec que opera en las instalaciones del Instituto Georgas.

En ese país también se planea criar el salmón transgénico desarrollado por la AquaBounty Technologies, y sería el primer animal transgénico que entraría en nuestra alimentación. El salmón GM sería producido en la Isla Prince Edward, Canadá, y los huevos serían enviados a tierras altas de Panamá, donde se haría también el procesamiento del animal. Este pez transgénico tiene genes que expresan una hormona de crecimiento que sólo se activa en climas cálidos, por eso se escogió a Panamá para su cría.

Colombia. Luego de diez años de ser liberado comercialmente el algodón transgénico de Monsanto, los algodoneros han fracasado usando esta tecnología y han tenido millonarias pérdidas. Y aunque la mayoría de los agricultores ya no quieren saber de esta tecnología, Monsanto ha retirado del mercado las semillas de algodón no transgénicas. Desde 2007 se han liberado comercialmente diez eventos de maíz transgénico, lo que es muy crítico, puesto que por ser Colombia un centro de diversidad de maíz, los maíces transgénicos generan un enorme impacto sobre la diversidad de maíces criollos, los sistemas productivos locales y la soberanía alimentaria en el país. Apoyamos las iniciativas de la sociedad civil colombiana que busca que se prohíban los cultivos aprobados y que se declare el país libre de transgénicos.

Ecuador. Saludamos al pueblo ecuatoriano por haber incorporado en su Constitución una prohibición expresa a los cultivos y semillas transgénicas, por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir como el camino que debe relacionar a la sociedad con su medio. Nos preocupa sin embargo que en un futuro próximo se intente de cambiar la Constitución, para que el país deje de ser libre de cultivos y semillas transgénicas. Los estudios hechos dan cuenta de la rica agrobiodiversidad existente, que no está contaminada genéticamente, por lo que el Ecuador mantiene su condición de país libre de transgénicos. Exhortamos a la Asamblea Nacional que mantenga al Ecuador libre de Transgénicos.

Perú. Recibimos con beneplácito la moratoria decretada en Perú a los transgénicos en ese país, y hacemos votos porque esa moratoria se convierta en una prohibición definitiva, que permita potenciar la rica agrobiodiversidad peruana. La moratoria es el resultado del trabajo desplegado por una amplia alianza que incluye al campesinado, a consumidores y al sector de la gastronomía conscientes de la necesidad de proteger su patrimonio genético y su biodiversidad.

Bolivia. La situación no deja de ser preocupante. Si bien la Constitución Política del Estado establece el principio prohibitorio de transgénicos, y la Ley Marco de la Madre Tierra la eliminación paulatina de la soya transgénica (así como la prohibición tajante a los transgénicos de cultivos de los cuales el país sea centro de origen y centro de diversidad, como es el caso del maíz, de la papa, ajíes, maní), las corporaciones del agronegocio se jactan del crecimiento sostenido (que llegaría al 99% de la soya cultivada) desde que en 2005 se aprobó el primer evento resistente al glifosato. El control de la cadena productiva de la soya está en manos de empresas extranjeras —66 % principalmente menonitas, brasileños y japoneses— que amplían la frontera agrícola a un ritmo de desmonte y deforestación de 60 mil hectáreas anuales.

Uruguay. Hacemos un llamado para que se frene el acaparamiento, extranjerización y especulación de la tierra en Uruguay, proceso que viene acompañado con la expansión del monocultivo de árboles y soja transgénica, y que se haga un estudio para revertir este fenómeno. Rechazamos las investigaciones con animales transgénicos como ovejas en Uruguay.

Brasil. Los brasileños analizan los 10 años de la legalización de los cultivos transgénicos en Brasil, con 36 eventos transgénicos aprobados, millones de hectáreas cubiertas con soja, maíz y algodón transgénico, con varios otros cultivos en la lista de aprobación y ostentando el dudoso honor de ser primer consumidor de plaguicidas en el mundo.

Nos preocupa la aprobación del fréjol modificado genéticamente, desarrollado por Embrapa usando una técnica que modifica el ARN, para que sea resistente a un virus, porque este tipo de modificación genética nunca ha sido liberada de manera masiva al ambiente, y mucho menos para el consumo humano directo. Apoyamos la petición de las organizaciones brasileñas que demandan acceso a toda la información científica relacionada con la modificación genética de este fréjol, incluyendo sus impactos potenciales en la salud y el ambiente.

Creemos que el hambre tiene causas estructurales, y que Embrapa podría destinar sus esfuerzos de investigación a potenciar la agroecología y la agricultura familiar para la soberanía alimentaria, que sea respetuosa con el medio ambiente y tener en cuenta el sector social.

Apoyamos la petición de las organizaciones brasileñas, que demandan que se implemente un proceso de monitoreo y vigilancia post-liberación de los cultivos transgénicos, cuyos resultados sean disponibles para la sociedad civil organizada.

Nos oponemos rotundamente al uso de tecnologías “Terminator”, que vuelven estériles las semillas, para lograr que los agricultores se vuelvan esclavos de las empresas. Denunciamos los intentos de romper la moratoria internacional sobre Terminator, iniciados a partir de propuestas para legalizar dicha tecnología en el Congreso de Brasil.

Chile. En la división internacional del trabajo, Chile es la maquiladora de semillas transgénicas para Monsanto y las transnacionales agroquímicas, negocio que además de servir sólo a sus intereses, pone en riesgo a las semillas orgánicas y convencionales, como ya se demostró en Alemania, con la detección de maíz convencional contaminado por transgénicos procedente de Chile, así como la miel.

En la división internacional del trabajo, Chile es la maquiladora de semillas transgénicas para Monsanto y las transnacionales agroquímicas, negocio que además de servir sólo a sus intereses, pone en riesgo a las semillas orgánicas y convencionales, como ya se ha demostrado en Alemania, con la detección de maíz convencional contaminado por transgénicos procedente de Chile. Apoyamos las luchas campesinas, ambientales y sociales en curso, que buscan impedir el avance del proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, para detener el despojo del patrimonio genético de Chile y de sus pueblos campesinos e indígenas y evitar la expansión de los cultivos transgénicos al mercado interno.

Venezuela. Saludamos los esfuerzos que se están llevando a cabo en la Asamblea Nacional de Venezuela que busca garantizar la soberanía alimentaria e impedir el uso de transgénicos en el país.

A pesar de todos estos problemas, en nuestro continente pervive una rica cultura campesina que es la que alimenta al 70% de la población. En sus territorios se conserva la más rica agrobiodiversidad del planeta que está en continuo proceso de renovación. Aquí se extienden los más grandes territorios cubiertos con bosques tropicales, así como de otros importantes ecosistemas.

Por una América Latina Libre de Transgénicos y la revitalización de la agricultura campesina y familiar

http://www.rallt.org

México: La Policía Comunitaria: su legalidad y legitimidad.

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Los jefes de las bancadas legislativas desataron críticas implacables en torno a la legalidad de la “policía comunitaria”. Manlio Fabio Beltrones encendió la mecha y su posición fue secundada por la clase política del país. Consideraron que la existencia de la“guardia comunitaria” es un signo de ingobernabilidad y ruptura del Estado de derecho. El Consejo Coordinador Empresarial planteó la urgencia de frenar la creación de las “guardias comunitarias” y no deben “apoyarlas o armarlas”.

Beltrones alertó que las autodefensas “ya han fracasado en muchos países. Debemos aprender de esa experiencia. Han terminado, incluso como grupos paramilitares como en Colombia. No lo podemos permitir”. Su exhorto fue enérgico: ninguna autoridad debe refugiarse en las “guardias comunitarias”.

La “policía comunitaria” no ha fracasado en América Latina. En Colombia y en México/Guerrero no han terminado como “grupos paramilitares”. Hay que aprender de dichas experiencias y no juzgarlas a la ligera. La vigencia de la “Policía Comunitaria” hizo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID/2003) solicitará los servicios del Dr. Hugo Fruling, catedrático de la Universidad de Princeton y Harvard, para estudiar el impacto de la “policía comunitaria” en Europa Occidental y Norteamérica. En América Latina hizo cuatro estudios de caso: Sao Paulo y Bello Horizonte en Brasil, Bogotá (Colombia) y Villa Nueva en Guatemala. Por su parte, la abogada Cynthia Labra Díaz, de la Universidad Católica de Temuco, Chile, en el 2011, analizó: “El modelo de policía comunitaria: el caso Chileno”. Fruling concluyó que los estudios de caso son sostenibles, duraderos y gozan del apoyo internacional.

En septiembre del 2011 designaron a Carlos Filizzola como Ministro Interior del Paraguay. En su plan de acción enfatizó en la seguridad preventiva y lanzó un proyecto denominado: “Policía Comunitaria”. No deben satanizarse ni descartarse las iniciativas que representan alternativas de seguridad comunitaria. El ejemplo Uruguayo y otros casos regionales, indican que la “policía comunitaria” tiene plena vigencia en el siglo XXI. Hace unos días, la SEDENA creó el primer“Pelotón de Fuerzas Rurales”, integrado por ejidatarios del municipio de Mapastepec en Chiapas. Según las autoridades, la “policía local no cuenta con elementos y recursos suficientes para combatir diversos delitos de la región”.

En América Latina y en otras regiones del mundo, la “policía comunitaria” tiene un soporte legal y una base social que legitima su razón de ser. En el caso de México, desde junio del 2011 se modificó el artículo 1º de la Carta Magna, en el cual ordena elevar a rango constitucional el cumplimiento de los tratados internacionales y enfatiza la obligación del Estado mexicano de cumplir con los convenios y tratados de los que son parte. Uno de estos tratados es el Convenio N° 169 de la OIT y contiene diversos artículos sobre la impartición de la justicia indígena.

Sin duda el artículo 2° Constitucional es un referente obligado del derecho de los pueblos indígenas para instaurar sus propios sistemas de justicia. Para el caso específico del Estado de Guerrero, el 9 de febrero del 2011 se aprobó la “Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero” (Ley 701). Esta Ley contiene un apartado sobre la justicia indígena y un capítulo sobre sus sistemas normativos. Del artículo 35 al 42 hay diversos ordenamientos que dan base legal a la existencia de la “policía comunitaria”.

El artículo 37 de la Ley 701 es contundente: “El Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)… esta Ley confirma el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública”. La “policía comunitaria” no ha fracasado en el estado de Guerrero. Pensar en su desaparición requeriría derogar la Ley 701. Por el contrario, fortalecerla implica partir de esta base jurídica y no provocar ninguna regresión de sus derechos hasta ahora conquistados.

La legitimidad de la “policía comunitaria” deriva del respaldo que recibe de los pueblos de la región.  La “policía comunitaria” en Guerrero no tiene  estructura policiaca, sino se basa en su organización comunal. Su fortaleza se cimenta en el respaldo de sus autoridades locales. Para combatir la delincuencia, mantienen estrecha alianza con los habitantes y cuentan con el apoyo de la comunidad. Conocen su territorio a la perfección y, a su vez, son conocidos por los vecinos de los caseríos.

La confianza es la clave fundamental para realizar su trabajo. La confianza con la ciudadanía es fundamental para convertirlo en un aliado contra la delincuencia. Contar con la comunidad es tener ojos y oído por casi todos lados.  Las asambleas comunitarias son el resguardo de su legitimidad. La “policía comunitaria” es elegida por la asamblea, pero cuando se requiere, todos participan en labores de vigilancia. En situaciones de emergencia, hombres, mujeres, niños y ancianos se convierten en “policía comunitaria”. No reciben remuneración económica, es un servicio gratuito a la comunidad.

Las cualidades anteriores hacen que la “policía comunitaria” tenga autoridad moral. La corrupción y la mordida no existen. Todo ello no es valorado con romanticismo, sólo se desprende de mis recientes visitas al territorio comunitario de la CRAC.

*Marcos Matías Alonso es investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Pronunciamiento: Red en Defensa del Maíz enero de 2013.

Pronunciamiento

Red en Defensa del Maíz

enero de 2013

 

*Reunidos en nuestra primera asamblea de 2013, nosotras, las comunidades organizaciones y personas que nos reconocemos en la Red en Defensa del Maíz desde hace once años, elevamos nuestra voz para repetir una vez más que rechazamos tajantemente la introducción, el trasiego, la comercialización, intercambio, experimentación, almacenaje y la siembra de cualquier cultivo transgénico.

* En particular rechazamos todo lo relacionado con el maíz transgénico por atentar directamente contra más de diez mil años de cuidado del maíz nativo, por atacar directamente las estrategias agrícolas y de subsistencia de los pueblos y las comunidades; por atentar contra la seguridad y la soberanía alimentarias de México, por atentar contra la producción libre y autónoma de alimentos con semillas nativas nacionales libre de patentes y sin modificación transgénica. Por atentar contra la salud de la población en general.

* Lo hemos dicho antes ya, pero es necesario repetirlo también: México y toda Mesoamérica (y más) es centro de origen y diversificación del maíz. Por tanto rechazamos el empeño del gobierno por imponernos unos supuestos centros de origen que presuponen que hay otros muchos sitios donde se puede plantar cultivos transgénicos. Exigimos la integridad política, biológica y territorial de México como país CENTRO DE ORIGEN y Diversidad Continua, encarnado en la vigencia de los pueblos indígenas.

* Hoy, a nuestros reclamos de once años de resistencia —desde que se descubrió la contaminación a trasmano que intentó el gobierno en Oaxaca, lo que dio pie a la formación de nuestra Red—, tenemos que sumar nuestra palabra a todas aquellas voces que ya sonaron la alarma ante la mera posibilidad de que se aprueben los permisos solicitados para sembrar transgénicos comercialmente en más de 2 millones 400 mil hectáreas, en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Siendo estas entidades sitios que siembran enormes cantidades para consumo humano en las grandes ciudades del país, se las inundaría con un maíz contaminado que en otros países ha sido objeto de estudio y han hallado que es nocivo para la salud. Lo mismo que hemos venido diciendo desde nuestras comunidades y organizaciones durante estos once años.

* Saludamos entonces los trabajos del doctor Seralini que con gran valentía ha estado enfrentando los intereses de las agroindustrias. Seralini y su equipo siguen sin callarse ante lo que consideran un gran daño potencial a la salud humana con posibilidades de ocasionar cáncer en su ingestión repetida, lo que desmiente las afirmaciones de Monsanto de que los transgénicos son inocuos.

* Nos preocupa la situación en que se encuentran los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas (y en general del norte del país). Suponemos que probablemente las empresas semilleras los presionan con ofrecerles sólo semillas transgénicas, por parte de Monsanto, Pioneer y Dow para que siembren las variedades transgénicas que les están ofreciendo y casi que forzando a utilizar, y les decimos a todas esas personas, sean agricultores privados, ejidatarios u organizaciones de productores, que consideren el enorme daño que estos cultivos van a ocasionar a la biodiversidad del maíz (por la enorme erosión a las variedades del maíz nativo), a las estrategias independientes de producción agrícola, al futuro de las familias productoras, a la seguridad alimentaria y la salud de la población mexicana. A fin de cuentas promoverá una dependencia brutal hacia unas cuantas voraces corporaciones.

Sabemos que las presiones son muchas, y que en las condiciones de crisis en México y en el mundo es difícil zafarse de ellas, pero desde acá, cariñosamente, les hacemos un llamado a dialogar con la Red en Defensa del Maíz, para que juntos entendamos el momento que vivimos, en algún sitio y tiempo que podamos acordar; para que discutamos los graves riesgos que tenemos por delante y las maneras más dignas que podemos todavía emprender (junto con muchas personas) para salvar al maíz, uno de los cuatro cultivos más importantes en la historia del mundo.

* Saludamos a todas las comunidades y organizaciones que desde el nivel local y regional han logrado establecer acuerdos, estatutos o reglamentos —como un freno real a la entrada de los transgénicos a sus lugares y enclaves mediante una actitud de atención, alerta y cuidado; desechando o frenando todas las semillas extrañas, las semillas híbridas o ajenas que los programas de gobierno o las empresas quieren imponerle a las comunidades a cambio de otros programas o proyectos.

* Esa moratoria real, se ha mantenido estos once años y México sigue siendo un país donde todavía no nos vencen los transgénicos. Por eso es importante ahora, ante una emergencia tan grave como la que vivimos, redoblar esfuerzos, atención, cuidados, para mantener y reforzar las semillas nativas y los canales de confianza que hacen posible su intercambio seguro y la diversidad que es su corazón, al tiempo de desterrar toda semilla ajena, sobre todo si son semillas que nos promueve el gobierno y las empresas.

* Por supuesto, ahora ya no sólo es un problema de siembra atenta, cultivo cuidadoso o intercambio de semillas por los canales de confianza. Ahora también debemos prestar atención a la procedencia de todo el maíz que consumamos, sabedores de que hay ahora infinidad de productos que lo contienen. Entonces debemos redoblar la atención para desechar los productos procesados que contienen algún ingrediente basado en maíz industrial, pues seguramente éste será transgénico.

* Queremos ahora invitar a muchas organizaciones que han dado muestras de estar genuinamente preocupadas por la inminente invasión transgénica a que sumemos esfuerzos para trabajar: a veces juntos, a veces cada quien en sus esfuerzos propios, para erradicar totalmente a los OGM de México y del mundo. No siempre coincidiremos en todas las acciones, pero seguramente nos acompañaremos en algunas de ellas. Saludamos especialmente al Yo soy 132 ambiental, a los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, a las organizaciones de Movimiento Urbano Popular (en particular a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-UPREZ), y a los científicos comprometidos, a los científicos éticos, como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), por haber hecho sonar la alarma en esta coyuntura y haber sumado sus fuerzas para exigir que NO se otorguen los permisos de siembra comercial que se pretendían aprobar desde el gobierno de Felipe Calderón.

* Así consideramos un triunfo ser parte del esfuerzo nacional de haber podido esgrimir argumentos, exigir a las autoridades y alzar nuestra voz, para frenar los permisos durante el gobierno anterior, pero no consideramos que el peligro pasó. Sabemos muy bien que en cualquier momento pueden recomenzar los esfuerzos por que se aprueben los permisos. Por ahora, debemos aprovechar el tiempo para convocar más respaldos internacionales y toda la resistencia nacional posible. En ese contexto internacional saludamos las manifestaciones que desde Berlín coincidieron con muchas organizaciones mexicanas para hacer patente nuestro agravio por la posible aprobación de los permisos de siembra comercial de los transgénicos, y a la organización Avaaz, que juntaron más de 40 mil firmas en una campaña de solidaridad con la lucha en México.

*Saludamos también la digna lucha que se libra contra la invasión de transgénicos o contra las privatizadoras leyes de semillas como UPOV o de variedades vegetales en todo el continente: en Paraguay, donde incluso hubo un golpe de Estado para favorecer a la agroindustria; en Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Allá, como en México la gente está en resistencia. Sepan que reconocemos que nuestra lucha por las semillas nativas y una agricultura independiente es la misma.

* Una parte crucial de ese esfuerzo de defensa del maíz es sin duda el Tribunal Permanente de los Pueblos, al que reconocemos su esfuerzo por abrir un espacio para que la sociedad mexicana exprese sus agravios y plantee sus exigencias —ante personas de reconocida autoridad moral, a nivel internacional, que darán fe de que nuestros agravios son reales y de que nuestros señalamientos de responsabilidad y están planteados con objetividad y documentación suficiente para configurar casos jurídicos con pruebas suficientes. Reivindicamos entonces ser parte del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos ante el cual presentamos ya un borrador de demanda que se irá refinando conforme más casos y argumentaciones se presenten en las diversas preaudiencias que vamos planificando a lo largo de este año.

* Por todo lo anterior, y haciendo eco con la resistencia que surge de todo el país, nos sumamos a la propuesta de las comunidades y organizaciones de Oaxaca, de declarar 2013 como año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y de la vida y autonomía de los pueblos del maíz.

* Por último, queremos salir al paso de ciertas informaciones que señalan que estamos en contra de los permisos de siembra porque no hay las condiciones de bioseguridad suficientes, según nota de Matilde Pérez, en La Jornada del día 16 de enero. Queremos enfatizar que si bien estamos contra los permisos de siembra comercial como es público y sabido, para nosotros es crucial señalar que NO HAY BIOSEGURIDAD ALGUNA QUE PUEDA SERVIR CONTRA LOS TRANSGÉNICOS.

 

Nosotros no planteamos mejores medidas de bioseguridad u otras medidas de bioseguridad.

En cambio…

Rechazamos cualquier siembra o comercialización, almacenamiento, trasiego, experimentación, siembra comercial de maíz transgénico en cualquier parte del territorio nacional.

No a los organismos genéticamente modificados,

No al maíz transgénico.

Moratoria y prohibición definitiva a los transgénicos.

Queremos un mundo libre de transgénicos.

 

Red en Defensa del Maíz:

Comunidades Indígenas campesinas: Hopelchén, Suctuc, Xcalot Akal, X kix, Bolonchen, Xbilinkok, Ebula, Crucero San Luis de la región de Los Chenes del estado de Campeche; Maní, Vicente Guerrero del Sur del Estado de  Yucatán; Comunidades del Municipio de Las Margaritas de a zona de la Frailesca del Estado de  Chiapas; Salto de Agua, Arroyo Largo, El Coyol, Ángel R. Cabada de Los Tuxtla, Huayacocotla del Estado de Veracruz; Santa Cruz de la Montaña Centro del Estado de Guerrero; Yayalag; Lachixila, La Selva, de Camotlan; Guelatao; Analco Ixtlán de Juárez Sierra Norte, Alotepec Mixe, El Porvenir, Maguey Largo Valles Centrales,  Comunidades de la Sierra Sur, San Miguel Chongos de la Chontal, San Miguel Tenango, Comunidades del Istmo de Tehuantepec, del Estado de Oaxaca; Bienvenido Hermenegildo Galeana Sierra Norte del Estado de Puebla; Huejutla, Oxeloco, Atlaco, Atlajco de la Huasteca Hidalguense; Zacatepec del Estado de Tlaxcala, Comunidades Rarámuris de la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua; Palos Altos, El Grullo, Ixtlahuacan, San Sebastián Teponahuaxtlán,  del Estado de Jalisco; Comunidades de los Municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel del norte del Estado de Guanajuato; La Magdalena Contreras de Distrito Federal; Lerma Estado de México.

Organizaciones Indígenas y civiles de las regiones: Ka Kuxtal Much Meyaj A.C.; T’oojil Xíimbal SC, Misioneros, Escuela de Agroecología, Misión de Guadalupe, Tequio Jurídico AC, UNOSJO, Ser Mije, Uken Ke Uken, Colectivo Oaxaqueño por la Defensa del Territorio,  ORAB AC, UNISUR, GEA AC, CONTEC AC, SINE AC, CREO AC, OMSA, CEDESA AC, CODECIN, UCANG, comunidades Campesinas en Camino, CACID AC.

Organizaciones Civiles: Ceccam AC, Ccasifop AC, Colectivo por la Autonomia, Grupo ETC, Cenami AC, GRAIN, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, 132 Ambiental, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPREZ, Movimiento Urbano Popular, Via CAMPESINA, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

 

Desde nuestros derechos construímos alternativas. Jun,17,2011. Barcelona.

Didac Costa. Ha participado en la organización y crecimiento de eco-redes como modelo de economía alternativa en Catalunya (economía regional solidaria, cooperativas de consumo, moneda social, agroecología, soberanía alimentaria, software libre, autonomía personal y de colectivos).

Participa en la Asamblea de la Acampada Barcelona .

https://cooperativa.ecoxarxes.cat/

http://acampadabcn.wordpress.com/

José Aristizabal.  Colabora en el Colectivo Maloka en Barcelona, el cual es un espacio de encuentro y diálogo para personas que están interesadas en la situación política y social de Colombia desde la perspectiva de la población indígena, afrocolombiana, campesina y civil en general. En Maloka se desarrollan diversas acciones encaminadas a fortalecer los procesos de las comunidades en resistencia.

http://www.colectivomaloka.org/

Victor Hugo López. Es el actual director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas, México. El Frayba es una organización civil sin fines de lucro, independiente de cualquier gobierno o ideología política o credo religioso. Atienden, documentan y litigan violaciones a los Derechos Humanos en el estado de Chiapas, particularmente en el territorio indígena. Promueven el derecho a la Libre Determinación y a la Autonomía de los Pueblos indígenas desde sus derechos a la tierra y territorio, sistemas de justicia propios y ejercicio de gobierno.

http://www.frayba.org.mx/index.php
Todo el dinero recaudado será para apoyar la lucha del CONSEJO AUTÓNOMO REGIONAL DE LA ZONA COSTA DE CHIAPAS (CARZCC)

Libro: La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional.

El libro ha sido coordinado por Miguel González, Araceli Burguete y Pablo Ortíz. La mayoría de los trabajos fueron expuestos en el seminario “Construyendo el Estado multiétnico desde sitios políticos múltiples”, organizado en Quito, Ecuador, en noviembre de 2008.

Su edición ha sido posible gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).

El libro ilustra y documenta cómo los procesos de la autonomía -asumida tanto como discurso, como práctica-  se han expandido en el continente, de una manera múltiple. Se trata de procesos políticos y culturales dinámicos, que cuentan con un potencial de empoderamiento para los pueblos indígenas de América Latina.

Los diversos autores también muestran cómo “la autonomía” como proceso, es decir, como un objetivo nunca acabado y siempre en construcción y reelaboración.

El texto propone que la autonomía debe ser puesta a debate en más de un sentido, y pensar en su continua actualización, para enfrentar los nuevos desafíos en tiempos del multiculturalismo neoliberal.

A continuación reproducimos la introducción del libro:

Introducción

Por Miguel González y Araceli Burguete Cal y Mayor

En las últimas tres décadas el tema de la autonomía indígena adquirió singular importancia, tanto en los discursos y propuestas del movimiento indígena, como en los debates sobre la reconfiguración del Estado, en América Latina. La imagen de la autonomía como una moda o coyuntura, o propuesta aislada se ha modificado, ante su creciente expansión en el continente, tanto desde la perspectiva programática de las organizaciones indígenas, como de su incorporación para modificar la naturaleza de los estados, como ocurre en Bolivia y Ecuador.

La diseminación del concepto de autonomía ha dado lugar a la polisemia del concepto; de tal forma que para definir a “la autonomía”, es mejor pensar en “las autonomías”, como una imagen multicolor, con variables contenidos y significados culturalmente construidos. Los procesos que se documentan en los capítulos que integran este libro, son un buen ejemplo de las diversas formas cómo “la autonomía” es asumida tanto como discurso, como práctica, así como en su reconocimiento legal.

Los trabajos aquí expuestos fueron presentados (la mayoría de ellos) en un encuentro denominado “Construyendo el Estado multiétnico desde sitios políticos múltiples”, Seminario sobre regímenes de autonomía en América Latina organizado en Quito, Ecuador, en Noviembre de 2008, bajo los auspicios de GTZ y FLACSO-Ecuador. En ese seminario se propuso analizar las diversas modalidades de ejercicio de las autonomías territoriales indígenas y multiétnicas y sus relaciones con los estados en América Latina, y adicionalmente conocer y debatir acerca de los alcances y desafíos de los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia sobre los temas de autonomía indígena, y la constitución del Estado plurinacional.

Los capítulos que integran el volumen se han dividido en seis secciones.  El primer capítulo de la primera sección lo escribe Miguel González, quien ofrece un panorama sobre las autonomías territoriales indígenas y los regímenes autonómicos constitucionalmente reconocidos en varios países de América Latina. El autor sostiene que es necesario distinguir el régimen de autonomía de otras modalidades de reconocimiento mediante las cuales se crean las autonomías territoriales indígenas. En el régimen de autonomía se establece un nuevo orden de gobierno y por consiguiente la modificación del Estado en los territorios autónomos, como nuevas jurisdicciones de la organización política-administrativa estatal.

Este es el caso de las autonomías regionales multiétnicas de Nicaragua creadas en 1987 y del régimen autonómico de los resguardos en Colombia, fundados tras la reforma constitucional de 1991. Otra modalidad de reconocimiento de las autonomías indígenas territoriales se produce a través de legislación secundaria, sobre el territorio comunal indígena, en algunos casos reorganizando las entidades municipales, o reconociendo propiedad comunal, pero sin conferir derechos de autogobierno. Tal es el caso de las comarcas indígenas de Panamá o los territorios indígenas que la Constitución Política del Venezuela de 1999 ha visualizado como un nuevo tipo de municipio.

En este caso, como lo demuestra la experiencia de Panamá, la autonomía resultante varía respecto a sus formas, alcances y modalidades de ejercicio del autogobierno. En el caso del régimen autonómico la existencia de un marco normativo común permite definir las competencias de las entidades autónomas, sean estos de carácter comunal/territorial indígena originario, supra-municipal, o de escala regional; además de dar mayores garantías a los sujetos de derechos dada su salvaguarda constitucional.

A la luz de la distinción sugerida, el texto de González realiza un balance del desempeño de las autonomías en Panamá, y de los regímenes autonómicos multiétnicos/multiculturales de Colombia y Nicaragua. El autor plantea que el ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido condicionado, por una parte, por los límites que el Estado establece a las autonomías en los respectivos marcos institucionales y legales; por la existencia de poderes fácticos (como el narcotráfico) que desafían la autoridad y legitimidad de los entes autonómicos; y finalmente, por los embates del neoliberalismo multicultural, que circunscribe el marco de las acción transformadora que proponen las autonomías.

La otra mirada de ese panorama lo aporta Araceli Burguete Cal y Mayor, al reflexionar alrededor de las nociones de autonomía desde las luchas de los pueblos indígenas. La autora desarrolla la hipótesis de que “la autonomía” se ha ido configurando como un “nuevo paradigma” en el curso de las últimas cuatro décadas. En una perspectiva histórica y procesal, la autora desarrolla tres fases de configuración teórico-conceptual del nuevo paradigma de la autonomía; configurándose ésos en oposición a otros paradigmas, como campos de disputa.

El primero refiere al momento en que irrumpen las primeras ideas en los años setenta del pasado siglo, enterrando sus raíces conceptuales en la apropiación del derecho de autodeterminación de los pueblos; construyéndose la mirada indígena del mismo, en oposición al paradigma colonial, específicamente a la situación de colonialismo interno.

El segundo proceso, el de “resistencia versus las políticas asimilacionistas/integracionistas”, lo marca la emergencia de organizaciones indígenas independientes, y la configuración de un movimiento indígena continental, que surge en los años setenta, se fortalece en los años ochenta y hace eclosión en los años noventa, con las movilizaciones producidas en el marco del movimiento de oposición a la celebración oficial del V Centenario; así como con la rebelión del EZLN en México, y otros movimientos en América Latina.

La contundencia de esos movimientos que rechazaban el indigenismo, obligó a los estados a realizar diversas reformas constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, dichas reformas resultaron insuficientes, o bien fueron usadas a favor de fortalecer la rearticulación de la hegemonía del Estado. Para ello se sirvió de los enfoques teóricos del multiculturalismo; perspectiva que en América Latina ha sido usada como un recurso desde el poder, para contrarrestar la consolidación del proyecto autonómico. Por esta razón, la autora identifica al multiculturalismo como un “contra paradigma” frente al paradigma de la autonomía. En esta coyuntura irrumpe un nuevo proceso al que la autora identifica como de “reconstitución de los pueblos”. Observa que frente a la decepción de las políticas de reconocimiento, las organizaciones y pueblos indígenas, han realizado un “giro hacia adentro”; es decir, a rechazar vínculos con los gobiernos, emitiendo declaratorias de “autonomías de facto”, o declaraciones de “pueblos en aislamiento voluntario”; entre otras estrategias que rechazan la intervención del Estado en sus territorios.

En la opinión de la autora, el éxito de un movimiento indígena autonómico, estriba en que sea capaz de combinar los tres componentes del paradigma autonómico: reconocimiento constitucional del derecho a la autodeterminación, las luchas y movimientos de resistencia, y los procesos de reconstitución de los pueblos.

Esta primera sección cierra con la contribución de René Kuppe, quien provee una reseña de los debates legales que precedieron la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) en Septiembre de 2007. El capítulo en particular se ocupa de reflexionar sobre la genealogía jurídica de los conceptos de libre determinación y autonomía en los contenidos de la Declaración. El derecho a la libre determinación como un derecho humano, sugiere Kuppe, no se trata en primer lugar del status político de los pueblos indígenas respecto al Estado, sino ante todo se refiere a “la creación, el avance y la ampliación de un marco institucional que permita a los beneficiarios de estos arreglos (autonómicos) dar seguimiento a su desarrollo propio” y del compromiso de los Estados para garantizar tales condiciones a los pueblos indígenas.

Así, la libre determinación debe ser adaptada a las necesidades de los pueblos indígenas. Y en este sentido, es importante destacarlo, la autonomía se declara en el texto de la DDPI como el ejercicio del derecho indígena a la libre determinación. Kuppe argumenta que la normatividad de la DDPI proporciona un marco legal flexible dentro del cual es posible establecer distintas modalidades de autonomías indígenas –sean estas territoriales o personales– y que a su vez constituye un estándar para evaluar los acuerdos autonómicos a la luz de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El texto de Kuppe tiene singular importancia para dimensionar las posibilidades de la autonomía en los actuales procesos de reformas constitucionales en América Latina –una nueva ronda de reformas, se podría argumentar– y que en algunos casos ha dado como resultado la creación de regímenes de autonomía.

En la segunda sección la atención se centra en los logros y formas concretas de cómo se materializan los ordenamientos autonómicos, y los desafíos que actualmente enfrentan los pueblos indígenas; así como los retos de los regímenes de autonomía en América Latina para avanzar en su consolidación.

Astrid Ulloa, analiza diversas estrategias que los distintos pueblos de Colombia implementan para materializar la autonomía. De las variadas formas cómo la autonomía se ha realizado, la autora identifica diversos procesos, a los que llama “autonomías indígenas en ejercicio”.

El primero se refiere al control territorial y de jurisdicción propia. Favorecidos por el marco autonómico, se han establecidos diversas “guardias indígenas”. La guardia ayuda al control y vigilancia de los resguardos y de los procesos de movilidad interna y externa tanto de indígenas como no indígenas; establece interlocución con actores armados estatales y paraestatales, evitando el control territorial de dichos actores y consolidando sus propios mecanismos de territorialidad y apropiación espacial.

Otra dimensión de las “autonomías indígenas en ejercicio” es lo relativo a las propuestas de “planes de vida” y manejo ambiental, que algunos pueblos elaboran, para contraponer y sobre esa base dialogar las propuestas de intervención gubernamental. Los pueblos indígenas consideran que su autodeterminación se expresa en sus propuestas de vida, ligadas a lo ambiental y a sus territorios, las cuales se han convertido en figuras de defensa de la biodiversidad y los ecosistemas naturales.

De hecho, varios pueblos indígenas están planeando diversas alternativas alrededor del manejo de sus territorios, las cuales plantean su visión de futuro y desarrollo acorde con sus necesidades y prácticas culturales. Otros procesos de materialización territorial de la autonomía gira alrededor de los ámbitos, niveles y figuras del derecho indígena para marcar la jurisdicción propia; en el marco del pluralismo jurídico reconocido en ese país, como parte del paquete de derechos autonómicos.

Desafortunadamente, todos esos procesos se desarrollan hoy día bajo la amenaza constante de su negación. El contexto que hizo posible los reconocimientos autonómicos se han modificado, y se presentan amenazas para avanzar en su consolidación.

La creciente intervención del gobierno, tanto con sus políticas, como de las fuerzas militares, así como la proliferación de mega proyectos de infraestructura (vías fluviales y terrestres, represas e hidroeléctricas), de extracción de recursos (biodiversidad y minera, y de explotación petrolera), y la aprobación de nuevos proyectos de ley (Ley forestal 1021 de 2006, y Ley de desarrollo rural 1152 de 2007,se han constituido en claras amenazas a la autonomía, desprotegiendo los derechos y territorios, poniendo en riesgo los avances logrados en la década de los años noventa.

A diferencia de Colombia, en donde el régimen de autonomía protegea los pueblos indígenas en un contexto multicultural; en Nicaragua el modelo autonómico adoptado en 1987, tiene la característica de ser un régimen de carácter multiétnico.

Juliet Hooker se ocupa en documentar el proceso de autonomía nicaragüense, y reflexiona alrededor de los retos que enfrenta el diseño institucional actualmente existente, planteándose interrogantes sobre la posibilidad de reconfigurar los espacios autónomos actualmente compartidos entre todos los pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos étnicos que allí conviven.

Como resultado de la decisión inicial de crear regiones heterogéneas para el ejercicio de la autonomía, en lugar de unidades espaciales segregadas controladas por cada grupo, los indígenas y afrodescendientes costeños no obtuvieron territorios Nacionales sobre los cuales ejercer el control exclusivo.

En su opinión, el carácter multiétnico del régimen autonómico se encuentra, hoy día, en discusión entre los pueblos indígenas y los afrodescendientes, quienes aspiran a modificarlo. Sin embargo, al mismo tiempo enfrentan dificultades para hacerlo, dado el carácter multiétnico de la Costa Atlántica.

Esta región está habitada por seis diferentes grupos étnico-raciales: tres pueblos indígenas (miskitu, mayangna y rama); dos pueblos de descendencia africana (creole/kriol y garífuna); y mestizos, y conviven en espacios étnicamente heterogéneos. Esta complejidad estuvo presente en la coyuntura de creación del régimen autonómico. Hooker menciona el contexto difícil de los años ochenta en Nicaragua, y documenta las tensiones entre los diversos grupos culturales que se disputaban el diseño autonómico.

En la actual composición étnica de la Costa (con una mayoría mestiza) los derechos autonómicos no benefician ni a los indígenas, ni a los afrodescendientes. La Ley de autonomía ordena que todos los grupos etno-raciales que habitan una región autónoma deben ser representados en sus respectivos gobiernos regionales; pero esa proporción se modifica por el peso demográfico de cada grupo.

De lo que resulta que los mestizos son el grupo étnico que tiene en sus manos el control de las instituciones autonómicas. Diversas organizaciones miskitu y de afrodescendientes, debaten sobre fórmulas que modifiquen el diseño institucional autónomo actualmente existente y permita uno nuevo que les favorezca, de contar con sus propios espacios territoriales de autogobiernos en la escala local. Pero, lograr acuerdos y consensos no ha sido sencillo.

Cada uno de esos grupos hace propuestas que les beneficie, dificultando acuerdos comunes. En esa incertidumbre, la autora advierte una coyuntura favorable que se ha presentado en los últimos años, como resultado del movimiento de titulación de las tierras comunales de costeños afrodescendientes e indígenas que ha configurado nuevos gobiernos territoriales en aéreas exclusivas; favorecido por el ascenso de una nueva administración del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y por las alianzas que los miskitu hicieron con el FSLN para llevarlo al triunfo en el 2006. En su opinión, este movimiento de titulación, contiene un potencial que puede contribuir a reconfigurar el diseño de la autonomía en ese país.

La tercera sección de esta compilación reúne textos que reflexionan alrededor de los debates sobre los nuevos procesos de reformas constitucionales que se desarrollan en Bolivia y Ecuador. Pablo Ospina recupera debates e incertidumbres de dirigentes de organizaciones indígenas y líderes comunitarios, hombres y mujeres, de la costa, de la sierra y de la selva, miembros de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), planteados en el marco de reuniones y talleres para discutir las propuestas de reconocimiento de derechos como nacionalidades, específicamente en lo relativo al tema de Estado plurinacional, autogobierno y autonomía territorial, que debían llevar a las instancias de la Asamblea Constituyente, que dio lugar a una nueva Constitución en ese país.

En el imaginario de los liderazgos indígenas, el Estado plurinacional debía impulsar una verdadera interculturalidad que permitiera impregnare intercambiar valores, prácticas, conocimientos, sabidurías, modos de ver el mundo, en un diálogo equitativo y sin imposiciones. El arribo a ese tipo de Estado debería producir una transformación sustancial del poder real del Estado y la sociedad, del poder político, económico y cultural.

Debía contener, además, una democratización, un reconocimiento del control que la sociedad debe ejercer sobre los bienes y las políticas públicas; y finalmente, el Estado plurinacional se concebía como autogobierno territorial, autogobierno para el manejo y protección de los recursos naturales, y autogobierno de las instituciones locales que manejan asuntos de vital importancia, como la educación y la salud. Esas propuestas quedaron planteadas en los documentos de la CONAIE.

Sin embargo, en la opinión del autor, llegar a esos consensos fue difícil, toda vez que las propuestas eran a veces encontradas y las aspiraciones no siempre coincidían. Menciona el caso de la revitalización de la figura del gobernador tsáchila en la zona de la baja Amazonía. Este fortalecimiento es visto como parte de una estrategia de autonomía territorial, de fortalecimiento de gobiernos comunitarios. Mientras que para otras dirigencias de la misma organización, tales logros no eran considerados relevantes. De acuerdo con Ospina, la propuesta de autonomía territorial encuentra límites en otras regiones, como en la sierra, en donde predominan territorios indígenas discontinuos y étnicamente heterogéneos.

Los liderazgos de esa región no dieron acogida a esas propuestas por considerar que el autogobierno, visto así, manifiesta una tendencia a “encerrarse” y “aislarse” del resto de la población mestiza. De acuerdo con el autor, organizaciones y dirigentes indígenas que han pugnado durante décadas por vincularse reivindicativa y socialmente con el resto de organizaciones populares, se resisten a este “asilo voluntario.” Pero otros dirigentes tenían posiciones más radicales. Manifestaron que en realidad todas las instituciones de Gobierno actualmente existentes en Ecuador, incluyendo el Cabildo y las provincias, debían de ser sustituidas, ya que ésas fueron “impuestas por la Colonia”, y que deben ser sustituidas por sus propios sistemas de autoridades. El rechazo a la presencia de los partidos políticos como forma obligada de participación política, formaba parte de la argumentación.

En su relato, Ospina retrata las varias aristas que contenían cada propuesta y los extremos que representaba cada una de ellas. La heterogeneidad de los liderazgos de la CONAIE, su origen étnico y territorial diversificado, ofrecía un mosaico de propuestas que dificultaba pleno consenso; manteniéndose el reto de imaginar el diseño del Estado plurinacional y sus instituciones. Un tema novedoso en los debates autonómicos, es la presencia de los reclamos autonómicos de los pueblos afrodescendientes. Jhon Antón incorpora el tema de los territorios ancestrales afro ecuatorianos del Ecuador.

El autor relata de una manera muy sucinta tanto las luchas históricas de los afro ecuatorianos por sus derechos colectivos (al territorio ancestral, a la identidad cultural), como el activismo de sus organizaciones durante las últimas décadas, en un contexto caracterizado por las reformas constitucionales y el discurso del multiculturalismo. Vale la pena notar que el autor sitúa su análisis en un ambiente social en donde “la cuestión indígena” ha tendido a predominar en el debate de las reformas; y en donde además la población afro ecuatoriana (alrededor del 70 por ciento) se ha establecido, en su gran mayoría, en zonas urbanas del país.

El texto de Antón explica cómo las reformas constitucionales han ido más allá del reconocimiento a los pueblos indígenas y nacionalidades, al incluir a los afro-ecuatorianos también en su condición de pueblos, y reconocerle los mismos derechos que se reconocen a los indígenas. El autor sugiere que este nuevo status político y jurídico, y el sentido de pertenencia a la diáspora africana, abren importantes posibilidades para avanzar en

la lucha de los afro-ecuatorianos en contra de la discriminación racial y étnica, además de afianzar sus luchas territoriales por la autonomía. El texto de Antón reviste singular interés al reseñar las distintas modalidades a través de las cuales las organizaciones afro ecuatorianas visualizan las formas concretas para constituir autonomías territoriales en el Norte de la provincia de Esmeraldas y en los valles de Chota, la Concepción y Salinas. Este ejercicio forma parte de un proceso constructivo de las propias organizaciones, las que exploran de una manera creativa las posibilidades legales y cualidades gubernativas establecidas en las llamadas circunscripciones territoriales afro ecuatorianas, como regímenes especiales autónomos, contemplados en la Constitución Política del país.

Una mirada comprehensiva sobre los diversos planteamientos autonómicos de las organizaciones y pueblos indígenas en América Latina, y los debates entre autonomía y pluralismo, y estados plurinacionales y estados pluriétnicos, lo ofrece Consuelo Sánchez. La autora identifica y examina cuatro elementos presentes en un régimen de autonomía, a saber: autogobierno, territorio, redistribución de poderes y recursos, y participación en las instancias nacionales.

Respecto al autogobierno o gobierno autónomo, un régimen de autonomía hace posible que las colectividades indígenas puedan disponer de autoridades propias, con capacidad de tomar decisiones en determinadas esferas, ejercer competencias para la administración de sus asuntos y para normar la vida interna. Argumenta que si bien históricamente, los pueblos indígenas han sostenido alguna forma de gobierno propio que ha sido fundamental para la reproducción de sus formas comunitarias; sin embargo, la posibilidad de que hoy estos gobiernos sean autónomos y que sus miembros puedan auto-determinarse colectivamente, depende de su condición política, en tanto pueblos, en el seno de la estructura política de la sociedad mayor en la que están insertos.

Otro elemento es la base territorial. La autonomía implica asimismo la definición de ámbitos territoriales en el que las colectividades correspondientes (pueblos, grupos nacionales o étnicos) puedan ejercer sus facultades de autogobierno y practicar un conjunto de derechos. Se trata de la configuración de territorios con un claro contenido jurisdiccional, en los que los pueblos indígenas tengan jurisdicción para ejercer gobierno y justicia. En el régimen de autonomía, el territorio tiene implicaciones de carácter político, jurisdiccional, administrativo, económico, cultural, simbólico y ecológico. Para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de autogobierno, territoriales, económicos, culturales, es necesario que el territorio se configure como territorio autónomo.

En otras palabras, dado que la autonomía implica derechos sociopolíticos, instituciones, etc., tales prerrogativas deben tener un “piso” firme, un espacio de realización, un territorio que va más allá de la demarcación de las tierras como parcelas o unidades productivas, o más que el hábitat. Se trata de una base política-territorial; un territorio con jurisdicción propia para quelas colectividades correspondientes puedan ejercer gobierno, justicia y otros poderes.

El tercer elemento de un régimen de autonomía, de acuerdo con Sánchez, es el de las competencias. Ésta se refiere a un conjunto de potestades o facultades que son atribuidas a las entidades territoriales autónomas por el ordenamiento jurídico nacional. Uno de los fundamentos de la autonomía es la descentralización política y la redistribución de poderes entre el Estado y las entidades autónomas. Esta descentralización debe ir acompañada del traspaso de los servicios y los recursos económicos correspondientes a las competencias de las materias transferidas.

Es decir, que para que las autoridades e instituciones autónomas realicen las tareas de gobierno y justicia que el propio orden legal les asigne, es imprescindible que puedan manejar los recursos propios y acceder a los fondos nacionales. Las competencias de las entidades autónomas suelen ser en materia política, económica, administrativa, cultural, educativa, social, salud, judicial, de manejo de recursos y conservación de la naturaleza.

Advierte que, ciertamente, el tipo de materias y el rango de las competencias dependen de la negociación política que en su momento se lleve a cabo. Y, finalmente el cuarto elemento que la autora desarrolla, es de la participación y representación política en la vida nacional. Los pueblos indígenas han sido privados del derecho a participar en todas las instancias nacionales y regionales en donde se deciden y formulan políticas y leyes que les afectan (directa e indirectamente).

La participación de los pueblos indígenas en los procesos institucionales del país para poder incidir en la toma de decisiones es un derecho y una derivación del régimen de autonomía. Se trata de que los pueblos indígenas participen tanto en los ámbitos respectivos de sus entidades autónomos como en el conjunto de la vida política nacional.

El objetivo es la inclusión y la presencia pública de los pueblos indígenas en la comunidad política nacional. En la perspectiva de la autora, la autonomía es una forma de ejercicio del derecho de la libre determinación, pero para garantizar su existencia dentro del Estado, requiere instituirse como un régimen cuyas libertades y facultades autonómicas deben establecerse constitucionalmente.

En la cuarta sección del volumen se presentan contribuciones que bordan alrededor de las distintas maneras de cómo las autonomías se van construyendo en los hechos. Esta sección la hemos nombrado como “Autonomías en proceso”, porque los tres capítulos que lo integran dan cuenta, justamente, de distintas hechuras de la autonomía como práctica social y jurídica; cada una en su propio contexto. Desde las autonomías de facto zapatistas; las “todavía no autonomías” en Guatemala y, la implementación de la legislación autonómica en Bolivia.

La sección inicia con un texto de Mariana Mora. Reflexiona alrededor de la experiencia zapatista, en Chiapas, México, como una estrategia de autonomía de resistencia como ejercicio de la voluntad de un colectivo que establece sus propias instituciones de autogobierno, desafiando así a la institucionalidad del Estado. Estrategias a las que Miguel González les ha llamado, en otro lugar, como “autonomías sin permiso del Estado”(González, 2002). La autonomía zapatista, de acuerdo con Mora, se ha desplegado a través de sus más de cuatro decenas de municipios autónomos indígenas, en las regiones Altos, Norte y cañadas de la selva Lacandona, en el estado de Chiapas, en México.

Desde 1996, las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se han dedicado a crear sistemas de gobierno y políticas sociales propias como parte de un reordenamiento territorial. Estas autonomías se caracterizan por rechazarla presencia de instituciones gubernamentales y se mantienen explícitamente y estratégicamente al margen de las instituciones estatales, como parte de su posicionamiento contra el Estado neoliberal mexicano, las lógicas del capital y el legado de un poder-conocimiento colonial.

Por este posicionamiento, las autonomías zapatistas se ubican en el rango de las experiencias radicales en el continente. Para los zapatistas y diversas organizaciones indígenas de México, y para ciertos actores mestizos, el planteamiento autonómico ha sido señalado como una respuesta inherentemente alternativa al neoliberalismo y como el modelo a seguir, como expresiones de resistencia en contra del Estado liberal mexicano. La autora distingue a la autonomía zapatista de las otras luchas autonómicas indígenas en el continente por las siguientes particularidades: en primer lugar, los municipios surgen como parte una lógica política-militar de control territorial, propia de la lógica de un ejército rebelde, la que entra en contradicción con las prácticas cotidianas de sus bases de apoyo civiles; la segunda característica se define por la relación entre las bases de apoyo y las instituciones estatales.

En países como Ecuador y Bolivia, los movimientos indígenas y afrodescendientes han enfocado sus acciones organizativas con vista en los procesos de las asambleas constituyentes y a la implementación de reformas constitucionales. En estos casos, las modificaciones a los sistemas normativos y jurídicos se han convertido en terrenos principales de disputa. Las bases de apoyo indígenas zapatistas optaron por otro camino, el camino rebelde, en parte porque el Gobierno federal no mostró ni la voluntad política ni el interés en entablar un diálogo real, y en parte por la misma lógica rebelde del zapatismo.

Un tercer elemento que distingue a la autonomía zapatista es que a raíz del levantamiento armado y de la fundación de los municipios autónomos, existe un rechazo a las instituciones estatales y una suspensión casi definitiva de negociaciones con el Gobierno federal y estatal. En las comunidades que forman parte de los municipios autónomos indígenas zapatistas, las bases de apoyo han expulsado a los maestros indígenas gubernamentales, rechazado programas de asistencia social y de producción agrícola y restringido la entrada a representantes de los gobiernos locales y estatales, a la vez que ejercen funciones paralelas a las del Gobierno local oficial.

Los organismos autónomos incluyen comisiones técnicas y administrativas que diseñan propuestas sociales alternativas –por ejemplo, educación, salud, tecnología apropiada, justicia, producción agrícola–. Finalmente, la teoría política zapatista refleja una tendencia de luchar, no por “tomar el poder”, sino por participar en esfuerzos de crear espacios autónomos de resistencia y de creatividad.

La construcción cotidiana de la autonomía refleja la producción de una identidad política colectiva, en el sentido de la vida social de la multitud, como una subjetividad anti-capitalista en donde el zapatismo, sin pretensiones de vanguardia, genera otro sentido de pertenencia diferente al que define el Estado-nación. Adicionalmente, la autora hace un recuento de los cambios de la política del Estado mexicano para los pueblos indígenas, en los últimos años, y se detiene en mostrarla experiencia zapatista en el Municipio Autónomo 17 de Noviembre, ubicada en el mismo terreno geográfico del municipio oficial de Altamirano, entre los Altos y la selva Lacandona en Chiapas.

Por otro lado, al estudiar la especificidad que adquiere en Guatemala la demanda autonómica, Santiago Bastos observa un ciclo de presencia ausencia del planteamiento desde la década de los años setenta, desde las organizaciones revolucionarias, hasta la última década.

Cuando el planteamiento autonómico prácticamente desapareció de las propuestas de las organizaciones que integran el movimiento maya, quienes profundizaron en su estrategia de reconstitución como pueblo maya; sin que hubiera conexiones entre éste y la demanda autonómica.

El tema ha estado también ausente entre los académicos, los organismos no gubernamentales y la cooperación internacional, quienes han privilegiado las políticas de reconocimiento y derechos del pueblo maya, pero desterritorializados.

El autor, se ocupa en hacer un recorrido por “tres (cuatro) momentos” para explicar los alcances y formulaciones de las propuestas autonómicas e intenta encontrar las causas por las cuales en determinadas coyunturas la propuesta vuelve a desaparecer y luego a resurgir de nuevo.

Un primer momento fue cuando las organizaciones revolucionarias no indígenas, como el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) hizo un pronunciamiento autonómico, que no tuvo seguimiento. Luego, el naciente movimiento maya en la década de los años noventa, y los debates alrededor de los procesos de paz, elaboran documentos y plantean de vez en vez el reclamo autonómico, como pueblo maya. Bastos, observa que en esos años el planteamiento de autonomía es un concepto que se vincula sólo a la categoría de “pueblo”; como el “pueblo maya”, o el “pueblo k’iche’”; pero no se advierte una territorialización de la demanda autonómica. El autor llama la atención sobre la ausencia de lo local en las demandas indígenas en esos años.

Pero, en el último lustro se observa una emergencia de nuevas formas de luchas indígenas en Guatemala, que están abriendo posibilidades a nuevas formulaciones sobre la autonomía en una perspectiva soberanista y multinacional (Cojtí, et al., 2007).

En el pasado, el movimiento maya no había potenciado a los gobiernos locales indígenas, como poderes locales o alternativos, como formas de autogobierno, a partir de las cuales se puedan construir lo que ahora llamaríamos “buen gobierno”. Más recientemente, algunas organizaciones de las regiones del país exploran el fortalecimiento de las instituciones de gobierno local indígena, y políticas de descentralización, que podrían tener nociones de autogobierno. Con las emergentes movilizaciones y consultas populares contra las empresas mineras y en defensa de sus recursos naturales y estratégicos, irrumpen nuevos actores con nuevos discursos.

La distancia que se observaba entre las nociones de reconstitución como pueblo y la resistencia local es una de las brechas que parece estarse acortando en la última época, como una forma de defender y crear soberanía indígena frente al Estado y las empresas multinacionales. De la misma forma, en varios lugares, son las experiencias de aplicación del derecho indígena entendido como tal, las que están sirviendo de base para la rearticulación de las instituciones locales como las alcaldías indígenas.

Xavier Albó ofrece el tercer capítulo de esta sección. Con el título de las “flamantes autonomías indígenas en Bolivia”, el autor nos da la primicia del poder ver, observar, la hechura de la autonomía y sus retos, cuando los sujetos jurídico-políticos intentan “bajar” la legislación autonómica, para dar forma a los primeros municipios autónomos, haciendo realidad la normativa autonómica contenida en la nueva Constitución Políticadel Estado Plurinacional, vigente desde febrero de 2010. Nos recuerda la importancia del artículo 2º para el reconocimiento de la figura jurídica de “autonomía indígena”, que únicamente se aplica a aquellos que siguen vinculados a sus territorios, mayormente en el área rural, donde actualmente vive la mitad de la población que a sí misma se ha identificado como perteneciente a alguno de los pueblos indígenas originarios en el país, de acuerdo con el Censo de 2001.

El texto constitucional establece:

“Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”

Líneas siguientes nos relata la compleja conceptualización a la que hubo que dar lugar para crear al sujeto autonómico:

“Naciones y pueblos indígena originario campesinos” (NyP IOC). Y, del cual alerta: “Este largo concepto, con sólo una ‘s’ plural al final de las tres últimas palabras y sin comas intermedias, se debe tomar como una unidad”.

Esta fórmula feliz, pudo reconocer la diversidad de las muchas formas como esos pueblos pueden auto identificarse, de acuerdo a sus propios procesos de configuración étnica. Y evitó un posible y estéril debate sobre el sujeto autonómico.

Todos ellos, independientemente de la categoría con la que se auto nombran, comparten la condición de “su común existencia pre colonial”. Lo mismo ocurrió con el debate sobre el “nivel” o la “escala” de la autonomía. La autonomía boliviana es multinivel. La Constitución precisa tres vías principales por las que se podrá acceder a ser “Autonomías indígena originario campesinas AIOC”: (1) los territorios indígenas originario campesinos [TIOC]; 2) los municipios, y 3) regiones. Al adherir sea uno de estos niveles, el colectivo ejerce el derecho a decidir sus propias formas de autogobierno. El texto que ofrece Xavier Albó, tiene el carácter de testimonio, y puede ser leído como un primer balance de lo ocurrido en un año de vigencia de la Constitución (de febrero de 2009 a marzo de 2010).

En ese breve período se han formado once municipios autónomos (nueve en tierras altas y sólo dos en tierras bajas, ambos en el Chaco guaraní). Lo cual es una cifra nada despreciable, tomando en cuenta la novedad de la norma, una legislación incompleta y aún en proceso de elaboración (la Ley Marco todavía no existe); o incluso frente a las contradicciones de la propia Constitución, que irrumpen al momento de su aplicación.

Las contribuciones contenidas en la quinta sección se dedican a analizarla representación política, la participación de las mujeres, y las relaciones entre descentralización y autonomía.

¿Empodera la autonomía a las mujeres indígenas? Esta es una de las preguntas centrales del texto de Dolores Figueroa, quien comparte una reflexión de su trabajo comparativo con las mujeres activistas de YATAMA– Yapti Tasba Masraka Nanhi Asla Takanka, la principal organización política del pueblo miskitu de las Regiones Autónomas de Nicaragua, y las mujeres kichwas dentro de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en el contexto de su participación en procesos electorales y los espacios de autogobierno.

La contribución de Figueroa sugiere que no existe una virtud inherente en el auto gobierno respecto a la inclusión y representación de las mujeres, al contrario, las dos experiencias discutidas sugieren que las mujeres indígenas, a pesar de su valiosa contribución a las luchas colectivas de sus pueblos, son frecuentemente discriminadas en cargos de elección de los liderazgos en sus propias organizaciones, pero también de los cargos públicos de elección y en los espacios de autogobierno indígena o multiétnicos.

¿Y cómo se articulan las respuestas femeninas indígenas a esta doble discriminación de género –dentro de sus propias organizaciones y movimientos, y al mismo tiempo de parte de las sociedades racistas y patriarcales en las que están insertos sus pueblos? El relato de Figueroa sugiere que la educación de base (como el caso de la Escuela de Liderazgo Dolores Cacuango en Ecuador), las alianzas y negociaciones entre mujeres (por ejemplo, de las mujeres miskitu para competir en pie de igualdad a los cargos de elección de los consejos regionales de la Costa Caribe de Nicaragua),y las luchas por la equidad a lo interno (por posiciones claves en el liderazgo y la toma de decisiones), son todas ellas estrategias simultáneas a las luchas por la autodeterminación de sus pueblos.

No existe autonomía posible si ésta no construye relaciones de equidad y justicia de género, y por ello de acuerdo con Figueroa, las luchas de las mujeres indígenas por hacer valer sus derechos y expresar sus voces, son luchas que conciernen profundamente a todo proyecto autonómico. Una lectura comparativa de las relaciones entre descentralización y luchas autonómicas la proporciona la contribución de Salvador Martí y Marga Gómez-Reino a este volumen.

Los autores se preguntan hasta qué punto las reformas descentralizadoras en América Latina, han derivado en formas institucionales de representación política indígena, y si es posible, observando el contexto europeo, distinguir las variables que explican sus “diversas trayectorias en el proceso de movilización y reformas del Estado” en ambas realidades. No toda descentralización política genera regímenes autonómicos, pero tal como ha indicado Díaz-Polanco, las autonomías territoriales, como formas de ejercer el derecho de libre determinación sí requieren de algún nivel de descentralización política y administrativa, desde otros poderes del Estado hacia las entidades autónomas (1991:168). En otras palabras, los regímenes autonómicos implican transformaciones importantes en la naturaleza del Estado.

La contribución de Martí y Gómez-Reino parece confirmar este supuesto al constatar que en su gran mayoría las políticas de descentralización en América Latina han estado disociadas de las demandas de los pueblos indígenas por fundar regímenes autonómicos. Como norma, y en el mejor de los casos, el tipo de respuesta estatal ha sido establecer alguna forma de autonomía territorial limitada a nivel local/comunal o municipal, sin transformar la naturaleza del Estado. Y aunque han emergido otros formatos en el tipo de Estado (regional simétrico, como Colombia; o regional asimétrico, como Nicaragua), aún predomina el modelo unitario de Estado en el mapa político latinoamericano.

En contraste, en Europa las políticas de descentralización dejaron al Estado unitario como una “excepción,” y el modelo político estatal de la unión Europea se basa en estados regionalizados o federativos, bajo un esquema de gobernanza a multinivel. En este sentido, las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador han marcado un estándar avanzado tanto en materia de derechos autonómicos de los pueblos indígenas y afro-descendientes, como en el modelo de Estado (regionalizado simétrico), con escasos precedentes en América Latina.

La sexta y última sección aborda las luchas autonómicas en una perspectiva histórica, en su dimensión respecto al derecho internacional, y sus múltiples interacciones con los procesos de globalización. La sección inicia con el texto de Pablo Ortiz, sobre las luchas por la auto determinación de las nacionalidades indígenas del centro sur amazónico del Ecuador.

Autodeterminación en gramática autonómica implica necesariamente la redefinición del Estado y la nación, y es este uno de los argumentos centrales del ensayo de Pablo Ortiz, y una lección que impregna varias de las contribuciones contenidas en este volumen. Ortiz examina las “tesis autonómicas” propuestas por los pueblos kichwa, zhiwiar, andoas y zápara en Pastaza, en la región amazónica, las que han madurado en una larga historia de lucha. Ortiz relata cómo esta región ha sido el escenario de una expansión estatal con vocación extractiva y colonialista, la que ha sido resistida por los pueblos indígenas a través de distintas estrategias.

Una de ellas, y quizá la central, es la noción del territorio (y su legalización como expresión de autodeterminación), y las propuestas pioneras autonómicas formuladas desde la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza(OPIP) en 1989, y que fueron retomadas por la CONAIE en su pliego de demandas tras el primer gran levantamiento de 1990.El ensayo también indaga respecto al estatus programático de la autonomía territorial dentro de la agenda del movimiento indígena. Ortiz sugiere que éste debe analizarse a partir de un contexto más general, y no menos problemático, en el cual la CONAIE y el Pachakutik han ido definiendo sus estrategias de alianzas, las formulaciones del proyecto de plurinacionalidad, y su quehacer en el ejercicio de gobernar.

Deberíamos agregar que también se relaciona con las distintas maneras de entender “territorio y autogobierno” en la región andina y Amazonía del Ecuador, y que también se ha ventilado en los debates internos dentro del movimiento indígena en varios momentos del proceso constituyente. Respecto a las demandas de la OPIP, Ortiz narra cómo la respuesta del Estado ecuatoriano, consistió en reconocer títulos de propiedad comunal en ciertas aéreas reclamadas, pero se abstuvo de reconocer territorio y auto gobierno, es decir, autonomías, a los pueblos indígenas.

En el fondo, la lógica de apropiación extractiva de los recursos que guía al Estado, incentivada por modelo de acumulación capitalista global, es confrontada por un “modelo de desarrollo social” que tiene en su base el territorio, los derechos colectivos, la comunidad indígena como espacio de auto gobierno, y la naturaleza. Estas lógicas o racionalidades, de acuerdo con Ortiz, no son transitorias, sino que han acompañado la tensa (y conflictiva) relación entre los pueblos amazónicos y el Estado ecuatoriano a través de su historia independiente.

Es en este entendido que las “tesis autonómicas” amazónicas plantean un tipo concreto de reconocimiento que supere la legalización de tierras, es decir, que reconozca la autodeterminación en forma de autonomías. Un reconocimiento de esta magnitud supone un nuevo tipo de Estado-nación (el Estado-naciones, en plural), así como un nuevo imaginario nacional respecto a la sociedad Amazónica (Varese, 2006: 341-2). En un horizonte de este tipo, son los pueblos indígenas quienes habrían de reconocer al Estado ecuatoriano como un ente legítimo, inclusivo y genuinamente plurinacional (Clavero, 2008: 231-2). El tipo de respuesta del Estado ecuatoriano a la OPIP –restringiendo derechos a la comunidad, socavando el autogobierno indígena “de hecho,” y segmentando el territorio étnico, tiene viejo cuño en la historia política de América Latina. Panamá es un buen ejemplo. Considerado un caso pionero en América latina, el Estado panameño destaca al otorgar reconocimiento (parcial) a la autonomía territorial de la comarca kuna de San Blas en 1938. Siete pueblos indígenas forman parte de la sociedad panameña, además de los kuna, están los embera, wounan, ngobe, bugle,naso y bribri.

Pero no a todos estos pueblos o sus territorios ancestrales les han sido reconocidas sus autonomías, que operan bajo lógicas auto gestionarías de facto. El texto de Jordán explora los orígenes de las luchas autonómicas en Panamá, e introduce el proceso legal y político mediante el cual se han creado nuevas comarcas indígenas durante las últimas tres décadas. Jordán explica que la ausencia de un régimen autonómico que sirva de marco normativo para las autonomías territoriales ha operado en contra de las aspiraciones de autodeterminación de los pueblos indígenas, los que han tenido que negociar con un Estado inicialmente corporativo, y posteriormente neoliberal.

El texto relata cómo las demandas autonómicas en Panamá parecen cerrar un ciclo, que se originó en formas de movilización y activismo de base (durante los años veinte y treinta del siglo XX), continuó mediante acuerdos corporativos con el régimen presidido por Omar Torrijos (durante los años setenta), para retornar a una nueva etapa, en tiempos del multiculturalismo neoliberal (a partir de los años ochenta). Esta última etapa se ha caracterizado, por un lado, por los embates de las multinacionales sobre los territorios indígenas, y por otro, en forma de resistencia y movilización de los pueblos por hacer valer sus derechos. Esta resistencia –que Burguete caracteriza como estrategia “hacia dentro” de los pueblos indígenas– se ha centrado en el fortalecimiento de las autonomías “de facto,” como una recurrente frontera de lucha (2008: 31).El texto de Jordán ilustra una cuestión común, observada en otras experiencias autonómicas del continente.

Esto es, que los procesos políticos que conducen a las autonomías territoriales no son fenómenos aislados, sino que su desarrollo y posibilidades de consolidación están íntimamente vinculados tanto al proceso democrático (o anti-democrático) del régimen político, como a los imperativos económicos en los contextos nacionales–y, es preciso indicar, también globales–. Jordán discute dos experiencias que ilustran este asunto: los planes de construcción de una hidroeléctrica en el territorio ancestral ngobe del Distrito de Changuinola, y los infructuosos esfuerzos de los Naso por obtener el reconocimiento a su autonomía territorial. En ambos casos se manifiesta la movilización de base, los recursos legales promovidos por las comunidades, y la determinación por defender el espacio territorial y el hábitat de los pueblos.

También se ilustra el rol activo del Estado neoliberal panameño aliado de las multinacionales, y de la incapacidad del precario ordenamiento legal para evitar el desmontaje de las autonomías indígenas. En una forma más general, el relato de Jordán parece sugerir que en la ausencia de un régimen autonómico, el potencial de empoderamiento de los pueblos indígenas que traen consigo las autonomías territoriales, es continuamente circunscrito por el poder de los estados.

El volumen cierra con la contribución de Christian Martínez que trata sobre la autonomía en la sociedad mapuche. Martínez se ocupa de teorizarla autonomía como un recurso de alianza –ocasionalmente articulada de una manera estratégica, otras veces pragmática– pero consistentemente reconfigurando dos ámbitos del pueblo mapuche a través de su historia: las estructuras de representación interna (incluyendo el liderazgo), ysus relaciones con la institucionalidad estatal chilena, en su continua expansión sobre los territorios mapuche. De acuerdo con Martínez, la autonomía es también la posibilidad de constituir una esfera pública, entendida ésta tanto como el “espacio comunicativo” y de “reproducción” de una sociedad, lo que le ha permitido al mapuche “actuar sobre sí mismo,” resistir y confrontar el colonialismo interno del Estado, pero a la vez luchar por el reconocimiento, articulando en este proceso políticas étnicas autonómicas. El texto de Martínez nos recuerda que históricamente la sociedad mapuche no ha constituido una estructura política centralizada, sino una “confederación de liderazgos territoriales.” Este hecho presentó dificultades a la administración colonial primero, y a la institucionalidad republicana después, para someter al pueblo mapuche. Pero también fue un obstáculo a la acción colectiva de una sociedad indígena en resistencia histórica. El resultado fue, de acuerdo con Martínez, una constante construcción de alianzas que dividieron los liderazgos territoriales, segmentaron las confederaciones mediante reducciones, y delinearon una precaria acomodación durante el siglo XX, siempre sujeta a contestación, con el Estado chileno.

De una manera más general, el análisis de Martínez respecto a la autonomía mapuche entendida como recurso de alianza, permite teorizara las “autonomías históricas”, a las llamadas “autonomías de hecho” como el producto de relaciones coloniales y formas de reproducción del control y dominación de los estados independientes; pero también como espacios de negociación de los pueblos. Desde una perspectiva histórica, Martínez plantea que la fundación del Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngulam) en 1990, debe pensarse como posicionamiento de las comunidades territoriales mapuche que buscan constituirse en agentes “deliberantes,” y al mismo tiempo como la posibilidad de “generar una esfera pública no subordinada a las estructuras de participación de la sociedad chilena.” En síntesis, las políticas autonómicas mapuche son ilustrativas de la búsqueda de un espacio (simbólico, cultural, institucional)propio de acción frente a un Estado fuerte y dominante, pero al mismo tiempo han sido estrategias para ir articulando una coexistencia precaria, cuyo texto final aún se escribe.

Como reflexión final podríamos decir que las contribuciones reunidas en este volumen ilustran que la autonomía no sólo se ha expandido en el continente, sino que lo ha hecho de una manera múltiple, con una variedad de experiencias colectivas (autonomías, en plural), que son procesos políticos y culturales dinámicos, y que cuentan con un potencial de empoderamiento para los pueblos indígenas de América Latina, en sus luchas por la autodeterminación. Hemos querido resaltar que el carácter de la autonomía –sea esta una expresión histórica de determinación colectiva de los pueblos, o el resultado de un reconocimiento legal en el marco de los estados mediante el establecimiento de un régimen político– reside en su proposición como acuerdo constructivo en el seno de las sociedades multiculturales. Los aportes de los autores nos muestran también a “la autonomía” como proceso, es decir, como un objetivo nunca acabado y siempre en construcción y reelaboración. Los casos de Colombia y Nicaragua ilustran los retos qué significa mantener “la autonomía” dentro del régimen autonómico (en la mayoría de los casos amenazados por poderes fácticos que traen consigo la globalización y el neoliberalismo multicultural). Lograr que esos regímenes posibiliten como realidad materializable la autonomía indígena, constituye hoy día el reto más importante en esos países.

Finalmente, este libro sugiere que la autonomía debe ser puesta a debate. Un debate en más de un sentido, en su potencial como espacio de autodeterminación, desde donde es posible construir sociedades inclusivas y democráticas (como lo propone la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas) y como un imperativo, si juzgamos el alcance de las reformas constitucionales recientes del Ecuador y Bolivia. Poner la autonomía a debate, significa también pensar en su continua actualización, también intenta mostrar los retos y la necesidad de dotarse de nuevos recursos teóricos, políticos y estratégicos para enfrentar los nuevos desafíos en tiempos del multiculturalismo neoliberal.

Enfrentar, por ejemplo, la creciente amenaza sobre los recursos naturales de los pueblos amenazados por la expansión del capitalismo de vocación extractiva, en donde el marco legal autonómico de los años ochenta y noventa del siglo XX ya resultan insuficientes, como nos lo muestran los casos de Colombia y Nicaragua. Requiere, además, actualizarse para enfrentar el reto del reconocimiento de los derechos de las mujeres; así como enfrentar el desafío que significa la coexistencia democrática con los “otros”, como nos ilustran los capítulos de Figueroa y Bastos. Y como bien puede sentirse en el palpitar de los capítulos de este volumen: no existe autonomía posible si ésta no construye relaciones de inclusión, equidad y justicia. En suma, la idea de este libro es debatir “la autonomía”; sobre las autonomías, y con las autonomías. Poner a debate el concepto, las prácticas y los procesos; asumiendo que toda autonomía debe estar siempre en debate, en aras de su reelaboración, actualización y fortalecimiento continuo. De no hacerlo, habrá siempre la amenaza de pasos reversibles.

http://www.servindi.org

Organizaciones de Derechos Humanos exigen regulación a empresas mineras canadienses.

http://www.miningwatch.ca/en/letter-39-latin-american-human-rights-organizations-supporting-bill-c-300


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